EDITORIAL

 

Hostilidad del PAN contra La Jornada

La noche del domingo pasado, tras el intercambio entre candidatos presidenciales que tuvo lugar en un auditorio del World Trade Center, la reportera de este diario Karina Avilés fue víctima de maltrato verbal por personal de Comunicación Social de la campaña de Josefina Vázquez Mota, a cargo de Irma Pía González Luna Corvera. Tras ese encuentro, la aspirante presidencial panista tuvo reuniones con simpatizantes suyos y con representantes de los medios. Entre una y otra, nuestra reportera fue invitada, junto con otros comunicadores, a trasladarse en el automóvil de una colaboradora de Pía González y en el trayecto, cuando supo que Karina Avilés trabaja en La Jornada, la injurió de esta forma: Vete con la gente de Peña Nieto, porque ellos sí tratan bien a los reporteros; si no, pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que llevan en cada gira. Ante el insulto, la reportera hubo de bajarse del automóvil en un sitio solitario y en plena noche.

Lamentablemente, no se trata de un episodio aislado. En fecha reciente, este diario decidió retirar a la reportera Claudia Herrera Beltrán de la cobertura de la fuente presidencial debido a la hostilidad regular y los malos tratos verbales de que estaba siendo objeto por personal adscrito a la Presidencia.

No es procedente, pues, suponer que el atropello experimentado por Karina Avilés la noche del debate entre candidatos presidenciales haya sido un hecho aislado, producto de la iniciativa de una empleada. Los funcionarios de las dependencias gubernamentales y de los aparatos partidistas suelen conducirse con base en órdenes –o, cuando menos, lineamientos– superiores. Por lo demás, entre el hostigamiento experimentado por Claudia Herrera Beltrán en la fuente de Los Pinos y la agresión verbal sufrida antenoche por Karina Avilés hay un denominador común: la filiación política de quien detenta la presidencia de la República y de la aspirante oficialista a sucederlo en el cargo.

Tales comportamientos parten, por lo demás, de una preocupante falta de entendimiento de la función de los medios y de los informadores, y de los términos profesionales e institucionales que deben regir la relación entre ellos y los funcionarios y políticos a quienes dan seguimiento informativo.

Por otra parte, las agresiones referidas indican que hay un desconocimiento en quienes las cometen de que las áreas de prensa y de comunicación social de las dependencias oficiales, e incluso las de partidos y de campañas, operan con recursos públicos –es decir, con dinero de todos– y que es por demás impropio proceder, en esas instancias, con base en fobias ideológicas, animadversiones personales o criterios patrimonialistas que no sólo ofenden al oficio informativo sino también a las más básicas maneras republicanas.

Por lo demás, da la impresión de que en el equipo de Josefina Vázquez Mota imperan el nerviosismo, la descoordinación y el desorden, que los errores de la candidata se replican en sus colaboradores y que ello se traduce, en el área de Comunicación Social, en una operación descuidada y negligente que culmina en grosería hacia algunos informadores.

La Jornada se ha empeñado en llevar a cabo una cobertura equilibrada y veraz de las diversas instancias del poder público, con independencia del origen partidista de quienes las encabezan, y de las campañas electorales en curso de todas las formaciones políticas con registro, y ha encontrado, en casi todas las circunstancias, y de casi todos los actores, un trato respetuoso. Las muestras de hostilidad referidas se circunscriben a funcionarios y candidatos afiliados a Acción Nacional.

En consecuencia, esta casa editorial demanda a funcionarios y aspirantes a cargos de representación popular procedentes de ese partido un trato respetuoso e institucional para nuestros colaboradores.

Una vez más : S O N L O M I S M O

EDITORIAL LA JORNADA

Argentina: linchamiento político y mediático

Ayer, un día después de que anunció la expropiación de la petrolera argentina YPF –filial de la trasnacional de origen español Repsol–, el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner fue objeto de una campaña de linchamiento político y mediático que incluyó presiones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, condenas de gobiernos nacionales como los de Estados Unidos, Guatemala y México, e incluso críticas tan erráticas como improcedentes de los aspirantes presidenciales Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.


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Editoral de La Jornada

Mexicana, el gobierno y las sospechas

Amás de 18 meses de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y del inicio del concurso mercantil de esa compañía, tres de los acreedores de la aerolínea –Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el Banco Nacional de Comercio Exterior– designaron al despacho jurídico White & Case nuevo interventor para el proceso de concurso mercantil, el cual tendrá la responsabilidad de supervisar y vigilar la marcha de ese procedimiento.

Dicha designación se produce en un momento decisivo para el futuro de la compañía aérea, cuando se negocia la transacción de acciones entre Tenedora K –actual propietaria de Mexicana– y Med Atlántica, el consorcio empresarial que busca recapitalizar la aerolínea con una inversión inicial de 300 millones de dólares. El pasado lunes, el conciliador del proceso mercantil, Gerardo Badín, afirmó en un comunicado que el juez del concurso, Felipe Consuelo Soto, había recibido documentos financieros que prueban la solvencia de Med Atlántica para realizar dicha compra accionaria, y confió en que el convenio concursal –indispensable para el rescate de la aerolínea– quedará listo “en tiempo y forma”.

Sin prejuzgar sobre el papel que el nuevo interventor pueda desempeñar en favor o en contra del rescate de Mexicana, resulta obligado recordar que el principal obstáculo para que éste se concrete no ha sido la falta de inversionistas ni de voluntad de los trabajadores, sino el accionar indolente y poco transparente del gobierno federal, el cual, entre otras cosas, es el principal acreedor de la compañía aeronáutica. Desde finales del sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras haber sido rescatada con dinero de los contribuyentes, las autoridades toleraron manejos empresariales turbios que derivaron en la descapitalización de la compañía. Cuando el corporativo encabezado por Gastón Azcárraga declaró la inviabilidad operativa y financiera de la empresa, los funcionarios calderonistas declinaron intervenir en forma decisiva y se limitaron a observar, impávidos, la cancelación de vuelos, el remate de los activos a un precio irrisorio y la suspensión total de operaciones. Posteriormente, con la declaratoria de concurso mercantil, las autoridades dejaron en la desprotección a miles de personas afectadas, entre las que se cuentan trabajadores, pasajeros y pequeños acreedores de la empresa.

Semejante actitud se agudizó en meses posteriores, con la propensión de funcionarios del gobierno calderonista, denunciada por los trabajadores y por el propio juez Consuelo Soto, a disuadir a los potenciales inversionistas de invertir en la compañía. En julio de 2011, el grupo Altus Prot, el cual había manifestado interés por recapitalizar la empresa, anunció su retiro del concurso mercantil ante la falta de “certidumbre, transparencia y garantías” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Un mes más tarde, el Grupo Avanza Capital exhibió ante el conciliador y administrador de Mexicana una garantía bancaria por 300 millones de dólares, pero la operación se diluyó entre señalamientos de “poca claridad” en el proceso de venta del consorcio. En noviembre del año pasado, el juez Consuelo Soto anunció un nuevo aplazamiento de la fecha de quiebra de la aerolínea, tras haber detectado una inconsistencia en el conteo realizado por la propia SCT, denunció el trato hostil de funcionarios de esa dependencia en contra del empresario Iván Barona –otro de los inversionistas interesados en salvar Mexicana– y afirmó que algunos empresarios habían sido amenazados para que no invirtieran en la línea aérea.

Ahora, cuando todo parece indicar que un grupo empresarial ha comprobado liquidez suficiente para recapitalizar el consorcio aeronáutico más antiguo del país, surgen presiones y lastres adicionales, como el requerimiento a Med Atlántica de pagos por adeudos fiscales –mil 500 millones de pesos, según el diputado del PT Mario Di Costanzo– atribuidos a Gastón Azcárraga, los cuales, en consecuencia, tendrían que ser saldados por el anterior propietario de la aerolínea.

En suma, con la actitud omisa y poco responsable que han mostrado hasta ahora, las autoridades alimentan ante la opinión pública las sospechas de que la quiebra de la empresa no es necesariamente un escenario indeseable para ellas, y esto pone en entredicho el supuesto compromiso de la administración federal en turno con los trabajadores de la compañía y, desde luego, con el desarrollo y la proyección nacional en el ámbito de la aeronáutica civil. El gobierno federal aún está a tiempo de revertir dicha percepción: para ello es necesario que brinde todas las facilidades a su alcance para concretar, cuanto antes, el retorno de Mexicana al espacio aéreo.

Ante lo contundente y evidente de las violaciones del caso Cases , tanto por Genaro García Luna , como de los jueces de la primera , segunda y tercera instancia , asi como de Calderón , 3 de los cinco magistrados de la sala 1 de la SCJN , no pudieron hacerle el favor completo al ocupante de los pinos , lo más que pudieron hace es postergar las cosas hasta después de las elecciones del 1 de Julio y tal vez hasta después del 1 de Diciembre , cuando Calderón ya esté fuera del país .

Me pregunto si después de lo que vimos ayer , todavía habrá alguien que se escandalise cuando los Obradoristas mandamos al diablo SUS instituciones . Debemos reconocerlo , el sistema está podrido , hay que rehacerlo , recomponerlo desde su raíz .

También me pregunto si todavía habrá alguien que se escandalise cuando Gerardo Fernández Noroña les embarra todos los días en su cara toda la corrupción y todo el lodo en que se revuelcan , y no me vengan con que "para todo hay maneras" , se necesitaría tener atole en las venas .

Justicia impresentable

Ayer, por mayoría de tres votos contra dos, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la liberación de Florence Cassez –sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro–, como proponía el dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. Ante la negativa, la resolución sobre el amparo solicitado por la defensa de la acusada quedó en suspenso, y corresponderá a la ministra Olga Sánchez Cordero presentar, en semanas o meses próximos, un nuevo proyecto de dictamen.

Más allá del resultado de la discusión judicial de ayer, en el curso de la misma se hizo manifiesta la situación de catástrofe que atraviesa el sistema de justicia en el país. El reconocimiento, por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, de atropellos diversos a los derechos de la inculpada durante su detención y durante el proceso en su contra es un golpe demoledor a la cadena de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y salvaguardar el estado de derecho: desde los funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), que escenificaron la falsa captura de Cassez y violentaron sus derechos a la asistencia consular y a ser presentada ante el Ministerio Público, hasta los juzgadores que avalaron dicha práctica y dieron curso a un proceso judicial viciado de origen.

En un pleno estado de derecho, las irregularidades mencionadas ni siquiera habrían tenido lugar. Sólo en el contexto de una legalidad bastante imperfecta sería concebible y explicable que los atropellos cometidos por la AFI, la PGR y los jueces hubiesen pasado tantos años sin ser investigados y sancionados. Por desgracia, en el México contemporáneo las perspectivas de esclarecimiento y de castigo por estas faltas han sido nulas hasta ahora, y antes bien se ha premiado a los responsables, si se toma en cuenta el papel protagónico que ocupa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna –quien al momento de la detención de Cassez se desempeñaba como director de la AFI–, en el gabinete presidencial y en el diseño y aplicación de la contraproducente estrategia de seguridad en curso.

Ante tal circunstancia, el mero reconocimiento por los magistrados del máximo tribunal de los vicios policiales y judiciales detectados en el caso Cassez resulta insuficiente, sobre todo porque distan mucho de ser aislados: los abusos, las violaciones a garantías fundamentales, la distorsión de pruebas, lugares y testimonios, el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político y la fabricación de culpables forman parte de un deterioro estructural de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

No resulta ocioso preguntarse cuántos reclusos y reclusas enfrentan actualmente sentencias derivadas de procesos tanto o más irregulares que el de Cassez, sin posibilidad de acceder a los reflectores mediáticos y a la proyección internacional que tuvo la ciudadana francesa, y qué porcentaje de la población penitenciaria del país habría podido apelar a la liberación inmediata como resultado de esas irregularidades, en caso de que el proyecto de Zaldívar hubiese prosperado.

Lo menos que cabría esperar, una vez que cuatro de los cinco ministros de la primera sala han aceptado la comisión de graves faltas de autoridades policiacas y judiciales, es que éstas sean debidamente investigadas y los responsables sancionados conforme a derecho.

Al desaseo exhibido por las deliberaciones del caso Cassez en el máximo tribunal del país ha de agregarse la inaceptable intromisión del Ejecutivo federal en los asuntos del Poder Judicial para que sus máximos exponentes rechazaran la liberación de la sentenciada. El reclamo lanzado ayer por el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, al Ejecutivo federal, de que ese organismo está “obligado a garantizar el derecho de todos” y de que “la ley no puede cumplirse a capricho” constituye una respuesta procedente y necesaria al comportamiento del gobierno federal en lo que toca al caso comentado, pero también una contundente descalificación al desempeño de la actual administración durante el último lustro en materia de justicia.

En suma, con independencia del derrotero que tome el caso Cassez en semanas y meses próximos, la discusión de ayer dio cuenta de la descomposición de una institucionalidad que ha perdido el sentido de apego a la ley y de la moral pública, que ha quedado exhibida por su turbiedad y por las desviaciones a la legalidad con que se conduce, y que se ha vuelto un factor de desaliento y cinismo y en una faceta impresentable de México ante el mundo.

E D I T O R I A L

CFC: opacidad injustificable

Luego de discutir por más de seis horas la compra, por parte de Televisa, de 50 por ciento de las acciones de la telefónica Iusacell –propiedad de Grupo Salinas–, la Comisión Federal de Competencia (CFC) informó que sus integrantes habían llegado a un dictamen sobre la legalidad de la operación, pero que haría público el fallo una vez que se cumpla con requisito de notificar a las empresas implicadas, lo cual se llevará a cabo en cuanto concluya el engrose de la decisión, a más tardar el 7 de febrero”.

La postura de la CFC se sustenta en tecnicismos legales tan falaces como que “por mandato del último párrafo del artículo 31 bis de la Ley Federal de Competencia (…) la comisión y todos sus funcionarios están imposibilitados para pronunciarse públicamente sobre el expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes económicos involucrados”, como si dicho fallo no involucrara también a la nación en su conjunto –en tanto propietaria del espectro de frecuencias radioeléctricas en que se desarrollan las telecomunicaciones–, y como si para desahogar el trámite referido –una simple notificación– se requiriera, con los recursos tecnológicos y logísticos de la actualidad, un plazo de 14 días.

El compás de espera abierto por el órgano regulador contamina aún más una discusión de suyo marcada por la polémica, la opacidad y las suspicacias en torno a presumibles presiones y tráfico de intereses entre empresas privadas y autoridades gubernamentales. Es importante recordar que lo que está en juego no es la posibilidad de generar mayor competencia en el ámbito de la telefonía móvil, como han insistido los defensores de la referida operación, sino una fusión encubierta entre dos empresas de telecomunicaciones –Televisa y Tv Azteca– que formalmente compiten entre sí, pero que, en los hechos, comparten un control oligárquico casi pleno sobre las telecomunicaciones en sus distintas configuraciones tecnológicas, y obstaculizan sistemáticamente la entrada de nuevos competidores a ese sector.

La apabullante concentración de recursos comunicacionales entre las televisoras del Ajusco y de Chapultepec –que en conjunto detentan 94 por ciento de las concesiones televisivas del país– constituye un obstáculo fundamental para el desarrollo económico, en la medida en que imposibilita la libre competencia en ese estratégico sector, pero también para el desenvolvimiento democrático, pues dificulta el acceso de la sociedad a los medios de comunicación; suprime, en éstos, la pluralidad de voces y de opiniones, y dota al duopolio televisivo de una proyección política indebida y de una capacidad de chantaje y de presión a todas luces anómalas. Así pues, la eventual aprobación de la referida transacción accionaria agravaría el desequilibrio existente en las telecomunicaciones e implicaría dar un paso decisivo hacia una virtual dictadura empresarial en ese ámbito.

En tales circunstancias, la pretensión de la CFC de esperar dos semanas para completar un trámite que no debería tomar más que unos minutos, resulta tan inverosímil como inaceptable: incluso en un entorno de normalidad institucional plena y en un intachable estado de derecho, semejante decisión sería vista como una muestra de torpeza burocrática, o bien de arrogancia y desprecio tecnocráticos hacia la opinión pública y la sociedad. En el México de nuestros días, habida cuenta del historial de gobiernos y autoridades reguladoras sometidas a los intereses comerciales de las compañías televisoras, el comportamiento de la CFC hace inevitable sospechar que ese organismo busca abrir un margen de maniobra para realizar negociaciones inconfesables en beneficio de los intereses de los particulares involucrados y en perjuicio del país, su población, sus instituciones y su propiedad pública.

E D I T O R I A L

Los trasfondos del poder, a la luz

Sunshine Press Productions, que preside Julian Assange, fundador de Wikileaks, entregó a La Jornada un archivo que contiene cerca de tres mil despachos elaborados por personal diplomático estadunidense, en los que se abordan asuntos políticos, económicos y de seguridad pública de nuestro país. Ese acervo documental reviste, en conjunto, un interés público fundamental, en la medida en que constituye una ventana al fondo y al tono de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el vínculo más importante, el más conflictivo y el más definitorio de la nación con el exterior.

Este diario considera que la difusión de la verdad y el derecho de la ciudadanía a la información es un factor irrenunciable de legalidad, normalidad democrática, rendición de cuentas y soberanía nacional, además de una obligación básica del ejercicio periodístico. Con esa convicción, La Jornada ha emprendido una tarea de lectura, sistematización y elaboración periodística de los datos contenidos en la información recibida –unas ocho mil páginas de texto–, con el propósito de dar a conocer a la sociedad hechos, dichos y puntos de vista que resultan fundamentales para la comprensión del acontecer nacional y para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

La tarea requiere, ciertamente, de responsabilidad y profesionalismo. Las consideraciones básicas en la edición de la información han sido, en este espíritu, apegarse a citar fielmente lo que se consigna en los cables, deslindar los hechos relevantes de los que no lo son y evitar la divulgación de nombres que pudiera constituir un riesgo a la integridad y a la seguridad de ciudadanos privados, personas indefensas y empleados públicos de baja jerarquía que son mencionados en los textos.

A partir de esta fecha, La Jornada entrega a su público los resultados de este empeño. En forma simultánea a la publicación en estas páginas de las notas elaboradas a partir de los cables, éstos irán siendo liberados y colocados a la consulta del público en los sitios de Wikileaks en Internet. El doble compromiso de no alterar el contenido de los documentos y de preservar la identidad de personas que pudieran correr peligro rige para ambas partes.

Es pertinente reiterar, por último, la convicción de que la ciudadanía tiene el derecho de conocer los trasfondos del poder público y que el deber de contarla es parte sustancial de todo ejercicio periodístico profesional y ético.

México-EU: entre paranoia y amenazas reales

A pregunta expresa de un representante republicano, durante una comparecencia en el Capitolio de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Interior de ese país, Janet Napolitano, afirmó: “Desde hace tiempo hemos estado pensado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas, uno de los cárteles de la droga (que operan en México). Y simplemente lo dejo ahí”.

Los comentarios de la funcionaria resultan tan improcedentes como preocupantes. Durante la desastrosa era de George W. Bush, el gobierno estadunidense volvió una práctica común la conversión de la paranoia en política de Estado y de seguridad, así como la invocación de peligros inciertos y difusos y de hipótesis conspiratorias que terminaron por convertirse en profecías autocumplidas: en su afán por imponer como primera prioridad en la agenda planetaria la cruzada contra el terrorismo y por inventar –con ayuda de los círculos del pensamiento reaccionario de Estados Unidos– un falso choque de civilizaciones entre Occidente y el mundo árabe, el anterior gobierno de Wa-shington terminó por fortalecer a bandas como Al Qaeda a niveles que eran inimaginables, incluso en 2001, y les dio a éstas y a sus aliados motivos de encono adicionales a los que tenían hasta el 11 de septiembre de ese mismo año.

Ahora, a instancias de su titular de Seguridad Interior, la administración Obama redita esas prácticas –por más que éstas se hayan convertido en uno de los factores de la debacle política, moral y militar de su antecesora– y lo hace, para colmo, con base en delineamientos dudosos y falaces, como la afirmación de una posible convergencia entre los cárteles de la droga y grupos integristas islámicos, organizaciones que difieren en la sistematicidad de sus métodos y, sobre todo, en sus fines.

Por desgracia, si bien el razonamiento en el que se basa lo dicho por Napolitano equivale a una dislocación de la realidad, las implicaciones que derivan de él son palpables y alarmantes. Si se toma en cuenta lo que representa Al Qaeda para Estados Unidos, y si se añaden a ello declaraciones como las hechas ayer por el subsecretario del Ejército estadunidense, Joseph Westphal –en el sentido de que Estados Unidos ha contemplado el envío de sus tropas a México para hacer frente a la violencia de los cárteles–, la propalación de una posible alianza entre ese grupo y Los Zetas allana el camino para la presencia masiva y desembozada de policías, soldados y espías de Estados Unidos en México, y para la profundización de los designios injerencistas del vecino país en la política de seguridad vigente en el nuestro.

En la primera mitad de la década pasada, el sostenido afán de gobiernos de Bush y Fox por alinear a México en la fantasmagórica y demagógica guerra contra el narcotráfico implicó involucrar al país, innecesariamente, en un conflicto que le ha sido totalmente ajeno, y ponerlo en la mira de los enemigos –reales o supuestos– de Washington. Ahora, la persistencia en ese afán, –que, a lo que puede verse, no ha sido abandonado del todo pese al cambio en los titulares de ambos gobiernos– prefigura, además, el riesgo de una injerencia masiva de las autoridades estadunidenses en territorio nacional.

Por elementales razones, la autoridad mexicana tendría que responder a los señalamientos de Napolitano, demandar una rectificación de los mismos y rechazar, con claridad y contundencia, cualquier intento de valerse de ellos para vulnerar la soberanía nacional.

Y si usted piensa que el PRI ha cambiado , creame que no lo ha hecho en lo màs minimo , no lo ha hecho en lo absoluto , y para muestra no es necesario buscarle mucho , ahì està el gober precioso de Puebla Mario Marìn , pederasta puesto al descubierto y que saldrà impune , en Oaxaca tenemos a Ulises Ruiz , asesino y represor que tambièn saldrà impune gracias a los acuerdos entre PAN y PRI , la lista es larga , muy muy larga .

Si usted , con sobrada razòn està hasta la madre del PAN , y està voltenado a ver de nueva cuenta al PRI , recuerde que existe otra opciòn a la cual no le permitieron asumir el poder en 2006 , que desde entonces todos los poderes fàcticos a travès de los medios de comunicaciòn , incluyendolos a ellos mismos no han cejado en su intento por destruirlo , por suerte no lo han logrado , pero , analice , reflexione , trate de buscar informaciòn alterna , màs allà de televisa y azteca y muy pronto se darà cuenta que esa opciòn a la que me refiero , es la unica que nos queda , ya no hay màs ; si en 2012 de nueva cuenta le cierran el paso , entonces si que dios nos agarre confesados .

Televisa , aprovechandose de la ignorancia de la gente està , o màs bien , ha creado un muñeco de papel , atras de el no hay nada que lo sustente salvo sus padrinos Carlos Salinas y Arturo Montiel . Piense y no se vaya con la finta , si ustede le cree de nueva cuenta al PRI , estarà con su voto regresando al dinosaurio y no lo volveremos a sacar nunca màs .

E D I T O R I A L

PAN: las deudas de la alternancia

Hace una década, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) asumió la conducción política del país, la nación enfrentaba los estragos de más de 70 años de monolitismo priísta, y la sociedad acusaba un hartazgo hacia el ejercicio patrimonialista, antidemocrático, corrupto y corruptor que caracterizó al tricolor. En ese contexto, la alternancia de siglas y de colores en la Presidencia de la República alimentó las esperanzas ciudadanas de que se produjera otra, mucho más sustancial, en el ejercicio del poder político y la conducción de las instituciones, en las relaciones entre el Estado y la sociedad, en los manejos de los recursos públicos, y en el combate a la corrupción, entre otros ámbitos.

Sin embargo, a contrapelo de las aspiraciones –por demás legítimas– de la ciudadanía que sufragó por el blanquiazul en julio de 2000, las perspectivas de consumar una plena transición democrática se fueron diluyendo con el paso de meses y años, y hoy, con los festejos organizados por el PAN para celebrar su llegada a Los Pinos, se cierra una década de continuidades y decepciones.

Algunas de las caras más visibles de ese retroceso son la permanencia, durante las dos administraciones federales panistas, de viejos vicios y prácticas autoritarias; la perpetuación de las estructuras de control corporativo y clientelar; el refrendo de alianzas con dirigencias gremiales corruptas y descompuestas; la intromisión en la vida interna de los sindicatos independientes; la preservación de la impunidad para quienes cometen atropellos desde el poder. En cuanto al manejo de los recursos públicos, las promesas de combate a la corrupción y a la opacidad con que inició el gobierno del cambio terminaron claudicando ante la proliferación del tráfico de influencias, el amiguismo, las complicidades, la opacidad y la impunidad.

En forma paradójica, el desarrollo democrático del país en estos 10 años tuvo en Vicente Fox un lastre fundamental: luego de arribar al poder por medio de un incuestionable triunfo electoral, en 2006 se erigió en uno de los principales factores de distorsión del proceso sucesorio, y sembró con ello la sospecha de fraude en al menos un tercio del electorado. Con una legitimidad mucho menor a la de su antecesor, Felipe Calderón ha encabezado una administración que triunfa en el discurso y fracasa en los hechos, y ha sido partícipe de la involución política y electoral de su partido, reducido a la condición de apéndice de la Presidencia.

Por lo que hace al ámbito económico, el desempeño del gobierno federal en esta década se ha caracterizado por una exasperante indolencia, que ha colocado a los estratos más desfavorecidos de la población en la desprotección total. Las administraciones federales panistas han continuado y profundizado el modelo económico impuesto por las últimas presidencias priístas, y han porfiado en los intentos por desmantelar la propiedad pública y en la aplicación de una política fiscal regresiva e injusta. Esa misma insensibilidad se refleja en la desatención a las causas originarias de los fenómenos delictivos que hoy recorren el territorio nacional, y en la pretensión de combatirlos exclusivamente –con resultados desastrosos, por lo demás– por la vía policiaco-militar.

A los elementos anteriores cabe añadir la vulneración del carácter laico del Estado, el extravío de la política exterior del país, la criminalización de la disidencia, la represión de las oposiciones políticas y sociales, y el desinterés en la vigencia de las garantías individuales, bajo las presidencias del blanquiazul.

Ciertamente, en los últimos 10 años la sociedad ha experimentado una transformación cívica y política profunda, y el país tiene hoy una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, más participativa, tolerante, habituada a la pluralidad y crítica de la autoridad. Tales cambios, sin embargo, se han presentado fuera de las esferas del poder público, no dentro de ellas. En ese sentido, el saldo de la alternancia no deja mucho margen para la celebración y exhibe, en cambio, un cúmulo de deudas y expectativas no cubiertas por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

E D I T O R I A L

IFE: contrastes y sinrazón

Andrés Manuel López Obrador compareció ayer en el área jurídica del Instituto Federal Electoral (IFE) para responder a las acusaciones formuladas en su contra por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que incurrió, en diversos promocionales televisivos transmitidos en los tiempos oficiales del Partido del Trabajo, en actos anticipados de campaña electoral y en expresiones denigratorias de Felipe Calderón Hinojosa y de la institución presidencial.

Sin desconocer el derecho que le asiste a Acción Nacional de interponer acusaciones como las comentadas, es claro que el IFE tendría que haber actuado, ante ellas, con objetividad y altura de miras necesarias para reconocer su carácter improcedente: no hay razón alguna para calificar –como lo hicieron los representantes del partido en el poder ante el instituto– señalamientos críticos al gobierno calderonista como los que ha formulado López Obrador, de denigración: en esa lógica, el amplio espectro político y social que ha señalado los resultados deplorables de la presente administración en prácticamente todos los ámbitos estaría incurriendo en una falta semejante.

La actitud del IFE contrasta, por otro lado, con la inacción que sus integrantes han mostrado hacia los dichos formulados recientemente por el titular del Ejecutivo federal en el sentido de que López Obrador sigue siendo un peligro para México, expresión que implica una clara violación a los preceptos legales vigentes en materia electoral que prohíben descalificar a partidos y personajes públicos. Si los asertos del ex aspirante presidencial ameritan un llamado a comparecer ante ese órgano, tendría que adoptarse una resolución semejante con respecto los dichos presidenciales. En suma, el citatorio al político tabasqueño o bien carece de fundamento o es producto de una aplicación facciosa de la ley y, en cualquier caso, descalifica de antemano las promesas de que el IFE actuará con imparcialidad en este episodio.

Por lo demás, no puede soslayarse el hecho de que la comparecencia de López Obrador ante el organismo electoral se enmarca en otro contraste: el que surge entre el trato acusatorio que el IFE ha decidido dar al principal líder opositor en el país, y el que dispensó la semana pasada al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, en el contexto de los actos conmemorativos por los 20 años de ese instituto, fue invitado como orador principal en un foro sobre democracia, pese a los señalamientos en su contra por haber sido beneficiario de un presunto fraude electoral y, en todo caso, de un proceso comicial probadamente desaseado e inescrupuloso, como fue el de 1988.

Con estas actitudes el IFE desvirtúa lo que debería ser su esencia institucional: garantizar la vigencia de la democracia en el país –lo que implica intrínsecamente el respeto a la libertad de expresión– y de los derechos políticos de todo ciudadano, independientemente de tendencias político-partidistas. Al asumir posiciones inquisitoriales, los consejeros de ese instituto se convierten en lastre fundamental para la superación de los vicios y rezagos persistentes en la vida republicana, además de que profundizan el déficit de credibilidad y de confianza de la ciudadanía en la institucionalidad política.

Golpismo derrotado

Es meridianamente claro que la mafia policial que se insurreccionó ayer en Quito y que durante casi todo el día mantuvo secuestrado al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no actuó en defensa de conquistas laborales de los efectivos policiales, como lo pregonaron los alzados. El descontento entre los uniformados de la fuerza pública por la reciente aprobación legislativa de una nueva ley de servicio público, que en última instancia los favorece, tuvo que ser resultado de una labor de envenenamiento y desinformación con propósitos subversivos y golpistas.

Los instigadores están también al descubierto: hermandades corruptas enquistadas en la institución policial, sectores oligárquicos y de la llamada comunidad de inteligencia de Estados Unidos. El vínculo visible de los segundos con los policías insurrectos es el aventurero Lucio Gutiérrez, militar golpista en 2000, electo presidente dos años más tarde, feroz represor en 2004, defenestrado por las movilizaciones populares del año siguiente y, desde entonces, gestor de intereses injerencistas y empresariales.

En cuanto a la participación de instancias gubernamentales estadunidenses, debe recordarse que en 2008 el periodista canadiense Jean Guy Allard documentó la infiltración de la policía ecuatoriana, por la embajada de Washington en Quito, mediante el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones.

Así pues, aunque la intentona ostenta el rasgo atípico de haber sido emprendida por la policía y no por las fuerzas armadas, es claro que lo que se frustró ayer en Ecuador fue un clásico golpe de Estado de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.

La involución que ha vuelto a colocar en el panorama regional esos ejercicios de violencia y barbarie tiene un arranque preciso: el cuartelazo perpetrado en Honduras en junio del año pasado, el cual logró trastocar en forma perdurable el orden institucional, debido, principalmente, a la complacencia que encontró en la comunidad internacional y, muy especialmente, en el gobierno de Barack Obama.

Desde el momento en que los golpistas hondureños fueron beneficiados con una benevolencia que contradice los principios democráticos de los gobiernos que les otorgaron reconocimiento diplomático y que se negaron a adoptar sanciones contra el régimen emanado del golpe contra el presidente Manuel Zelaya, se extendió una patente de impunidad que puede alentar atentados semejantes contra el orden constitucional en otros países latinoamericanos.

Por fortuna, en el episodio de ayer en Ecuador, el golpismo resultó derrotado, con una cuota de sangre pequeña, pero de cualquier forma lamentable, y después de muchas horas de tensión y zozobra en la sociedad. El ejército se deslindó de los sublevados y, a la postre, tomó por asalto el hospital policial en el que mantenían secuestrado al mandatario, lo liberó y lo transportó hasta el palacio presidencial de Carondelet, donde Correa fue objeto de un recibimiento apoteósico de sus seguidores. De esta manera quedó restablecido el orden democrático en la nación sudamericana.

La intentona dejó ver, por otra parte, un patrón golpista que viene afectando a diversas naciones de la región desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales, lo que se repitió en escala menor en Bolivia en 2008 y que un año más tarde logró subvertir el orden democrático en Honduras. Tal fenómeno plantea uno de los más graves desafíos a la legalidad y a la democracia en el subcontinente y amenaza con causar una regresión histórica que podría borrar lo conseguido en materia de normalización democrática desde hace cinco lustros, cuando colapsaron las dictaduras militares que se enseñoreaban en la mayor parte de las naciones centro y sudamericanas.

El corolario inevitable de la violenta y peligrosa jornada que hubo de padecer ayer Ecuador es que no debe otorgarse impunidad a los golpistas y que las aventuras de subversión política emprendidas desde el aparato gubernamental deben ser rigurosamente castigadas conforme a derecho. Cabe esperar que el gobierno de Rafael Correa actúe en ese sentido en los próximos días y que la derrota experimentada ayer por la derecha oligárquica sea factor de fortalecimiento para las instituciones democráticas ecuatorianas, que sirva para superar las fracturas en el partido gobernante y que impulse la consolidación del proyecto de justicia social, soberanía y democracia que actualmente se aplica en el territorio de esa nación.

E D I T O R I A L

Ciudad Juárez: llover sobre mojado

Tras el asesinato del fotógrafo de El Diario de Juárez Luis Carlos Santiago Orozco, ocurrido el 16 de septiembre, ese medio señaló en un editorial la ausencia en Ciudad Juárez de autoridades formales que procuren justicia y velen por la seguridad pública, y pidió a los cabecillas de la delincuencia organizada –“las autoridades de facto en esta ciudad”– que “expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.

El texto, tan inusual y descarnado como fundamentado en la dura realidad –dos trabajadores del diario asesinados en dos años, hasta ahora con total impunidad, no es un mero asunto de “percepciones”–, suscitó el disgusto del gobierno federal: el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, emitió un regaño indirecto a la publicación. Dijo que “no cabe de modo alguno, por parte de ningún actor, pactar (o) promover una tregua o negociar con criminales” y recomendó a los periodistas amenazados que recurran a “la adopción de códigos y protocolos para el manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales y apego a esquemas de autorregulación de contenidos para evitar la apología del delito”. Por su parte, el subsecretario de Gobernación Felipe Zamora Castro negó que exista un vacío de autoridad o autoridades de facto, lamentó que “la situación a veces orilla a que en algún momento personas que se sienten agraviadas lleguen a pensar distinto”, y aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas ya se había puesto en contacto con la procuraduría chihuahuense para coadyuvar en las investigaciones.

Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua –en cuyo vehículo fue acribillado el joven fotógrafo–, desmintió ayer mismo las aseveraciones oficiales, criticó la demora de la Procuraduría General de la República (PGR) en atraer el caso del homicidio de Santiago Orozco y destacó que ese retraso dificulta la ubicación y detención de los responsables.

El hecho irrebatible que da contexto al homicidio referido, al reclamo de El Diario de Juárez y a los subsecuentes ataques de la administración calderonista contra ese medio es la escalada de violencia criminal que consume a Ciudad Juárez, fenómeno que se remonta a las postrimerías del salinato, con los primeros feminicidios perpetrados en esa urbe fronteriza, y que ha ido creciendo y generalizándose en forma sostenida sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya sido capaz de revertir tal tendencia. Con la militarización de la ciudad, ordenada por la actual administración, la violencia se ha multiplicado y extendido, y el Ejecutivo federal no ha podido o querido poner un alto a la flagrante impunidad con la que operan las organizaciones delictivas.

Por supuesto, los medios y los periodistas juarenses en general, y El Diario de Juárez en particular, no son los únicos afectados; mujeres, hombres, niños y jóvenes mueren diariamente, a un rito de ocho por día en los meses recientes, en la ciudad, y más allá de los homicidios, las extorsiones de la delincuencia se han convertido en un flagelo regular para los empresarios juarenses. Tal escenario no es, por lo demás, exclusivo de esa urbe fronteriza, sino una realidad en extensas regiones del país.

A contrapelo del discurso oficial, de las visitas blindadas del titular del Ejecutivo federal y de los aparatosos despliegues de policías federales y efectivos militares, en Ciudad Juárez el Estado ha dejado de existir en tanto factor de protección a la vida y las garantías individuales y de procuración de justicia. El reclamo de El Diario de Juárez a la autoridad y sus preguntas directas a la delincuencia organizada son, en esa medida, un recurso tan desesperado como legítimo; las reconvenciones gubernamentales al periódico resultan, en cambio, una expresión de desparpajo y de cinismo que se suma, en la lista de agravios, a la ineptitud o a la falta de voluntad para cumplir con la obligación fundamental de proteger la seguridad de los juarenses: son, por así decirlo, llover sobre mojado.

26 años

El 19 de septiembre de 1984 circularon los primeros ejemplares de La Jornada. Para bien y para mal, de entonces a la fecha han cambiado muchas cosas en México y en el mundo. Este proyecto editorial surgió para incidir, desde el quehacer periodístico, en una realidad nacional cerrada, inercial, excluyente y sofocante en la que ya se prefiguraban, como peligros, lo que hoy son tragedias para el país y sus habitantes: la pérdida de soberanía nacional, la profundización de las desigualdades sociales, la descomposición institucional, la dislocación económica, social y demográfica del agro, el divorcio entre la sociedad y sus representaciones políticas formales y la abdicación del Estado a algunas de sus responsabilidades constitucionales más básicas. En tal circunstancia, un grupo plural compuesto por informadores, académicos, artistas y dirigentes políticos y sociales convocó a la ciudadanía a participar en la construcción de un diario que diera cuenta de los aspectos del acontecer nacional que no aparecían en el conjunto de los medios, que informara con puntualidad y veracidad, sin buscar propósitos políticos inconfesables o de lucro, y que diera voz a quienes carecían de ella.

La convicción de los convocantes, la solidaridad de diversos sectores sociales y de la comunidad artística, encabezada por Rufino Tamayo y Francisco Toledo, así como el entusiasmo de los trabajadores, hizo posible un suceso insólito: la fundación y la sobrevivencia de una institución que prácticamente no tenía capital, ni crédito, ni imprenta, ni local propios, ni mercado publicitario. A las duras condiciones en las que apareció el primer número de La Jornada se agregó la animadversión del poder público, de las cúpulas empresariales y de las corporaciones sectoriales, por entonces todopoderosas.

Desde entonces, y a lo largo de nueve mil 375 ediciones, incluida la presente, este diario se ha consolidado como una opción informativa fundamental para comprender los acontecimientos y los fenómenos que tienen lugar en México, y como punto de referencia del país para los lectores del extranjero. La Jornada ha buscado cubrir la evolución política, económica y social que ha tenido lugar en ese tiempo sin rehuir el posicionamiento editorial pero sin contaminar la información, ha procurado presentar los acontecimientos con la contextualización y el análisis y, sobre todo, se ha mantenido fiel a la línea establecida desde su fundación, lo que significa, en última instancia, fidelidad a sus lectores y a la sociedad a la cual se debe.

La robusta y opresiva normalidad institucional que vivía México en 1984 se ha convertido, en 2010, en una delgada cáscara que amenaza con fracturarse en cualquier momento. Impulsada por los postulados neoliberales –máxima rentabilidad, supervivencia de los más fuertes, sustitución de la solidaridad por la competencia desenfrenada, transferencia masiva de propiedades y atribuciones de la autoridad pública a instancias privadas, depauperación programada del grueso de la población en beneficio de unos cuantos–, la barbarie avanza en forma perceptible en detrimento de la civilización y de la convivencia.

Ante semejante involución, los valores fundacionales de este diario no sólo no resultan desfasados sino que son más actuales y necesarios que nunca: pugnar por una información independiente de los poderes políticos y económicos; preconizar el respeto a la legalidad vigente –respeto al cual tendrían que atenerse, en primer lugar, las propias autoridades–; abogar por la restitución de los filones de soberanía perdidos –soberanía política y diplomática, energética, económica, monetaria, alimentaria y militar–; preservar los principios de separación de poderes, Estado laico, federalismo, municipio libre y certidumbre de los procesos electorales; demandar una política económica que no esté al servicio de las corporaciones financieras e industriales sino, en primer lugar, de los intereses y necesidades de la población; reclamar la observancia de los derechos humanos por las autoridades de todos los niveles y el combate a la impunidad; buscar la expansión, y no la contracción, de las garantías individuales y de los derechos colectivos; propugnar la protección de sectores desprotegidos, agraviados o minoritarios: asalariados y campesinos, mujeres, indígenas, minorías sexuales y religiosas.

En la perspectiva oficial, enunciar la realidad suele tomarse como pecado de enorme pesimismo. En la lógica de la línea editorial de La Jornada, en cambio, el reconocimiento y el recuento de las circunstancias adversas constituye un paso indispensable para salir de ellas, no para alentar la zozobra y la desesperanza. Este diario apostó desde un principio por la inteligencia, el civismo y el sentido crítico de sus lectoras y lectores; ha comprobado, a lo largo de 26 años, que tal cálculo era correcto, y se congratula de haber conformado, con base en la confianza mutua, un acuerdo de largo plazo que hoy refrenda y agradece.

E D I T O R I A L

Política: el crimen dicta

El atentado mortal contra Rodolfo Torre Cantú, aspirante priísta a la gubernatura de Tamaulipas, en el que murieron además el diputado local Enrique Blackmore Smer y cuatro escoltas, no puede ser desvinculado de su circunstancia de persona, tiempo y lugar: se trata del candidato de mayor rango que muere asesinado en el país desde el homicidio de Luis Donaldo Colosio; fue perpetrado, además, a menos de una semana de las elecciones, y en una de las entidades en las que resultan más palpables el control territorial de organizaciones delictivas y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la vigencia de las leyes.

Aunque diversos analistas han mencionado el fenómeno del flujo de dinero sucio a las campañas en curso, y por más que la pavorosa ola de violencia que azota a México había ya cobrado las vidas de diversos políticos, la muerte de Torre Cantú, independientemente de quiénes la hayan planeado y ejecutado, constituye un mensaje inequívoco: la criminalidad ha mostrado su determinación de dictar quién ocupa un cargo de poder y quién no, y con ello la ofensiva criminal se arroga una facultad política y confirma que el acontecer electoral ha sido contaminado por un componente mafioso. Semejante irrupción desembozada constituye, en el ámbito estatal, una suerte de golpe de Estado que desmiente, en forma rotunda, la optimista prédica oficial acerca de un debilitamiento de las instancias delictivas a consecuencia de las acciones gubernamentales.

En tal situación, la agresión homicida contra el político tamaulipeco no es únicamente un delito, de suyo condenable, contra un individuo, sino constituye un atentado contra la vida republicana en su conjunto: sería un pecado de ingenuidad suponer que la ejecución de Torre Cantú no altera de manera radical el escenario partidista y electoral de Tamaulipas y no conlleva un impacto grave en la credibilidad y la confianza de los procesos comiciales en el resto del país. Independientemente de que el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) haya decidido seguir adelante con la elección, es claro que ésta ha quedado distorsionada, no sólo por la desaparición del aspirante a gobernador que aparecía puntero en las encuestas, sino también por el temor de la ciudadanía, ahondado por el crimen de ayer, por las inevitables especulaciones que, ante la incierta perspectiva de esclarecimiento, recorren ya la entidad nororiental.

La pavorosa proliferación delictiva que padece el país es consecuencia anunciada de la aplicación de un modelo económico depredador y desarticulador, pero también de un añejo estilo de ejercicio del poder que se mantiene intacto a pesar de las alternancias: en general, en el país se gobierna, en todos los niveles, con arbitrariedad, desapego a las leyes, patrimonialismo, búsqueda de impunidad para los propios, sesgos facciosos en la procuración de justicia y connivencia con intereses ilícitos. La criminalidad desbocada, que ahora golpea al ámbito partidista y electoral, es un engendro creado por los vicios de la propia clase política. Ésta no tiene ya margen para actuar como si en el país no pasara nada, ni para repetir en forma indefinida ritualismos cada vez más insustanciales y autorreferenciales. Es preciso que funcionarios, representantes populares y dirigentes políticos se asomen al abismo que han generado y que emprendan una moralización y una reforma profunda del poder.

E D I T O R I A L

Copala: violencia y vacío de poder

El pasado martes la organización paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) impidió el paso a una caravana encabezada por activistas y legisladores federales que transportaba ayuda humanitaria a San Juan Copala, localidad cercada por esa organización armada. Como ocurrió el pasado 27 de abril, cuando un primer contingente humanitario fue atacado por la Ubisort en esa misma región, con un saldo de dos muertos –la activista Beatriz Cariño y el observador finlandés Jyri Antero Jaakkola–, el gobierno encabezado por Ulises Ruiz se deslindó de los hechos y, sin aludir al cerco paramilitar que mantiene aislado a San Juan Copala desde noviembre del año pasado, sostuvo que la problemática referida se debe principalmente a un conflicto por límites y a las pugnas internas del pueblo triqui.

Los deslindes expresados por el titular del Ejecutivo estatal, en conjunto con la abierta impunidad con que operan los poderes fácticos en la región triqui, siembran una inevitable percepción de vacío de poder en Oaxaca o, peor, un ejercicio del poder público en manifiesta alianza con formaciones ilegales y delictivas. En cualquiera de los casos, el estado de derecho resulta inexistente. Así lo muestra, entre otros elementos, la solicitud formulada por la procuradora estatal de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, de que se tenía que hablar con Ubisort e invitarlos a la caravana para garantizar el paso hacia San Juan Copala, según denunciaron los voceros del municipio autónomo en un comunicado.

Ante la manifiesta falta de capacidad o de voluntad de las autoridades estatales para dar solución a un conflicto que ha crecido en explosividad y se ha vuelto visible a escala internacional, resulta desolador que el gobierno federal se sustraiga de los llamados de diversos sectores de la sociedad y la clase política a involucrarse en el asunto, y que, a pesar de los elementos que han aportado organismos humanitarios nacionales e internacionales sobre la operación de grupos paramilitares en Oaxaca, se muestre empeñado en suscribir la versión del gobierno de Ulises Ruiz. Así lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores tras el ataque del pasado 27 de abril, ante las críticas formuladas por relatores de Naciones Unidas por el deterioro de los derechos humanos en San Juan Copala, en tanto que el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, llamó a poner en contexto la situación en Copala para enterarnos de lo que pasó, y sostuvo que la violencia en la región se debe a que tres grupos están enfrentados desde hace tiempo .

En la circunstancia presente, el conflicto en Copala exige la intervención federal, y por diversas razones: porque es imperativo detener el castigo inhumano e inaceptable impuesto a los integrantes de ese municipio autónomo durante meses, privados de alimentos y servicios de salud; porque la Ubisort opera, según la información disponible, como delincuencia organizada, y también porque la situación en el sitio es un indicador de la catástrofe que recorre al país en materia de seguridad pública y legalidad, en la que confluyen las actividades delictivas de los grupos vinculados al narcotráfico con las acciones de organizaciones de corte paramilitar. En la medida en que el gobierno federal no sea capaz de restablecer el estado de derecho en esa región, difícilmente podrá hacerlo en el resto del país, y los constantes llamados del calderonismo a procurar el respeto a las leyes y a sancionar a quienes las quebrantan serán vistos por la opinión pública nacional e internacional como un mero gesto discursivo y un ejercicio de incongruencia.

Esta editorial es del día de ayer , pero por falta de tiempo no la publiqué , pero me parece importante que la leamos y aqui está :

E D I T O R I A L

El gobierno, contra los sindicatos

Con los desalojos policiales de las minas de Cananea, Sonora, y Pasta de Conchos, Coahuila, efectuados entre las últimas horas del pasado domingo y la mañana de ayer, lunes, el gobierno federal ratificó su orientación antisindical y su determinación a resolver, por medio de la fuerza policial, los conflictos laborales. En el caso que involucra al sindicato minero y al Grupo México, concesionario de ambos socavones, fue el propio Ejecutivo federal el que, en tiempos de Vicente Fox, echó a andar el conflicto, al criminalizar a la dirigencia sindical luego de que ésta exigió justicia para los 46 trabajadores que murieron en Pasta de Conchos en febrero de 2006, a consecuencia de fallas de seguridad atribuibles a la empresa y a las propias autoridades laborales, que son las encargadas de verificar las medidas de protección. Desde entonces el gobierno ha perseguido judicialmente al secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y ha intervenido sin recato en la vida interna de esa organización.

Son inocultables los paralelismos entre el trato gubernamental al gremio minero y la beligerancia oficial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), privado de su fuente de trabajo mediante la extinción, por un decreto presidencial de legalidad dudosa, del organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre del año pasado. En uno y otro caso la Secretaría del Trabajo negó la toma de nota a las respectivas dirigencias, tomó partido por grupos disidentes minoritarios y emprendió una campaña sistemática de descalificaciones públicas y amenazas contra los trabajadores. En ambas circunstancias, por añadidura, la administración calderonista ha ordenado diversas agresiones policiales contra los sindicalistas y sus manifestaciones de protesta.

El correlato de la hostilidad antisindical del gobierno –respaldada en la mayor parte de los episodios por el Poder Judicial– ha sido una actitud pro empresarial, expresada, en el caso de la industria minera, en la exoneración de los propietarios de Grupo México de toda responsabilidad legal por el accidente de Pasta de Conchos y por la disposición oficial a favorecer, por todos los medios posibles, los intereses patronales. Por lo que respecta a la industria eléctrica, el golpe contra el SME ha sido aprovechado, adicionalmente, para ofrecer oportunidades de negocios, contratos y concesiones a diversas compañías privadas, empezando por las que la Comisión Federal de Electricidad reclutó para dar mantenimiento –a todas luces insuficiente, por lo demás– a la red de distribución eléctrica en el centro del país.

El desalojo de Cananea no fue tan pacífico como presumía ayer la Secretaría de Gobernación, si se considera que hay lesionados y que en la acción se emplearon granadas de gas lacrimógeno, toletes y, según la versión de los mineros, armas de fuego. Igualmente grave es el señalamiento de que las propias fuerzas policiales propiciaron el incendio de un local del yacimiento, perpetrado, a decir de los sindicalistas, por un grupo de porros que acompañaba a las fuerzas del orden.

El peor de los incendios, sin embargo, puede ser de orden social, y resulta desolador que el gobierno federal parezca empeñado en producirlo mediante el mantenimiento de una política económica generadora de pobreza, desigualdad y desempleo, una tónica persistente de violaciones a los derechos humanos y una política de constante confrontación que desmiente los insistentes llamados oficiales a la unidad de todos los mexicanos.

Procuración de justicia o maniobra política

La detención de Gregorio Sánchez Martínez, candidato al gobierno de quintanaroense por la

coalición PRD, PT y Convergencia, quien es señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, enrarece el panorama político nacional de cara a los procesos electorales de julio próximo –en los que se renovarán 12 gubernaturas estatales, entre ellas la de Quintana Roo– y revela la comisión de una serie de irregularidades y la aplicación de un doble rasero en la procuración de justicia, como parte de un patrón de conducta del grupo en el poder al amparo de la llamada “guerra contra el narco” del gobierno federal.

El precedente ineludible de esta detención es la captura e incomunicación, ocurrida hace exactamente un año, de varios alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán a los que se acusó, sin fundamento alguno y con base en declaraciones de testigos protegidos, de tener presuntos nexos con la delincuencia organizada. Entonces, como ahora, el gobierno federal actuó de forma discrecional e indebida, vulneró el principio de presunción de inocencia de los acusados, e introdujo elementos de tensión entre las distintas fuerzas políticas del país, justo en las vísperas de la realización de procesos comiciales, con lo que se da la impresión de que, más que un acto de procuración de justicia, se trata de una maniobra político-electoral.

Por añadidura, y sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del detenido, el episodio revela una conducta por lo menos parcial y selectiva por parte de la PGR en el cumplimiento de sus tareas básicas como instancia de procuración de justicia a escala federal: la contracara de la detención de Greg Sánchez es la inexplicable suspensión de las investigaciones en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, decisión que le ha valido a la produraduría federal numerosos cuestionamientos.

Por otro lado, si son ciertas las imputaciones contra el aspirante perredista al gobierno de Quintana Roo, el episodio en su conjunto deja ver una descomposición generalizada y de suma gravedad en las esferas políticas y administrativas de todos los niveles, y no hay razón para suponer que la penetración de la delincuencia organizada no pueda alcanzar a candidatos y autoridades de otras entidades y de distintos signos políticos y niveles jerárquicos.

En ese sentido, la sociedad tiene elementos de sobra para preguntarse por qué las fuerzas federales no han actuado de la misma manera ante situaciones en que la connivencia entre segmentos de la administración pública y los cárteles de la droga es un secreto a voces: ejemplo de ello es el desembarazo y la ligereza con que el alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, el panista Mauricio Fernández, ha anunciado acciones fuera de la ley con el supuesto fin de combatir a los grupos delictivos en ese municipio, y su admisión de que ha mantenido contactos con presuntos grupos de delincuentes para consensuar medidas de seguridad en esa demarcación. La tolerancia y la pasividad mostradas por el gobierno federal para con este funcionario contrastan con la dureza injustificada con que el año pasado se detuvo e incomunicó a los alcaldes michoacanos, y con la agilidad y la determinación con la que ahora se actúa en contra del candidato a la gubernatura quintanarroense.

En suma, los elementos de juicio disponibles dejan entrever, en las acciones policiacas comentadas, una doble moral impresentable y un uso faccioso del aparato de procuración de justicia, y ambos hechos atentan contra el decoro y la credibilidad institucional y el más elemental sentido republicano.

E D I T O R I A L

Copala: señales preocupantes y desatendidas

Los asesinatos del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Timoteo Alejandro Ramírez, y de su esposa, Cleriberta Castro, arrojan elementos adicionales de tensión y de multiplicación de la violencia en el conflicto que se vive en esa región de Oaxaca. Ayer, por medio de un comunicado, el gobierno estatal de Ulises Ruiz sostuvo que estos crímenes pudieron deberse a dos posibles móviles: venganza personal o conflictos con otras organizaciones sociales de la región, en un claro intento por desacreditar a las versiones de integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, que calificaron los asesinatos del dirigente indígena y su esposa como crimen de Estado.

Acusaciones y deslindes aparte, es claro que existe una responsabilidad ineludible de las autoridades, las cuales han exhibido una actitud cuando menos omisa ante la multiplicación de signos de violencia en la región triqui. Lo anterior se hizo patente con la inacción gubernamental ante las advertencias lanzadas por la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) –organización priísta de corte paramilitar que mantiene un férreo cerco sobre la comunidad de Copala– de que no dejarían pasar la caravana humanitaria, que fue finalmente atacada por un grupo armado el pasado 27 de abril, en un suceso que arrojó varios heridos y en el que perdieron la vida la activista Beatriz Alberta Cariño y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola.

El ataque al convoy referido debió evidenciar a las autoridades de los distintos niveles de gobierno la explosividad del conflicto y el riesgo de que se presentaran nuevos hechos de violencia y más asesinatos. Pero la desatención y la inacción gubernamentales que siguieron a los sucesos mencionados, así como los intentos por minimizar el conflicto e incluso por desacreditar la presencia de extranjeros en la región, sellaron en la opinión pública la percepción de una voluntad oficial de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados en el conflicto regional, y de un designio de emplear y fomentar la división del pueblo triqui para minar la viabilidad del municipio autónomo, que ha cumplido ya el primer trienio.

Las consideraciones referidas plantean una disyuntiva preocupante: si se atiende a la versión oficial de que los asesinatos comentados obedecen a pugnas intestinas, se asiste a una expresión de ingobernabilidad y descontrol en Oaxaca que vuelve impresentable el desempeño de las autoridades; si son ciertas, por el contrario, las acusaciones que atribuyen estos crímenes a grupos oficialistas, entonces la actitud omisa mostrada hasta ahora sería la menor de las responsabilidades gubernamentales en esos hechos.

En suma, lo sucedido en esa región pone en relieve la necesidad impostergable de esclarecer estos hechos, y subrayan, asimismo, la obligación de las autoridades estatales y federales de garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos del pueblo triqui, y no sólo por elementales razones de justicia y legalidad, sino también porque de otra manera difícilmente se podrán conjurar escenarios de violencia aún peores en esa zona de Oaxaca.

Teresa y Alberta: liberaciones y lo que falta

E D I T O R I A L

Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes apresadas el 5 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión, luego de que la Procuraduría General de la República las acusó de haber secuestrado –junto con Jacinta Francisco Marcial, excarcelada en septiembre pasado– a seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Alcántara Juan y González Cornelio fueron puestas en libertad ayer mismo.

La resolución emitida por la Corte resulta positiva y saludable por cuanto rectifica un atropello cometido por el Estado mexicano en contra de dos mujeres indígenas y pobres, y porque, en alguna medida, reivindica al máximo órgano de justicia del país, inmerso en una desconfianza generalizada a consecuencia de un historial de fallos impresentables y vergonzosos: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín –pese a su participación inocultable en una conjura contra la periodista Lydia Cacho–; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la aprobación del sistema vigente de pensiones del ISSSTE –que implicó regalar a las instituciones bancarias un negocio millonario con el dinero de los trabajadores del Estado–, entre otros hechos que colocaron al máximo tribunal, a ojos de la opinión pública, como instancia al servicio de los intereses del grupo político-empresarial que detenta el poder en el país.

La contundencia del fallo emitido ayer por la SCJN es indicativa del calado de la injusticia que padecieron las indígenas otomíes desde agosto de 2006: al carácter absurdo e inverosímil de la acusaciones que se fincaron en su contra, y que prosperaron a contrapelo de las evidencias disponibles y de la lógica más elemental, deben sumarse las graves irregularidades procesales que ambas padecieron, como la ausencia de un traductor durante sus declaraciones ministeriales, la fabricación de testimonios y el empleo de pruebas ilícitas por la PGR, así como las constantes contradicciones en que incurrieron los agentes supuestamente secuestrados.

El empecinamiento de las autoridades federales en mantenerlas durante todo este tiempo en prisión –una circunstancia que podría ser equiparada a un secuestro de Estado– refleja, por lo demás, un extravío exasperante de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, instituciones que tienen bajo su responsabilidad la salvaguarda del estado de derecho y en las que, sin embargo, se han vuelto prácticas comunes el abuso del poder, el empleo faccioso y arbitrario de las leyes, la corrupción, la discriminación, la impunidad y la violación de las garantías individuales.

Ante los elementos de juicio mencionados, la liberación de Teresa y Alberta no debiera ser vista por la sociedad civil –ni mucho menos por las autoridades– como el desenlace de este episodio inaceptable: es necesario que, en un espíritu de esclarecimiento y de combate a la impunidad, el gobierno federal emprenda acciones orientadas a reparar el daño causado a las mujeres indígenas y sus familias, así como las pesquisas correspondientes en contra de los malos funcionarios de la PGR que integraron un proceso a todas luces irregular. Del mismo modo, resulta obligado que las instancias correspondientes investiguen a los integrantes del Poder Judicial que no pudieron o no quisieron ver en su momento la manifiesta inocencia de las indígenas otomíes y que decidieron condenarlas a prisión. El deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales son imprescindibles, porque atropellos como el sufrido por las indígenas queretanas no deben repetirse.

E D I T O R I A L

Costos y cinismo del gobierno

Ayer, durante la comparecencia del secretario de Hacienda del gobierno calderonista, Ernesto Cordero, el diputado priísta Oscar Levín criticó el desorden administrativo que impera en el Ejecutivo federal, cargó contra los subejercicios que caracterizan a la actual administración, fustigó el ofensivo dispendio el sueldos que se destinan a la alta burocracia” y señaló la incongruencia del discurso oficial, que hace unos meses presentaba “cifras que preconizaban la catástrofe” y que actualmente “presenta cuentas alegres que sólo documentan la confusión, alientan dudas”. Asimismo, el representante tricolor advirtió que “si todos los recursos presupuestados no se aplican para promover el desarrollo, la Cámara de Diputados está facultada para bajar los impuestos que subimos”.

Los señalamientos de Levín son sin duda certeros; más aún, no sólo describen con precisión lo ocurrido con los dineros públicos en los meses recientes, sino el desmanejo financiero en que ha incurrido el PAN desde que detenta la Presidencia. Baste recordar que, durante la presidencia foxista, el gobierno ejerció más de 70 mil millones de dólares procedentes de los excedentes de los precios petroleros sin que hasta la fecha se tenga una noción exacta del destino de esos recursos, malbaratados presumiblemente en un gasto corriente inflado e innecesario y en arreglos político-monetarios discrecionales y arbitrarios por medio de los cuales el Ejecutivo federal distribuyó partidas a gobiernos estatales, priístas en su mayoría.

La alternancia ocurrida hace una década significó, entre otras cosas, un cambio de actitudes en la forma en que las autoridades federales manejan los dineros públicos: se pasó de la exasperante opacidad que impedía a la sociedad conocer el manejo financiero oficial al cinismo bautizado como “transparencia”, en el que los altos funcionarios de los tres poderes se asignan percepciones insultantes, gastan el dinero público para dotarse de condiciones de trabajo faraónicas, expanden sus equipos de colaboradores sin control alguno y publican sin empacho los costos altísimos que tales prácticas tienen para el conjunto de la población.

No hay en rigor, pues, ninguna novedad en lo dicho por Levín. Efectivamente, el costo astronómico del Ejecutivo federal es injustificable, no sólo si se le compara con las cifras correspondientes a países industrializados y más prósperos que el nuestro, sino, sobre todo, si se coteja lo invertido con los nulos resultados del ejercicio gubernamental en materia económica, de seguridad pública y de bienestar social; y sin duda, los alegatos oficiales por medio de los cuales el gobierno calderonista ha elevado los impuestos han resultado incongruentes y contradictorios.

Pero cabe preguntarse si no hay también incoherencia en el grupo parlamentario priísta, el cual aprobó los incrementos impositivos injustificados e innecesarios incluso a sabiendas de lo ocurrido en años anteriores, y que ahora amenaza con recortar los ingresos fiscales del gobierno federal. Como quedó demostrado tras la revelación del pacto entre el PRI, el PAN y la Secretaría de Gobernación, la aprobación tricolor fue obtenida a cambio de la promesa de que los blanquiazules no establecerían alianzas electorales con otras fuerzas en las entidades bajo control priísta. Por ello resulta cuestionable, por decir lo menos, esta súbita preocupación del Revolucionario Institucional por la salud de las finanzas públicas.

Otro aspecto que pone de manifiesto la inconsistencia de la postura de Levín es el hecho de que el derroche y la frivolidad no son rasgos únicos del Ejecutivo federal, sino compartidos por el Judicial y por el propio Legislativo, cuyos integrantes perciben salarios y otras percepciones tan insultantes para la mayoría depauperada de la población como las que se otorgan en las cúpulas de los otros poderes.

La clase política en su conjunto, y especialmente los altos funcionarios, los magistrados y los legisladores, no tienen, en suma, motivos para sorprenderse ante el desprestigio generalizado que experimentan las instituciones en la opinión pública.

E D I T O R I A L

Torpeza y excesos represivos

En el contexto de las movilizaciones realizadas ayer, a convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en varios puntos del país ocurrieron enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal (PF) e integrantes de ese gremio y su entorno social de apoyo. En el poblado de Juandhó, en Hidalgo, una confrontación entre agentes federales y activistas sindicales dejó al menos tres electricistas heridos; durante el incidente, los uniformados realizaron disparos al aire y quemaron una choza. En tanto, un grupo de integrantes del SME que pretendía colocar una bandera rojinegra en una subestación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ubicada en Bolívar y Fray Servando Teresa de Mier, en el centro de esta capital, fue repelido con gases lacrimógenos por efectivos de la PF. En el hecho, unos 180 bebés y niños que se encontraban en una guardería aledaña tuvieron que ser evacuados por autoridades de Protección Civil y de la policía capitalina.

Los hechos referidos dan cuenta de una convergencia entre la torpeza con que se conducen las corporaciones policiacas del país y una creciente tendencia represiva. Cierto, el Estado, en tanto detentador del monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, tiene la facultad de ejercer, por conducto de sus cuerpos policiales, acciones coercitivas en contra de expresiones que pongan en riesgo la gobernabilidad y la seguridad pública. Pero esas condiciones difícilmente pueden encajar en las acciones emprendidas ayer por el SME –sobre todo en el caso de la subestación capitalina, en la que los electricistas despedidos en masa en octubre pasado pretendían, simplemente, colocar banderas de huelga en las instalaciones de LFC– y, en general, en el conjunto de las medidas adoptadas por un movimiento que se ha comportado, en términos generales, de manera pacífica y civilizada, y que ha manifestado en numerosas ocasiones su disposición a buscar la negociación con las autoridades. La ausencia de justificaciones al empleo violento de las fuerzas públicas durante las protestas de ayer exhibe, en el mejor de los casos, un inadmisible error de cálculo de los altos mandos policiales o, en el peor, la profundización del encono mostrado por el gobierno calderonista contra los electricistas.

El episodio ocurrido en el centro de esta capital arroja una perspectiva lamentable para la PF, corporación que desde su creación, en el sexenio antepasado, ha sido presentada por el discurso oficial como un modelo de “profesionalismo”, y que tendría, en todo caso, que desempeñarse con conocimiento del entorno en el que actúa, a efecto de provocar las menos afectaciones posibles a los ciudadanos. Si la consigna era disipar la protesta del SME, los elementos de la PF tenían el deber de informarse sobre la cercanía entre el lugar donde se desarrolló el operativo y los centros infantiles referidos: si lo ignoraban, los mandos de esa corporación incurrieron en una falta de preparación inexcusable, que puso en riesgo la integridad física de cientos de menores; y si, por el contrario, actuaron a sabiendas de la proximidad de esas instalaciones, entonces la sociedad tendría sobradas razones para temer y repudiar a la policía.

Sea como fuere, la conducta de los uniformados extiende entre los habitantes una percepción de descuido oficial ante la vida de los ciudadanos comunes. Tal percepción se ha agudizado ante la incapacidad de garantizar la seguridad de la gente en el contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada” lanzada por el gobierno federal y, en especial, con la tragedia ocurrida hace más de nueve meses en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños y niñas murieron durante un incendio que sigue sin ser plenamente esclarecido, y cuyos responsables institucionales y empresariales se han visto beneficiados con una lentitud en la procuración de justicia muy parecida al encubrimiento.