30 ago 2011













Recortar sueldos a burócratas y abatir corrupción reactivaría economía: AMLO



La Redacción





Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó que mediante una redistribución del presupuesto, el combate a la corrupción y el recorte de sueldos al aparato burocrático del gobierno, se podrá reactivar la economía del país.

Como se ha hecho hasta ahora esa distribución del presupuesto ha beneficiado sólo a los de arriba: a los banqueros, a los traficantes de influencias y a una minoría del aparato burocrático, dijo a través del video que difunde los lunes a través de las redes sociales.

Recordó como ejemplo el caso del Fobaproa, cuando la deuda de los banqueros se convirtió en deuda pública y ahora México tiene una deuda de 100 mil millones de dólares, esto es, un billón 200 mil millones de pesos.

El presupuesto de este año, abundó, es de tres billones 500 mil millones de pesos, de los cuales entre 30 y 40 mil millones de pesos son destinados sólo al pago de intereses.

“Si ese dinero se hubiera empleado para impulsar actividad productiva, crear empleos, para el bienestar de la gente, para el país, otra cosa sería, pero no, se optó por rescatar a los de arriba”, criticó el tabasqueño.

Además, afirmó que mucho dinero se pierde en el “caño de la corrupción”, ya que se pagan sobreprecios en muchas obras y adquisiciones para el gobierno.

“Se hacen muy ricos presidentes municipales, gobernadores, regidores. Cada tres o seis años hay nuevas camadas de ricos, esto también en complicidad con traficantes de influencia (…) Ahora está de moda que los mismos funcionarios públicos a través de otras personas o familiares constituyen empresas públicas, ellos mismos se adjudican contratos”, dijo López Obrador.

Por si fuera poco, siguió el tabasqueño, mucho dinero del presupuesto, aproximadamente 860 mil millones de pesos, que representa un 25% del total, se destina a mantener al gobierno que “es un aparato oneroso, faraónico, parasitario”, sostuvo.

Detalló que de los 860 mil millones que se destinan a sueldos de funcionarios, 190 mil millones son para pagarle al 2.8% de la alta burocracia.

López Obrador sostuvo que si hay un plan de austeridad republicana y se reducen los sueldos a la mitad, de la gente que gana entre 200 y 300 mil pesos mensuales, se obtendrían alrededor de 100 mil millones de pesos y si se reducen otros tantos privilegios se podrían ahorrar hasta 200 mil millones al año.

Lo mismo sucedería si se corta de tajo la corrupción y se limpia el gobierno de arriba hacia abajo y se liberaran recursos para actividades productivas.

“Sí hay dinero, el problema es que han convertido el presupuesto en botín al servicio de una minoría. Cuando haya democracia se va a distribuir el presupuesto con justicia y con equidad y vamos a lograr el crecimiento de la economía, va a haber empleos y bienestar para la gente”, subrayó.

Para lograrlo, afirmó el tabasqueño, se requiere una reforma fiscal progresiva para “que paguen más los de arriba” y tener recursos para sacar a México de la crisis económica, de inseguridad y de violencia.










Calderón: Unidad a la fuerza




Álvaro Delgado



, D.F. (apro).- Desde el gobierno federal, grupos empresariales, organizaciones ciudadanas de derecha, intelectuales oficialistas y medios sumisos a Televisa, se tiende una nueva trampa a los mexicanos: Unirse acríticamente a Felipe Calderón o ser tildados de cómplices de los criminales.

Esta disyuntiva no es sólo falsa, sino peligrosa –porque el disenso es legítimo en democracia y porque lleva implícita la amenaza–, y deriva del fanatismo de Calderón en su estrategia policiaco-militar contra la delincuencia que hace mucho tiempo, y muchos muertos, demostró su rotundo fracaso.

Hasta por puro pragmatismo, para llegar con algo positivo a su quinto informe de gobierno, que el viernes 1 de septiembre rendirá ante el Congreso, Calderón pudo haber tomado la matanza del Casino Royale de Monterrey como un punto de quiebre en su “guerra” contra las bandas criminales, con un ajuste por ejemplo en su gabinete de seguridad.

Oportunidades de un antes y un después en su estrategia se le han presentado a Calderón varios veces: Tras los granadazos en la plaza de Morelia, el 15 de septiembre de 2008; los 15 jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010; los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos por soldados, en marzo de ese año, y la marcha por la Justicia y la Dignidad a raíz del asesinato, en abril de 2011, del hijo del poeta Javier Sicilia.

Ahora, a unos días de entregar por escrito su informe de gobierno, y en el mitin que tiene planeado, una rectificación habría significado la admisión del fracaso de su estrategia, pero también sensibilidad. Para quienes mantenían cierta esperanza, queda claro que, además de producir más 13 millones de mexicanos pobres, seguirá desangrando el país.

A cada acontecimiento de sangre y luto de mexicanos inocentes, y al ascenso escandaloso en el número de asesinatos, escala el clamor social a Calderón de una rectificación, no una claudicación o un disimulo –como se le ha aclarado hasta el cansancio–, y la respuesta ha sido siempre la misma: No hay más ruta que la nuestra.

Cuando se le han formulado propuestas para combatir la criminalidad en su poderío financiero, con los instrumentos legales y logísticos con que cuenta –y que son muchos–, Calderón se ha mostrado sordo, y cuando se le exige actuar contra los cómplices al más alto nivel de la política, más allá de lo propagandístico, evade.

Ya definió como acto de terrorismo la matanza del casino y eso, desde el punto de vista legal, tiene implicaciones inclusive extraterritoriales, pero en vez de recurrir a la ONU, que es lo procedente desde el punto de vista institucional, se subordina a Estados Unidos, cuyas agencias tienen una injerencia cada vez más directa.

Apenas la mañana de este lunes, entrevistado por Carlos Loret de Mola, escuché a Calderón insistir en que su estrategia es la correcta y, aunque consideró importante la educación y la generación de empleos, dijo una frase que me sacudió: “Eso no veo que implique un cambio fundamental”.

Ahora, tras la peor matanza contra ciudadanos inocentes por criminales que actúan con toda impunidad, no sólo no hay una rectificación de la fallida estrategia, sino que se ha puesto en marcha un plan político-mediático para llamar a la unidad en torno a quien, desde el poder público, ha acreditado una total ineptitud para garantizar a los mexicanos su integridad física y patrimonial.

Esta campaña, acompasada con Televisa y los medios, organismos y personajes que le son afines, llama a hacer explícito el repudio a los criminales –como si hubiera entre la ciudadanía aplausos–, pero también exigir la aprobación de leyes, como la de Seguridad Nacional, y auspiciar medidas dictatoriales como decretar el estado de excepción y el toque de queda, planteada explícitamente por la activista Isabel Miranda.

Por lo que es posible apreciar en las redes sociales, particularmente en Twiter, y aun en discusiones en comunidad, cualquier posición distinta o en contrario a esta campaña de unidad implica una descalificación. Esto no sería problema en tanto discusión democrática, pero a la censura acompaña la amenaza, encubierta o franca.

Y ya se sabe que, en un país tan revuelto y donde se ha instalado la impunidad, con un ambiente de polarización que evoca el 2006, la amenaza es muy posible que se cumpla. Unidad, así no.

Apuntes

El luto nacional de tres días decretado por Calderón pudo haber sido acompañado de un acto de decoro institucional y personal: La suspensión de la campaña de promocionales en radio y televisión con motivo de su quinto informe de gobierno, en los que aparece muy sonriente. No fue así, sigue el gastazo en imagen, que incluye llamadas a teléfonos domiciliarios y de oficina para hacer oír los logros de Calderón con su propia voz. A quienes se escandalizan que el IFE quiere gastar en 2012 casi 16 mil millones de pesos, ¿qué dicen de los 21 mil millones de pesos que ha gastado Calderón en menos de cinco años de gestión?… En la edición de Proceso de esta semana publico la denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda ante la PGR sobre la falsificación de documentos para avalar el endeudamiento de Coahuila cuando Humberto Moreira, presidente del PRI, era gobernador…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Twitter: @alvaro_delgado





La paz de la derecha






Pedro Miguel




Los atentados de días recientes fortalecen las probabilidades políticas, legislativas y propagandísticas de esta vieja utopía:

Una tanqueta, o cuando menos un Humvee, en cada esquina y en cada crucero del país; vigilancia permanente con artillería ligera, en los barrios residenciales; razzias y rondines intimidantes en las colonias populares, con aprehensiones y allanamientos domiciliarios sin trámite judicial de por medio; ocupación del espacio aéreo por helicópteros, aviones de reconocimiento y aeronaves no tripuladas (pero sí artilladas), una parafernalia que escapa a las posibilidades financieras y tecnológicas de las autoridades mexicanas y cuyo control directo recaería, en consecuencia, en las estadunidenses; acciones de limpieza social discreta, pero efectiva, capaces de causar una merma de escala demográfica en las filas de la informalidad delictiva.

Imposición del principio de respeto a la autoridad, que empieza por dar penas de privación de la libertad a borrachos escandalosos, que sigue con el establecimiento del derecho de los policías a impedir que los delincuentes los hagan quedar como tontos ante el juez (juicios expeditos y sumarios, con prevalencia de la palabra de la autoridad sobre la del presunto culpable) y que culmina con la supresión de las críticas al funcionario público, por parte de los ciudadanos, y al patrón por parte de los empleados.

Tipificación de los delitos de lucha social, huelga, manifestación, protesta, concentración en espacio público, organización política, sindical y agraria (en modalidades de tentativa o de consumados), difusión de información contraria a los intereses de dependencias y de empresas, defensa de los recursos nacionales y resistencia de particulares a la entrega de la soberanía.

Eliminación del principio de rehabilitación que rige (muy en teoría) al sistema de justicia penal y su remplazo por el de castigo y venganza social contra los infractores.

Despenalización de facto de los delitos corporativos, electorales y “de cuello blanco” (evasión fiscal, fraude bursátil y bancario, fraude electoral, desvío de recursos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, homicidio industrial, afectaciones al entorno, etcétera) e intensificación de la lucha contra los delitos cometidos al margen de la Bolsa de Valores, fuera de la jurisdicción de la Condusef y más allá de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.

Para los segundos, aumento de las sanciones, desde la multiplicación de años de cárcel hasta la reintroducción de la pena de infamia, los azotes, la pena de muerte, la confiscación de bienes, el tormento y las deudas por herencia.

Restablecimiento de una división social en castas, aunque simplificada, para ejercer el principio de presunción de inocencia, como beneficio para la gente honorable, y la sospecha previa de culpabilidad, para proteger a la sociedad de su propia mayoría, formada por malvivientes, lúmpenes, indios, comerciantes ambulantes, migrantes, ninis, pervertidos sexuales, pejistas, zapatistas y mujeres adictas al aborto.

Regularización y legitimación del actual modelo fiscal, consistente en la exención absoluta y universal a las fortunas, y confiscación de salarios, desde el mínimo hasta 10 veces la suma equivalente.

Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable, y beneficio de la libertad incondicional para todos aquellos empresarios, políticos y funcionarios que obtengan provecho lícito, electoral, legislativo o pecuniario del clima de violencia, de la descomposición institucional y de la zozobra ciudadana.

Éstos son, en el fondo, los objetivos en torno a los cuales México debe “unirse”. No es otro el escenario que proponen el CCE y la Coparmex, con su rebaño anexo de logotipos y siglas ciudadanas, y los cuadros panistas y priístas que decidieron estar hartos de la violencia causada por el régimen del que forman parte. Así va el guión de la paz a la que aspira la derecha. Y lo hará realidad si el resto de la sociedad se descuida.

navegaciones@yahoo.com












29 ago 2011



Que la TV no les vuelva a ver la cara: Peña Nieto no es la mejor opción






H. E. Cavazos Arózqueta

@HECavazosA
2011-08-29

El duopolio televisivo es, sin duda, la herramienta más efectiva que tienen la oligarquía y los poderes fácticos para manipular al pueblo y mantenerlo aletargado. Es una fábrica de embustes, de embrutecimiento colectivo. Este instrumento ha hecho de la sociedad mexicana, una sociedad apática, desinformada, ignorante, desmemoriada.



La televisión nos ha venido mintiendo desde siempre. Nos hacen creer que la selección mexicana esta vez sí va a ganar el mundial; que López-Dóriga, Loret de Mola, Gómez Leyva, Adela, etc., son poseedores de la verdad, que son líderes de opinión y extraordinarios periodistas; cuando en realidad son una bola de mequetrefes que se dedican a hacer cabildeo político a favor del PRI o a fungir como voceros del Gobierno Federal.



Hoy la crisis social, política y económica por la que atravesamos como pueblo y como nación, junto con la trágica situación bélica que tanto dolor, miedo y sufrimiento ha propagado por todo México, son prueba plena de que Televisa y Tv Azteca mienten. Sí. Mienten, mienten y seguirán mintiendo cínica y desvergonzadamente.



¿De verdad era López Obrador un peligro para México?; ¿que se iba a caer con él la economía?; ¿que se iban a ir los empresarios del país?; ¿que iba a crecer la pobreza y el desempleo?; ¿que se iba a disparar la inseguridad? Les vieron la cara, el que era un peligro no era 'El Peje', era el otro.



Y ahora el duopolio televisivo ya tiene nuevo candidato; uno bien peinado, agraciado, joven, esposo de una actriz de telenovelas. Y es justamente este hombre quien no debe llegar a la Presidencia. Porque detrás de él se esconden los intereses más siniestros, la avidez de saqueo, la corrupción y la impunidad. La televisión ya les vio la cara en 2006. No dejen que se las vuelva a ver con Peña Nieto el próximo año, por favor.



El PRI lo único que soluciona son los intereses mezquinos de algunos potentados, políticos y líderes sindicales corruptos; el Revolucionario Institucional no tiene ningún interés por México. Al tricolor, como siempre ha sido, sólo le interesa saciar la grotesca ambición de algunos, y perpetuarse en el poder para poder joder, joder, joder y seguir jodiendo a nuestro ya tan dolido y moribundo México, a costa de la inmensa mayoría de mexicanos.

No permitamos que nuestro país se muera. A crear conciencia.








Astillero



Torres gemelas

Estadio y casino

Felipe W. Calderón

El periodista Millán




Julio Hernández López


EMPUJONES EN PROTESTA POR LA PAZ. Habitantes de Monterrey se manifestaron ayer en la Macroplaza, frente al palacio de gobierno, para exigir un alto a la violencia. Durante la protesta, hubo conatos de enfrentamiento entre quienes pedían la renuncia del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y los que demandaban la salida del presidente Felipe Calderón


Es como un relanzamiento. Un segundo aire cuando parecía que el oxígeno político le faltaba. Un fantasma de peores horrores por venir, para justificar y apuntalar sus planes de continuismo (con elecciones, sin ellas o con ellas a medias) mediante borregos apellidados Cordero u otras formas de suplantación política a las que obligaría” la terrible realidad. Una manera de reordenar y aprovechar a sus críticos civiles institucionalizados, de por sí ya bastante difuminados y alineados (con besos y sin ellos). Una justificación oportuna para reanudar caravanas policiacas y militares efectistas rumbo al norte (de donde otros pobladores, como los juarenses, han pedido fundadamente su expulsión por ser causantes de peores males que los presuntamente combatidos). Un revitalizador energético para sus discursos que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora dichos con más vehemencia y con rostro y manos de más dureza expresiva. Una recarga argumental de chantajismo “patriótico” para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y una nueva ocasión para insistir en la cantaleta de todo lo que va del sexenio: la unidad nacional, entendida como cierre de filas en torno a él, Felipe W. Calderón, esta vez a causa de las Torres Gemelas que en la versión nativa han sido un estadio torreonense y un casino regiomontano.

Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de “terrorismo” que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.

Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó “con bates y manoplas” a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.

Astillas

El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los “jefes”. Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099



juliohdz@jornada.com.mx








Dinero



El presidente Cárdenas prohibió los casinos en 1938

Los mafiosos de Las Vegas se estaban colando

El decreto de Fox y Creel a favor de Televisa




Enrique Galván Ochoa




A veces resulta sugerente escribir una línea de puntitos entre sucesos aparentemente



desconectados. 2001: En los primeros días del gobierno de Fox se fuga de la cárcel El Chapo. 2004: Fox permite abrir casinos. 2011: Fox propone tregua con mafias, legalizar drogas y amnistía a los responsables de más de 50 mil ejecuciones –incluyendo las que ocurrieron en su sexenio. Dejo a su reflexión esta pregunta: ¿a qué intereses sirve el ex presidente?

La prohibición

Hay circunstancias que conviene recordar, aunque no faltará quienes quisieran que no las recordáramos. Existía una prohibición de instalar y operar casinos en México desde 1938. El entonces presidente Lázaro Cárdenas los prohibió porque son focos de atracción de vicio y de mafias. Los mafiosos de Las Vegas se estaban extendiendo a Baja California, donde ya operaban cuatro hipódromos, entre ellos el de Aguacaliente, hoy operado por Jorge Hank Rhon. Fue clausurado. En 1947, el presidente Alemán dio un paso atrás. Publicó la Ley Federal de Juegos y Sorteos; su primer artículo ratifica la prohibición, pero dejó abiertos muchos agujeros por los cuales se colaron hipódromos, galgódromos y casas de apuestas. Fue reabierto el Hipódromo de Aguacaliente y un famoso personaje a quien se ligaba con la mafia, Johnny Salvatore Alessio, se convertiría en director, hasta el incendio que lo destruyó. En el sexenio de Fox fueron presentadas algunas iniciativas en la Cámara de Diputados para modificar radicalmente la prohibición. Se desató una discusión pública; incluso la sociedad civil creó un organización llamada Di no a los casinos y hubo desplegados en los periódicos. Los grupos que abogaban por los casinos encontraron en la ex senadora y ex secretaria de Turismo Silvia Hernández, del PRI, a una activa promotora. En la Cámara de Diputados los combatió Martí Batres. Se movieron dinero e influencias. El tema se atoró en la Cámara y entonces el presidente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, pasando por encima de la Cámara, publicaron un decreto que abrió las puertas de par en par al juego. Luego se conocería que tenía destinatario: Televisa. Había solicitado 130 permisos, y Fox y Creel se los entregaron. Fox quería asegurarse la protección de la televisora para él, la señora Marta y los Bribiesca, sus hijos; Creel quería ser presidente. La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, argumentando que Fox se había extralimitado en sus funciones. Y la Corte, en una de sus más lamentables actuaciones –ha tenido muchas–, dejó en pie el reglamento. Las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero defendieron la seriedad y profesionalismo con que la Suprema Corte trató el tema. Los hechos de hoy comprueban la verdad de lo que en 1938 dijo el presidente Cárdenas: los casinos son centro de atracción de las mafias.

Opciones

¿Es posible cancelar los permisos a los centros de apuestas que operan hoy? Difícilmente. Se puede legislar para impedir la apertura de otros, pero en cuanto a los que existen, ¿quién va a enfrentar a Televisa, a los Hank o a los Aguirre? Los tribunales se llenarían de amparos. Sin embargo, hay una ruta posible y se parece mucho a la que siguieron Los Intocables en el Chicago de Al Capone: atacarlos fiscalmente. La Secretaría de Hacienda emitió ayer un comunicado, del cual extraigo sus puntos esenciales:

“El gobierno federal informa de los resultados obtenidos durante el operativo de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior de casinos en Nuevo León.

“El operativo inició el viernes 26 de agosto y culminó la tarde de este sábado 27; durante las acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y apuestas, embargándose más de 3 mil 500 que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior. También se detuvo a tres personas a quienes se les aseguraron tres armas de fuego. En el evento se contó con la participación de alrededor de 700 elementos del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República. El jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, agradeció a las instituciones participantes y citó al presidente Felipe Calderón en el sentido de que es fundamental debilitar de manera sistemática la estructura financiera y operativa de grupos criminales.”

Ese es el camino y es más efectivo que el de las balas.

e@Vox Populi

Asunto: HSBC, caso resuelto

Gracias por contactarme con el señor Wolfgang Erhardt, de HSBC, quien de inmediato tomó cartas en mi asunto y ya me depositaron en mi cuenta los 6 mil 200 dólares que estaban en aclaración. Aprovecho para agradecer públicamente al señor Erhardt por hacer su trabajo –ya que en este país muy pocos hacen su trabajo–, y tú me tienes que aceptar una invitación a comer cuando andes por Chihuahua.

Luis Portillo/Chihuahua

R: Claro que sí. Gracias. Pero que sea en

La Calesa.

Asunto: académico detenido

Nos hemos enterado de que nuestro muy querido amigo el doctor José Cortés Zorrilla, profesor-investigador de la UAM-I, está detenido en el Cereso de Zitácuaro desde hace dos semanas por la solicitud de cortar dos árboles y construir una caseta de vigilancia en su pequeña propiedad. Queremos manifestar que el doctor Cortés es una persona honorable, honrada y un pertinaz ambientalista; él está muy lejos de hacer daño ecológico. Habrá que revisar sus publicaciones y su trayectoria académica en pro de la vida. Apoyamos a su familia, que vive momentos de angustia, y deseamos que se resuelva favorablemente este penoso asunto.

Mtra. Rosalba Laguna, Mtro. José Luis Valencia, Lic. Marina Prieto, Mtra. Ximena Kamila.

Twitter

¿El narco había apoyado al clero en México? Cómo voy a saber si los malvivientes echan dinero a la canasta?, ni modo que les pregunte.

Juan Sandoval @Card_Sandoval

El Casino Royale no indemnizará a clientes, porque no es su responsabilidad el que fueran atacados. ¿Y las puertas de emergencia cerradas?

Guillermo Sevilla C. @GSevilla61

Hoy hace exactamente un año que Mexicana suspendió totalmente sus operaciones. Han sido meses muy duros para los trabajadores de la empresa.

Javier Lozano A @JLozanoA

Twitter: @galvanochoa

galvanochoa@yahoo.com










México SA



Gobierno: tarde, como siempre

Casinos y crimen organizado

PAN y PRI: ¿sorprendidos?




Carlos Fernández-Vega



Funcionarios del SAT decomisan las máquinas tragamonedas del casino Miravalle Palace, por falta de permisos



Como siempre, la autoridad ejerce sus funciones sólo cuando ya es demasiado tarde. Después de los trágicos sucesos del pasado jueves en Monterrey, todas las instancias de gobierno –federal, estatal y municipal– no sólo practicaron el juego de aventarse la pelota entre sí, sino que se apresuraron, según su propio dicho, a ejercer sus facultades legales para atrapar a los responsables del acto terrorista y detectar irregularidades” en los miles de casinos que, regular e irregularmente, operan en el país.

De entrada, la Secretaría de Gobernación, responsable legal del discrecional otorgamiento y supervisión de permisos para juego, rápidamente se puso a investigar algo que, se supone, sabía desde el momento en que autorizó el funcionamiento del Casino Royale en Monterrey, es decir, el o los nombres de los titulares de la licencia. Por su parte, el gobierno de Nuevo León de inmediato se puso a investigar “probables anomalías” en otros centros de apuesta que funcionan en el estado, mientras la presidencia municipal de Monterrey comenzó a denunciar las prácticas corruptas de los jueces que otorgan amparos a los malosos a cambio de gruesas talegas, actuaciones que las tres instancias (federal, estatal y municipal) estaban obligadas a hacer desde el momento en que detectaron anomalías y corruptelas, esto es, mucho antes de los trágicos sucesos del 25 de agosto en la sultana del norte. Pero no actuaron así. Esperaron pacientemente a que se registrara un acto terrorista y murieran más de 50 personas para hacer pública su denuncia. Sólo así, según ellos, tenían elementos para ponerse a trabajar.

En este contexto llama la atención la velocidad del Servicio de Administración Tributaria: “como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de 3 mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país (¿y dónde estaba la Dirección de Aduanas?). Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, explicó que este operativo coordinado, planeado con 10 días de anticipación (¡¡¡!!!), se llevó a cabo (¡oh casualidad de la vida!) el viernes 26 y el sábado 27 de agosto (o lo que es lo mismo al día siguiente del incendio en el Royale). Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León. El operativo contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República”. Para que procedieran, debieron registrarse un acto terrorista y más de 50 muertos.

Tras los sucesos en el Royale, panistas y priístas se muestran sorprendidos por la irregularidad y abierta ilegalidad con la que operan miles de casinos en el país. Ahora “sorprendidos”, son los mismos que de mucho tiempo atrás, pero especialmente desde 2004, empujaron desde el Congreso para sacar adelante una ley que permitiera el abierto funcionamiento de los casinos en el país, aduciendo para ello los múltiples beneficios que acarrearía “para México y los mexicanos”: desde cientos de miles de empleos formales hasta una inimaginable catarata de recursos para el fisco, pasando por el crecimiento sostenido de la industria de la construcción, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los habitantes de este país, y el río de turistas que fluiría hacia esta República, negando siempre la posibilidad de que el crimen organizado le metiera la mano, rápida y eficientemente, a esto que calificaron de “industria del futuro”. Eso dijeron siete años atrás, pero hoy muestran su “sorpresa” por acontecimientos como los de Monterrey.

En septiembre de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, con el refrendo de los secretarios de Gobernación (Santiago Creel) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz), expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año. La Cámara de Diputados presentó un controversia constitucional, pero nada sucedió, mientras los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) echaron al bote de la basura la advertencia de Lázaro Cárdenas, quien el 24 de junio de 1938 prohibió (con claro mensaje para el ex presidente Abelardo L. Rodríguez, en ese entonces zar del juego y la prostitución en el país) la instalación y operación de casinos en México data del 24 de junio de 1938, ordenando en paralelo la abolición de los existentes, toda vez que “por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales”.

En las iniciativas de ley que sobre el particular presentaron las bancadas panista y priísta en 2004, se proponía la autorización para ocho o diez casinos “en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta densidad poblacional”. Facultaban al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, a otorgar discrecionalmente los permisos, y estimaban pertinente crear una comisión “que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, entre cuyas funciones estarían regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relacionada con los casinos”.

También estimaban que el monto obtenido por el gobierno federal sería el equivalente a 9 por ciento de los ingresos brutos de los casinos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno. Cundo menos el 50-51 por ciento de la inversión tendría que ser nacional y el resto de procedencia foránea. En materia de lavado de dinero “los mecanismos propuestos para regular esta práctica ilícita son en dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador”. El primero estaba obligado a “acreditar el origen lícito de los recursos a invertir, amén de proporcionar a la comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos brutos y netos, y las autoridades encargadas de regular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino”. Para los segundos, el “tope” de apuestas se limitaría al equivalente a 2 mil días de salario mínimo; “intentos de jugar con más de 10 mil dólares serán investigados por la autoridades”. Los trabajadores de los centros de apuestas tendrían que contar con una “licencia de trabajo” otorgada por la idílica comisión.

Las rebanadas del pastel

Lo anterior en el papel y en el discurso. En los hechos se concretó la visionaria advertencia cardenista de 1938. Pero los impulsores de los casinos hoy se dicen “sorprendidos” de la realidad… Un enorme abrazo a la dueña de mi sistema cardiaco, por el décimo tercer aniversario.

cfvmexico_sa@hotmail.com







Violencia y autoritarismo






Bernardo Bátiz V.




Las noticias terribles, truculentas, se suceden una a la otra para asombro y preocupación de todos; no acaban los programas amarillistas de la televisión de hacernos ver, tres, diez, cien veces la escena de la gente corriendo en el estadio, por pánico explicable al escuchar tiroteo, cuando tienen que retirarlas para sustituirlas por otras, mucho más terribles, de un casino de juego del que salen llamas y humo y del que se retiran muertos y heridos por un incendio intencional y, otra vez, por salidas de emergencia bloqueadas.

Las cosas horribles suceden y los comentaristas impecables en su vestir y en su hablar, tranquilos, eficaces y doctorales, apoyados por sus reporteros y un aparato infalible que les envía hasta el último detalle de lo acontecido, se regodean con los hechos que tensan a la sociedad y voluntaria o involuntariamente contribuyen al miedo y a la preocupación colectivas.

Por su parte, las voces oficiales, empezando por el “primer mandatario”, se multiplican dando pésames colectivos y urbi et orbi aseguran, con tono y estilo de infalibles, que se encontrará a los criminales y se les castigará como merecen.

Pareciera que esa escalada de violencia, y consecuentemente de miedo, obedeciera a un plan, a un designio de alguien que busca un fin, una justificación, un pretexto. ¿Para qué?, podríamos preguntarnos, ¿qué puede justificar esta secuencia cada vez más trágica? Expreso lo oído, la gente comenta, inquiere, duda, acerca de los dolorosos acontecimientos.

Nadie puede dejar de ver que hay o puede haber una coincidencia entre un hecho tan espantoso como el de Monterrey y la insistencia en la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que podría, de pasar en el Congreso como está proyectada, poner a nuestro pobre y sacudido país en el umbral de un régimen autoritario.

Este proyecto encuentra sus fuentes remotas en la creación de una ya superada Policía Federal Preventiva, convertida en Policía Federal, con facultades desde 2008 para investigar delitos; está también el intento de poner en evidencia a nuestro sistema de procuración y administración de justicia, todo en busca de cambios a favor de un Estado con más herramientas y facultades para la dureza y la fuerza.

El proyecto de cambios a la Ley de Seguridad Nacional fue presentado por el Presidente en ejercicio. Se aprobó una minuta en el Senado con el único voto en contra del senador Ricardo Mon-real y, para continuar el proceso, esa minuta se envió a la Cámara de Diputados; ahí ha tenido un largo y tortuoso camino, porque está en juego no sólo el contenido mismo del proyecto legislativo, sino, lamentablemente, su uso como moneda de cambio en negociaciones políticas.

Primero, el diputado del estado de México Alfonso Navarrete Prida propuso un dictamen que rebasó en mucho los puntos iniciales aprobados en el Senado; se trataba de la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero recibió tantas críticas y comentarios adversos de académicos, organizaciones de ciudadanos y legisladores que quedó en los archivos.

El poeta Javier Sicilia intervino entonces con su grupo y en la reunión con los diputados les planteó detener las reformas por autoritarias y por falta de cuidado en el tratamiento de los derechos humanos.

Recientemente, el diputado Javier Corral, en forma sorpresiva y, en opinión del mismo Sicilia, traicionando lo platicado y ofrecido en la reunión del castillo de Chapultepec, hizo circular un nuevo proyecto de dictamen, aprobando en parte las reformas y conservando en lo esencial la tendencia al autoritarismo y a la discrecionalidad; se le ha llamado el proyecto Corral con involuntaria ironía.

El proyecto aparece aprobado por la Comisión de Gobernación, otra vez con un solo voto en contra, el del diputado Enrique Ibarra. La objeción surgió de inmediato, dado que la minuta fue turnada no sólo a esa comisión, sino a otras, entre las que están la de derechos humanos.

Los hechos violentos y la noticia de injerencia de policías y militares extranjeros en nuestro país coinciden con la delicada discusión y la difícil determinación que tendrán que tomar nuestros representantes en el Poder Legislativo; coinciden también con el resultado de una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacada en La Jornada del jueves, según la cual muchos, en especial jóvenes, piensan como solución a la violencia aplicar más violencia, y les parecen aceptables la pena de muerte y la tortura como medidas para combatir la delincuencia. Aparece la sombra de Montiel y su comparación de los delincuentes con ratas.

Confiemos en que los legisladores no se dejen presionar ni impresionar por lo que está pasando; la verdad es que las autoridades con las leyes vigentes tienen herramientas útiles y eficaces en contra del crimen organizado; con más facultades y con menos respeto a los derechos de los ciudadanos no se resolverán los problemas.

Las causas de la violencia son de carácter social, económico y educativo y hay que combatirlas al mismo tiempo que sus efectos. Más policías, más armas y sentencias absurdas de decenas o cientos de años de cárcel en nada contribuyen a modificar el negro panorama de nuestro país.

jusbbv@hotmail.com








Militarización informativa






Hermann Bellinghausen




No puede minimizarse el ascenso político de militares, marinos y policías de origen castrense desde que Felipe Calderón se hizo de la presidencia de facto mediante procedimientos documentadamente facciosos e ilegales. Es un hecho innegable, no siempre explícito, en buena parte del territorio nacional y con base en una nueva idea de la seguridad nacional sin sus tradicionales resonancias en términos de soberanía o independencia. Esta sería una de las explicaciones de la triste, desangelada y poco prestigiosa celebración del bicentenario en 2010, en contraste con los festejos, bastante más espontáneos y alegres, de las también bicentenarias independencias bolivarianas y del Cono Sur.

El estado de emergencia decretado desde Los Pinos –bajo el cual avanzan los síntomas de descomposición, retroceso en los derechos civiles y pérdida de soberanía– encuentra en la militarización causa y efecto. Las muertes colaterales, los allanamientos arbitrarios, las detenciones injustificadas, la renovada práctica de la tortura y las desapariciones se justificarían con base en una necesidad de la seguridad que los ciudadanos, en particular los jóvenes, consideran perdida.

Como se sabe, una reciente encuesta universitaria arrojó alarmantes resultados al mostrar que los adolescentes justifican la tortura con “buenos fines” y la pena de muerte contra los “malos”. Resulta doloroso ver a qué valores responden las nuevas generaciones. No podemos deslindar de esto a la prédica ideológica de los intelectuales reaccionarios, a la devaluación cualitativa y ética de la educación pública (y el paralelo avance de la enseñanza privada, elitista y ultra conservadora), ni a la calculada histeria de los medios electrónicos.

A México le tomó más de un siglo retirar a los militares del poder político. El último general presidente, el olvidable Manuel Ávila Camacho, dejó el poder al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy, aunque el Estado sigue formalmente en manos de civiles, a ojos vistas militariza su conformación y sus procedimientos con base en justificaciones falaces o profecías autocumplidas de caos y criminalidad. El ejercicio periodístico se ha vuelto peligroso, y los medios optan razonablemente por proteger a los reporteros y fotógrafos que cubren historias de violencia, bien con el anonimato, bien con el relevo de su habitual obligación de estar allí y generar información de primera mano.

Marco Lara Klahr, brillante cronista y reportero que ahora ha optado por desarrollar una suerte de deontología periodística en su blog meDios y por coordinar el proyecto Violencia y medios, describía recientemente el panorama de militarización informativa que se ha extendido a la par de la “guerra” del gobierno contra el crimen organizado: “Por canales formales y/o informales, se provee a los medios noticiosos y los periodistas de un flujo permanente de información… con mucha mayor capacidad de incidencia” que las agencias que nutren al periodismo convencional de nuestro país.

En dicho flujo, los contenidos “provienen oficialmente del lugar mismo de los hechos”, y los medios se limitan a “encuadrar” los contenidos “según los requerimientos editoriales de sus respectivos medios”. Lara Klahr revela que, “como nunca, las áreas de comunicación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia han habilitado policías, militares y empleados como reporteros, sabiendo que mientras más detalles provean de los hechos, menor esfuerzo harán medios y periodistas para hacer su propio acopio de información”.

Sostiene que “el enfoque y el discurso implícitos en los contenidos de las instituciones de la política criminal, incluidas Fuerzas Armadas, así como su profusión de detalles verosímiles, permiten a medios y periodistas presentar vibrantes escenarios bélicos” sin haber estado presentes. “Dicha estrategia comunicacional agravó la adicción de los periodistas y los medios a la información gratuita”.

Lara Klahr asegura que “los tiburones comunicacionales del régimen calderonista están capitalizando la mutación de la industria noticiosa global” que ahora alimenta al mercado noticioso “con contenidos de interés periodístico producidos por otros, casi siempre de forma gratuita”. De esta manera, “los periodistas hemos ido convirtiéndonos en editores técnicos y los medios en diseminadores por goteo de la versión oficial de la ‘guerra’… En este ecosistema informativo hay una correlación entre la militarización de la seguridad pública y el predominio, en los medios, de periodistas funcionales, desde los niveles ejecutivos hasta los reporteriles, produciéndose una prensa que puede considerarse militarizada también, sea sumisa o crítica ante la militarización de la seguridad”.

Ya no se necesitan spin doctors que “orienten” a los reporteros dóciles en los temas “delicados”; tampoco chayotes ni chantajes disfrazados de “línea”. El relevo de los militares es amplio y eficaz. La guerra por otros medios.






28 ago 2011



El Despertar



Morena, una realidad aparte




José Agustín Ortiz Pinchetti




Hace 40 años Carlos Castaneda público Una realidad aparte. Relato de misteriosos mundos paralelos. Cuando observo la organización que encabeza AMLO, que abarca todo el país y crece sin prisa ni pausa, y luego paso a la atmósfera política convencional, que niega el fenómeno, me pregunto cuál de las dos realidades es la efectiva.

En los comederos y bebederos capitalinos lo que cuenta son las especulaciones: ¿se dividirá el PRD? ¿Resistirá el PRI los misiles de Calderón? ¿Habrá un candidato presentable del PAN? Puros temas que pertenecen más bien al arte adivinatorio que a la política.

Mientras tanto, miles de grupos obradorista se articulan en todo el país sin que en los círculos de los “expertos” surja no digamos la intención de investigar, ni siquiera curiosidad. Entre todas las “variables” no parece importante el surgimiento de una poderosa organización, aunque en las cúpulas del PRI y del PAN sí hay preocupación. Espían obsesivamente cómo crece. La negación de Morena se debe al infinito desprecio de la gente “ilustrada” y/o “politizada” por los grupos de ciudadanos que alimentan a la nueva organización.

Un plan maestro decidido desde arriba y cumplido por los medios de masas, sobre todo la televisión, impone una versión en la que Morena aparece marginal, insignificante. México no será verdadera democracia hasta que los medios dejen de decir mentiras y calumnias.

A contrapelo de las manipulaciones una terrible realidad se impone: México se hunde en su decadencia y millones perciben instintivamente las tragedias que se aproximan. Incluso miles de los más favorecidos quisieran dejar el país.

En este escenario siniestro está surgiendo Morena. Me asombra su vitalidad. Asisto a los mítines cada vez más entusiastas y concurridos; acompaño a los brigadistas, constato la incorporación diaria de los ciudadanos y la organización de comités. Luego regreso a la capital y vuelvo al ambiente de los corrillos y los artículos de opinión: a las interminables especulaciones. No sé cuál de las dos realidades es la más real. ¿Cuál de ellas es una alucinación? Cuando veo que la gente empieza a despertar me pregunto si esta realidad no es demasiado buena para ser cierta. Cuando compruebo la superficialidad, la irresponsabilidad cortesana de las élites que toleran todo sin dejar de parlotear, me pregunto si no será demasiado malo para ser cierto.

joseaorpin@hotmail.com






27 ago 2011



Desfiladero




¿Seguridad nacional?




Jaime Avilés

Con veladoras, habitantes de Monterrey exigieron ayer que termine la violencia luego de que el pasado jueves un comando incendió el casino Royale, con un saldo de más de 50 muertosFoto Xinhua


Si en estos momentos ya estuviera vigente la Ley de Seguridad Nacional, reformada tal y como la quieren los diputados del bloque PAN-PRI-Chuchos-Panal-Verde Ecologista, Felipe Calderón podría ordenar –mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación– la suspensión de las garantías individuales, por ejemplo, en Monterrey, tras el ataque al casino Royale, donde el jueves murieron decenas de personas.

¿Cómo se traduciría esto en los hechos? Habla Enrique Ibarra Pedroza, miembro de las comisiones de Gobernación y Defensa de la Cámara de Diputados, y dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco.

–El Ejército podría tomar el control de Monterrey; entrar a los domicilios particulares sin orden de juez, detener a transeúntes y automovilistas en la calle, incomunicar a cualquier ciudadano hasta por 24 horas y obtener información de la manera que considerara más eficaz.

–¿La Ley de Seguridad Nacional legalizaría la tortura?

–No solamente. Haría legal todo lo que es ilegal.

–Pero las fuerzas armadas ya están haciendo todo esto: ponen retenes, matan civiles inocentes y los presentan como sicarios, como ocurrió a tres profesionistas en Jalapa; los policías entran a las casas rompiendo todo, como le pasó a Efraín Bartolomé en el DF, o como les sucede a los más pobres en el estado de México o en Tamaulipas; marinos uniformados se llevan a plena luz del día a tres miembros del Frente Democrático Campesino, en Campeche, y los desaparecen.

“Los altos mandos –señala el diputado Ibarra Pedroza– están presionando para que se apruebe la ley porque les preocupa el futuro. Los abusos que tropas y mandos medios cometen actualmente están tipificados como crímenes de lesa humanidad, y estos delitos pueden ser juzgados hoy, mañana o dentro de 20 o 30 años, porque no prescriben. En pocas palabras, los altos mandos temen que más adelante, cuando las circunstancias cambien, un tribunal los juzgue y los condene”.

–¿Entonces, quieren que se aprueben las reformas a la ley para usarlas como disculpa, como atenuantes, para pretextar que “sólo cumplían órdenes” si llegan a ser juzgados?

–Sí, pero no olvidemos que en México los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Y de acuerdo con ellos, los militares también pueden ser juzgados y condenados por tribunales internacionales.

Como legislador federal e integrante de la bancada de Morena, Enrique Ibarra ha dado una eficaz y discreta batalla jurídica en las comisiones a las que pertenece, a fin de evitar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, por las que ya votaron en favor, “en lo general”, senadores y diputados de todas las fuerzas políticas, menos la que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

–¿En qué consisten, exactamente, las reformas que están pendientes de ser discutidas y aprobadas en lo particular?

–La reforma tiene dos ejes. Uno propone modificar el artículo 129 constitucional, que señala que “en tiempos de paz, las fuerzas armadas permanecerán en sus cuarteles”. Si la reforma entra en vigor, las fuerzas armadas estarán facultadas para realizar tareas de seguridad interior fuera del marco jurídico vigente. El otro eje tiene que ver con el artículo 29, que se refiere a la suspensión de las garantías individuales. La última vez que se suspendieron en México fue durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ante una situación como la de Monterrey, el Ejecutivo podría declarar a esa ciudad como “zona de afectación”, o sea, suspender las garantías individuales, y para ello sólo tendría que publicar un decreto en el Diario Oficial.

–Pero como nadie lee el Diario Oficial, sería casi un decreto clandestino.

–Exacto. Además, los militares que quedaran encargados de esa zona de afectación tendrían que dar cuenta de sus actos al Congreso, pero solamente por escrito y mucho tiempo después de haber intervenido.

–¿Como un trámite burocrático?

–Cumplirían con la ley si mandan su informe a la Cámara de Diputados y lo meten por oficialía de partes. Esto es incompatible con una sociedad democrática. No nos engañemos: se pretende legalizar una dictadura militar.

–¿Las reformas a la ley se aprobarán el mes próximo?

–No lo sé, pero el asunto es muy grave, y como miembro de la Comisión de Defensa, en varias ocasiones he planteado que los secretarios de Defensa y Marina comparezcan ante el pleno del Congreso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Gozan de fueros especiales?

¿Llegó Spielberg?

Atrás quedaron los tiempos en que Genaro García Luna montaba modestos espectáculos, como la captura de Florence Cassez o la supuesta detención de La Barbie. Ante el fracaso de sus telenovelas, la inminente llegada del nuevo representante de Hillary y los “acuerdos” secretos dictados por Obama a Calderón, que ahora permiten y hacen visible la abierta intervención militar de Estados Unidos en México, García Luna al parecer fue sustituido por una especie de Spielberg del terror en 3D, que ha comenzado a trabajar intensamente.

Si esta hipótesis se confirma, su debut se produjo el sábado pasado en el estadio Corona, de Torreón, donde miles de aficionados fueron víctimas del pánico causado por pistoleros invisibles. Al día siguiente sobrevino una balacera en un centro comercial de Morelia. Ambas noticias dieron la vuelta al mundo.

Luego, en Tepic, fue asesinado un nieto de Ricardo Pozas Horcasitas; en Veracruz, mensajes de Twitter impulsaron a miles de madres de familia a sacar a sus hijos de las escuelas; en Ciudad Juárez, unos matones que iban pasando por una avenida dispararon porque sí contra un grupo de personas que esperaban el camión, y en Culiacán fue asesinado Humberto Millán, periodista que incomodaba al gobernador Malova. Entonces, como cereza del pastel, seis paramilitares provocaron la matanza de Monterrey.

Cinco estados donde el supuesto Spielberg aplicó la magia de Hollywood son gobernados por el PRI (Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chi- huahua y Nuevo León) y dos por el PRD (Michoacán y Sinaloa, donde cogobierna, pero no cuenta, el PAN). En el caso de Nuevo León, la moraleja es obvia: el gobernador Rodrigo Medina, que vive en McAllen, Texas, y despacha por teléfono, pero es menos que un cero a la izquierda, tiene que renunciar, pero Peña Nieto no lo deja, porque si se va antes de octubre habría nuevas elecciones en la entidad, y no sólo arrasaría el PAN, sino que los votos para el copetón mexiquense en aquellos desiertos del noreste serían mínimos.

Por lo tanto, la población de Monterrey tal vez seguirá sufriendo ataques que huelen a terrorismo de Estado, como el del casino Royale, hasta que Medina se vaya. Y lo mismo pueden sufrir los michoacanos, hasta que se convenzan de que su martirio acabará si, y sólo si, eligen gobernadora a Cocoa Calderón Hinojosa.

Lo otro, lo obvio, fue lo que dijo Poiré al leer un comunicado en Los Pinos sobre la matanza de Monterrey: ojalá que el Congreso apruebe, “por fin”, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Con las palabras de su vocero, el régimen firmó los charcos de sangre que se espesan por todo el país.

jamastu@gmail.com









La impunidad del Presidente






Enrique Calderón Alzati





El tráfico de seres humanos constituye hoy una de las conductas más deleznables que difícilmente pueden ser consideradas por cualquier sociedad. En México, esta vergonzosa y lacerante forma de actividad de explotación fue condenada y abolida como concepto por Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria, y esto es una de las primeras cosas enseñadas en las escuelas de todo el país. Sin embargo, las noticias que escuchamos casi todos los días confirman desde hace un año que ello constituye una práctica regular y masiva en perjuicio de ciudadanos de países centroamericanos, sobre los cuales en la escuela se nos enseña también que los debemos considerar hermanos, todo ello a partir de aquella noticia que sacudió al país y al mundo entero sobre el descubrimiento de una fosa en el estado de Tamaulipas con los cuerpos acribillados, unas horas antes, de 78 personas.

Lo más ominoso del caso es que los individuos involucrados en estos hechos criminales, son miembros del Instituto Nacional de Migración, cuya función supuestamente es vigilar la entrada de migrantes de los países vecinos, asegurando el respeto a sus derechos humanos, por lo cual reciben un salario pagado por el Estado mexicano. Lejos de cumplir con su deber, su ocupación real consiste en cazar esos migrantes, para luego transportarlos y venderlos como mercancía a los grupos delictivos, los cuales deciden su futuro, bien sea la muerte o su incorporación a las mismas fuerzas delictivas. Aunque terrible, la conducta de estos criminales es consistente con todas sus demás acciones. La de los agentes de migración es en cambio sorprendente y requiere una identificación de las causas que la reproducen; ellas incluyen desde luego dos: la permisividad en la selección de personal y la idea generalizada, en amplios sectores del gobierno, y muy especialmente en los relacionados con la seguridad, que se conoce como impunidad.

En esta semana, el presidente Felipe Calderón se refirió al tema de la impunidad, como un problema grave y generalizado de México, al cual hay que combatir y erradicar. En ello seguramente muchos estamos de acuerdo; sin embargo, es importante señalar que este problema es en el gobierno donde está enquistado, tanto o más que en los grupos delictivos. Entre los trabajadores, los comerciantes, los mismos empleados de gobierno, las amas de casa, los estudiantes, los profesionistas y demás sectores de la población, nuestra conducta incluye el respeto a las leyes, y cuando infringimos alguna, sabemos que estamos en riesgo de ser castigados, y que incluso el castigo puede ser mayor del que nos imaginamos. Muchos delincuentes saben que este es su caso, pero estando conscientes de este riesgo, lo toman, porque saben que no hay marcha atrás y que los delitos anteriores ya no les permiten regresar a una vida normal, por lo que no tienen otros caminos que entregarse a la justicia o seguir delinquiendo.

Para los funcionarios de gobierno, y muy especialmente los de las fuerzas de seguridad, su conocimiento de las redes de complicidad interna, que tienen su origen en los puestos más altos, desde donde se extienden hacia abajo, los integra a algo que podemos llamar “la cultura de la impunidad”. Los ejemplos son observados todos los días, estudiados por ellos, comentados entre compañeros y alentando la posibilidad de réplica, generando las enormes e inadmisibles redes de corrupción que han llevado al país a su situación actual, constituyendo parte central de la tragedia y la violencia en la que estamos sumergidos.

No se requiere ser especialista en el tema para observar que la impunidad es el factor principal que alimenta la corrupción, y que ésta siempre se inicia en los niveles más altos de las estructuras administrativas, porque es en ellas donde existen los mayores recursos para eludir las responsabilidades, sobre todo en el caso de nuestro país, donde no existe caso alguno de funcionarios removidos de sus cargos y sometidos a la justicia por conductas indebidas. Algunos lectores podrían diferir de esta afirmación, señalando, por ejemplo, los casos de Jorge Díaz Serrano o de Raúl Salinas de Gortari, pero resulta que esos individuos, no obstante que efectivamente eran delincuentes, no fue por ello que fueron castigados por la justicia, sino por vendettas en los círculos de poder.

Adonde realmente quiero llegar es al hecho de que en nuestro país la impunidad comienza en la cúspide del poder, en la misma Presidencia de la República, y en las gubernaturas de los estados, de allí se radia a los siguientes niveles de gobierno; pensemos por ejemplo en la imagen actual del señor Vicente Fox, que sin reservas ha comentado sus fechorías, que vive como príncipe en su castillo, que dio poderes absurdos a su mujer para que ésta y sus hijos cometieran todo tipo de actos delictivos, incluyendo desde luego el tráfico de influencias, y que se sabe intocable por la justicia. Del caso de Salinas, ni para qué hablar, y pronto será el caso del mismo Felipe Calderón, que lejos de sentirse responsable de sus actos debe estar planeando cómo va a disfrutar de su retiro, sin ningún remordimiento de conciencia por los delitos que ha permitido entre sus colaboradores cercanos y por sus propias acciones al margen de la ley, los que en otros países lo llevaría a un tribunal, a responder por sus actos de usurpación, de uso inconstitucional de las fuerzas armadas, de la entrega de la soberanía nacional, con tal de lograr el reconocimiento del gobierno estadunidense, y de alguna manera, por el baño del sangre en el que ha sumido al país. Mientras los mexicanos sigamos permitiendo que la impunidad sea el principal recurso que puede ejercer el Presidente de la República, difícilmente las cosas van a mejorar.






25 ago 2011




La Estela de Luz del bicentenario







Javier Jiménez Espriú




Hace un año, La Jornada publicó mi artículo sobre “El monumento… al bicentenario”. Dije, sobre las declaraciones del secretario de Educación Pública, que “la inexplicable explicación del porqué del retraso en la construcción es una de las intervenciones más pueriles y lamentables a que han obligado a exponerse a un secretario de Educación”.

La estela, cuya primera piedra fue colocada por el Presidente en septiembre de 2009, no contaba con un proyecto ejecutivo. Dijo entonces el secretario Lujambio, entre otras cosas, que un estudio posterior del suelo, y otro que tomaría en cuenta los vientos que debía resistir, durante 200 años, llevó a los responsables de la construcción de la Estela de Luz a cambiar tres elementos fundamentales: la profundidad de la cimentación –que pasó de 30 a 50 metros–, el tonelaje de la estructura para garantizar la resistencia de la pieza “–pasamos de 80 a mil 700 toneladas, lo que supuso cambios fundamentales, como el diámetro de las columnas de 81 a 91 centímetros–, así como el espesor de las paredes; tuvimos que ir al doble del espesor originalmente calculado”.

¡Ah!, y el presupuesto inicial de 200 millones de pesos había ascendido a más de 400 y hoy llega a ¡mil millones!

Un año más tarde, y ante la catarata de declaraciones sobre el increíble caso del “monumento”, el secretario Lujambio volvió a aparecer, pero ahora además, como candidato a candidato a la Presidencia de la República, a reiterarnos su incompetencia y la del régimen que lo hizo responsable –o irresponsable– de esos aconteceres, a tratar nuevamente de justificar lo injustificable.

Este es el resultado de la manera de abordar los asuntos nacionales y de administrar los bienes de esta patria desgarrada, de un grupo de políticos sin oficio ni sensibilidad, a quienes las circunstancias de una democracia incipiente dieron la oportunidad de escalar los más altos peldaños del poder público.

Hoy, el constructor responsable de la obra señala que aunque al iniciarse los trabajos no se recibió un proyecto sino sólo un diseño, ellos “entregarán el monumento con los instructivos correspondientes y no ve por qué no el 31 de diciembre próximo”. Pero ¿quién recibió un diseño y no el proyecto y con él programó la ceremonia de la primera piedra y la fecha de la entrega del monumento?

Así fue: la primera piedra se colocó sin que hubiera proyecto ejecutivo ni planeación; sin conocer las condiciones del subsuelo, “ni los aires que soplan”; sin análisis de riesgos ni de costos. Con sublime irresponsabilidad.

“El monumento al bicentenario” se convierte, sin más, en un fracaso literalmente monumental. Pero más grave aún, en el símbolo del síndrome del sexenio. Veamos si no.

De igual manera, en 2008 se puso la primera piedra de la reforma energética que el Presidente envió al Senado: una propuesta insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política.

Lo mismo aconteció con el Acuerdo por la Calidad de la Educación, cuya primera piedra puso el primer mandatario, entregando a la maestra Gordillo la “dirección general de la obra”.

Los resultados de los exámenes de nuestros alumnos y el número de aspirantes a una plaza de profesor que reprobaron las pruebas correspondientes indican que en la formación de alumnos y de profesores no se ha hecho absolutamente nada ni medianamente destacable.

Y qué decir de la seguridad nacional, en la que también, sólo con un diseño como el de la Estela de Luz, sin estrategia o con una estrategia evidentemente fallida –y no niego que con una voluntad política plausible pero ingenua–, el Presidente puso la primera piedra de la guerra contra el crimen organizado, que ha costado decenas de miles de vidas, miles de millones de pesos y algo igualmente lamentable: el desprestigio de nuestras fuerzas armadas, institución fundamental de la República.

Y así podríamos seguir, encontrando siempre el síndrome del sexenio en los casos más delicados y en los simples: desde el incremento de la pobreza, el desempleo abierto más alto desde la crisis del 94 y la dramática caída del poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, hasta –por lo mismo: improvisación, falta de oficio, ineptitud, venalidad, etcétera– el problema de las guarderías del IMSS, la tragicomedia del Issste, el michoacanazo, la frustrada detención de Jorge Hank, o las bolas del barniz del proceso para elegir al candidato del PAN.

Todo lo hacen en igual forma: sin planeación, sin proyecto ejecutivo, sin conocer las condiciones del subsuelo, “ni los aires que soplan”; sin análisis de riesgos ni de costos. Con sublime irresponsabilidad.

Sí, no se trata de la historia de “La Estela de Luz del bicentenario”; es, lamentablemente, la crónica de “El estilo de los del sexenio”.

jimenezespriu@prodigy.net.mx















Calderón en la teoría de juegos





Octavio Rodríguez Araujo





Albert W. Tucker fue un notable matemático de la Universidad de Princeton. Millones de personas lo vieron (con otro nombre), como jefe del departamento de matemáticas en la película Una mente brillante, protagonizada por Russell Crowe en el papel de John Nash (premio Nobel de Economía en 1994).

Tucker fue uno de los profesores de Nash e influyó en él en el desarrollo de la teoría de juegos. Fue el creador del “dilema del prisionero” que, llevado a la ciencia política, nos ilustra sobre dos entidades en guerra en relación con el armamentismo. Estas dos entidades, que pueden ser dos gobiernos o un gobierno y el narcotráfico, tienen dos opciones: incrementar el gasto en armas o llegar a un acuerdo para reducir su armamento. Como ninguna de las dos entidades puede estar segura de que la otra llevará a cabo el acuerdo, ambas se armarán más y la guerra, si estalla, será más sanguinaria y más costosa. La paradoja es que creyendo sus mandos que están actuando racionalmente, el resultado que obtendrán será completamente irracional y su guerra los llevará a situaciones no previstas en las que, al final, ninguno ganará. En este caso las dos entidades mienten y, como todo mundo sabe, confiarse de un mentiroso no es ingenuidad, sino estupidez. El desenlace no puede ser otro que más armamento, más muertes y ninguna ventaja especial para ninguno de los contendientes.

El problema que tiene Calderón es que, aunque no gane (y no ganará), saldrá del juego el 30 de noviembre de 2012 en la noche. Terminará su mandato como un perdedor y, peor aún, como el causante de decenas de miles de muertes sin haber logrado su propósito de acabar con el crimen organizado. En tanto que el narcotráfico, aunque no gane tampoco, seguirá en el juego con quien gobierne el próximo sexenio y así hasta que la producción y el tráfico de drogas por ahora ilegales deje de ser negocio. Será entonces cuando los narcotraficantes perderán, y se dedicarán a otra cosa, probablemente también ilegal, pero será otra cosa.

La producción y el comercio de drogas (por ahora ilícitos) serán negocio mientras exista la demanda. Así como las carretas jaladas por animales fueron negocio por muchísimos años, comenzaron a declinar como tal a medida que el automóvil fue invadiendo el mercado. Hoy en día es negocio producir y comercializar automóviles, pero no carretas.

Cuando el producto a comercializar es ilegal, lo emprenderán grupos de delincuentes que, en el mercado negro, ven perspectivas de hacer dinero aunque en ello les vaya la vida. En el momento en que ese producto deja de ser ilegal, sus productores y comerciantes ilegales cambiarán de giro o entrarán en la legalidad aprovechando el mercado que bien conocen. En el caso de las bebidas alcohólicas, sobre todo en Estados Unidos, los que salieron del juego fueron los gobernantes al legalizarlo de nuevo en 1933, obligando a sus contrarios (las mafias que crecieron con la prohibición) a cambiar de giro o a volverse legales. El resultado del cambio de política gubernamental sobre el alcohol no fue acabar con la demanda sino con el crimen que usó la prohibición como negocio. La demanda existe y existirá, pese a sus graves consecuencias en la salud de quienes abusan de su consumo, pero el alcohol ya no está asociado con el crimen organizado.

El crimen, por otro lado, existe y existirá mientras sea negocio, igual se refiera a trata de personas, a drogas, a contrabando de tabaco (por alzas de impuestos), o por ejemplo en México, de televisores, antes de que se firmara el GATT (por sus siglas en inglés) y se abrieran las fronteras para su importación.

En relación con el crimen siempre habrá por lo menos dos jugadores: las autoridades que tratan de combatirlo y los criminales que tratan de ganar dinero mediante su actividad principal, sea cual sea. Si una de las partes, para el caso el gobierno, declara la guerra al crimen, éste se defenderá mediante el mismo mecanismo que se use en su contra. Si son armas, éstas se multiplicarán entre ambos jugadores y los que más ganarán serán los que las venden, pues el negocio de las armas es superior al del narcotráfico. El negocio de las armas, dicho sea de paso, tampoco se extinguirá mientras exista demanda, y lo grave en este tema es que no hay poder sobre la Tierra que quiera terminar con él, sea legal o ilegal, pues no hay gobierno que no quiera armas, incluyendo a los que se dicen neutrales. Tampoco los criminales querrán prescindir de ellas.

Ante esta situación los matemáticos han establecido un corolario, y éste consiste en que la única forma de ganar es cambiando los valores de quienes toman las decisiones en el juego. Si se piensa en términos egoístas (derrotar al otro) uno de los dos jugadores pierde o pierden los dos; si se piensa en términos del bien común, puede ser que ninguno de los dos gane, pero no se destruyen. Esto ocurrió en la guerra fría: tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían armas para destruir al otro, pero ambos gobiernos sabían que la destrucción de uno llevaría a la destrucción del otro y de muchos más. El corolario fue que ninguno debía oprimir el botón rojo de una guerra nuclear. Ahí, aunque a posteriori se vea como algo sencillo, hubo un cambio de valores: el bien común por encima del egoísmo de cada una de las dos potencias. El juego de supervivencia, no de ganar o perder, fue el que prevaleció, y gracias a ese cambio de valores aquí estamos, todavía vivos. La opción era la extinción de la humanidad o la fórmula del respeto al otro para sobrevivir.

Así conviven gobierno y crimen en Estados Unidos. Pero Calderón no lo ha entendido, tal vez porque ni él ni sus asesores saben de teoría de juegos ni del dilema del prisionero.

http://rodriguezaraujo.unam.mx







22 ago 2011



El “mejor posicionado”



John M. Ackerman


La decisión del PRD de seleccionar su candidato presidencial mediante encuestas refleja la extrema debilidad de nuestro sistema democrático. El principal partido de izquierda, que en teoría tendría que estar más cercano a las necesidades del ciudadano común y que históricamente se había distinguido como la única fuerza política que tomaba en cuenta a la sociedad a la hora de tomar determinaciones importantes, hoy anuncia ser una institución igual de cupular, elitista y burocrática que sus opositores. Con esta decisión la ciudadanía en su conjunto pierde, pues se le cierra uno de los últimos reductos de participación directa en la vida política del país.

Es cierto que en la práctica hubiera sido muy difícil celebrar una elección interna confiable. Los procesos electorales recientes organizados por el partido del sol azteca han sufrido graves irregularidades. En 2008, Jesús Ortega fue impuesto presidente del partido por el tribunal electoral en una sentencia que dejó en la total impunidad el evidente cochinero de la elección (mi análisis aquí: http://tinyurl.com/3qzy292). La elección de Amalia García como presidenta del partido en 1999 no fue mucho más limpia. De hecho, tuvo que ser anulada y repetida por las diversas prácticas fraudulentas que se presentaron.

Hoy el partido no cuenta con una comisión electoral con suficiente fuerza, recursos o independencia para organizar una elección como la que se requiere. Asimismo, su padrón electoral se encuentra en total desorden, aun después de una costosa campaña nacional de afiliación y renovación. La discrepancia entre el “padrón histórico” de más de 8 millones de integrantes y los apenas un millón 800 mil militantes que el partido recientemente registró ante el IFE es un claro indicador del grave problema en esta materia.

Ante tal escenario, el método de las encuestas quizás resulte ser el más viable. Pero esto no justifica que el partido se encuentre hoy en esta situación límite, obligado por las circunstancias a traicionar su historia de participación popular y apertura a la ciudadanía. Más allá de quien resulte electo candidato presidencial, el verdadero reto será expulsar el caciquismo y recuperar tanto la fortaleza institucional como la democracia interna. De otra forma, el PRD se debilitará enormemente ya que le quedará muy poco que lo distinga de las otras fuerzas políticas.

Ahora bien, estrictamente hablando no es cierto que el congreso nacional haya elegido el “método de las encuestas” para determinar al candidato presidencial. Los resolutivos indican que será el consejo nacional el que tendrá la última palabra “tomando en cuenta para su definición los resultados de encuestas abiertas a la ciudadanía y los posibles acuerdos a que lleguen los candidatos”. Es decir, la voz de los ciudadanos sufrirá una doble mediatización: primero será “representada” indirectamente por las casas encuestadoras y posteriormente se subordinará a un acuerdo cupular entre los mismos dirigentes de siempre.

Existen numerosos detalles que tendrían que resolverse en el camino. Lo primero sería la elección del “universo” al cual aplicar las encuestas: ¿población abierta? ¿Miembros del PRD? ¿Simpatizantes de la izquierda? Por un lado, abrir totalmente el universo permitiría que un amplio sector de la población, que jamás votaría por un candidato de la izquierda, intervenga en la determinación de su candidato. Por otra parte, solamente encuestar a los menos de 2 millones de militantes en activo dejaría fuera la opinión de una amplia franja que eventualmente podría sumarse.

La mejor solución sería diseñar la muestra en principio sobre un universo abierto, pero únicamente tomar en cuenta las opiniones de aquellas personas que afirman que estarían dispuestos a votar por “algún candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de 2012” o, en su caso, “por algún candidato que no sea del PRI o el PAN”. Así se evitaría que los peñanietistas o los corderistas se entrometan en los asuntos internos de la izquierda electoral con efectos sumamente perversos.

Otra decisión clave es si lo más relevante es la “popularidad”, el “respaldo popular” o la “efectividad electoral” de cada candidato.

Mayor popularidad, o menos “opiniones negativas”, no necesariamente se traducen en mayores posibilidades de ganar la elección presidencial. Muchas veces esta clase de opiniones no son suficientes para llevar a los ciudadanos a las urnas. Una medición directa de la fuerza electoral de cada candidato en contra de los posibles candidatos de los otros partidos sería mucho más aleccionadora. Sin embargo, este dato también puede ser engañoso, ya que las campañas mismas pueden cambiar radicalmente el escenario. Así que quizás la mejor solución sea buscar una medición intermedia de “respaldo popular” o “potencial electoral” que diera un peso especial a la capacidad de cada candidato de movilizar durante la campaña a los votantes desencantados con el sistema político en su conjunto.

Lo más importante, desde luego, sería asegurar la unidad de la izquierda. La inclusión en la boleta electoral de dos candidatos de esta fuerza política implicaría no solamente un desastre para el PRD, sino también sería una abierta invitación a los poderes fácticos para terminar de avasallar al país durante el próximo sexenio.

http://www.johnackerman.blogspot.com





21 ago 2011



La elección de julio, un “fraude masivo”







Jenaro Villamil
20 de agosto de 2011 · 2 Comentarios




El Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, coordinado por el especialista Bernardo Barranco, sólo confirma el desaseo en que transcurrió el proceso que culminó el pasado 3 de julio con un cuestionado triunfo del priista Eruviel Ávila. Los autores del documento, cuyo adelanto ofrecieron a Proceso, exponen que aun cuando las campañas fueron más cortas y carecieron de credibilidad, el abstencionismo fue más elevado con respecto a la jornada de 2006; pero lo más oprobioso es que los consejeros electorales quintuplicaron sus gastos.

Los comicios del 3 de julio último en el Estado de México, la entidad más poblada del país, constituyen la muestra de “un fraude masivo y más sofisticado”, establece el Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, elaborado por el especialista Bernardo Barranco, con el apoyo de organizaciones ciudadanas, grupos empresariales locales y estudiantes voluntarios de la ENEP-Acatlán, quienes dieron un seguimiento puntual al proceso electoral en el que resultó vencedor el priista Eruviel Ávila.

El análisis arremete contra los árbitros electorales –los “más impugnados en la historia” electoral mexiquense –; sostiene que todo el aparato del gobierno de Enrique Peña Nieto se volcó en la operación a favor del candidato de su partido y menciona la corresponsabilidad de los partidos de oposición en el alto nivel de abstencionismo, pues hubo 1 millón 125 mil electores menos que en los escrutinios de 2006.

El documento, cuyo adelanto obtuvo Proceso, hace un recuento pormenorizado de todos los eventos de la contienda, que incluye la etapa de las “alianzas frustradas” entre el PAN y PRD, así como el dispendio durante la campaña, los debates, el papel de la prensa local, la iniquidad, el abstencionismo, los resultados y un apartado de recomendaciones.

Y aun cuando Eruviel Ávila recibió ya la constancia de mayoría el lunes 15, Barranco insiste en la urgencia de emprender una reforma electoral en el Estado de México para bajar los costos de los comicios, que hoy son considerados “los más caros de América Latina”. La Coparmex calcula que cada voto costó 60 dólares. (Extracto del reportaje que se publica en la edición 1816 de la revista Proceso, ya en circulación)