Pemex, la segunda expropiación
jenaro villamil México, D.F., 18 de marzo (apro).-
Ningún aniversario reciente de la expropiación petrolera llegó con tanta carga simbólica y política como el actual. Si algún símbolo claro del nacionalismo existe para el mexicano común éste se concentra en Petróleos Mexicanos, a pesar de la insistente campaña para desacreditar a la empresa más grande de América Latina como ineficaz, hundida en la corrupción sindical y burocrática, sin recursos suficientes y atenazada por el enorme manjar que representa para las corporaciones internacionales una paraestatal que genera rendimientos mayores a los 60 mil millones de dólares anuales.
Políticamente, Pemex vuelve a estar en el corazón de las decisiones del país. Por un lado, el gobierno federal ha insistido que la reforma energética no trata de privatizar Petróleos Mexicanos, sino de buscar los recursos suficientes y la tecnología necesaria para que podamos encontrar el “tesoro” perdido en las aguas profundas.
El spot televisivo y radiofónico, así como las planas de publicidad que Los Pinos han pagado en esta campaña para modificar las percepciones públicas han generado un efecto boomerang. Las audiencias no se creen el cuento de que con “asociaciones” privadas lograremos los mexicanos defender nuestro tesoro negro. Ni siquiera los niños que disfrutaron la saga cinematográfica de Los Piratas del Caribe pueden creer que las trasnacionales sean sólo divertidas y carismáticas como el capitán Jack Sparrow.
La operación política y mediática para encubrir la privatización ha resultado contraproducente. El escándalo en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha fijado en el imaginario popular a un auténtico pirata del presupuesto público. Ese sí, en busca del “tesoro negro”, gracias a su aceptación pública de que su fortuna se deriva de jugosos contratos de prestación de servicios con Pemex Refinación.
La acusación en contra de Mouriño, lanzada originalmente por López Obrador, produjo un severo daño en la base de flotación del gobierno calderonista, pero también desbarrancó toda la operación de la privatización light.
Ahora, el excandidato presidencial del PRD –a quien tantas veces se le ha dado por muerto y enterrado, como el tesoro del Perla Negra-- vuelve a resurgir con dos triunfos políticos indiscutibles: la victoria interna en su partido y el cierre de filas de todas las tribus, grupos y corrientes perredistas en torno a la defensa de Pemex como patrimonio nacional.
Cada día que pase Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación le restará credibilidad a la reforma energética calderonista, y le otorgará réditos y crédito político al principal opositor de izquierda.
Sin embargo, algo más importante que la polarización política revivida es el hecho de que se ha comenzado a fijar en la agenda pública un nuevo debate sobre los verdaderos alcances y necesidades de la reforma energética.
Figuras políticas como Francisco Rojas, exdirector de Pemex durante ocho años; el exsenador y exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett; y hasta el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra, han formado un inédito bloque de priistas que están aportando en el debate puntos esenciales de discusión que no se asemejan a la simplificación del spot calderonista o a la retórica poco sustancial de los otros operadores de la privatización, como Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa.
Por increíble que parezca, las posiciones de Rojas, un cuadro político del salinismo, se asemejan cada vez más a las de Bartlett, furibundo antisalinista; a las del propio López Obrador y a la de decenas de especialistas e investigadores del tema energético.
Todos ellos coinciden en un punto fundamental: la verdadera reforma de Petróleos Mexicanos consiste en “expropiar” a la paraestatal de la sangría constante que el régimen fiscal de la Secretaría de Hacienda le ha impuesto a la principal compañía del país. La segunda expropiación se dará para que Pemex pueda invertir sus enormes rendimientos --60 mil 800 millones de dólares tan sólo en 2007-- en exploración, perforación y construcción de nuevas refinerías que no nos hagan dependientes de otros grandes conglomerados.
Otro punto importante de coincidencia tiene relación con la llamada exploración en “aguas profundas”. Estas voces coinciden en que más allá de ir hacia los tesoros en el fondo del mar se requiere invertir primero en las exploraciones y perforaciones en aguas someras, sin necesidad de asociarse con capitales privados.
Un tercer punto fundamental: la corrupción en Pemex. Los escándalos mayores de corrupción se han dado no porque Petróleos Mexicanos sea una empresa paraestatal, sino porque existe una enorme impunidad y un saqueo permanente del sindicato, de sus directivos y de la clase política frente al oro negro del presupuesto. Lo que se requiere es expropiar a Pemex de los auténticos piratas con patente de corzo en puestos públicos.
jenaro villamil México, D.F., 18 de marzo (apro).-
Ningún aniversario reciente de la expropiación petrolera llegó con tanta carga simbólica y política como el actual. Si algún símbolo claro del nacionalismo existe para el mexicano común éste se concentra en Petróleos Mexicanos, a pesar de la insistente campaña para desacreditar a la empresa más grande de América Latina como ineficaz, hundida en la corrupción sindical y burocrática, sin recursos suficientes y atenazada por el enorme manjar que representa para las corporaciones internacionales una paraestatal que genera rendimientos mayores a los 60 mil millones de dólares anuales.
Políticamente, Pemex vuelve a estar en el corazón de las decisiones del país. Por un lado, el gobierno federal ha insistido que la reforma energética no trata de privatizar Petróleos Mexicanos, sino de buscar los recursos suficientes y la tecnología necesaria para que podamos encontrar el “tesoro” perdido en las aguas profundas.
El spot televisivo y radiofónico, así como las planas de publicidad que Los Pinos han pagado en esta campaña para modificar las percepciones públicas han generado un efecto boomerang. Las audiencias no se creen el cuento de que con “asociaciones” privadas lograremos los mexicanos defender nuestro tesoro negro. Ni siquiera los niños que disfrutaron la saga cinematográfica de Los Piratas del Caribe pueden creer que las trasnacionales sean sólo divertidas y carismáticas como el capitán Jack Sparrow.
La operación política y mediática para encubrir la privatización ha resultado contraproducente. El escándalo en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha fijado en el imaginario popular a un auténtico pirata del presupuesto público. Ese sí, en busca del “tesoro negro”, gracias a su aceptación pública de que su fortuna se deriva de jugosos contratos de prestación de servicios con Pemex Refinación.
La acusación en contra de Mouriño, lanzada originalmente por López Obrador, produjo un severo daño en la base de flotación del gobierno calderonista, pero también desbarrancó toda la operación de la privatización light.
Ahora, el excandidato presidencial del PRD –a quien tantas veces se le ha dado por muerto y enterrado, como el tesoro del Perla Negra-- vuelve a resurgir con dos triunfos políticos indiscutibles: la victoria interna en su partido y el cierre de filas de todas las tribus, grupos y corrientes perredistas en torno a la defensa de Pemex como patrimonio nacional.
Cada día que pase Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación le restará credibilidad a la reforma energética calderonista, y le otorgará réditos y crédito político al principal opositor de izquierda.
Sin embargo, algo más importante que la polarización política revivida es el hecho de que se ha comenzado a fijar en la agenda pública un nuevo debate sobre los verdaderos alcances y necesidades de la reforma energética.
Figuras políticas como Francisco Rojas, exdirector de Pemex durante ocho años; el exsenador y exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett; y hasta el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra, han formado un inédito bloque de priistas que están aportando en el debate puntos esenciales de discusión que no se asemejan a la simplificación del spot calderonista o a la retórica poco sustancial de los otros operadores de la privatización, como Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa.
Por increíble que parezca, las posiciones de Rojas, un cuadro político del salinismo, se asemejan cada vez más a las de Bartlett, furibundo antisalinista; a las del propio López Obrador y a la de decenas de especialistas e investigadores del tema energético.
Todos ellos coinciden en un punto fundamental: la verdadera reforma de Petróleos Mexicanos consiste en “expropiar” a la paraestatal de la sangría constante que el régimen fiscal de la Secretaría de Hacienda le ha impuesto a la principal compañía del país. La segunda expropiación se dará para que Pemex pueda invertir sus enormes rendimientos --60 mil 800 millones de dólares tan sólo en 2007-- en exploración, perforación y construcción de nuevas refinerías que no nos hagan dependientes de otros grandes conglomerados.
Otro punto importante de coincidencia tiene relación con la llamada exploración en “aguas profundas”. Estas voces coinciden en que más allá de ir hacia los tesoros en el fondo del mar se requiere invertir primero en las exploraciones y perforaciones en aguas someras, sin necesidad de asociarse con capitales privados.
Un tercer punto fundamental: la corrupción en Pemex. Los escándalos mayores de corrupción se han dado no porque Petróleos Mexicanos sea una empresa paraestatal, sino porque existe una enorme impunidad y un saqueo permanente del sindicato, de sus directivos y de la clase política frente al oro negro del presupuesto. Lo que se requiere es expropiar a Pemex de los auténticos piratas con patente de corzo en puestos públicos.
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