31 may 2010


Astillero

Mudanzas Felipe

Trajines evasivos

Genes conservadores

Greg, Gamboa, comicios



Julio Hernández López


Es explicable que a los ocupantes actuales del gobierno federal les resulte difícil festejar los procesos de lucha que desembocaron en la Independencia nacional y la Revolución de 1910. No sólo resultan ingratos para el calderonismo los pasajes de esas historias en sí, como vías de recuerdo y análisis, sino en especial los aires reivindicatorios actualizados que soplan en razón del momento crítico que vive el país, entregado cada vez más a los intereses extranjeros, en particular los estadunidenses y españoles, y a una especie de neoporfirismo cancelador de ciertos avances sociales e instaurador de una amenaza creciente de dictadura armada.

Sustancialmente contrario ese calderonismo a los conceptos de lucha popular, revolución, independencia y soberanía nacionales, ha hecho afanosamente todo cuanto le ha sido posible para disminuir y opacar los correspondientes festejos oficiales, por la vía del recorte de presupuesto, el bajo perfil de la comisión organizadora de los actos conmemorativos y el enfoque frívolo, pasteurizado, de los broncos acontecimientos que han definido la fisonomía nacional. Pero no sólo esas maniobras de burocratismo clásico: también ha desplegado el lic. Calderón a lo largo de este año significativo las mayores de sus artes de desconcierto y angustia sociales, sumiendo a la nación en una montaña rusa de violencia, ejecuciones, actos contra la población civil, militarización sin reserva, escándalos políticos y muestras cínicas de ineficacia, corrupción e impunidad que han mantenido a los mexicanos más atentos a las trágicas novedades del día que a la evocación y la exaltación de las fechas que incluso habían sido convertidas en una especie de fetiche numérico que conllevaba la idea simplista de que por motivaciones de calendario se darían reproducciones en automático de gritos y planes de sublevación contra los poderes opresores.

Ayer, en sincera continuidad de la estrategia de evasión histórica que ha mantenido hasta ahora, el antes mencionado jefe administrativo del conservadurismo mexicano realizó una maniobra de transporte (Mudanzas Felipe) a la que pretendió dar un barniz de altos vuelos ceremoniales y a la que acompañó con un discurso de presunta salud republicana cuya evidente condición falaz confirma que entre más colores fantasiosos usa Calderón en su paleta oratoria para pintar un México exitoso, rebosante de justicia y prosperidad, peor es la realidad que él ha reducido políticamente al negro, el gris y el rojo. Mover los restos óseos de 12 personajes de la Independencia para enigmáticos servicios de mantenimiento que permitirán su posterior exhibición pública es un acto de congruencia del ocupante de Los Pinos: aparentar que se hace algo, trastocar para disimular, dar tratamiento ligero a lo que debería ser profundo, exhibir con sentido de espectáculo. El recurso escenográfico oportunista y descafeinado provoca de manera natural rechiflas de quienes ven al aparato oficial simular homenajes y solidaridad con lo que evidentemente le resulta distante, molesto y contrario.

Los Pinos ni siquiera se atreve a emitir un suspiro diplomático de incomodidad por el envío de mil 200 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México, y camina dócilmente por el sendero de anexionismo que Washington ha trazado en aras de una integración subcontinental. Los gritos de dependencia del licenciado Calderón también son emitidos en España, de donde han llegado inversiones ventajosas, lesivas para el interés mexicano, en una especie de reconquista iniciada por el difunto secretario Mouriño, pero también el modelo de polarización social para marginar a la izquierda y golpear a sus personajes importantes, una suerte de neofranquismo adaptado a la colonia mexicana.

En el remolino de adversidades que el calderonismo cultiva con aplicación, lo electoral va tomando rutas de tragicomedia. A los pobres Chuchos colaboracionistas y al salobre estratega Camacho les va quedando muy grande la casaca militar de opositores cuasi revolucionarios que pretenden instalarse para defender su creación de Quintana Roo, el ahora famoso Greg a quien no solamente acusa el calderonismo con su estilo conocido de invenciones judiciales para propósitos electorales, sino también ecologistas y luchadores de causas sociales que no encuentran motivos para defender al presunto mártir de la democracia ni para secundar la estrategia de sustitución práctica en la campaña, que no en la candidatura, que ha asumido la esposa del peculiar pastor ahora encarcelado.

El panismo, mientras tanto, sometido a las instrucciones gubernamentales que retransmite el dirigente César Nava, camina sin mucha esperanza a escenarios electorales que al menos en sus términos actuales parecen favorecer al PRI, que en Querétaro convirtió en gran espectáculo la toma de posesión de Emilio Gamboa Patrón de un cargo relativamente menor, la dirigencia del sector popular de ese partido, membrete cada vez menos influyente en las decisiones reales que ahora toman enérgicamente los gobernadores y no la estructura tradicional del tricolor. Pero la reaparición pública de Gamboa se convirtió en confirmación de los apetitos desbordados de un priísmo que se siente inequívocamente llamado a ganar la mayoría de las elecciones de gobernador de este año, aunque la proclama oficial fue que triunfarán en los 12 casos, y a volver a instalarse en Los Pinos. Falta ver si el priísmo y la nación en general arriban a esos escenarios electorales o son modificados por la estrategia calderonista de creciente violentación de lo público, de siembra de temor social en el cumplimiento de tareas cívicas (el censo, por lo pronto) y de repliegue sin defensa ante amenazas genuinas o manipuladas de acciones de narcotraficantes que en los hechos acaban instaurando estados de sitio regionales. Ante todo ello, ¿podría Felipe, de verdad, lanzar vivas sinceras, promover festejos y encomiar los aires de independencia y revolución? ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx





Dinero

Los negocios de Pemex en el extranjero

Cambia de socio en un gasoducto

Peñafiel, su posición





Enrique Galván Ochoa

Muy a las calladas la Comisión Federal de Competencia –léase Eduardo Pérez Motta– dio su autorización a una operación que mostró una vez más cómo los negocios del petróleo y el gas se realizan sin pedir su opinión a los dueños, que son los mexicanos. Sempra Energy anunció a fines del mes de febrero anterior que había completado la adquisición de un gasoducto y otras instalaciones propiedad de la también empresa estadunidense El Paso Corp., por la suma de 300 millones de dólares. Pemex (Juan José Suárez Coppel) es socio al 50% de El Paso Corp. El gasoducto, no es superflua la precisión, está ubicado en territorio mexicano. ¿Quién es Sempra? Un consorcio estadunidense al que Vicente Fox le abrió las puertas para que estableciera en Rosarito, Baja California, una terminal marítima para la descarga de gas, que luego transporta a sus clientes al otro lado de la frontera. La planta había sido rechazada por los ecologistas californianos, pero Fox pasó por encima de las protestas de los mexicanos. Sempra también tiene una distribuidora de gas: Ecogas, con 90 mil clientes residenciales, comerciales e industriales en Mexicali, Chihuahua, La Laguna y Durango. Al adquirir el gasoducto y otras instalaciones de El Paso Corp, la empresa Sempra fortalece sus negocios en México. Pemex conserva el 50%. El gasoducto transporta gas natural de la frontera con Estados Unidos a una planta de la CFE (Alfredo Elías Ayub). Y ésta vende electricidad a California, a costo más bajo que en México. Está presente la línea borrosa que debería separar con claridad los negocios privados y los públicos. En resumen, la venta del gasoducto ya es un hecho.

Adicto al presupuesto

Después del fracaso del Renaut ni siquiera debería ponerse a discusión la necesidad de que Héctor Osuna deje la presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Debió renunciar por el escándalo de la base de datos fallida, y antes, por su papel en el asunto de la ley Televisa. Es una de las herencias que dejaron la señora Marta y Fox para favorecer a la televisora, a fin de que cubriera los agujeros que heredaron en sus seis años en Los Pinos. Sin embargo, se sabe que el panista, que también dejó una huella lamentable a su paso por la alcaldía de Tijuana, anda moviéndose para repetir en el cargo.

@Vox Populi

Asunto: De Granada

He leído la respuesta que usted da a la interrogante de JCTM (de Hermosillo) y le rogaría que me aconsejara sobre mi caso. Mi esposa y yo hemos estado fuera del país durante seis años por motivos de estudio; primero en el Reino Unido y desde 2006 en España (bajo la sombra de la Alhambra). Verá usted, cuando nos quedaba alrededor de un año para la conclusión de nuestro doctorado conseguimos empleo aquí. Yo tengo un trabajo como investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y mi contrato vence en septiembre de 2013. Desde que empezamos este autoexilio teníamos muy claro que nuestra intención era regresar a México. Durante estos años hemos ahorrado un capital en euros, el cual mantenemos y engrosamos en una cuenta a plazo fijo en el Banco Santander, cuyo fin será ponerle ladrillos a nuestro sueño de tener una casa. Mi pregunta es: ¿qué nos conviene más, seguir acumulando nuestros pequeños ahorros en España y adquirir una hipoteca al regresar a México, o hacerlo desde ahora antes de nuestro regreso?

R. Gómez/Granada, España

R: ¿Cambiar a Granada por las granadas… y las bazookas y los cuernos de chivo, que es lo que rifa hoy acá? Medítenlo muy bien, sobre todo si tienen niños o van a tenerlos. Sólo les diré que muchísimos mexicanos querrían estar donde ustedes están. Una decisión sensata sería dejar sus ahorros allá, más ahora que Hacienda se prepara a dictar nuevas reglas sobre el manejo de divisas.

Asunto: secretario chatarra

Cuando empezó la discusión sobre la comida chatarra en la escuelas, Alonso Lujambio dijo que era un tema “inútil y sin sentido”. Luego expresó que no había tiempo para que los niños hicieran ejercicio en los planteles. Ahora le parece poco delicado el calificativo de chatarra para los productos tipo Sabritas, Coca-Cola y anexas. Parece que el señor secretario tiene muchos compromisos entre el negocio de las empresas y su carrera política.

Enrique Estrada/DF

R: ¿Te acuerdas de aquel anuncio de Gansito Marinela que decía “Recuérdame”? Será que quiere que lo recuerden de algún modo especial.

Asunto: Peñafiel, su posición

El 27 de mayo de 2010 publicó en su columna Dinero, del diario La Jornada, una pregunta que le hace un grupo de asiduos lectores, en la que comentan el rumor sobre la venta de Grupo Peñafiel a Coca-Cola Femsa. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para hacer de su conocimiento que Grupo Peñafiel pertenece a la compañía estadunidense Dr. Pepper Snapple Group, desde el 7 de mayo de 2008, y que a lo largo del tiempo ha demostrado ser una compañía estable, con un mercado cada día más importante en México y sin ninguna intención de vender. Con más de 60 años de ofrecer sus productos al mercado mexicano, Grupo Peñafiel se ha convertido en una de las principales empresas de bebidas en nuestro país. Actualmente contamos con centros de distribución en el centro, norte, Pacífico, sur, sureste y valle de México, y tres plantas manufactureras, generando más de 2 mil 800 empleos. Le pido atentamente que por conducto de su prestigiada columna Dinero, del diario La Jornada, se manifieste la estabilidad de Grupo Peñafiel, así como el apoyo que esta empresa ofrece a su gente.

Andrea Pérez/Gerente de Relaciones Públicas Grupo Peñafiel

(Carta resumida)

(Los textos completos aparecen en el foro.)

galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/





El jefe Diego, el misterio y la faida




Carlos Fazio

Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.

Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La “protección extorsiva” de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.

Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se “normalizaron” o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.

Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una “refeudalización política” del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.

Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una “paz de mercado”, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros “jugadores”, y que ha venido operando como una especie de “mano visible” que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.

Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.

El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual “neopatrimonialismo” extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción “institucional” –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.

En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.

En medio del caos y la violencia imperantes (México se “colombianiza”, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que “gobiernan” desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.

Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.






Procuración de justicia y vigilancia ciudadana




John M. Ackerman

Urge someter a las procuradurías de justicia del país a un estricto régimen de rendición de cuentas. El cuestionable manejo del caso de Paulette, las sospechas respecto de la detención de Greg Sánchez y la imperdonable abdicación de las autoridades ante las exigencias del crimen organizado en el caso de Diego Fernández de Cevallos, revelan una franca incapacidad de nuestras autoridades para ganar la confianza ciudadana y asegurar el estado de derecho. La opacidad y la discrecionalidad imperantes constituyen el caldo de cultivo ideal para la corrupción, la inefectividad y el abuso de autoridad que caracterizan la actual situación de procuración de injusticia en el país.

Hace casi dos años, el 21 de agosto de 2008, la clase política del país se comprometió a formar un observatorio ciudadano en materia de seguridad, dentro del marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El 19 de febrero de 2009, la prensa informó que se habían firmado los estatutos de este nuevo observatorio integrado por la organización México Unido Contra la Delincuencia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y algunas universidades del país. Sin embargo, de entonces a la fecha no se ha detectado ninguna acción clara o contundente de parte de esta instancia no precisamente plural o incluyente. Es más, ni la prensa nacional ni la Internet dan fe de que este observatorio haya emitido informe o declaración pública alguna desde su creación.

Los lectores recordarán que en la misma reunión en Palacio Nacional del 21 de agosto de 2008, el empresario Fernando Martí emitió un discurso emotivo donde retó a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar el estado de derecho en el país. Allí pronunció su famosa demanda: “Si no pueden, renuncien”. Hoy, sin embargo, el licenciado Martí aparentemente ha decidido bajar el nivel de exigencia ciudadana. El pasado lunes 24 de mayo, en un foro convocado por su organización, Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (SOS), Martí ofreció un discurso mucho más suave y de conciliación con las autoridades. Paradójicamente fue Felipe Calderón quien más lució en el acto ciudadano, al declarar su supuesta voluntad de extirpar la corrupción entre los cuerpos policiales, ministeriales y judiciales del país. Al final, Martí no dudó en posar para la foto para capturar su amistad y confianza en el mandatario.

Pero hoy más que nunca hace falta redoblar la exigencia ciudadana hacia las autoridades por la inseguridad que prevalece en el país. Es necesario instaurar mecanismos de vigilancia directa de las autoridades por los ciudadanos y los expertos en la materia para asegurar que cumplan con sus mandatos legales.

El primer paso sería garantizar la transparencia plena en las actuaciones de los ministerios públicos del país. Si bien existen razones de peso para proteger el contenido de las investigaciones ministeriales en curso, se deben proporcionar versiones públicas de los expedientes una vez que la autoridad haya terminado su labor. Urge revocar las recientes reformas al artículo 16 del Código de Procedimiento Penales que prohíben a rajatabla el acceso ciudadano a cualquier elemento de los expedientes ministeriales en cualquier momento. De otra forma, nunca habrá materia prima para una efectiva vigilancia ciudadana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía tiene una oportunidad de actuar a este respecto. En su análisis de la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado, fácilmente podrían expulsar el nuevo texto legal del orden jurídico nacional. El “principio de máxima publicidad” consagrado en el artículo sexto constitucional y el “principio de publicidad del proceso penal” plasmado en el recién reformado artículo 20 de la Carta Magna juntos aportan más que suficientes elementos a los ministros para declarar la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Procedimientos Penales.

Por otra parte, la Cámara de Diputados debería perfeccionar la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada hace unos días por el Senado. Es falso que esta reforma constituya una respuesta contundente a la decisión de la Corte de avalar las disposiciones de la Ley Orgánica de la PGR que permitan al procurador negar a su gusto cualquier información solicitada por la CNDH. El texto aprobado por el Senado únicamente permite el acceso completo a la información en casos de “violaciones graves de derechos humanos”. Los diputados deberían eliminar este peligroso candado para permitir un acceso sin restricciones de parte del ombudsman en todo momento.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial también tendrían que actuar de manera contundente para frenar el intento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA) de erigirse como instancia de revisión de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Los recientes fallos del TFJFA contra el IFAI implican una amenaza directa a la médula del sistema de rendición de cuentas del país y sobre todo con respecto a la información en manos de la PGR.

Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, ha llegado la hora para la articulación de un sólido y combativo movimiento social en favor de la justicia y el estado de derecho en el país. Ya basta de que las autoridades utilicen los esfuerzos ciudadanos únicamente para legitimarse en el poder.




¿Y el gobierno federal? , bien , gracias , todo mundo le pasa por encima , o lo que es peor , allanandole el camino al PRI hacia el 2012 . Hasta acuerdos ha firmado Calderón a través de su secretario de gobernación , (el acuerdo de bucareli) donde se comprometen a no efectuar alianzas con el PRD , para no complicarle las cosas al primero (al PRI) ; esto de no actuar conforme a derecho , si , ese derecho que tanto pregonan cuando les conviene , resulta ser ya , pécata minuta en el caso de tantas y tantas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y tantos otros crimenes de Estado cometidos por los gobiernos priistas en todas las entidades donde "gobiernan" .



Haciendo camino



Gustavo Esteva

“Esos, los que organizan caravanas con extranjeros, son los verdaderos asesinos… Si llevas a unas personas y las metes a una emboscada, ¿tienes responsabilidad o no? Los responsables de lo que pasó fueron los que los llevaron.” Eso dijo, palabra por palabra, el senador Carlos Jiménez Macías, delegado del PRI en Oaxaca (La Jornada, 24/5/10).

Bety Cariño sería suicida y asesina. Habría preparado el ataque contra la caravana que ella misma contribuyó a organizar y en el cual se le asesinó.

Es la línea de Ulises Ruiz. Desde el primer momento acusó a los extranjeros. ¿Cómo se les ocurrió ir sin permiso de las autoridades? ¿Cómo se atrevían a ofrecer solidaridad a un pueblo en apuros?

No se trata de localismo xenófobo. Estos sujetos se muestran siempre dispuestos a ponerse a las órdenes de los extranjeros que intentan atraer, como turistas o inversionistas. Pero ciertos extranjeros los sacan de quicio: quienes quieren ser testigos y escudos de las atrocidades que aquí se cometen, los que aceptan poner en riesgo su vida por profunda solidaridad. Con inaudito cinismo se responsabiliza a los organizadores e integrantes de la caravana por haberse atrevido a entrar en esa zona en que la propia policía no puede hacerse presente. Es la vieja estrategia autoritaria: culpar a las víctimas.

El contexto es claro. No exageró Noticias en su titular del 26 de mayo: “Oaxaca, ciudad sin ley”. Su texto editorial señalaba: “El nivel de desgobierno cobró ayer su dimensión más atroz”. Y se preguntaba si no se trataba de un acto montado “para promover el voto del miedo”. Al día siguiente hubo un despliegue aparatoso de policías y militares sin más función que intimidar. De eso se trata. Es una definición de política. “El Estado –señaló el día anterior el secretario de Gobernación– tiene que ser capaz de infundir temor.” (La Jornada, 25/5/10). En ocasiones, esta tarea de infundir temor se delega en paramilitares, caciques locales y otros grupos delincuenciales. En amplias áreas el “nivel de desgobierno” adquiere todos los días dimensiones atroces.

La estrategia tiene impacto. Muchas personas se encuentran seriamente atemorizadas y exigen, sin información apropiada, que se apliquen manos cada vez más duras contra capas de la población cada vez más amplias, porque el descontento se extiende y los insumisos ya no están dispuestos a quedarse quietos: no se resignan a la suerte infame a la que se les quiere condenar y entran en acción. La criminalización de los movimientos sociales ahonda aún más la polarización social, cuando una parte de los ciudadanos empieza a funcionar como la base social sumisa que encuentra en el despotismo la única salida.

Pero tal estrategia es también contraproducente. Un número creciente de personas ha dicho ¡basta! e intenta de mil maneras distintas retomar en sus manos su propio camino. Sin confianza alguna en las clases políticas; cada vez más conscientes de la inutilidad de diálogos con personeros que sólo sirven de distracción y cuyos acuerdos, cuando se logran, se incumplen de inmediato; al tanto, finalmente, de que nadie hará por ellas lo que se requiere, se han puesto en pie de lucha.

Ése es el sentido que ha de darse a la caravana organizada para el 8 de junio. San Juan Copala sigue cercado y cotidianamente agredido. El 20 de mayo un grupo de sicarios asesinó a mansalva, en su propia casa, a su líder moral y a su esposa, a don Timoteo Alejandro Ramírez y a doña Tleriberta Castro Aguilar. Convocada por las autoridades del municipio autónomo, la caravana crece todos los días. Aunque se quieren subir a ese carro quienes sólo intentan llevar agua a su propio molino político, la caravana se ha estado formando desde la propia gente, abajo y a la izquierda. Reúnen alimentos, cobijas y medicinas para llevarlos a estos pueblos asediados por meses.

Los caravaneros están conscientes del riesgo. Desoyen las advertencias de quienes quieren doblegar por hambre y temor a los autonomistas. Saben que no es protección su gran número, porque en la situación actual, cuando empiezan a sentirse arrinconados, quienes están en el poder pueden concebir atrocidades aún peores: una masacre en forma podría ser la más brutal de las intimidaciones que se están llevando a cabo. Acaso imaginen que induciría decisivamente el voto del miedo, al que evidentemente apuestan, o que incluso podría llevar a la cancelación de las elecciones, otra de sus opciones para mantenerse en el poder.

Pero la caravana va. Ninguna amenaza podrá detenerla. Es ésta la semilla que sembraron Bety y Jyri. Empieza a dar frutos.

gustavoesteva@gmail.com




30 may 2010




Caso Paulette: Peña Nieto, víctima de su propia trama






Jenaro Villamil



Las conclusiones a las que llegó la procuraduría mexiquense en torno a la muerte de la niña Paulette Gebara Farah le restaron credibilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto y le pegaron donde más le duele al político priista: en las encuestas. La indagatoria, según especialistas, muestra inconsistencias y deja cabos sueltos. Además, peritos que atendían el caso denunciaron presiones del primer círculo del gobernador para llegar a un resultado preestablecido.



MÉXICO, D.F., 30 de mayo (Proceso).- La muerte de la niña Paulette Gebara Farah le generó la peor crisis de opinión pública al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya actuación en el caso, de acuerdo con encuestas de las que Proceso tiene copia, se califica en 80% como “mal” y “muy mal”.

La trama de presiones familiares, políticas y empresariales involucra a los dos principales aspirantes a suceder a Peña Nieto en el gobierno del Estado de México en 2011: su primo, Alfredo del Mazo Maza, y su compadre, operador político y secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava.

El actual alcalde de Huixquilucan, Del Mazo Maza, es el heredero directo de la dinastía familiar que ha gobernado el Estado de México desde los años cuarenta y amigo de la familia Farah. Miranda Nava es señalado como el principal responsable del cambio de rumbo en las investigaciones que derivaron en la renuncia del procurador Alberto Bazbaz Sacal.

Pese al intento de darle carpetazo a las investigaciones sobre la menor desaparecida el 21 de marzo y hallada nueve días después en la misma cama alrededor de la cual pasaron más de 200 personas, entre peritos, reporteros, familiares y funcionarios, el caso Paulette extiende sus polémicas conclusiones más allá del entorno familiar de la menor de cuatro años.

“En este caso están involucrados funcionarios estatales del más alto nivel”, advierte Luis Sánchez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. “Todo tiene que ver con proteger a Peña Nieto y sus redes de complicidades políticas”, sentencia el exalcalde de Nezahualcóyotl.

En entrevista con Proceso refiere que el propio secretario general de Gobierno, Miranda Nava, intentó hacer creer a los líderes de los partidos de oposición de que Paulette murió accidentalmente, sin que nadie se diera cuenta, durante casi 10 días, de que el cuerpo estaba en su habitación.

“Miranda Nava nos trató de convencer, de manera muy amable, a través de un extenso video de la procuraduría, donde se ve cómo los peritos encontraron el cadáver de la niña en avanzado estado de descomposición”, afirma Sánchez.

“El problema con Bazbaz es que le gusta salir mucho en los medios y cometió muchos errores”, recuerda Sánchez que les dijo Miranda Nava. Desde ese momento, a mediados de abril, ya estaba decidida la salida del tercer procurador en menos de cuatro años de gobierno de Peña Nieto.

Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1752 de la revista Proceso, ya en circulación.








29 may 2010


Desfiladero

Paulette fue asesinada: Bazbaz lo ocultó



Jaime Avilés



Alberto Bazbaz renunció a la titularidad de la procuraduría mexiquense tras dar las conclusiones en el caso Paulette NotimexFoto Foto



Tres casos de nota roja –el brutal asesinato de Paulette Gebara Farah, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el encarcelamiento de Gregorio Sánchez Martínez, Greg, candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo– vuelven a exhibir los profundos vínculos de complicidad que hay entre los empresarios dueños de México, los políticos que los sirven desde el poder y el crimen organizado. Y explican, asimismo, la desaparición del estado de derecho, la guerra civil que avanza por distintas regiones del país y la certeza de que vivimos un proceso de transformación irreversible: nada volverá a ser como antes.

Chiapaneco avecindado hace muchos años en Quintana Roo, predicador evangélico que en sus mítines religiosos llamaba a sus huestes “el pueblo de Dios”, estafador acusado por un robo de 10 millones de dólares y por tratar de privatizar ilegalmente el malecón de Cancún, aparte de sospechoso de fomentar el tráfico de balseros cubanos, Greg se había revelado hace tiempo como una verdadera fichita.

Jaime Montejo, dirigente de Brigada Callejera, organización nacional protectora de los derechos humanos y civiles de distintas agrupaciones de sexoservidores, escribió en su blog dos días después de la captura: “La detención del ex alcalde perredista fue recibida con beneplácito por trabajadoras sexuales que fueron objeto de intimidación, hostigamiento, extorsión, agresiones físicas, robo y allanamiento de morada, cuando elementos de seguridad pública [de Cancún], comandados por Francisco Velasco Delgado, El Vikingo, arremetieron contra ellas para expulsarlas de la supermanzana [colonia] 63”, en 2009.

El Vikingo fue detenido por “haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, baleado el 3 de febrero de 2009”. Al recordar estos sucesos, agrega Montejo, “los medios de comunicación olvidan el asesinato de la trabajadora sexual Greici Lizbeth Vargas Rivera, de 19 años, decapitada el 28 de noviembre de 2009 después de declarar en el Ministerio Público del fuero común, donde aportó pruebas contundentes que implicaron a Joel Cantera Torres, uno de los hombres que ejecutó al comandante Miguel Ángel Puch de la Cruz”.

Todos esos crímenes fueron atribuidos a uno de los cárteles con los que ahora la PGR asegura que está ligado Greg. Pese a las múltiples, reiteradas y bien documentadas advertencias que acerca de tan cautivador político leyeron en este diario entre enero y marzo del año actual, Manuel Camacho y Jesús Ortega se obcecaron en lanzarlo como candidato a gobernador de Quintana Roo y, al hacerlo, sellaron para siempre su destino. Hasta el martes pasado, Greg era de ellos; ahora, ellos son de Greg. Van juntos, nadie sabe hacia dónde.

Diego: estado de excepción

A quienes se llevaron a Fernández de Cevallos, el “gobierno” y Televisa –uno no investigando, otra no hablando del asunto–, resolvieron darles todas las comodidades para negociar un acuerdo que permita su devolución. Catorce días después del secuestro, lo poco que se sabe rasgó, para decirlo con estilacho, el velo del misterio. El iracundo remedo de conquistador español fue atrapado por alguien que tiene informantes de primera mano dentro de su bufete de abogados –al que pertenecen el secretario de Gobernación y el procurador general de la República– o dentro de su familia.

Quienes lo sorprendieron en su hacienda de Querétaro sabían que llevaba un chip de localización satelital subcutáneo y se lo quitaron. Dos días más tarde se enteraron de que el general Arturo Acosta Chaparro había sido contratado para buscarlo, y lo balacearon para alejarlo del asunto. Estos dos detalles bastan para ayudarnos a entender que se trata de un ajuste de cuentas en la cúpula de la mafia política, alrededor de una pieza clave del grupo del que también forman parte Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, cuya candidatura presidencial se desmorona a medida que salen a flote más y más evidencias de que su gobierno encubre a los asesinos de la niña Gebara Farah.

Manchas de sangre

La noche del 30 al 31 de marzo, 10 días después de la desaparición de Paulette, Jorge Rojas González, perito en ingeniería civil de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), al inspeccionar la habitación de la menor comenzó a quitar el edredón y las sábanas de la cama. Todo fue grabado por una cámara de video, que registró el momento exacto en que descubre la primera mancha de sangre y dice en voz alta: “La madrearon, güey”. En seguida, ante manchas más gruesas, repite: “La madrearon”.

Pocos instantes más tarde, levanta la última sábana y destapa, entre la piesera y el colchón, el cuerpo de la pequeña. Alguien tose, agredido por la pestilencia que despide el cadáver, y el perito comenta: “Está bien putrefacta”. La escena está disponible en Youtube. El 31 de marzo, muy temprano, la PGJEM emitió un boletín para anunciar que “fue encontrado el cuerpo de Paulette, dentro de una bolsa negra, durante la reconstrucción de hechos en presencia de los padres”.

¿No es alucinante? El video y el boletín pueden consultarse en Google. Y a pesar de la contradicción entre uno y otro, las televisoras guardaron silencio, y acompañaron al procurador mexiquense Alberto Bazbaz en su cínica, y ahora muy sospechosa, fabricación de mentiras. A sabiendas de que la niña había sido privada de la vida con violencia –las manchas de sangre y la exclamación del perito lo demuestran–, Bazbaz permitió que se manipulara no sólo la verdad sino también el cadáver.

¿O acaso ya olvidamos la célebre foto en que la criatura aparece debajo de la cama, en el tapete de su cuarto? ¿Quién la puso allí, para que la retrataran? Y lo que todo el país repite, ¿cómo es que su mamá y su tía durmieron varias noches en esa cama, que las empleadas de la casa tendían cada mañana, y nadie la vio, ni sintió su olor? ¿Y qué hay del cuento de los perros que huelen a los vivos pero no a los muertos? Todo se resume en una palabra: encubrimiento oficial.

A punto de cumplirse un año del incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Sonora, en las redes sociales de Internet crece la convicción de que Paulette fue víctima de un asesino, pero también de que éste sigue libre gracias a Bazbaz. A la destitución del ex procurador debe seguir una investigación a fondo, que esclarezca su responsabilidad en el caso y la del gobernador del estado. Antes de que aparecieran esas manchas de sangre bajo la colcha y las sábanas de Paulette, y el revelador y espontáneo comentario del perito –“la madrearon, güey”–, la horrorosa historia hablaba de la ineficacia de quien se siente ya sucesor de Calderón.

Hoy, gracias al incontrovertible testimonio de ese video, sabemos que Paulette fue asesinada con algo que le provocó una hemorragia externa; que Bazbaz dijo que la causa del deceso había sido la asfixia; que las plumas mercenarias del régimen lo defendieron hasta el día de su despido. Y que la televisión también se hizo cómplice al proteger a Peña Nieto en virtud de los millonarios contratos de publicidad que sostiene con él. ¿Se imaginan si hubiesen agarrado al procurador del Distrito Federal en una mentira como ésta? Habrían repetido el video hasta que nos lo aprendiéramos de memoria...

jamastu@gmail.com




Calderón se emperró en ser presidente para despedazar y saquear al país - toda proporción guardada - , Clara Brugada , de escuela Obradorista , se emperró en ser delegada de Iztapalapa , para hacer de esta delegación , la más democrática y pronto la más avanzada , no solo del D.F. si no del país entero .



Democracia participativa en Iztapalapa



Bernardo Bátiz V.

Me propuse durante la semana buscar un tema positivo para mi colaboración a la sección Capital de La Jornada y corrí con suerte; entre docenas de noticias truculentas, detenciones sorpresivas, declaraciones mentirosas, investigaciones fallidas, encontré un tema que tiene un sentido socialmente valioso y, diría, hasta luminoso entre tantas tinieblas.

En Iztapalapa se da un paso que va de la democracia formal que tenemos, a la democracia participativa a que aspiramos; en esa delegación los habitantes, en general de clase media y pobre, con carencias y problemas, demostraron no hace mucho ser demócratas de avanzada. Eligieron, con un sistema complicado por la aberración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su actual delegada y ahora tienen la oportunidad de adelantarse en lo que se ha propuesto desde hace algunos años, como un perfeccionamiento de nuestra democracia.

Para el ejercicio de una importante partida del presupuesto, poco más de doscientos millones de pesos, la delegada Clara Brugada propuso un programa en el cual los vecinos de Iztapalapa decidirán en qué gastar ese dinero. Desde el nombre del programa encontramos muestra de imaginación y de una concepción de la política menos rígida y acartonada y más ágil y popular, el programa se denomina Obras son amores en tu comunidad.

Se divide en tres partidas, dos de cien millones cada una, la primera, se repartirá en partes iguales entre las unidades territoriales en que se divide la delegación y la segunda se entregará en proporción a la población de las unidades; el destino del resto, servirá para equilibrar las posibles diferencias, de tal modo que ninguna unidad territorial tenga menos de ochocientos mil pesos.

Desde mediados del siglo pasado se criticó por la izquierda y la democracia cristiana latinoamericana la llamada democracia formal o burguesa que constreñía la participación de los ciudadanos en política a votar cada tres o cuatro años para convertirse, después del sufragio, en simples espectadores de lo que sus representantes hacen, bien o mal, en beneficio de los gobernados o, lo que es frecuente, en su perjuicio. Se habló entonces de un paso hacia adelante en un sistema en el que los gobernados en ejercicio de su soberanía, más allá del voto periódico, continúan por diversos caminos participando en las decisiones que les incumben.

Las formas concretas de una democracia participativa son variadas, desde la revocación del mandato, los juicios populares, el referéndum, la iniciativa popular, hasta lo que la imaginación dé; en Iztapalapa los ciudadanos de Obras son amores, serán escuchados y atendidos para que determinen en asambleas comunitarias, las prioridades de su barrio, colonia o unidad habitacional. Podrán destinar el dinero que les corresponde en muchos conceptos: equipamiento social, fortalecimiento de seguridad pública, obras, rescate de espacios urbanos, mejoramiento del medio ambiente y otros más.

La decisión tendrá que ser primero discutida a partir de propuestas que hagan los mismos vecinos y si hay varias, la decisión se deberá tomar por mayoría de votos. Esto es, que los politizados vecinos de Iztapalapa no solo votarán cada tres años, si no que ahora comparten la responsabilidad de las decisiones encaminadas a usar los dineros de todos en lo que más les interese a todos.

La noticia de esta nueva experiencia política pasó casi desapercibida en medio de las noticias amarillistas y desagradables a que nos estamos acostumbrando cada vez más, pero la verdad es que es una bocanada de aire fresco en el mundo de la política mexicana de hoy en la que abundan intrigas, mentiras y desplantes sin sentido. Bien por Clara y felicidades a los buenos ciudadanos de Iztapalapa.

Adiós a don Gabriel Vargas, creador de prototipos citadinos como el poeta Avelino y el Sapo-Rana, entre otros muchos salidos de su ubérrima imaginación, de su bondad y de su amor a la ciudad.

jusbbv@hotmail.com





Agravios e impunidad



Gustavo Gordillo

El trato desigual en el manejo de temas de justicia se enseñorea en el país. Sin ser exhaustivo quiero recordar algunos casos que encierran gran simbolismo por la injusticia e impunidad que transportan. Los próximos 4 y 5 de junio los padres de familia de los niños muertos en la guardería de Hermosillo realizarán varios actos que van desde una vigilia en el Ángel de la Independencia y otros en Hermosillo y varias ciudades de México, donde se arrojarán al aire globos blancos. Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, que resultaron muertos en un tiroteo en Tamaulipas y responsabilizan de ello a militares, reclaman justicia. Está el caso también de Valentina Rosendo Cantú, a sus 17 años violada y secuestrada por militares en 2002. Están los casos de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, además de nueve personas del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), presos y acusados de secuestro equiparado”. También es de mencionar el caso de los dos desaparecidos del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desde hace tres años. Está también el caso de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey abatidos en un fuego cruzado. Y luego los dos activistas asesinados en Copala, Oaxaca, Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.

Esta lista está incompleta a juzgar por lo que acaba de plantear Amnistía Internacional. En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene AI en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo. A este panorama de suyo terrible habría que añadir un dato revelador del Estado de México pero seguramente generalizable: 55 por ciento de las 350 detenciones realizadas en promedio al mes por la PGR son de jóvenes de entre 20 y 27 años de edad.

Cuánto se parece todo esto cuando lo comparamos con los dos casos más sonados recientemente, a lo que hace siglos planteaba Alexis de Tocqueville: El antiguo régimen se exhibe aquí por entero: “regla rígida y práctica blanda; ese es su carácter... Los hombres del 89 habían derribado el edificio, pero sus cimientos habían permanecido incólumes en el alma misma de sus destructores”.

Se debe ser absolutamente claro. Deseo que Diego Fernández de Cevallos regrese sano y salvo al seno de su familia. Los familiares de DFC sin duda pasan por una terrible prueba como antes ya han experimentado tantos y tantas que han sufrido un secuestro. De ahí la solidaridad con el dolor de los allegados a DFC. También sería aceptable el resultado inédito e inaudito del caso Paulette si con ello se evitó culpar a inocentes y al mismo tiempo no se encubrió a nadie.

Aceptado el valor de esa vida que está secuestrada no puede uno menos que señalar que este noble propósito se está buscando lograr a cambio del reclamo de los secuestradores que implican de suyo una severa cesión de la soberanía del Estado. No se puede ignorar ni minimizar las consecuencias de esta virtual rendición del Estado mexicano. Como tampoco se puede dejar de observar el enorme despliegue de recursos, tiempo y esfuerzo que se dedicó al caso Paulette y que en cambio brillan por su ausencia en la mayoría de los casos documentados como enormes injusticias.

Al ver el panorama difícil y a veces desolador no deja de hechizarme nuevamente Axkaná el consejero aúlico del General Aguirre de la gran novela de Martín Luis Guzmán quien decía sobre las clases ricas: “Fíjate en la sonrisa de las gentes decentes. Les falta a tal punto el sentido de la ciudadanía, que ni siquiera descubren que es culpa suya... lo que hace que la política mexicana sea lo que es”.

http://gustavogordillo.blogspot.com/ - http://twitter.com/gusto47




28 may 2010




De Iniciativa Mérida, ¿a Big Brother…?




• La documentación del Estado fallido
• El giro de Obama





Extraordinario cierre de semana con la impecable jiribilla del inquilino de la Casa Blanca que regala, en estos aciagos momentos, la señal de que es más importante combatir la corrupción en la cúpula del poder (del no poder), incluyendo a magistrados y los cuerpos policiacos, que dedicarle recursos para perseguir a la “ridícula minoría”

¡¡Chingón!!

Turns out que la cacareada Iniciativa Mérida, my friend, que tanto trabajo le costo a Felipe solicitarle a los Estados Unidos, se puede ir al nabo sin escalas ahora que salió una simpática lindura que expresa que, con la pena amigous, pero el organizado crimen esta peligrosamente incrustado en el Estado (fallido, of course), y como siguen jugando al Tío Lolo la runfla de disfuncionales en el gymboree (con minúsculas) de Los Pinos, es hora de que el Tío Sam entre en acción. ¿Me sigue?

Y así, poniendo los puntos sobre las ies bilaterales, nuestros inquietos vecinos pretenden (darle un importante giro) presentarle a sus legisladores que la mentada billetiza será, no para la entrega de equipo caro y sofisticado, sino para vigilar, perdón, apoyar la capacidad del (des)gobierno para mantener el apego al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.

O sea, al buen entendedor, mi estimado, pocas palabras.

Y estas dicen, básicamente y sin tapujos, que en México es un escándalo la descomunal corrupción, los abusos y atropellos en contra de los derechos humanos por la irreflexiva y alocada guerrita de Calderon & his dumb squad que trae un saldo de cerca de 25,000 muertos y sus originales daños colaterales en una guerra ya vista como civil…

Que para el colmo del ego presidencial y de sus ilustres asesores, la estrategia —antes aplaudida y elogiada— ha sido duramente criticada en los últimos meses por los más altos funcionarios norteamericanos, por ex presidentes, poderosos personajes, analistas, organizaciones internacionales, acreditados especialistas que la han señalado como un fracaso al no bajar la espiral de violencia y la recuperación de espacios públicos… convirtiéndose la arena de seguridad en circo de pirotecnia mediática y peligroso territorio de fuego cruzado, fuego amigo o balas perdidas, sin mencionar las arbitrariedades a las que están sujetos millones de mexicanos que son señalados como pandilleros, delincuentes y/o narcotraficantes, sin mayores pruebas que la fabricación de testigos protegidos o el uso y abuso de la figura del arraigo, yes?

El divertido tubazo de propuesta será presentado la próxima semana y señala también que los programas estarán enfocados a la construcción de instituciones y en oportunidades económicas que son mucho mas difíciles de implementar que la entrega de helicópteros y embarcaciones ya que esto promete soluciones a largo plazo.

Si esto no es una atractiva y radiografía exacta que pinta de cuerpo entero la descomposición, la impunidad y la corrupción del Vive México de Felipe Calderón, my friend, debe ser, digamos, un llamativo error de percepción, ¿no le parece?

Volátil que se sigan acumulando las alarmas externas y las señales de la desconfianza en este (des)gobierno que da tumbos, traspiés, que yerra, que abusa y que documentando la frivolidad de algunos altos funcionarios devela que las prioridades son meros espectáculos… que no tardan en ser rasgados por el estupendo cúmulo de información delicada que será oportunamente revelada y que terminara balconeando la punta del iceberg de putrefacción en las autoridades federales, en el aparato judicial, estatal y municipal.

Y si esta propuesta no es, sin diplomacia de por medio, un madrazo a la línea de flotación calderonista, desde donde se ha destruido la credibilidad de las instituciones y de la aplicación de la justicia a secas, my friend, entonces es la perfecta descripción de lo que en este (des)gobierno se ha negado sistemáticamente:

Un Estado fallido. Ni más, pero ni menos.

¡Adiós!

gomezalce@aol.com









El amparo a los presos de Atenco



Adolfo Gilly



Marcha de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y otras organizaciones, el pasado día 4, en demanda de la liberación de los detenidos en mayo de 2006 en AtencoFoto José Carlo González




Llevan ya cuatro años encarcelados en el penal de Molino de las Flores nueve presos de San Salvador Atenco. Cuatro años, así nomás porque sí. El mayor de ellos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, tiene 42 años. Es el único de esos nueve que pertenecía al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuando en aquel inicio de mayo de 2006 cayeron sobre la indefensa población de Atenco las fuerzas represivas de los gobiernos federal y del estado de México y golpearon, vejaron, violaron y mataron. Pero Inés Rodolfo no estaba en la calle: lo sacaron de su casa, a él y a su mujer, y allí también fueron los destrozos y los golpes.

Los otros ocho tienen entre 23 y 32 años de edad. Son pobladores de Atenco o de los pueblos vecinos: artesanos, albañiles, trabajadores. No pertenecían a ninguna organización. Allá estaban porque allá vivían, como todos los atenquenses y sus vecinos. Se los llevaron entre los cientos de golpeados y apresados. Les tocó la mala suerte de que a ellos los dejaran en la cárcel, en virtud de un proceso plagado de fallas procesales y falsos testimonios copiados unos de otros, sustentado en una acusación: “secuestro equiparado”.

Esta figura penal significa que la retención por unos momentos de funcionarios municipales que querían impedir con prepotencia que los floristas vendieran, como siempre, sus flores en el mercado del lugar –retención con la cual, además, ninguno de estos presos tuvo nada que ver– se equipara a un secuestro, como el de Diego Fernández de Cevallos, por ejemplo, para no mencionar otros hechos siniestros de la marea criminal que azota a México y, desde el Presidente abajo, tiene a sus autoridades en la atonía y el desconcierto.

Tan se equipara, que los jueces de sentencia condenaron a los nueve presos de Molino de las Flores a 31 años y 11 meses de cárcel cada uno. Les fue mejor que a los otros tres apresados entonces, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, recluidos en la cárcel de alta seguridad del Altiplano. A Ignacio le echaron una condena de 112 años seis meses de cárcel, a Felipe y Héctor tan sólo 67 años seis meses a cada uno. Por qué, además, están en esa cárcel y no con los otros nueve, nadie aún lo ha explicado bien a bien.

* * *

Como cualquier jurista o cualquier persona sensata puede saber, utilizar el Código Penal de este modo significa vaciar de significado toda la legislación penal, si con tanto arbitrio ésta puede usarse según los casos y los dictados del poder; y a todo el edificio de procedimientos legales de la justicia, pensado para asegurar la aplicación equilibrada de aquella legislación.

El proceso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero pasado, en calidad de amparo directo. De la Suprema Corte depende ahora en este caso, como en el pasado en tantos otros, que sea restablecida la validez de la legislación penal; y que ésta no sea utilizada, como sucede tantas veces, como instrumento de la política, de la corrupción o del dinero.

En el clima de incertidumbre y miedo que vivimos todos en México; en este territorio sin ley donde estamos entre el fuego cruzado de narcos, militares, paramilitares y simples asaltantes solitarios, restablecer el imperio de la justicia en este caso que se ha vuelto ejemplar no sería poca cosa. No hará que se detenga la guerra; no hará aparecer al día siguiente a los desaparecidos de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y para qué seguir la lista; no podrá contener el proceso de delicuescencia de los poderes federales y estatales y de sus agencias del Ministerio Público; no hará temblar a Enrique Peña Nieto, que en Atenco ya se salió con la suya y tiene hoy otros casos truculentos por los cuales responder.

Haría simplemente algo muy sencillo: encender una luz de sensatez y equilibrio en alguno de los poderes del Estado; hacer comenzar a pensar que hay alguna puerta a la cual se puede tocar en demanda de justicia; hacer saber a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a los litigantes, a los desamparados, que allá en algunos casos alguien vela y quiere resolver en justicia.

* * *

Todo esto que digo, lo sé, suena a ilusión azul o a inocencia jurídica ante la real y verdadera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no. Estoy diciendo que por algún lado es preciso dar pasos, aún pequeños, para detener la guerra interior de un aparato estatal descontrolado que creía que podía encarcelar, secuestrar, golpear, matar, sin que esa onda se le revirtiera y entrara como marea negra en la resolución de sus propios conflictos.

Si no entienden que el reciente secuestro entre ellos de uno de ellos es una tragedia de todos –incluidos los que abominan de la víctima–, es porque han perdido la noción elemental de que se ha llegado al punto en que, si no hay una norma de justicia al alcance de todos, la justicia no existe para nadie. Entonces es la violencia desnuda la que decide desde el menor conflicto entre escolares o entre vecinos, hasta el mayor entre quienes ejercen el poder político o detentan el económico.

Estuvimos el pasado 20 de mayo en el penal de Molino de las Flores, junto con Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, visitando a los presos de Atenco. En otra nota referiré nuestras conversaciones con ellos, sus esperanzas y sus opiniones; y nuestra entrevista a la salida con el director del penal y con el subdirector de Readaptación Social del gobierno del estado de México, licenciado Miguel Ángel Estrada Valdez, que a pedido nuestro tuvieron la atención de esperarnos las dos horas que duró la visita a los presos. Será bueno referir cómo éstos viven el encierro; y también nuestras solicitudes a los dos funcionarios.

Pero antes otra urgencia se impone: decir, insistir, repetir que, es cierto, el amparo y la libertad para los 12 presos de San Salvador Atenco no podrá reparar los cuatro años de su vida que les robaron en el encierro a ellos y a sus familias; pero podrá hacer cesar la flagrante injusticia de que son víctimas y dar validez ejemplar a esa figura única del sistema jurídico mexicano: el juicio de amparo.

Sería un mensaje de distensión y sensatez y, sobre todo, un acto de justicia. ¿Será?





Cuando el PAN estaba en la oposición



Soledad Loaeza

Cuando el PAN estaba en la oposición cumplía una importante función de vigilancia que era un poderoso disuasivo para los funcionarios abusivos asociados con gobiernos priístas. Fueron estos últimos los que introdujeron cambios en la administración pública con el fin de frenar la corrupción, por ejemplo la Secretaría de la Función Pública –originalmente llamada Secretaría de la Contraloría–. Ahora no hay quién vigile a los panistas –la autoridad moral de los otros partidos en ese respecto es más bien limitada–, que se comportan igual, si no es que peor, que los priístas de los años 70. Favoritismo, nepotismo, licitaciones amañadas, recursos públicos desviados a operaciones especulativas, tráfico de influencias, caracterizan a las administraciones panistas que al inicio se nos presentaron como una orgullosa parvada de mirlos blancos. El temor a la Contraloría introdujo orden en la administración gubernamental; los funcionarios del pasado respetaban a esa instancia y cumplían con sus requerimientos. Ahora no es así. Hace unas semanas la Secretaría de la Función Pública presentó una larga lista de funcionarios, entre ellos muchos de primer nivel, que no habían hecho su declaración patrimonial. Una omisión que hubiera sido impensable antes de 2000.

Así, las amargas noticias que recibimos a diario a propósito de la violencia en el país, el desempleo y el maltrato a los mexicanos en Estados Unidos, son todavía más amargas cuando se publican al mismo tiempo notas que refieren la corrupción de funcionarios panistas. Tanto ha sido el empeño de Felipe Calderón de colonizar la administración pública con miembros de partido, que en la selección de presidentes municipales, secretarios, subsecretarios, directores generales, embajadores, ha pasado a segundo término no sólo la competencia profesional, sino también la honestidad. Lo mismo ha ocurrido con varios candidatos panistas que, no obstante su mala fama pública, se presentan ante el electorado arropados en los pliegues del PAN. Al igual que en los peores momentos del PRI, su propósito fundamental es acogerse al fuero legislativo.

El escándalo más reciente lo protagoniza Francisco López Tostado, que fue subsecretario de Sagarpa hasta 2006, y que ahora funge como delegado de la misma secretaría en Guanajuato, su estado de origen. Se le acusa de beneficiar gracias a un contrato multianual a una empresa del Bajío, Lograar, de la que él mismo y su hijo son accionistas, para la distribución de un biofertilizante subsidiado. Por cierto, no deja de llamar la atención la prosperidad de mucho guanajuatense asociada con el gobierno de Vicente Fox. La información a propósito del señor López Tostado y de su hijo proviene de la Secretaría de la Función Pública, que afirma que es el resultado de una investigación que está en marcha desde hace meses. No obstante, no parece haber muchas indagaciones de esta naturaleza, pese a que más o menos todos los días la prensa da a conocer las numerosas denuncias que se presentan contra funcionarios de distintos niveles –la mayoría de filiación panista–, que no distinguen el interés público de sus intereses privados, y tampoco conocen el significado del concepto “conflicto de intereses”, y les parece natural otorgar contratos a sus parientes y a sus amigos, con la peregrina idea de que sólo la credencial partidista distingue al funcionario honesto del funcionario deshonesto. Esta interpretación nos recuerda los bobos prejuicios del ex presidente Fox, de triste memoria, en relación con la Presidencia de la República o con el mismo PRI, que según él no estaban sujetos a ninguna regla, sino que respondían a los caprichos personales del presidente en funciones. Así intentó gobernar. Y así nos fue.

Una de las banderas históricas de Acción Nacional fue la lucha contra la corrupción. A finales del siglo XX, la promesa de que con sus candidatos en el poder llegaría a su fin fue uno de los motores de su victoria. Por desgracia, ahora ninguno de los tres partidos grandes puede prometernos un gobierno honesto, porque carecen de credibilidad. Los tres han sido –o son– gobierno, y han incurrido en grandes actos de corrupción. Ninguno de ellos puede erigirse en defensor del interés público, como logró hacerlo a ojos de muchos el PAN cuando estaba en la oposición. Este atributo le ganó el apoyo circunstancial de muchos, un sostén que difícilmente podrá recuperar. Tendrían que saber que la corrupción desprestigia a la democracia tanto o más que el mal gobierno.





Procuración de justicia o maniobra política



La detención de Gregorio Sánchez Martínez, candidato al gobierno de quintanaroense por la

coalición PRD, PT y Convergencia, quien es señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, enrarece el panorama político nacional de cara a los procesos electorales de julio próximo –en los que se renovarán 12 gubernaturas estatales, entre ellas la de Quintana Roo– y revela la comisión de una serie de irregularidades y la aplicación de un doble rasero en la procuración de justicia, como parte de un patrón de conducta del grupo en el poder al amparo de la llamada “guerra contra el narco” del gobierno federal.

El precedente ineludible de esta detención es la captura e incomunicación, ocurrida hace exactamente un año, de varios alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán a los que se acusó, sin fundamento alguno y con base en declaraciones de testigos protegidos, de tener presuntos nexos con la delincuencia organizada. Entonces, como ahora, el gobierno federal actuó de forma discrecional e indebida, vulneró el principio de presunción de inocencia de los acusados, e introdujo elementos de tensión entre las distintas fuerzas políticas del país, justo en las vísperas de la realización de procesos comiciales, con lo que se da la impresión de que, más que un acto de procuración de justicia, se trata de una maniobra político-electoral.

Por añadidura, y sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del detenido, el episodio revela una conducta por lo menos parcial y selectiva por parte de la PGR en el cumplimiento de sus tareas básicas como instancia de procuración de justicia a escala federal: la contracara de la detención de Greg Sánchez es la inexplicable suspensión de las investigaciones en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, decisión que le ha valido a la produraduría federal numerosos cuestionamientos.

Por otro lado, si son ciertas las imputaciones contra el aspirante perredista al gobierno de Quintana Roo, el episodio en su conjunto deja ver una descomposición generalizada y de suma gravedad en las esferas políticas y administrativas de todos los niveles, y no hay razón para suponer que la penetración de la delincuencia organizada no pueda alcanzar a candidatos y autoridades de otras entidades y de distintos signos políticos y niveles jerárquicos.

En ese sentido, la sociedad tiene elementos de sobra para preguntarse por qué las fuerzas federales no han actuado de la misma manera ante situaciones en que la connivencia entre segmentos de la administración pública y los cárteles de la droga es un secreto a voces: ejemplo de ello es el desembarazo y la ligereza con que el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, el panista Mauricio Fernández, ha anunciado acciones fuera de la ley con el supuesto fin de combatir a los grupos delictivos en ese municipio, y su admisión de que ha mantenido contactos con presuntos grupos de delincuentes para consensuar medidas de seguridad en esa demarcación. La tolerancia y la pasividad mostradas por el gobierno federal para con este funcionario contrastan con la dureza injustificada con que el año pasado se detuvo e incomunicó a los alcaldes michoacanos, y con la agilidad y la determinación con la que ahora se actúa en contra del candidato a la gubernatura quintanarroense.

En suma, los elementos de juicio disponibles dejan entrever, en las acciones policiacas comentadas, una doble moral impresentable y un uso faccioso del aparato de procuración de justicia, y ambos hechos atentan contra el decoro y la credibilidad institucional y el más elemental sentido republicano.





¡¡¡ Arriba el PRIAN chingao !!! sigan votando por ellos , son democráticos a morir .



Reprimen a integrantes del SME en Cuernavaca


Alrededor de 600 policías federales desalojaron con gases lacrimógenos y toletazos a un centenar de sindicalizados que intentaron impedir que fueran sacados varios vehículos de la subestación de Luz y Fuerza del Centro en Teopanzolco; al menos 10 trabajadores resultaron heridos. Las autoridades también desmantelaron con violencia un campamento del SME en la planta de Ocotepec Foto Rubicela Morelos



Más de 600 policías federales utilizaron gases lacrimógenos y toletes en la agresión

Violento desalojo de electricistas en Morelos deja 10 trabajadores heridos


Rubicela Morelos y Juan Carlos G. Partida
Corresponsales


Cuernavaca, 27 de mayo. Unos 600 policías federales desalojaron este jueves con gases lacrimógenos, toletazos y a golpes, a un centenar de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que impedían a los uniformados sacar unidades vehiculares de la subestación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos. El incidente dejó como saldo al menos diez electricistas heridos.

El enfrentamiento inició alrededor de las 14:40 horas del jueves, cuando los policías federales intentaron sacar a la fuerza cinco camionetas de LFC por la parte trasera de la subestación ubicada en las avenidas Río Balsas y Chilpancingo. Los electricistas formaron una valla humana e impidieron la salida de los automotores, tras lo cual llegaron más policías federales antimotines.

Los agentes arremetieron a patadas, con sus escudos y toletes, contra los electricistas, quienes gritaron a los federales que sólo defendían lo que fue su fuente trabajo. Policías armados con lanzagranadas de gases lacrimógenos accionaron sus armas, que hicieron blanco en cabeza, cara, brazos, espalda y abdomen de los electricistas Jorge Chavarría García, Ángel Wick Bahena, Carlos Roberto Rogel, Carlos Fernando Millán Sánchez, Benito Roldán Cuevas, Roberto Mendoza Delgado, Francisco Javier Roldán Cuevas, Fernanda Tomasini Padilla, Paola Alcázar Romero y Alejandro Quiroz Vargas.

Los agentes intentaron sacar otro lote de automotores alrededor de las 18 horas, y al hacerlo, una camioneta atropelló al electricista Alberto Salazar Padilla, quien fue trasladado al Hospital General de Cuernavaca. Los inconformes rodearon a la unidad, le rompieron los cristales y lesionaron al chofer de la Comisión Federal de Electricidad Israel Vera Vallejo, a quien los electricistas entregaron a la policía municipal de Cuernavaca.

También llegaron policías federales a la subestación de la comunidad Ocotepec –también en Cuernavaca–, donde los uniformados desmantelaron de manera violenta el campamento que los electricistas instalaron desde el pasado mes de octubre, cuando LFC se extinguió por decreto presidencial. Los agentes igualmente destruyeron el campamento del SME dispuesto en Teopanzolco. Los federales resguardaron ambas subestaciones, y hasta el cierre de esta edición, los electricistas protestaban frente a los policías.

En Jalisco, activistas iniciaron una “huelga de hambre en relevos” en la Plaza de Armas de Guadalajara, para expresar su solidaridad con el ayuno de integrantes del SME en la ciudad de México.

En tanto, el SME en la ciudad de México demandó ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que integre una queja por “el violento desalojo” del campamento que tenían los trabajadores electricistas afuera de la subestación Teopanzolco de Luz y Fuerza del Centro y en el centro de distribución y comercialización de la empresa, en Cuernavaca, Morelos, desde hace siete meses.

“Según constató la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los elementos policiacos fueron apoyados incluso por soldados del Ejército Federal de la 24 Zona Militar y de la policía estatal, que patearon y golpearon con sus armas largas a trabajadores del SME.

Con información de Patricia Muñoz




27 may 2010




Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
27 de mayo de 2010

Quién era Cabañas, quién Paulette, quién Diego

Del primero nos cuentan que fue un gran héroe futbolístico. Que su imagen se repetía cada minuto como si tratase de incrustarla en nuestros cerebros. Que las palabras que sobre él se vertieron desde las televisiones se amontonaban unas a otras en tal cantidad que pronto se desparramaron desde puertas y ventanas y llenaron calles y plazas. El palabrerío fue tal que las más gigantescas máquinas apenas pudieron empujarlas a los grandes basureros de los alrededores.


Y es que dicen que, ya de por sí famoso, se hizo célebre porque le pegaron un tiro en la cabeza y siguió vivo de milagro. Y eso que el que le disparó era un hombre muy malo en un lugar de malos donde él sin embargo gozaba mucho. Menos mal que de eso ya no se supo porque el doctorcito que lo atendió apenas lo vio llegar en la ambulancia y diagnosticó que se acordaría de todo menos de aquellas horas oscuras de la madrugada. Así que desde entonces se lo llevaron muy lejos y él se fue borrando de nuestros ojos y nuestros oídos hasta que ya costaba trabajo reconocerlo y recordarlo. Y se perdió con los años y el olvido.


El segundo relato es el de la niña Paulette, quien tanto nos conmovió hace tanto tiempo. Primero con su carita de ángel y aquellas grandes letras que nos imploraban ayuda para encontrarla. Luego la memoria apenas nos da para la nebulosa historia de sus padres, tan confusa que daba pena. Y más pena todavía la que provocaba un hombrecillo con cara de duende que se dedicaba a pregonar un día sí y otro también que Paulette ya se había ido, que más bien se la habían llevado y que ya jamás regresaría.


Hasta que un día dicen que la encontraron en donde tanto la habían buscado los hombres y hasta los perros. Que ahí estaba, según recuerdan algunos, como una muñeca rota en un reducto inverosímil. Aunque cuentan también que, con todo y que se trataba de un ángel, de su inocencia salió una terrible maldición que se cernió sobre todos los que jugaron con ella.


Del último de nuestros personajes también cuesta mucho acordarse. Primero porque igual nos lo desaparecieron de un día para otro los poderosos del poder y los poderosos de su familia. Y es que a él de por sí ya lo habían desaparecido quienes se lo llevaron en las sombras de la noche en uno de tantos grandes parajes de su reino aquí en la tierra. Luego nada. Salvo aquella imagen fantasmal que aún describen algunos.


Pero también es difícil traerlo a la memoria porque los más ya no quieren acordarse de él ya que dicen que Diego hizo mucho mal a mucha gente. Además de que se equivocó de siglo con sus grandes barbas, sus numerosos peones y todavía más abundantes dineros que le dieron fama tan mal ganada. Así, hasta que la fortuna le dio la espalda y finalmente desapareció. Y nos dejó tan sólo una amnesia benefactora.


Y no me pregunten qué pasó exactamente en cada caso. Porque todos ocurrieron hace ya mucho tiempo.








26 may 2010


Astillero

Poncio Peñatos

El obediente Bazbaz

Comisión de la verdad

¿Y el “jefe” Diego?


Julio Hernández López


Enrique Peña Nieto sacrificó al peón procurador para tratar de salvar su precandidatura presidencial. No hay ánimos justicieros ni pretensión de castigar a quien haya sido responsable de la ofensa social que constituye el caso Paulette (que, en realidad, es el propio gobernador del estado de México), sino cálculos relacionados con la imagen pública y las encuestas de opinión. A fin de cuentas, el obediente funcionario expiatorio, Alberto Bazbaz, deja cerrado el expediente y cumplidos los compromisos oscuros que motivaron la más escandalosa de las manipulaciones en materia de procuración de justicia de los últimos tiempos, así es que cumplido ese ciclo y mantenido el imperio de las complicidades, Peña Nieto puede prescindir del subordinado crecientemente incómodo y tratar de pasar a otra etapa de su carrera por Los Pinos, tal vez mediante el uso distractor de algún anuncio de enlace conyugal, al estilo satisfactoriamente usado por el panista César Nava con la cantante Patylú.

Sin embargo, a pesar de las maniobras de control de daños realizadas en Toluca, el daño político no será fácilmente remontable, puesto que a nadie le es oculto que las verdaderas decisiones en la política del estado de México las toma el gobernador Peña Nieto y que el curso y desenlace de las investigaciones relacionadas con la tragedia de Interlomas le son absolutamente adjudicables a él, no sólo en función de organigramas administrativos, relación personal con Bazbaz y estilo impositivo de gobierno, sino aun por la vía simple de la adhesión expresa que días antes hizo el propio gobernador a las actuaciones y la figura de su amigo y dependiente en problemas.

Pero el relevo del procurador, que ahora queda en gran disposición para alquilar sus servicios a alguna firma productora de colchones o de tendido de camas, no significará en realidad más que un cambio obligado de nombre y apellidos en la papelería oficial. Lo esencial continuará tal como largamente se ha mantenido en ese rico e importante estado bajo dominio de una mafia política que se turna la ocupación de la silla de gobierno bajo el compromiso no escrito de sostener los privilegios e intereses de las familias coaligadas (varios de cuyos júniores van ocupando los sitiales dorados, listos todos para preservar el estatus convenido). Hoy ha estallado el caso Paulette por sus aristas extremadamente inaceptables, por las evidencias de manipulación y engaño que irritan a la mayoría de la población, pero diariamente se viven en esa entidad múltiples casos de abuso, desatención, burla, privilegios e injusticia en los diferentes órganos de la administración pública, convertido el aparato burocrático en un instrumento de saqueo de los bolsillos populares y de protección de los intereses de las elites, paraíso de corrupción que ahora pretende llenar sus arcas extraoficiales de dinero suficiente para empujar al jefe máximo, el gobernador Peña Nieto, como candidato a mantener y mejorar el sistema local en el plano nacional.

En ese contexto, la dimisión de Bazbaz no significa más que una maniobra hipócrita del gobernador gavioto para aparentar que algo hace ante el enojo popular. El renunciante, pero sobre todo su patrón de copete intacto, deben ser sometidos a formas de escrutinio y eventual castigo formales, y la remoción de funcionarios debe significar cambios profundos y evidentes. No le ayuda a ese gobernador bajo crítica lupa el pretender adjudicar la exigencia de justicia a tretas partidistas y ánimos de “politizar” lo que de manera natural es político: la exigencia de buenas cuentas en el ejercicio de gobierno. El jefe de una banda de intervenciones electorales en otros estados, que ha sometido el erario y el ejercicio de gobierno a ambiciones partidistas y proyectos presidenciales, que derrocha el dinero público en pagar promociones personales en los grandes canales de televisión, no puede usar con actitud de doliente damnificado el argumento de las partidizaciones y la politización.

Así pues, el resultado del montaje de ayer no puede quedar en una especie de borrón y cama nueva. Para alcanzar una mínima credibilidad, el expediente Paulette debe ser reabierto y puesto a disposición de quien tenga interés en analizarlo pero, en especial, de una comisión de la verdad que sea integrada por personajes en los que la sociedad tenga confianza. El ideal de justicia no debe truncarse solamente porque determinada persona fue instruida de renunciar para cubrir formas o aparentar cambios: en el vergonzosamente increíble manejo delictivo del expediente Paulette hubo responsables que deben ser castigados, al igual que quienes hubieran participado en los actos criminales en sí, en caso de que así quedara demostrado en una indagación autónoma y confiable. De otra manera, todo seguirá siendo manejado en función de intereses inmediatos de corte electoral, con la vista puesta en los comicios venideros, con la consigna facciosa de ganar el poder para hacer que todo continúe igual a nivel nacional.

Astillas

La lógica terrible de la disminución del impacto de un hecho mediante la aparición de otro, igual o peor, ha llevado a un segundo plano el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, sobre cuya suerte se tejen cada vez más elaboradas versiones, ninguna de ellas benéfica para lo que de salud quedara de este régimen... Adiós a don Gabriel Vargas, creador de historias entrañables y perdurables, artista del barrio, padre fundador de la dinastía de pueblo que con Regino y Borola se ha extendido por los confines nacionales... Y, mientras un foro de gobernadores era interrumpido ayer por la demanda lastimera de un hombre en desgracia como los muchos que hay en el país, ¡hasta mañana en esta columna que ve las consecuencias del “triunfo” discursivo de Calderón en el Capitolio: mil 200 miembros de la Guardia Nacional gringa a la frontera (envío que Felipe, el extrañamente optimista, quiere ver como freno al paso de armas a México, no de migrantes mexicanos a EU)!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx





Justicia y libertad para los presos de Atenco



Adolfo Gilly

Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.

Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.

A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.

Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.

Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.

El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.

Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman “gobernabilidad”, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.

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La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.

Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.

La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.

Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.

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La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.

Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.