Rebelión en mayo

Pedro Miguel

Al margen de los partidos políticos, los ciudadanos, predominantemente jóvenes, toman las calles, y no única, ni preponderantemente, las capitalinas. En una de las marchas van en reclamo de sus derechos de expresión e información; en la que sigue, van en contra de un candidato y de los medios que lo inventaron; en la tercera van a favor de otro. En todos los casos expresan su repudio al sistema político. Despejan, con fluidez y contundencia, los temores a la manipulación y a la provocación –formulados por el que escribe–, rechazan el control de la vida republicana por los intereses fácticos y por la clase política y ponen el dedo en una vieja llaga: la función de la mayor parte de los medios como barrera a la democratización. Difunden y generalizan un reclamo que parecía constreñido a círculos opositores y a entornos académicos: no puede haber equidad en las urnas si no hay equidad en las pantallas de televisión y en las emisiones de radio, y no hay margen para comicios limpios y creíbles cuando las encuestadoras orgánicas, en vez de reflejar tendencias, se dedican a fabricarlas.

Por añadidura, esta insurgencia cívica es un repudio, por contraste, a los contenidos y las formas, del manejo partidista de la política. Con exasperante frecuencia, los partidos son correas de distribución de prebendas, favores o limosnas entre oficinas públicas de cualquier nivel y los votantes. El ejercicio del sufragio tiende a convertirse en un trámite para la obtención de un puesto, de una beca, de una ayuda para construcción. Y en un entorno en el que los magnates y sus cortes viven en plena recuperación económica, mientras que el resto se debate en la recesión persistente, la compra del voto –a veces es tan descarada que toma la forma de un billete de 500 pesos– es un negocio con los insumos asegurados.


Más acá de la flagrante ilegalidad de la coacción y compra del voto, los aparatos de los partidos –de todos– incurren en prácticas de manejo de masas no muy lejanas de la ganadería, tan obsoletas como ofensivas, en la que el debate político se reduce a cero ante la urgencia pragmática de colmar la plaza, de exhibir un músculo corporativo basado en una impecable logística de transporte, en el reparto puntual de gorras, banderines, tortas y refrescos, en escenografías móviles y puestos de reparto de trípticos, en coros de consignas previamente ensayados y en la anulación de las convicciones y su conversión en coreografías patéticas con uniformes de plástico.

Ante los deprimentes espectáculos de campaña referidos, las marchas ciudadanas –que no pueden ser llamadas apartidistas por la simple razón de que las convoca el repudio a un candidato y su partido, o el respaldo a otro aspirante, postulado también por organizaciones partidistas– son una bocanada de aire fresco con voluntad de limpiar toda la atmósfera.

Pese a todo, ni en el movimiento #Yosoy132 ni en la #MarchaAntiEPN hubo llamados a no votar o a anular el sufragio. Por el contrario, la reivindicación generalizada ha sido yo decido quién gobierna y no a la imposición.

Presenciamos, en el vértigo de dos semanas, el surgimiento de un movimiento que es antisistémico en la medida en que se manifiesta contra las miserias de un sistema político inveterado, repelente a reformas legales y alternancias, en el cual se encuentra intacta la capacidad de los poderes fácticos de construir candidatos presidenciales (falta ver si en esta ocasión logran, además, imponerlos, como lo hicieron en 1988 y en 2006). Esta corriente es, adicionalmente, profundamente democrática, por cuanto demanda que las decisiones electorales tengan lugar en las urnas y no fuera de ellas.

Esta inesperada rebelión de mayo, fresca, juvenil y lúcida, puede ser el factor decisivo de quiebre en el acontecer de la sofocante institucionalidad política: la ruptura –nadie la desea violenta ni insurreccional– que el país ha estado esperando desde hace muchos años. Ojalá.

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Gobierno de cárteles

Pedro Miguel


El 12 de agosto de 2009 Felipe Calderón Hinojosa fue informado de la red de corrupción que operaba en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que el ex director de Operaciones de la paraestatal, Néstor Moreno, hoy imputado de enriquecimiento ilícito, es hasta ahora la única parte visible. De acuerdo con la nota de Patricia Muñoz Ríos publicada ayer en la página 5 de La Jornada, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados recabó información que prueba la existencia en la CFE de un verdadero “cártel de la electricidad”, formado por varios funcionarios, que se encarga de “ejecutar, simular y encubrir toda una cadena delictiva... desde la preparación de las bases de licitación (donde) se busca dirigirlas hacia un grupo empresarial determinado, en el que participa en la elaboración de dichas bases... hasta quien califica o descalifica las propuestas”.

Algunas de las más dudosas adjudicaciones otorgadas bajo este esquema han privilegiado a Iberdrola y a Repsol. Esta última ha sido beneficiaria sistemática del calderonato a costa del patrimonio nacional, del bienestar y la seguridad de la gente y de la soberanía misma del país. Para proteger a esa transnacional se ha ordenado la inversión ruinosa de dineros de Pemex, se han inflado las facturas de la CFE para absorber los altos precios de la electricidad comprada a Repsol, se ha paralizado la operación de hidroeléctricas... Hace unos días, el propio Calderón, instigado por Mariano Rajoy, ensayó en Argentina una pataleta contra “las expropiaciones”, con el telón de fondo de la inminente nacionalización parcial de Repsol por la presidenta argentina, Cristina Fernández.


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Los problemas de Vázquez Mota

Pedro Miguel


El primero no es necesariamente su tendencia al lapsus linguæ –el fin de semana ofreció fortalecer el lavado de dinero, en lo que pudo ser tanto la omisión de una parte fundamental de lo que habría querido prometer como una proyección del inconsciente en el discurso– ni su condición de mentirosa compulsiva –no terminaba de afirmar “de manera clara y contundente” que no había contratado a Antonio Sola cuando en las redes sociales se exhibían pruebas de lo contrario–, sino la imposibilidad de deslindarse de su propia trayectoria como alta funcionaria en las administraciones de Fox y de Calderón.

La abanderada panista puede prometer lo que sea en materia de democracia, revisión de la estrategia “de seguridad”, reforma del sistema educativo, diálogo, crecimiento, probidad, transparencia, más lo que se le ocurra esta semana, pero cada una de sus promesas ha de cargar con el lastre de los saldos de desastre del foxismo y del calderonato.

Un dilema irresoluble que en las próximas semanas puede hundir la candidatura de Vázquez Mota –si antes no la torpedea abiertamente el propio Calderón– es que la aspirante presidencial panista no es capaz, so pena de demolerse a sí misma, de señalar abiertamente la herencia de corrupción monumental, ilegalidad, autoritarismo, insensibilidad social, protección a la impunidad, desastre económico, naufragio de la seguridad pública y enorme derramamiento de sangre que deja este desgobierno. Tampoco puede, por supuesto, sumarse al mensaje de despedida del calderonato según el cual México se encuentra en el momento más glorioso, próspero, pacífico, transparente, democrático, equitativo y luminoso de su historia.

Atrapada en esa disyuntiva, Vázquez Mota podría refugiarse en la exposición de sus propias formulaciones sobre los asuntos del país, de no ser porque –segundo problema– no las tiene. Ante tal carencia, se limita a arranques como el que sigue, aparecido en febrero pasado en la página web josefina.org.mx, y que se transcribe en forma literal, con puntos, comas, mayúsculas y minúsculas:

“Definimos nuestro proceso de construcción de Propuesta como un proceso participativo y ciudadano sustentado en una metodología de Proceso de Diseño Dialógico Estructurado; es decir, como un proceso en el cual, el diseño de la visión de país y de las líneas estratégicas de política pública y programas son el resultado de un diálogo sistematizado entre ciudadanos, expertos, representantes de los sectores, académicos, representantes de la sociedad civil organizada, funcionarios públicos y políticos, en cada uno de los ejes temáticos definidos en la Propuesta”.

En noviembre de 2011 Vázquez Mota publicó una cosa llamada Nuestra oportunidad / Un México para todos ( Aguilar), cuyo subtítulo es plagio flagrante de una propuesta política de Cuauhtémoc Cárdenas y su grupo, presentada a la opinión pública desde febrero de 2004. El volumen de la panista pretende hilvanar algo a partir de la transcripción de pláticas con reales o supuestas exponentes de la política, las finanzas, la economía, la diplomacia, la policía (por Joaquín Villalobos) y el futbol (por Emilio Butragueño) de diversos países, todas las cuales le dan ideas para gobernar a México; todo ello, precedido por “un ensayo sobre el México futuro que podemos construir” en el que se muestra, dice, “el México posible en lo económico, en lo social, en lo internacional”. Las 40 páginas de lo que la autora llama “ensayo” están escritas mal y a la carrera, con descuidos tan evidentes como repetir párrafos completos en una misma página, llenas de errores por desconocimiento (FMNL por FMLN, Sánchez de Lozado por Sánchez de Lozada, etc.) y plagadas de frases huecas del tipo “nuestra realidad puede llevarnos al pesimismo y a la desesperanza. Por eso es muy importante entender correctamente los problemas para poder construir soluciones” (p. 37).

La ambigüedad y el cantinflismo proliferan casi en cada párrafo del texto. Un ejemplo curioso de la nulidad de su propuesta para un “México posible” es que a lo largo de esas 40 páginas no aparecen las palabras “agro”, “campo” o “campesino”, a pesar de que en este país hay 24 millones de ellos (Inegi a 2010). Las únicas referencias al sector rural son la mención de la necesidad de “recuperar bosques y selvas... procurando la vocación silvícola de buena parte del territorio” (p. 40), y una enumeración jalada de los pelos, pero retóricamente pretenciosa: “Es el tiempo del ciudadano, de las amas de casa, de las mujeres que tienen diversos roles, del estudiante que quiere llegar a ser el mejor profesional, del pequeño empresario que levanta la cortina de su negocio cada mañana, del chofer y del agricultor” (p. 43).

Para una candidatura presidencial es grave la atadura irremedibale con un régimen neronesco. Pero más grave es no entender nada de nada.

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“¿Qué querían que hiciera?”

Pedro Miguel

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El 27 de diciembre de 2002 Tv Azteca envió al cerro del Chiquihuite a una treintena de efectivos armados y encapuchados que irrumpieron en las instalaciones de transmisión de CNI-Canal 40, redujeron a los vigilantes y técnicos que allí se encontraban, los esposaron y amordazaron y, pistola en mano, los obligaron a firmar un acta de entrega” de las instalaciones. El entonces abogado de CNI, Fernando Gómez Mont, dijo que aquello era expresión de “la voluntad arbitraria de un grupo privado que entrenó a un grupo especial para tomar la antena transmisora”, por la cual empezó a ser emitida la señal de Tv Azteca. Poco después, la mañana del Día de Reyes de 2003, en la nueva sala de prensa de Los Pinos, un funcionario de Canal 40 le pidió a Vicente Fox, a la sazón presidente de la república, que interviniera para hacer respetar la ley. El de Guanajuato le replicó con la que habría de convertirse en una de las frases emblemáticas de su administración y de sí mismo: “¿Y yo por qué?”

A unos meses de partir hacia un destino incierto, y a la vista de las ruinas humeantes dejadas por su administración en el territorio nacional, Felipe Calderón pronunció una pregunta de orfandad ética y primitivismo intelectual comparables a los del “¿Y yo por qué?” de Fox: “¿Qué querían que hiciera?”, se interrogó en voz alta el michoacano, tras justificar la guerra en la que metió al país porque no era conveniente “que invitara a pasar [a los criminales], que los saludara y les ofreciera un cafecito, o qué”.

¿Y qué queríamos que hiciera? Bien, la respuesta no puede ser tan sintética como la pregunta. Para empezar, tras la inmundicia de Estado que fue la elección de 2006, era recomendable que se abstuviera de tomar y ejercer la presidencia sin antes cerciorarse de que la había ganado. Si hubiera aceptado un recuento voto por voto ni siquiera habría necesitado de algo tan insensato como esa guerra para tratar de obtener un poco de legitimidad.

También habría sido pertinente, antes de tomar la determinación fatídica que tomó, estudiar a fondo el fenómeno de la delincuencia organizada, hacerse asesorar por expertos en la materia, tratar de comprender los vínculos entre criminalidad, economía, salud pública, educación, cultura y rezagos sociales. Si se hubiese tomado la molestia, habría entendido, por ejemplo, que el narcotráfico es un asunto policial, en tanto la farmacodependencia es un tópico de salud pública, y no habría necesitado formular una justificación propagandística tan absurda y parodiada como esa de “Para que la droga no llegue a tus hijos...”

Habría podido leer algo de historia para enterarse de que el principal promotor del narcotráfico en el mundo es Estados Unidos, y no sólo por tener en su sociedad el principal mercado de estupefacientes lícitos e ilícitos, sino también porque su gobierno es y ha sido, en México y en el resto del mundo, un importante operador del trasiego de drogas. Si se hubiese asomado aunque fuera a los libros de texto de secundaria, acaso habría caído en la cuenta del papel que ha desempeñado Washington en la historia mexicana y no habría cometido el disparate de confiar la seguridad nacional al país que ha sido desde siempre la principal amenaza para ella.

Calderón también habría podido cumplir con las leyes y hacer frente a la corrupción monumental que campea en la administración pública; habría podido promover la creación de empleos dignos y bien pagados para reducir el enorme margen de reclutamiento de que goza la criminalidad; habría podido ordenar la persecución enérgica del lavado de dinero; habría podido pedir una investigación seria y confidencial de los vínculos con la delincuencia que se atribuyen a varios integrantes y ex integrantes de su gabinete de seguridad; habría podido empezar por la depuración del personal fiscal, policial y militar en los puertos, aeropuertos y aduanas; habría podido emprender una persecución más pareja de los cárteles para evitar que lo acusaran –como ahora lo acusa medio mundo– de proteger al del Chapo Guzmán; habría podido promover marcos y protocolos de respeto a los derechos humanos para las fuerzas de seguridad civiles y militares; habría podido combatir al crimen organizado en vez de fingir que lo enfrentaba. Habría podido actuar con patriotismo, honestidad, eficiencia y visión de Estado. Por supuesto, nadie le pidió nunca que entregara el país a la delincuencia ni que “la invitara a un cafecito”. Para combatirla y hacer cumplir la ley habría podido hacer muchas cosas sensatas y positivas, pero decidió, en cambio, hacer una carnicería.

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La maldición

Pedro Miguel


Desde la tarde del domingo, los principales diarios nacionales dieron cuenta de la inmundicia que fue la elección interna en Acción Nacional: acarreos –con pases de lista y repartos de tortas, cómo no–, compra de votos, robo de urnas, guerra de filtraciones, rasurado del padrón, urnas embarazadas, coacción de votantes desde instituciones públicas –como el ayuntamiento de Monterrey– y bloqueos de caminos para impedir el acceso a centros de votación. Hubo incluso balazos al aire para amedrentar a fucionarios de casillas y ciudadanos. Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Juan José Hinojosa y otros próceres panistas se revolverán en sus tumbas.

Está por verse eso de que el PAN “marcará la historia de México” llevando a una mujer a la Presidencia; en lo inmediato, el partido marcó su propia historia con una caída plena e inocultable –a pesar de las inverosímiles fotos de reconciliación entre los precandidatos– en la cloaca de eso que se llamaba “la subcultura política” del mapacheo... en sus propias filas.

Era inevitable. Ya en 2006 la presidencia foxista y las cúpulas empresariales decidieron torcer la voluntad popular mediante las campañas sucias, el uso descarado de recursos públicos y, en última instancia, el acomodo alquímico de sufragios para darle a Felipe Calderón una falsa ventaja de 0.56 por ciento sobre López Obrador. La práctica del fraude electoral es adictiva y no se pueden mantener las formas democráticas dentro de una organización política si ésta no las respeta afuera. Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero Arroyo fueron miembros prominentes del grupo –junto con Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, el ex embajador estadunidense Anthony Garza y algunos capitanes empresariales– que impuso a Calderón en la Presidencia en 2006 y algo o mucho tuvieron que haber aprendido en aquel episodio trágico.

Lo peor de todo es que, a juzgar por resultados, el cochinero no era necesario: habría bastado con dejar que los votantes panistas sufragaran en paz y sin interferencias para que Vázquez Mota obtuviera la candidatura presidencial, tal como lo delineaban los sondeos de popularidad. A lo sumo, los apoyos ilegítimos desde oficinas públicas le sirvieron al ex secretario de Hacienda para trepar del tercer al segundo puesto y para dejar relegadísimo a Santiago Creel, quien no encontró otro consuelo para su 6 por ciento que el de haber jugado “democráticamente, de manera austera, con una campaña limpia y de propuestas”. Así es la vida. En 2005, Creel, el entonces favorito presidencial de la primaria panista, se tronó 25 millones de pesos mensuales en espots televisivos, y también perdió.

La irregularidad era innecesaria, pero probablemente no sea inofensiva, pese a la determinación impostada de “unidad” entre los contendientes y de los abrazos para la foto entre ganadora y perdedores. Es de esperar que muchos ciudadanos hayan observado el cochinero de las internas del domingo y que saquen sus conclusiones ante la candidatura presidencial de Vázquez Mota.

En 2006 Acción Nacional se embarcó en una traición a las reglas democráticas que seis años antes le habían permitido poner a uno de los suyos en Los Pinos. Ahora, ese partido parece condenado a reproducir el fraude, a vivir con él, a proyectarlo, a convertirlo en parte de sus esencias. Podría parecer una maldición, pero no. Se trata de la asimilación del partido por el régimen al que combatió durante décadas y al que ahora sirve como logotipo de un frente electoral bicápite. Porque en el fondo, en los intereses que los mueven y en la propuesta de país que enarbolan, en PAN y el PRI son, básicamente, lo mismo.

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Por la izquierda

Pedro Miguel

Hipertrofiado y caótico, inclemente y contaminado, golpeado y acosado, el Distrito Federal es, sin embargo, un remanso en el país. Tómense un rato para reírse del aserto y luego cotejen la situación de esta entidad con la de otras, rubro por rubro. Tomen, por ejemplo, el incremento de homicidios durante los primeros años del calderonato y comparen lo que ocurre en el DF y en los colindantes Morelos y Estado de México. Según cifras oficiales, en el asiento de los poderes federales ese delito creció 5 por ciento entre enero de 2007 y diciembre de 2010 (la información desglosada del año pasado aún no está disponible); el incremento fue de 1000 por ciento en Morelos y de 561 por ciento en el Edomex. En números absolutos, las muertes violentas registradas por el gobierno federal fueron, respectivamente, 191 (DF), 335 (Morelos) y 623 (Edomex). Por lo que hace al índice de secuestros, según el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 2010 fue de 0.7 por cada 100 mil habitantes en el DF, de 1.1 en el Edomex y de 1.6 en Morelos. Según un documento del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), en ese año hubo 60 secuestros y 169, en el Edomex. La procuraduría morelense no entregó cifras para el estudio.

Más allá de la seguridad, o para mayor precisión, de la menor inseguridad relativa que se registra en el DF, aquí se mantiene, pese a todo, un proyecto social caracterizado por las pensiones para adultos mayores, los comedores populares y públicos, las becas, los uniformes y los útiles escolares gratuitos, el seguro de desempleo, las ferias alternativas del libro, la atención médica y medicamentos gratuitos a domicilio, la red de mastógrafos y otro montón de medidas de mínima justicia social que no existen en otras entidades. Por añadidura, el DF es un refugio para mujeres que necesitan o desean abortar, para integrantes de minorías sexuales acosados por la discriminación judicial, institucional y social.

Lo anterior no es un elogio centralista del Distrito Federal en detrimento del resto de la República, sino una constatación –dolorosa– de carencias y atrasos en los dos ámbitos. Tampoco es la postura autocomplaciente de un habitante capitalino: por supuesto, es exasperante tener 191 asesinados en cuatro años y 60 secuestrados en 12 meses; por supuesto, aquí hay corrupción; hay irregularidades; hay funcionarios y empleados públicos que se enriquecen con el mal manejo de los bienes públicos y hay autoridades que abusan de su poder y que atropellan los derechos ciudadanos; hay insensibilidad, frivolidad y manipulación, como lo sacó a relucir el proyecto de la Supervía, y desvaríos tontos como la (por fortuna) fallida intención de reintroducir un sistema de tranvías en el Centro Histórico; ha habido casos tremendos de infiltración institucional por parte de traficantes de influencias, como lo exhibió el affaire Ahumada-Robles-Bejarano, y casos de negligencia policiaca como el manejo infame de la catástrofe en el antro News Divine. Y hay manejos indebidos desde el poder para apalancar carreras políticas e inducir respaldos electorales. Pero todos esos vicios no son la esencia del proyecto político, económico y social que gobierna la urbe desde 1997, sino perversiones colaterales que pueden ser enfrentadas, combatidas y derrotadas por la ciudadanía.

Con todo y que tiene en contra la hostilidad de los gobiernos federales panistas, a pesar de las miserias burocráticas desarrolladas por los sucesivos equipos de gobierno y por las izquierdas partidistas y electorales –el perredismo gobernante a la cabeza–, y a contrapelo de la lógica que hace del DF una caja de resonancia de la catástrofe nacional inducida por el actual régimen federal, ese proyecto de izquierda y alternativo se ha mantenido, ha mostrado su viabilidad y su coherencia y ha trascendido, con mucho, los nombres, las cualidades, las debilidades y las carencias de los cuatro políticos que han ocupado, a lo largo de los últimos 14 años, la jefatura de gobierno.

La demagogia y el populismo se encuentran en los partidos que aquí son oposición y que son capaces de prometer cualquier cosa con tal de sacar del GDF al conglomerado de corrientes políticas que han administrado la capital del país. Para tener una referencia de lo que realmente harían aquí esos partidos basta con ver el desastre, ocultado por escenografías de Televisa, que ha dejado la gestión de Enrique Peña Nieto en el Edomex, o la catástrofe inocultable que el calderonato ha causado en el país.

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La pesadilla de Joaquín Coldwell

Pedro Miguel

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Dice el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, que las presidencias panistas han sido una pesadilla que está por terminar con el retorno de su partido al poder federal. En realidad, la pesadilla viene de mucho antes. Desde 1988, al menos, cuando el PRI gobernante perdió las elecciones, impuso a Carlos Salinas en Los Pinos y dieron inicio, de manera abierta y descarada, la transferencia de la propiedad nacional a manos privadas, el proceso de reducción del Estado a una horda de efectivos armados, la entrega de instituciones y territorios a la delincuencia organizada, el abandono de las obligaciones constitucionales del poder público hacia la población y la claudicación de la soberanía.

En esa administración y en las siguientes, los genios de la política económica oficial –con el PRI o con el PAN, son los mismos– adaptaron el país a las necesidades de los capitales trasnacionales y lo volvieron una inmensa maquiladora y después una gran fábrica de mano de obra exportable. Hoy es ya un jugoso mercado de bienes y servicios para las industrias de la destrucción: armas, drogas, consultorías de seguridad y enormes lavadoras de dinero.

Durante el segundo semestre de 2000 la pesadilla se disfrazó de sueño idílico y buena parte de la población –la mayoría– vivió esos meses y los siguientes con la idea de que la pesadilla del autoritarismo, la corrupción y la inoperancia gubernamental habían terminado: no habría más masacres de ciudadanos ordenadas desde el poder, no más desvíos multimillonarios de recursos, no más crisis inducidas por la estupidez, la arrogancia y la ambición de los gobernantes. Pero, en realidad, del gobierno de Ernesto Zedillo al de Vicente Fox la pesadilla se profundizó y se hizo más oscura y asfixiante. No hubo ruptura de la cadena de impunidad y complicidad que recorre los sexenios, la corrupción se hizo más escandalosa y el uso faccioso y patrimonialista del poder culminó con el fraude electoral de 2006, convalidado por los priístas.

Con el Revolucionario Institucional y con Acción Nacional, la pesadilla nacional tiene tres rasgos principales: la privatización insaciable de la propiedad pública –que se traduce en concentración obscena de la riqueza y en multiplicación de la pobreza–, la continua y creciente putrefacción institucional –derivada de la corrupción de los gobernantes– y el autoritarismo legalista que para hacer de veras perfecta a la dictadura perfecta recurrió a una maniobra muy ingeniosa: incluir al PAN. Hoy día, basta ver la manera en que el calderonato emplea recursos públicos para inducir votaciones, tuerce las leyes para perseguir a opositores políticos por delitos comunes inexistentes o improbables, se pasa las recomendaciones del Legislativo por el arco del triunfo y desgobierna en la manera precisa que le da la gana, presume cifras imaginarias y distribuye a discreción contratos y negocios entre sus allegados para caer en la cuenta de que, si el PRI se encuentra fuera de Los Pinos, el priísmo continúa ejerciendo el poder. Ante los saldos de pérdida del Estado laico y del bienestar social, ante el avance de la privatización de todo lo imaginable, con vista en la arbitrariedad como estilo de gobierno, a partir del sometimiento a Washington, es razonable afirmar que el panismo es la fase superior del salinismo. Entre uno y otro, el eje articulador se llama Elba Esther Gordillo.

Y ahora el priísmo quiere volver a ejercer la presidencia de manera directa, por conducto de un muñeco (des)inflable con credencial tricolor. Su mal sueño de facción es vivir al margen del presupuesto federal y pretende ponerle término. Pero para el resto del país –es decir, para la gran mayoría–, esa perspectiva sería el comienzo de un nuevo capítulo de la pesadilla que padece desde hace muchos años.

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Peña Nieto y la violencia

Pedro Miguel

El lenguaje no es lo suyo, ni aunque lea el discurso. El pasado fin de semana el aspirante presidencial priísta ofreció, en Chihuahua, acabar y combatir de manera sensible, significativa, la violencia”, y dijo que la causa de que miles de jóvenes se incorporen a la delincuencia organizada es “la falta de oportunidades en educación y empleo”. Otra: “los mexicanos desean cambios, rumbos diferentes y paz, pero sobre todo, que haya orden”.

Esas frases, de suyo vagas e imprecisas, resultan hasta irritantes en el contexto de un país desangrado y desarticulado por las delincuencias y los atropellos de las fuerzas públicas. Además, a la luz de los antecedentes de gobierno de Peña Nieto y de su partido, son pura palabrería electorera y hueca.

Por ejemplo: la última presidencia priísta, la que encabezó Ernesto Zedillo entre 1994 y 2000, fue una secuencia macabra de masacres de campesinos, desde Aguas Blancas hasta Acteal. Por la segunda, Zedillo enfrenta una demanda ante una corte de Connecticut, e independientemente de que Salinas de Gortari esté o no tras la acusación, como se ha señalado, la causa es ilustrativa de la clase de “paz con orden” que podría esperarse de una nueva presidencia priísta. Más allá de eso, es en los sexenios de Zedillo y del propio Salinas cuando se implanta el modelo que orilla a millones de ciudadanos a la disyuntiva de la emigración, la mendicidad o la delincuencia, y es en ellos cuando se gesta la descomposición institucional que culminaría en los gobiernos de Fox y de Calderón con el auge de las cabezas cortadas. Y últimadamente, Salinas, el padrino indisputado de Peña Nieto, estaba vinculado con el narco, como lo afirmó su antecesor, Miguel de la Madrid, aunque después lo obligaran a desdecirse.

Al margen del partido, los saldos del gobierno de Peña Nieto en el estado de México son un referente claro de lo que podría esperarse de una presidencia a su cargo. Recordemos, de entrada, su estreno como represor y encubridor de policías violadores y torturadores (Texcoco-Atenco, 2006). Mencionemos el auge de los feminicidios en la entidad –922 en cinco años, la cifra más alta del país– y de la violencia de género en general: cuatro mil 773 denuncias por violación en año y medio y un tercio de las mujeres casadas con historias de agresiones graves por sus parejas; cuando el año pasado se pidió al gobierno mexiquense que adoptara una alerta de género por los asesinatos de mujeres, la respuesta, por medio del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, fue que no, que de ninguna manera, y que la petición era una estrategia para afectar la imagen de Peña Nieto en vísperas del proceso electoral de 2012.

Tengamos en mente, asimismo, el auge de los secuestros y de las extorsiones en el estado de México gobernado por Peña Nieto; la proliferación de los homicidios relacionados con delincuencia organizada, cuya cifra anual se incrementó, en el periodo 2007-2010, en 561 por ciento; la flagrante corrupción de los cuerpos policiales estatales; la penetración de La Familia Michoacana en la entidad; agréguese, para completar el cuadro, el montaje fársico con el que se dio carpetazo –con la aprobación de Peña Nieto– a la trágica muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

La violencia que padece México es resultado de la descomposición económica, institucional y social ocurrida en el último cuarto de siglo bajo gobiernos federales y estatales priístas y panistas, del desmantelamiento de derechos y servicios básicos, de la privatización de bienes públicos, de la abdicación del Estado a obligaciones fundamentales, y de los pactos entre las cúpulas gobernantes y estamentos delictivos con y sin corbata. El aspirante presidencial del PRI es coprotagonista y beneficiario de esos procesos y, por ello, no cabe esperar de él nada sustancialmente distinto, en materia de seguridad pública, al catastrófico manejo calderonista.

De llegar al gobierno federal, Peña Nieto y su partido agravarían la situación actual. A fin de cuentas, ellos son parte de la inseguridad y la violencia.

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El miedo al PRI

Pedro Miguel


En su horrible sintaxis, el domingo, en Boca del Río, Veracruz, Enrique Peña Nieto atribuyó los ataques de los adversarios” “a quien tanto temor le tienen, a quien tanto les preocupa, al mejor partido de México: al Partido Revolucionario Institucional”.

Se quedó corto. No es temor, sino terror, pánico, lo que inspira a la mayoría de la ciudadanía con memoria la perspectiva de un retorno del PRI al poder federal.

Para enumerar sólo a partir de un punto de quiebre: tal vez Peña Nieto no sepa, o no quiera recordar, que fue el PRI el que desencadenó una represión feroz y criminal contra estudiantes inermes en 1968. O que fue su partido el que gobernaba cuando Luis Echeverría y José López Portillo emprendieron la guerra sucia que dejó miles de muertos y centenares de desaparecidos, y que mientras ambos ex mandatarios condenaban a las dictaduras militares del Cono Sur, decenas de secuestrados por las fuerzas oficiales eran arrojados al mar en vuelos de la muerte que despegaban de la base naval de Icacos, en Acapulco. O que por años funcionó, en el Campo Militar Número Uno, una cárcel clandestina semejante a las establecidas por los gorilas chilenos y argentinos en sus respectivos países.

Cómo no va a inspirar miedo el retorno del PRI a la Presidencia, si en las cloacas del régimen priísta se fraguó el asesinato de Manuel Buendía; si, como consecuencia inesperada del terremoto de 1985, se halló, en los escombros de la Procuraduría de Justicia capitalina, a la sazón encabezada por Victoria Adato, varios cadáveres encajuelados; si las autoridades federales y defenñas –priístas, en ese entonces– abandonaron a su suerte a la población herida y sin vivienda; si entre 1982 y 1989 el país vivió en una exasperante depresión económica; si en esos años el “fraude patriótico” fue práctica rutinaria en las elecciones.

Cómo no temerle al PRI si durante el gobierno usurpador de Carlos Salinas de Gortari fueron asesinados centenares de opositores políticos, si se desmanteló la propiedad pública en el marco de privatizaciones corruptas, si se impuso en el país el modelo económico que aún padecemos, generador de pobreza y de riqueza extremas, si desde entonces se diseñó la inclusión del PAN en el régimen mediante las concertacesiones, y si aquella administración infame culminó con un rosario de asesinatos entre los propios priístas.

Por supuesto que inspira terror el recuerdo del zedillato y sus raterías inconmensurables, su infinita torpeza económica, su entrega del país a intereses extranjeros, las masacres de campesinos (Aguas Blancas, El Bosque, La Libertad, El Charco, Acteal, entre otras) y la política de contrainsurgencia traducida en violaciones de mujeres indígenas por soldados y en el cerco contra los pueblos zapatistas.

Cómo no va a dar miedo el PRI ante monstruosidades sindicales como Joaquín Hernández Galicia, Salustio Salgado, Carlos Romero Deschamps, Carlos Jongitud Barrios, Elba Esther Gordillo y Víctor Flores, entre muchas otras, todas ellas gestadas en la matriz corporativa del tricolor.

Claro que hay razones para sentir terror ante un eventual regreso del PRI si se considera que, durante la administración del propio Peña Nieto en el Estado de México, los índices delictivos y la violencia se multiplicaron en forma incontrolada, la entidad se situó como primera en feminicidios, creció el desempleo, se incrementó el número de pobres, se multiplicó la deuda del estado y el gobernador destinó miles de millones de pesos de dinero público a campañas de imagen para presentarlo como un buen prospecto presidencial.

Cómo no sentir terror de que regresen al poder, de la mano de Peña Nieto, individuos como los Salinas de Gortari, Mario Marín y Ulises Ruiz.

“El PRI es el cambio”, dijo Peña Nieto, en un escandaloso abuso del oxímoron. Y agregó: “Vamos a ganar el primero de julio de manera clara y contundente. Vamos por un triunfo inobjetable”. Para su infortunio, la frase le salió casi idéntica a la que dijo Jorge de la Vega Domínguez, antiguo gerente del partido, en la madrugada del 7 de julio de 1988, mientras se cocinaba el magno fraude electoral: la imposición de Salinas había sido “un triunfo contundente, legal e inobjetable”.

Cómo no va a dar miedo.

Un abrazo grande para Julio Collado Vides, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, recién distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y quien ha propuesto un año de silencio ante el desdén gubernamental hacia la ciencia y la investigación.

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Carta abierta

Pedro Miguel

Señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa:

Pienso que en su momento usted habría debido iniciar un procedimiento legal verosímil para esclarecer las maniobras oscuras realizadas con dinero público por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; que debió iniciar una averiguación previa contra Francisco Ramírez Acuña por su presunta responsabilidad en casos de tortura (Guadalajara, mayo de 2004); que usted habría debido iniciar querellas contra Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo Madrid, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes, entre otros, por las violaciones cometidas por policías federales y estatales contra activistas y/o simples ciudadanos de San Salvador Atenco; y que debió actuar contra Juan Camilo Mouriño, quien, como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, intervino en la firma de contratos entre el gobierno federal y empresas de su propia familia; y que habría debido imputar por presunto encubrimiento a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes Luis Téllez Kuenzler, pues éste dijo saber que Salinas de Gortari se robó, en el tiempo en el que ejerció la jefatura del Poder Ejecutivo, la mitad de la partida secreta, y que usted tenía la obligación de hacer algo legal contra Genaro García Luna, quien contravino de manera pública y flagrante una prohibición contenida en el artículo 37 constitucional.

Creo también que el conjunto de las fuerzas policiales y militares comandadas por usted habría debido capturar y presentar ante los tribunales correspondientes a Joaquín Guzmán Loera El Chapo y a otros presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otros delitos; que usted ya se tardó en pedir la extradición de los funcionarios estadunidenses que urdieron, autorizaron y ejecutaron el operativo de contrabando de armas destinado a grupos de narcotraficantes mexicanos denominado Rápido y furioso; asimismo, que usted estaba obligado a presentar cargos por evasión fiscal contra los empresarios que, según reveló usted mismo, no pagan los impuestos que les corresponden.

Pero no. En vez de procurar justicia en los casos arriba referidos y en muchas otras muestras de flagrante impunidad, usted, señor Calderón, amenaza con proceder legalmente contra quienes firmamos una petición para que usted, varios de sus colaboradores y diversos presuntos narcotraficantes sean sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional. Somos 23 mil los signatarios, y muchos más –cientos de miles, posiblemente millones de ciudadanos– lo que hemos expresado que la estrategia ideada y aplicada por usted para, supuestamente, combatir la criminalidad y restablecer el estado de derecho ha tenido por consecuencia un auge mayor de la criminalidad, un quebranto generalizado del estado de derecho y, por añadidura, un entorno de violencia sin precedente y una gravísima epidemia de violaciones a los derechos humanos.

Si va usted a proceder contra nosotros, sea congruente y hágalo contra todos los que, en palabras oficiales de Los Pinos, “afectan terriblemente (sic) el buen nombre de México”. Presente imputaciones legales, por ejemplo, contra Strategic Forecasting Inc (Stratfor), firma de análisis de inteligencia que sostiene (Mexican drug war 2011, abril de 2011) que el actual gobierno federal permite que el cártel de Sinaloa someta a las bandas más débiles y que hay una coincidencia de propósitos entre ese grupo delictivo y la administración en curso. Finque usted cargos contra el ex embajador de Estados Unidos Carlos Pascual, quien envió a Washington informes según los cuales Arturo Chávez Chávez, el hombre a quien usted hizo procurador, había ofrecido, años antes, “una mano de ayuda a ciertas figuras de un cártel”. Demande usted a Human Rights Watch (HRW), que en un informe reciente sostiene: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco (anunciada e impuesta por usted, aunque lo niegue) ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. Y a Amnistía Internacional (AI), la cual informa que el año pasado “las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos”, que “en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma” y que sólo en 18 meses ocurrió “un centenar de homicidios cometidos por las fuerzas armadas”.

En suma, señor Calderón, pienso que quienes “afectan terriblemente el buen nombre de México” son usted, sus principales colaboradores y los jefes de la delincuencia formal, y no quienes enumeramos las barbaries en curso –la oficial y la otra– y apelamos a una instancia internacional, en forma pública, transparente y legítima, en un intento por ponerle freno.

Por último, creo percibir, en el ominoso mensaje emitido por su oficina el pasado 27 de noviembre, mucho miedo en usted y en sus colaboradores. Proceda legalmente en contra nuestra, si eso lo reconforta, pero no nos tema a nosotros, los 23 mil denunciantes de su régimen, pues actuamos –estamos dando prueba incontestable de ello– por los cauces pacíficos, legales e institucionales. Témale más bien a la furia latente de un país defraudado, empobrecido, saqueado, ensangrentado, escarnecido y humillado por ustedes, los demandados el 25 de noviembre ante la Corte Penal Internacional.

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Wikileaks en tiempo de canallas

Pedro Migue

Mientras en Wall Street, donde todavía se ubica el corazón financiero del mundo, miles repudian la avaricia desmedida e insensata de las grandes corporaciones financieras, algunas de las más prominentes de éstas prosiguen su ataque contra Wikileaks, la organización cibernética que tanto ha contribuido a desnudar el funcionamiento podrido del sistema político y económico mundial.

Bank of America, Visa, MasterCard, Western Union y PayPal, que controlan la enorme mayoría de las transacciones electrónicas en el planeta, decidieron bloquear toda donación destinada al portal de las filtraciones.

De esa manera, han logrado reducir en 95 por ciento los ingresos de Wikileaks. Las directivas de esas empresas, que no rinden cuentas a nadie más que a sus socios, han rehusado explicar los motivos de su actitud.

Ante tal silencio, es lógico suponer que decidieron acatar solicitudes del gobierno estadunidense para asfixiar económicamente al sitio fundado por Julian Assange.

Sean cuales sean sus inconfesables motivos, este pentágono financiero actúa en forma ilegal e inmoral, porque el propósito manifiesto de Bank of America, Visa, MasterCard, Western Union y PayPal es hacer que sus respectivos dueños ganen dinero, y no acosar a quienes denuncian las inmundicias del poder público ni ser guardaespaldas mediáticos del Departamento de Estado, la Casa Blanca y el departamento de Defensa.

El boicot a Wikileaks pone de manifiesto, en toda su crudeza, la realidad de los poderes fácticos: en la lógica, de por sí perversa, de las democracias parlamentarias capitalistas, los conglomerados financieros tienen patente de corso para reventar empresas competidoras, pero no para erigirse en gestores de la censura, para atropellar la libertad de expresión y el derecho a la información o para decidir quién vive y quién muere en el ámbito de las instancias informativas.

La incursión ilegítima del poderío empresarial en la opinión pública ha servido, entre otras cosas, para que el olvidable Fernando Collor de Mello tomara la presidencia de Brasil, en la década antepasada; para que el delincuente Silvio Berlusconi se hiciera con la primera magistratura en Italia o para que en México Televisa emitiera un voto de calidad a favor de Felipe Calderón en las fraudulentas elecciones de 2006 y pretenda ahora imponer al país un candidato forjado a la publicitaria manera de la comida chatarra: Enrique Peña Nieto.

Obviemos la paradoja de que por las venas financieras de dos de esos pudorosos pilares del sistema, Bank of America y Western Union, han corrido generosamente las narcodivisas, como reveló la agencia Bloomberg hace poco más de un año.

Aun si se tratara de instituciones verdaderamente apegadas a la legalidad, ninguna de las cinco entidades, y ninguna otra, tiene el menor derecho a decidir qué podemos y qué no podemos saber respecto de los enjuagues secretos de los gobiernos.

Ayudar a Wikileaks en este trance difícil es un deber moral de quienes, por medio de su labor de difusión, han podido enriquecer la comprensión de sus propios entornos políticos y económicos. Permitir que la asfixia financiera acabe con esa organización significaría una pérdida para la verdad y para la libertad.

Se puede colaborar divulgando esta historia digna de una dictadura travestida en democracia como la que Lillian Hellman retrató en Tiempo de canallas.

En vimeo.com/25412550 y en vimeo.com/30998268 hay videos que la reseñan; hay más información en bit.ly/oOJZwR. También se puede enviar dinero a Wikileaks –un dólar, diez, cincuenta– por medio del sitio flattr.com/

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La paz de la derecha

Pedro Miguel

Los atentados de días recientes fortalecen las probabilidades políticas, legislativas y propagandísticas de esta vieja utopía:

Una tanqueta, o cuando menos un Humvee, en cada esquina y en cada crucero del país; vigilancia permanente con artillería ligera, en los barrios residenciales; razzias y rondines intimidantes en las colonias populares, con aprehensiones y allanamientos domiciliarios sin trámite judicial de por medio; ocupación del espacio aéreo por helicópteros, aviones de reconocimiento y aeronaves no tripuladas (pero sí artilladas), una parafernalia que escapa a las posibilidades financieras y tecnológicas de las autoridades mexicanas y cuyo control directo recaería, en consecuencia, en las estadunidenses; acciones de limpieza social discreta, pero efectiva, capaces de causar una merma de escala demográfica en las filas de la informalidad delictiva.

Imposición del principio de respeto a la autoridad, que empieza por dar penas de privación de la libertad a borrachos escandalosos, que sigue con el establecimiento del derecho de los policías a impedir que los delincuentes los hagan quedar como tontos ante el juez (juicios expeditos y sumarios, con prevalencia de la palabra de la autoridad sobre la del presunto culpable) y que culmina con la supresión de las críticas al funcionario público, por parte de los ciudadanos, y al patrón por parte de los empleados.

Tipificación de los delitos de lucha social, huelga, manifestación, protesta, concentración en espacio público, organización política, sindical y agraria (en modalidades de tentativa o de consumados), difusión de información contraria a los intereses de dependencias y de empresas, defensa de los recursos nacionales y resistencia de particulares a la entrega de la soberanía.

Eliminación del principio de rehabilitación que rige (muy en teoría) al sistema de justicia penal y su remplazo por el de castigo y venganza social contra los infractores.

Despenalización de facto de los delitos corporativos, electorales y “de cuello blanco” (evasión fiscal, fraude bursátil y bancario, fraude electoral, desvío de recursos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, homicidio industrial, afectaciones al entorno, etcétera) e intensificación de la lucha contra los delitos cometidos al margen de la Bolsa de Valores, fuera de la jurisdicción de la Condusef y más allá de las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia.

Para los segundos, aumento de las sanciones, desde la multiplicación de años de cárcel hasta la reintroducción de la pena de infamia, los azotes, la pena de muerte, la confiscación de bienes, el tormento y las deudas por herencia.

Restablecimiento de una división social en castas, aunque simplificada, para ejercer el principio de presunción de inocencia, como beneficio para la gente honorable, y la sospecha previa de culpabilidad, para proteger a la sociedad de su propia mayoría, formada por malvivientes, lúmpenes, indios, comerciantes ambulantes, migrantes, ninis, pervertidos sexuales, pejistas, zapatistas y mujeres adictas al aborto.

Regularización y legitimación del actual modelo fiscal, consistente en la exención absoluta y universal a las fortunas, y confiscación de salarios, desde el mínimo hasta 10 veces la suma equivalente.

Todo el peso de la ley a los ejecutores de crímenes de sangre relacionados con la delincuencia organizada, y a sus jefes directos, en caso de que éstos no cuenten con la documentación correspondiente a la gente honorable, y beneficio de la libertad incondicional para todos aquellos empresarios, políticos y funcionarios que obtengan provecho lícito, electoral, legislativo o pecuniario del clima de violencia, de la descomposición institucional y de la zozobra ciudadana.

Éstos son, en el fondo, los objetivos en torno a los cuales México debe “unirse”. No es otro el escenario que proponen el CCE y la Coparmex, con su rebaño anexo de logotipos y siglas ciudadanas, y los cuadros panistas y priístas que decidieron estar hartos de la violencia causada por el régimen del que forman parte. Así va el guión de la paz a la que aspira la derecha. Y lo hará realidad si el resto de la sociedad se descuida.

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Reformitis

Pedro Miguel

Se entiende perfectamente: las leyes no pueden ni deben ser inmutables pues las sociedades en las que se aplican se encuentran, para bien o para mal, en permanente proceso de transformación, y el marco legal debe ser readecuado y perfeccionado una y otra vez. Esa debe ser la tarea del Legislativo, además de servir de contrapeso al Ejecutivo. Éste, por su parte, tiene la responsabilidad primaria de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes.

Así tendría que ser. Pero en el régimen oligárquico que padece México actualmente, el principio de legalidad está de cabeza. No hay que estirar mucho la mano para encontrar un ejemplo contundente de esa inversión: Washington envía a policías en activo y militares en retiro a participar en la desastrosa guerra en curso impulsada por el calderonato, y esos efectivos realizan interrogatorios, intervienen telecomunicaciones y han tenido un papel clave en decenas de capturas o “eliminaciones” (que parecen ser, muchas de ellas, ejecuciones extrajudiciales) de presuntos narcotraficantes. La injerencia no se perpetró aprovechando un descuido del gobierno mexicano, sino en respuesta a sus peticiones.

Para argumentar la “legalidad” de la operación de personal policial extranjero en México, Alejandro Poiré ha salido con la puerilidad de que éste “no porta armas” y con la abierta mentira de que “no realiza ninguna labor operativa”. Incluso si así fuera, el artículo 21 constitucional es inequívoco: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; el 32 no deja lugar a dudas: “En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública” y “para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea en tiempos de paz, se requiere ser mexicano por nacimiento.” ¿Con qué saldrán entonces? ¿Con que no estamos en “tiempos de paz”? Pues qué pena: legalmente, para que el país esté en guerra, es necesario que el Ejecutivo federal la declare, previa ley del Congreso de la Unión (Art. 89), cosa que no se ha hecho.

El régimen oligárquico no acata la Carta Magna, y menos el resto de las leyes. Hace meses que la Secretaría del Trabajo proclama sin pudor que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta, como si no fuera su obligación hacerla cumplir. El reconocimiento cínico de omisión de la legalidad es convertido en argumento para modificarla a gusto de los funcionarios en turno y de sus marañas de interés. Otro caso notable es el sempiterno populismo legal de la derecha (Peña Nieto es un exponente de él) sobre la supuesta necesidad de “endurecer” las penas para delitos graves a fin de disuadir a la criminalidad. Eso podría tener sentido, así fuera sentido argumental, en un estado de pleno derecho, pero no en un país en el que la impunidad prevalece en 80 o 90 por ciento de los casos. ¿Para qué quieren incrementar a 7 mil años el castigo por homicidio, pongamos por caso, si nueve de cada 10 sospechosos de homicidio andan sueltos, y si los que son detenidos son liberados por falta de pruebas, o bien exonerados en juicio, y no cumplen ni con las sanciones de 20 o 30 años actualmente vigentes?

En su gran mayoría, las modificaciones legales operadas por el Congreso del salinato a la fecha no son adecuaciones necesarias para el mejor funcionamiento de la sociedad, sino arreglos jurídicos para saquear el erario sin temor a posibles sanciones, entregar las riquezas nacionales a los grandes capitales locales y foráneos, acelerar la concentración de la riqueza y reforzar por diversas vías –desde la electoral hasta la policial, pasando por la mediática– el control político que la élite empresarial ejerce sobre el resto de la sociedad. Este último es el propósito del engendro de reforma a la Ley de Seguridad Nacional: el texto vigente fue negociado por Beltrones, Fernández de Cevallos y otros del estilo en 2004, promulgado por Fox en enero de 2005 y violado unos meses más tarde por ellos mismos, cuando permitieron la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de imposición de Felipe Calderón en Los Pinos.

Tal como están, las leyes nacionales son descripción de un país estable y habitable. Si las autoridades de los tres niveles de gobierno las cumplieran, viviríamos en él. Señores legisladores de todos los partidos, déjense de reformitis. Antes de decirnos que no sirven, vean primero que los preceptos jurídicos se respeten. Tienen atribuciones para ello.

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Vía cerrada

Pedro Miguel


Claro que hubo fraude. Una pequeña porción de sus expresiones fue documentada en testimonios, en fotos y video; pudo verse el recurso gubernamental volcado a favor del candidato oficialista, Eruviel Ávila, y la colaboración de Televisa en sus actos de campaña, y el reparto de despensas no se realizó precisamente clóset adentro. Sin duda, las dos vertientes electorales de la oligarquía, la blanquiazul y la tricolor, disponen de aparatos formidables para confundir a la opinión pública, disimular los fracasos gubernamentales e imponer como verdad cuentas alegres y falsas; ciertamente, las maquinarias de inducción de sufragios son aplastantes y están bien aceitadas, y los controles verticales son capaces de cooptar a la mayor parte de las dirigencias sociales estructuradas y a un sector enorme de los tejidos sociales; las cúpulas institucionales tienen capacidad para infiltrar, comprar y desvirtuar oposiciones verdaderas y construir otras, ficticias y a modo, que medran entre las facciones principales y cobran caros sus servicios, como lo ilustró puntualmente Elba Esther Gordillo hace unos días. En las instancias en las que gobiernan, en fin, PRI y PAN están en condiciones de realizar elecciones de Estado, y la más reciente de ellas ocurrió en el estado de México.

El fraude prelectoral hizo innecesaria, allí, la realización de un fraude el día de las elecciones, y el tenebroso dominio del grupo Atlacomulco salió refrendado y fortalecido de cara a las elecciones del año entrante, si es que el país aún está para bollos, o si es que el calderonato no consigue cancelar los comicios como parte de su huida hacia adelante.

A la vista de resultados, es innegable, sin embargo, que la candidatura de Alejandro Encinas generó expectativas desmesuradas para los medios de los sectores de la izquierda que se aglutinaron en torno a ella, y que la lógica con la que fue diseñada y aplicada careció de anclajes suficientes en la realidad.

La dirigencia formal del PRD, en manos de los chuchos, cree, o dice creer, que México se encuentra instalado en una democracia funcional en la que para obtener triunfos en las urnas basta con convencer a la mayoría del electorado. Como en Suecia, más o menos. Parece ser que eso no es una mera visión táctica, sino estratégica, porque el fin último es incrustarse en el poder al precio que sea, incluido el de dejar tirado en el camino el perfil ideológico. El movimiento lopezobradorista, que tiene por objetivo central la transformación del país, percibe que, además de obtener intenciones de sufragio, se requiere de una organización capaz de contrarrestar el formidable músculo mediático del régimen, descubrir y obstaculizar las prácticas clientelares de control del voto y defender la voluntad popular de distorsiones y fraudes.

En la primera de esas lógicas, la manifiesta superioridad conceptual y política del discurso de Encinas, sumada a las pifias y la vacuidad del aspirante priísta, habría debido ser suficiente para obtener, si no una victoria electoral, cuando menos un resultado cerrado. Si a eso se le agrega la catástrofe ocurrida en pleno cierre de campañas en Ecatepec y Nezahualcóyotl, ocasionada no por las lluvias sino por la insensibilidad, la ineficacia y la arrogancia de los gobiernos estatal y municipal priístas, habría debido ser inevitable el triunfo de la coalición Unidos Podemos Más. Pero no fue así, y la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional se quedó sin materia para la movilización en defensa de la legalidad electoral.

Está claro que la proliferación de agravios no conduce en automático al surgimiento de una voluntad popular de transformación social ni, por ende, al fortalecimiento de propuestas democráticas capaces de actuar en este sentido. Al contrario, la desigualdad, la marginación y la pérdida de derechos con frecuencia generan estados de postración de los que se alimentan los aparatos gubernamentales de control electoral. Pero es claro también que la mera denuncia –pública o judicial– de las violaciones a la norma democrática, por groseras y evidentes que sean, no reduce la funcionalidad del mecanismo fraudulento. Es decir, y hay que decirlo como conclusión parcial y tentativa, para los movimientos que aspiran a recuperar el país del dominio oligárquico y delictivo bajo el que se encuentra, la vía electoral está cerrada, y hay que ponerse a imaginar la manera de abrirla.

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La diferencia se llama Encinas

Pedro Miguel


Hace 11 años el Partido Revolucionario Institucional tuvo una oportunidad irrepetible para dejar de ser una excrecencia mafiosa del poder público y convertirse en un partido político. Ante un gobierno legítimo, pero bisoño, torpe y abiertamente reaccionario, el PRI habría podido redefinirse como una fuerza opositora socialdemócrata, dejar las cadenas de complicidad y corrupción en las oficinas públicas federales que se veía obligado a abandonar, romper con el modelo neoliberal que él mismo había impuesto 12 años antes y erigirse en defensor de instituciones forjadas bajo su reinado, sí, pero como resultado de movilizaciones, presiones y reivindicaciones populares: Pemex, la CFE, el IMSS y el ISSSTE, Luz y Fuerza. Semejante transformación habría dado lugar a una verdadera transición democrática en el país y habría obligado al foxismo a gobernar con un mínimo respeto a la legalidad vigente.

No se pudo o no se quiso. Los líderes priístas en sus diversas vertientes optaron, en cambio, por consolidar sus alianzas oscuras con los poderes fácticos locales, nacionales y transnacionales y por refrendar, sobre la base de la impunidad, el cogobierno de hecho con el panismo, forjado durante el salinato y consolidado en el zedillato. Quienes en 2000 decían buscar una versión mexicana del Pacto de la Moncloa omitían el hecho de que el equivalente ya se había generado: fue el consenso transpartidista entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional para mantener, contra viento y marea, el modelo económico de la Revolución Conservadora, agravado por tres componentes locales: el caudillismo mafioso, la corrupción endémica y la inveterada violencia de Estado contra la población. El foxismo aprovechó la revuelta electoral ciudadana contra el régimen no para transformarlo, sino para perpetuarlo. Seis años más tarde, la ciudadanía volvió a rebelarse contra el poder público, y como para entonces ya no hubo forma de engatusarla con un “candidato del cambio”, se recurrió al fraude simple y brutal.

Hoy en día, el PAN y el PRI, con la participación auxiliar del Panal y del Verde, pelean centímetro a centímetro las posiciones de poder en juego y recurren a las mismas viejas armas: el desvío escandaloso de recursos públicos con fines electoreros, el uso de las instituciones de procuración de justicia para golpear al adversario, el sometimiento de los organismos “autónomos”, las alianzas con vertientes poco mencionadas de la delincuencia organizada (la sindical, la mediática, la financiera), el voto corporativo y otras. Para ellos, el único propósito de gobernar es seguir gobernando.

Lo que se juega en los pleitos entre panistas y priístas es, proporciones guardadas, lo mismo que se disputa en un partido de futbol: el triunfo de un logotipo y premios en efectivo para quienes lo llevan puesto en el lomo. Por lo demás, ni unos ni otros resolverán las tragedias nacionales –miseria, desigualdad, marginación, desempleo, violencia, liquidación de la soberanía, ilegalidad manifiesta en el accionar institucional, autoritarismo creciente– porque ellos mismos son causantes y beneficiarios del desastre.

Ahí tienen la campaña de Eruviel Ávila: acarreos, maquinarias matraqueras, promesas estúpidas (como esa de suprimir la tenencia vehicular, que ya fue suprimida) y desmesuradas (nada más 6 mil), gastos desorbitados en propaganda, reclutamiento de plumas a modo para difundir un discurso que es puro vacío. Qué parecida, esa campaña, al vacuo e irritante “Vivir mejor”, un ejercicio de la mentira que, de no ser por la pobreza de su sintaxis, sería indistinguible de la grandilocuente autoexaltación que caracterizaba a los presidentes priístas.

No es de extrañar que la ciudadanía otorgue su respaldo a propuestas políticas distintas –cuando las hay– a esa sopa bipartidista sangrienta y corrompida. Eruviel es el rostro del aparato jurásico (aunque se rasure el bigotito de licenciado Trastupijes y se ponga o se quite maquillaje literal y figurado) y Felipe Bravo Mena es más de lo mismo, pero huérfano de maquinaria propagandística y electoral oficial; de ahí sus denodados y estériles esfuerzos por existir como candidato. La diferencia en el Edomex se llama Alejandro Encinas. A pesar de las encuestas cuchareadas en favor del aspirante oficialista, con todo y los votos inducidos que el aparato gestiona desde ya para Eruviel, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene amplias posibilidades de triunfo porque es el único candidato a gobernar la entidad con propuestas específicas y viables para empezar a remediar el saldo pavoroso del régimen, porque no pertenece a él y porque no pretende perpetuarlo.

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Hank es lo de menos

Pedro Miguel

Hank es lo de menos. La noticia es que la negociación entre los cárteles subió de tono. Felipe Calderón cumplió con su amenaza de emprender acciones judiciales contra priístas destacados y empezó por uno de los más indefendibles: Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, involucrado en los homicidios de dos periodistas del semanario Zeta, presunto responsable del desvío de 300 millones de pesos de las arcas municipales y, a decir de Ronald Kramer, ex cónsul estadunidense en esa ciudad, protector de narcotraficantes. Carente de originalidad, el gobernante panista siguió, paso a paso, en las formas, el guión del Quinazo, la operación lanzada en los albores del salinato para domesticar al jurásico priísta: allanamiento militar de la morada, siembra de armas, inmediato traslado de los detenidos a la capital. Pero las intenciones son distintas. En aquel entonces Salinas buscaba imponer su autoridad –emanada de un escandaloso fraude electoral– a los sectores del aparato que se sentían amenazados por su proyecto; Calderón, ahora, trata de negociar, así sea con modales bruscos, su permanencia en el poder o, cuando menos, su sobrevivencia.

A partir de este hecho pueden ocurrir varias cosas: que la cúpula priísta dé su brazo a torcer, por lo pronto, a la espera de una circunstancia en que la correlación de fuerzas le resulte más favorable, y que Eruviel Ávila reciba la instrucción superior de jugar a la pérdida (más o menos, como lo hizo Fernández de Cevallos en 1994), o algo así. Pero puede suceder también –nunca se sabe– que el PRI respingue, cierre filas, ruja, y que Calderón salga corriendo como niño asustado, mande a Blake y a alguien más a aplacar al dinosaurio y que Hank se convierta en destinatario de un “usted disculpe” tras la chambonada de acusación por posesión de armas.

Pero podría asimismo pasar algo peor: que tanto el calderonato como los jerarcas priístas estén pasando por un momento de alta testosterona y que avancen, así sea en forma temporal, a una confrontación en regla, y que lleven al país a una nueva sima del “todo se vale”, con escenarios que es mejor no escribir y ni siquiera imaginar. De por sí, unos y otros cuentan con aparatos militares, paramilitares y/o policiales, sin contar con las alineaciones sugeridas por el centro Stratfor de inteligencia global (cártel del Pacífico, azul; los Zetas, rojo; la Familia Michoacana, amarillo).

Claro que a la larga terminarán por ponerse de acuerdo –para dar margen a las negociaciones se puede, por ejemplo, ampliar en un par de días el término para definir la situación jurídica del detenido– aunque, antes de que las partes alcancen la armonía, bien pueden darle una tremenda inflada a la cifra, de por sí aplastante, de 40 mil muertos, y convertir la descomposición institucional en curso en desintegración institucional.

Por lo pronto, la suspensión del orden constitucional sigue su curso y las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la PGR empiezan a asumir funciones que hasta ahora corresponden a los organismos electorales y decidirán quién puede ser candidato, quién no, y quién gana y quién pierde en las elecciones. Hank es lo de menos. A la corta o a la larga, con o sin sentencias de por medio, Calderón y los suyos acabarán por ponerse de acuerdo con él, como lo hicieron con Mario Marín, con Carlos Romero Deschamps, con Ulises Ruiz y con Elba Esther Gordillo.

Que no nos vengan con eso. El ruido que hicieron los militares en el allanamiento de Tijuana no es el sonido de la justicia sino el barullo de Calderón, quien negocia en tono subido con las mafias priístas.

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Dialogar con quién

Pedro Miguel

El colapso del gobierno ocurre en todos los terrenos, pero su expresión más acuciante es la pérdida de certezas jurídicas de base por parte de la población. La lógica económica del triunfo del más fuerte tiene su correlato, en la seguridad pública, en el triunfo del calibre más alto. El hueco que deja el poder público al abandonar su tarea de garantizar la integridad física y patrimonial de la gente debe ser ocupado, y con urgencia, por una construcción de vínculos sociales que permita incidir en las decisiones políticas y forzar a las instancias gubernamentales de todos los niveles a que adopten rumbos menos destructivos que los impuestos al país desde hace décadas. Para ello, el diálogo social es, ciertamente, indispensable, y en ese sentido, puede ser crucial la reunión convocada el 10 de junio en Ciudad Juárez por Javier Sicilia.

Otra cosa es el diálogo o la negociación con el calderonato.

Hay numerosas razones para afirmar que la actual administración infringe, en forma regular y sistemática, el marco legal, incumple con sus obligaciones constitucionales y propicia, con ello, graves y masivas violaciones a los derechos humanos y sociales y a las garantías individuales.

Más allá de las omisiones o infracciones gubernamentales en esas materias, numerosos indicios permiten sospechar que la estrategia de seguridad en curso es una fachada sangrienta para ocultar la connivencia del equipo gubernamental con la delincuencia organizada. Ejemplos: el encubrimiento del cártel del Pacífico en detrimento de sus competidores (http://bit.ly/eNI25L); los numerosos delincuentes que han trabajado como altos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República; la renuencia oficial a investigar el lavado de dinero masivo; los narcotraficantes en las nóminas de Aserca y de Procampo (http://bit.ly/lUUcHN); la tolerancia y la impunidad otorgadas a Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de esa especie; el trasiego, pese a todo, de centenares de toneladas de cocaína por las fronteras sur y norte; el incremento de los secuestros (http://bit.ly/lDHJ5w) en lo que va de esta administración; la connivencia de numerosos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con los grupos armados que extorsionan, esclavizan y exterminan a migrantes indocumentados. Y sí: las presumibles complicidades con la criminalidad organizada no se limitan a las autoridades federales, sino que incluyen a las estatales y a las municipales de diversos sitios.

Pero falta lo más grave: hay elementos de juicio que permiten concluir que la adopción de la estrategia actual y la firma de la Iniciativa Mérida fueron la formalización de un proyecto de desestabilización originado en Estados Unidos para llevar a México a circunstancias que justificaran –a ojos del mundo, y hasta de algunos mexicanos– la intervención directa de Washington en la seguridad pública y nacional de nuestro país, algo que, de acuerdo con los documentos de Wikileaks difundidos por La Jornada, ya ocurre. Diversos funcionarios estadunidenses se han referido a la pertinencia de aplicar en México estrategias de guerra formuladas para Irak (se lo dijo Dennis Blair al general Guillermo Galván Galván el 19 de octubre de 2009, http://bit.ly/mcb6uK, y lo repitió el almirante Michael Mullen, http://bit.ly/hm7Nk7, en enero de 2011. Si las palabras no bastaran, están los hechos, y entre éstos, la complicidad de diversas dependencias de Washington en el contrabando de armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos y su inexplicable tolerancia a los narcos que operan en territorio estadnidense (http://bit.ly/muGPlh).

Los movimientos sociales que aspiran a detener el baño de sangre en curso harían bien, pues, en aplicar la consigna, propagada con extrema hipocresía desde el propio régimen, de “no negociar con la delincuencia”, aunque ésta pretenda compararse con Churchill.

Sin abandonar las manifestaciones y las protestas pacíficas y legales –como las dos movilizaciones nacionales recientes, encabezadas por Javier Sicilia– ni los encuentros de la sociedad consigo misma, es preciso también avanzar en otros caminos, igualmente legales y pacíficos, para cortar el nudo gordiano de la impunidad y promover procesos judiciales contra los principales responsables –por acción, por omisión o por ambas– de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en México: Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad, y los cabecillas de las organizaciones criminales que ejercen su control sangriento en extensas regiones del país. Las razones y los fundamentos de esta iniciativa están en www.bit.ly/lq0mLL.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Régimen tocado

Pedro Miguel

El calderonato ya no tiene para dónde hacerse. El clamor ciudadano, inocultable, ha recono-cido la raíz de la violencia en las acciones gubernamentales, y el régimen no pudo distorsionar (ni con Televisa, ni con sus membretes Causa Ciudadana o México Unido contra la Delincuencia) el mensaje de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

Con todo y el desmadre de la espontaneidad y de un liderazgo que no pretendió serlo, las palabras pronunciadas en el Zócalo capitalino y en otras plazas del país y del mundo, y la inmensa mayoría de las consignas escritas en mantas y pancartas, apuntaron a la responsabilidad del gobierno federal por el baño de sangre y por la violencia desbocada que padece la población.

Amplios sectores de la socie- dad han caído en la cuenta de un hecho que la izquierda sabía desde siempre: que el principal factor de violencia contra la gente ha provenido, históricamente, del poder público y de sus derivaciones caciquiles, charras y paramilitares.

No hubo forma de edulcorar los reclamos ni de diluir o desviar los señalamientos directos contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y el resto, por la ofensiva criminal que sufren millones de mexicanos.

En la arena de disputa polí-tica que fueron las movilizaciones de ayer, quedó despejado, por lo pronto, el peligro de que la exasperación de la gente fuera transformado en respaldo a los intentos de “mano dura” y autoritarismo agravado, como ocurrió en las marchas previas “contra la inseguridad”, convocadas por las mafias televisivas y los membretes oligárquicos.

Como parte de los intentos del régimen por minimizar los daños causados por las marchas y concentraciones, no faltaron las voces “ciudadanas” que achacaron a éstas el propósito de “pactar con los narcos”. Tal despropósito fue desmentido por la amplitud de las protes- tas, por la lucidez de sus reclamos y por los testimonios irreprochables de algunos –sólo unos cuantos– de quienes han perdido a seres queridos a manos de alguno de los bandos delictivos, entre los cuales las fuerzas públicas desbocadas y descontroladas no es el menos importante. Pero no estaría de más recordar que quien ha pactado desde siempre con las organizaciones del narcotráfico ha sido, precisamente, el responsable de combatirlas, es decir, el gobierno federal, el cual, en su tramo presente, parece aplicado a impulsar el control monopólico del mercado por uno de ellos en detrimento de los demás.

La hipocresía del calderonato está tocada. La exigencia formulada por Javier Sicilia de que se despida a García Luna pone a la administración ante una disyuntiva de difícil solución: o sacrifica al cerebro de toda su estrategia de ocultamientos y simulaciones sangrientas o enfrenta la pérdida de los últimos rescoldos de credibilidad y, con ella, los pocos márgenes que le quedan para no parecer una dictadura.

Falta camino por andar. Es preciso, por ejemplo, poner en el centro de la conciencia colectiva la relación causal que va del modelo económico impuesto hace tres décadas al actual clímax de crueldad y destrucción humana. Se requiere, además, construir vías y cursos específicos de acción para forzar a quienes detentan el poder público a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida humana y garantizar la seguridad pública.

Una propuesta específica es enjuiciar –en instancias internacionales, porque las nacionales están cerradas a piedra y lodo– a quienes han sido omisos en su deber de llevar a juicio a 90 por ciento de los presuntos delincuentes y han propiciado o permitido masacres.

Habrá que esperar a ver hasta dónde llega la capacidad del calderonato para simular que escucha a la población (se sospecha que no llegará muy lejos).

Y, en lo inmediato, hay que procesar y dar cauce al formidable debate político generado por la Marcha Nacional y las movilizaciones paralelas y por las propuestas de Sicilia, quien ha sido, por lo pronto, un valioso portavoz del dolor y del hartazgo colectivos.

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