31/10/2010




Policía federal, lo que faltaba








Jorge Carrasco Araizaga



MÉXICO, D.F., 31 de octubre (apro).- Hasta ahora, la Policía Federal de Genaro García Luna había mostrado su lado oscuro por las insistentes acusaciones de protección al narcotráfico y su vulnerabilidad ante ataques sorpresa de los grupos armados de los cárteles de la droga. Pero el viernes, en Ciudad Juárez, se mostró abiertamente como uno más de los signos autoritarios del gobierno de Felipe Calderón: reprimió con disparos de arma de fuego una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los estudiantes protestaban, precisamente, por la presencia de las fuerzas federales civiles y militares en su ciudad, donde ni el Ejército ni la Policía Federal han logrado imponer la autoridad del Estado en el que ahora es uno de los lugares más violentos del mundo. Estudiantes aglutinados en el Comité de Universitarios de Izquierda estaban en la onceava semana de protesta de lo que denominaron Kaminata Kontra la Muerte, cuando un efectivo de la Policía Federal disparó contra uno de ellos, identificado como José Darío Álvarez Orrantia, de la Facultad de Sociología, en momentos en que realizaba una pinta. La acción represiva no fue ninguna casualidad. En distintas ocasiones, ese grupo estudiantil ha tenido confrontaciones con la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial cuando Calderón se ha parado en Ciudad Juárez. De por sí grave, el hecho resulta todavía más preocupante porque Calderón quiere hacer de esa policía un modelo nacional de seguridad pública. En el menor de los males, al balear al estudiante, el efectivo federal demostró su falta de pericia en el manejo de la presión en situaciones de protesta social. En el peor, confirmó que el combate al narcotráfico se ha convertido en coartada para fortalecer el aparato represivo del Estado contra la protesta social. No es el caso sólo de la Policía Federal. Es lo mismo que han hecho el Ejército y la Marina, Armada de México, que junto con la Fuerza Aérea, en este gobierno se han hecho llamar Fuerza Armada Permanente. Punto central en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueven los militares en el Congreso es que cuando el Ejército o la Marina participen en labores de seguridad pública sean los jefes castrenses y no la autoridad civil la que tome las decisiones, lo cual es todo lo opuesto a un régimen democrático de derecho. La que está llamada a cumplir esa función es justamente la Policía Federal, comandada por un general de división, pero que responde a la esfera de poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ni los militares ni la Policía Federal han podido hacer frente a la crisis de inseguridad. Ciudad Juárez es el más claro ejemplo. Primero, Calderón inundó la ciudad con miles de militares que terminaron repudiados por los abusos que cometían contra la población. Luego, los sustituyó con la Policía Federal. Los abusos de los federales resultaron peor, tanto que ahora hay quienes en Juárez piden el retorno de los militares. Así de desesperante está la situación. En el colmo, la Policía Federal ahora dispara contra civiles, ya no como víctimas en fuego cruzado en enfrentamientos con narcotraficantes, sino como abierta y franca represión. ¿Será esto también una manifestación del éxito de la llamada estrategia contra el narcotráfico? Calderón exacerbó la violencia. Oficialmente se reconocen ya unos 30 mil muertos. Y los próximos dos años prometen más. La ilegitimidad está costando mucha sangre en México.















30/10/2010


Desfiladero

México en llamas: Beatriz Paredes sabrá lo que hace




Jaime Avilés


Entre las nuevas matanzas de civiles en Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic, DF y otra vez Ciudad Juárez (más de 50 muertos en esta semana); entre los ataques con granadas y ráfagas de cuerno de chivo a instalaciones policiacas de Nuevo León y la emboscada a un convoy en la que fallecieron nueve policías en Jalisco; entre la danza de cifras que hablan acerca de los municipios controlados en todo el país por el narcotráfico –el experto Edgardo Buscaglia habla de 982, el Senado de mil 695, Gobernación reconoce” 400–; entre el delirio declarativo de los altos burócratas (“las matanzas confirman que la estrategia es correcta”: José Francisco Blablablake; “habrá más muertes”: Felipe Calderón) y la incompetencia absoluta del procurador Arturo Chávez Chávez y del secretario Genaro García Luna, la noche del jueves, en la Cámara de Diputados, ocurrió un milagro.

Pese a la generalizada opinión de que PRI y PAN rompieron su alianza histórica –algo que desmienten dos hechos: ambos partidos aprobaron en el Senado la ley que permite a inversionistas privados prestar todo tipo de servicios públicos y, en San Lázaro, la que autoriza al Seguro Social entregar vales para medicinas canjeables en las farmacias de la familia verde ecologista–, antenoche legisladores azules y tricolores tenían planchado un acuerdo para nombrar a los tres nuevos consejeros ciudadanos del IFE, excluyendo al PRD, lo que nuevamente dejaría sin representante, en el organismo que arbitrará (si es que hay) los comicios de 2012, a la enorme fuerza social que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Priístas y panistas estaban de acuerdo en repetir el esquema que hizo posible el fraude electoral de 2006, tras la designación de consejeros ciudadanos impuestos por esos partidos en 2003, año funesto en que asumió la presidencia del instituto, por designio de Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, el fascineroso Luis Carlos Ugalde, corresponsable de la tragedia que nos enluta día tras día desde que Calderón fue incrustado en los pináculos del poder.

El acuerdo que tenían panistas y priístas consistía en lo siguiente: el partido de Salinas impondría a dos consejeros y el de Calderón a uno. Pero cuando todo estaba a punto de chocolate sucedió el milagro: el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se peleó con Beatriz Paredes, y el diputado panista Javier Corral se enfrentó, incluso a gritos, con Josefina Vázquez Mota. Dicho de otro modo: los priístas se jalaron de las greñas (piénsese en el famoso copete de uno y en la abundante melena de la otra) porque ella se obstinó en impulsar a Arely Gómez –hermana del número dos de Televisa– y Peña en que ese puesto lo ocupara Enrique Ochoa, ex secretario particular de la desprestigiadísima María del Carmen Alanís (que tiene varias cartas más bajo la manga).

A su vez, Corral desató la ira de Vázquez Mota porque borró de la nómina de 17 finalistas a Max Kaizer, un hombre siniestro ligado a Juan Molinar Horcasitas, a la propia Josefina, a Alonso Lujambio, a Germán Martínez y a Roberto Gil. Porque Dios no existe pero a veces ayuda, Kaizer quedó fuera de la jugada. Sin embargo, el PAN tiene un plan B, peor todavía: Jacinto Silva, ex magistrado del tribunal electoral de Jalisco, ex contralor del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez (el mismo que prohibió las minifaldas en las oficinas públicas del estado) y, lo más grave, está ligado al Yunque, y su hija, Verónica Pía Silva Rojas, al gobernador Etilio González Márquez. A Jacinto Silva lo postularon el ex gobernador troglodita jalisciense, Francisco Ramírez Acuña, y el optimista Blablablake, que ve en las matanzas de civiles inermes una señal inequívoca de la fortaleza política de Calderón.

¿Se capta ya la dimensión del milagro? Las desavenencias entre Peña y Paredes, y entre Vázquez Mota y Corral impidieron –de momento– la llegada de personeros de Televisa, el Yunque, el cavernal Sandoval Íñiguez, Molinar Horcasitas, Lujambio y la venal Maca Alanís, es decir, la toma de una tercera parte del IFE por incondicionales de los actores más nefastos de la política nacional.

La prórroga –hasta el miércoles– que provocó el doble desencuentro, abre una rendija de esperanza para que Beatriz Paredes, sobre quien recaerá esta decisión histórica –y que mal tomada puede desencadenar un huracán que arrase con lo poco que queda en pie– atienda los llamados a la prudencia de ilustres dinosaurios de su partido, como César Augusto Santiago, del mismísimo José Woldenberg –padre de aquel IFE que gozaba de prestigio en el mundo y ayudaba a organizar elecciones en países destrozados como Irak y el Congo– y de otros que le aconsejan no dejar fuera de la nueva terna al PRD.

Ahora bien ¿a cuál PRD? ¿Al de los chuchos, es decir al de Calderón, o al de Encinas, esto es, al de AMLO? En un principio los operadores de Jesús Ortega apoyaron al filopanista Emilio Álvarez Icaza, pero por fortuna, fue vetado por el PRI. Después, también para distanciarlo de Encinas, apostaron por Ciro Murayama, académico muy cercano a Woldenberg, que en su momento criticó la complicidad de Ugalde con el PAN y los empresarios en la campaña de odio contra López Obrador, si bien se opuso al plantón.

Temerosos de que Muramaya, en su afán por restaurar la credibilidad del IFE, no se dejara manipular por ellos, fingieron que lo respaldaban cuando lo cierto es que su comodín es el ex periodista Salvador Guerrero, por el que Jesús Zambrano pujará hasta el último instante.

Quienes observan de cerca y desde adentro esta complicada negociación, interpretan que el apoyo de Paredes a la hermana de Bernardo Gómez significa su autodestape al 2012, para lo cual busca un vínculo directo con Televisa. Pero Peña Nieto la rechaza porque hace cuatro años compró las lealtades de Televisa y en el IFE necesita a su tocayo Enrique Ochoa, súbdito de Maca Alanís, que actuaría a las órdenes de ésta a la hora del cochinero. Si Ochoa no queda, el copetón se inclinará por Roberto Duque, otra fichita, que fue socio de Maca en una consultoría privada, en 2006, y luego su asesor en el Trife.

El país está en llamas. Detrás del horror generado por la violencia, empiezan a multiplicarse las voces indignadas que claman por la renuncia del gabinete de seguridad (¿?). Pero éste, como si no hubiera sido rebasado en todos los órdenes, enfrenta desde ayer otro problema mayúsculo: ante periodistas y testigos que grabaron y difundieron la escena, decenas de soldados y marinos, con uniformes de campaña y rifles de alto poder, entraron el jueves por la noche a la casa de Jimena Mari-Fouche, y causando destrozos, la maltraron a ella y a sus padres, para arrebatarle a sus hijos, un niño de año y medio de edad y otro de cuatro, que tuvo en matrimonio con David Fernández de Cevallos, o sea, nietos del jefe Diego.

Según el portal www.sipse.com de Quintana Roo, David y su hermano, Rodrigo Fernández de Cevallos, que también estaban armados, llegaron a la residencia ubicada en la avenida 50 de la colonia Independencia en la isla de Cozumel, protegidos por los militares que iban al mando del oficial Sergio Ricardo Martínez Ruiz. Aterrados, los niños fueron introducidos en una camioneta blanca, misma que se dirigió al parecer hacia el aeropuerto escoltada por los vehículos de la Marina y el Ejército. ¿Operación conjunta autorizada desde el centro? ¿Insubordinación? No: caos, caos absoluto. No es el momento de cerrar la única puerta que aún tiene abierta la vía electoral. Beatriz sabrá lo que hace.

jamastu@gmail.com




29/10/2010




La Legislatura Noroña





Por: Francisco Rodríguez


LA CÁMARA DE DIPUTADOS de la esta LXI Legislatura pasará a la historia de este nuestro país como la de Gerardo Fernández Noroña.


Como reportero, comencé a “cubrir” los trabajos camerales en la L que, sin duda fue la de don Rodolfo González Guevara, la LI que lo fue de don Luis M. Farías, y así hasta la de Guillermo Jiménez Morales, que creo fue la LIV.

Destacó en aquella de 1997, en la que por vez primera el PRI era minoría, Porfirio Muñoz Ledo. Y esa fue su Legislatura.

La de hoy, no hay duda, es la de Fernández Noroña, quien ejerce a cabalidad su papel de legislador. Quien es estudioso. Y quien posee un sentido común que, paradójicamente, no es común ante sus pares.

Hace valer su fuero. No se arredra ante las pomposidad y grandilocuencia –demodés, por si fuera poco, de personajes atípicos como los comparecientes del Ejecutivo, ante quienes los demás legisladores son genuflexos, bien portados y, claro, bien trajeados, perfumados y peinaditos.

Es polémico, sin duda. Pero lo es, repito, por ejercer su papel a cabalidad. Y es por tal que tirios y troyanos le tienen en la mira. Sus pares le envidian la libertad que goza y disfruta, y hacen rabietas que lo colocan en la mira. Los medios, repletos de gente “decente” –Juan Molinar dixit--, se escandalizan por actuaciones que deberían ser comunes en aquellos que, por el equilibrio de poderes, pueden y deben asumir su papel de valladares ante los excesos del Ejecutivo, cual por ejemplo –uno entre miles-- ha sido la “ganga” con la que, originalmente, Nextel y Televisa se hicieron de las frecuencias del espacio radioeléctrico licitadas por Cofetel y la SCT.

¿Qué ha dicho Noroña que no se repita ante humeantes tazas de café o en sobremesas? Exactamente lo mismo que piensa y dice libremente la mayoría. ¿Por qué coartarlo sólo a él, entonces?

Veo a Fernández Noroña y recuerdo aquellas palabras de Víctor Hugo, el poeta francés, destinadas a un pueblo sometido por invasores galos, de su propia patria: “Mexicanos, combatid, luchad, pisad fuerte, resistid, ¡sed terribles!”
En aquellos, como en estos tiempos, nuestra clásica pusilanimidad sobra. Están de más las buenas maneras y los comedimientos de la gente “decente”, cual apela el nocivo Molinar. Hay que enfrentar a quienes venden o de plano regalan al país, a quienes mantienen sometida y empobrecida a su población, a quienes nos han colocado a dos fuegos: el de la delincuencia y el de aquellos que dicen dizque combatir a la delincuencia.

O, dígame usted, es correcto que en estas circunstancias cruciales para el país que han destruido los panistas, Fernández Noroña haga como los demás. ¿Que sólo vaya a pestañear a su curul y comodinamente recoja mensualmente sus dietas? Tal es lo que los demás hacen en el Congreso. Eso es lo que mantiene al país en el desorden. Nada funciona. Ni la economía, ni la democracia, ni la honestidad. Menos aún la seguridad.

Fernández Noroña hace el esfuerzo de frenar los abusos de la pandilla que mal administra a la Nación. ¿Los demás qué hacen? Todos nosotros, ¿qué hacemos aparte de comentar lo mal que estamos, el que no se vea ya la salida, con los amigos?

Con liderazgos inventados, personajes con ascensos meramente burocáticos, sólo destaca ahí en San Lázaro Fernández Noroña. ¿A quién mueve y/o conmueve Francisco Rojas? ¿Qué otra dote, además de la de merolica, le observa usted a Josefina Vázquez, quien invariablemente necesita “un segundo de abordo”? Medroso y acorralado, ¿para qué sirve Alejandro Encinas? Son, insisto, liderazgos ficticios, burocrátucos. Que no destacan.

Y ese vacío lo ha llenado Fernández Noroña, quien si mueve y conmueve. Concita aplausos y enojos. Polariza. Esgrime verdades. Irrita.

De los 500 dizque representantes populares que regularmente se citan en San Lázaro, personalmente a mí sólo me representa Fernández Noroña.

Sin él, esta Legislatura sería –como muchas otras-- simplemente ñoña.

Índice Flamígero: El periodismo “moderno”, ese que sostiene que usando “pendejos”, “pene” y, entre otro, vocablos como “jodido”, ejerce su libertad de expresión –cuando en realidad tales términos son comodines que emplean quienes carecen de un vocabulario que exprese, si las tienen, sus ideas-- también ha hecho de Fernández Noroña su presa. No extraña que así lo hagan quienes pelean la cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Así han sido siempre. Con Luis Donaldo Colosio, por ejemplo. A quien no dejaba ni a sol ni a sombra y, por decirlo suavecito, ya tenía hasta la madre.

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27/10/2010


Ley Simi: el rostro de la corrupción



Javier Flores


La Cámara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprobó ayer por mayoría, una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupción en el que se encuentra inmerso nuestro país. Se trata de una modificación a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar solución de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios años enfrenta esta institución, repartirá vales entre los derechohabientes que podrán canjearse por medicinas en las farmacias.

La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cuyos dueños –que no dirigentes– forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El Fénix y de las de medicamentos similares, lo que indica claramente que existe un conflicto de interés. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen que realmente se preocupa por la lucha en favor del medio ambiente, y por las alianzas que ha hecho en distintos momentos tanto con el PAN como con el PRI, diseñó una campaña política de tres puntos (sí sólo tres) en la que además del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender inglés y computación, lo que ilustra su riqueza ideológica.

La iniciativa votada ayer y aprobada por mayoría implica la privatización de una de las funciones más importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de los enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente el problema de desabasto de medicamentos –algo que se podría resolver dotándolo de más recursos y mediante acuerdos con los laboratorios–, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de fármacos, pues al adquirir volúmenes importantes de genéricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducción de los costos.

Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementarán enormemente y los costos –que tendrá que pagar el propio IMSS– serán mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupción serán el sector privado farmacéutico en el que se encuentra nada menos que la familia de los dueños del Partido Verde.

Pero este evidente acto de corrupción en contra una de las instituciones más importantes para la seguridad social en México, aprobado también por los diputados del PRI para pagar supuestas “lealtades”, ocurrió con tal desaseo, que ofrece la oportunidad de que pueda ser corregido. Se incurrió en una ilegalidad en el procedimiento parlamentario consistente en que el dictamen no se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sino que sus promotores recogieron las firmas en los pasillos (la suciedad siempre deja huellas). Por ello y por ser un atentado contra la seguridad social en México, el diputado Alejandro Encinas anunció que será presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ojalá que este recurso prospere y pueda darse marcha atrás a este descarado acto de corrupción.





Aprueban PAN y PRI la ley SIMI , agravio al IMSS : PRD , PT


Se infringió el artículo 60 del reglamento y el dictamen nunca fue elaborado en comisión

Aprueban que el IMSS dé vales de medicinas a derechohabientes

Sin defender la iniciativa en tribuna y con un cúmulo de ilegalidades, PRI-PAN-PVEM se imponen para favorecer a una familia y dejar a la gente sin fármacos, señala Itzel Castillo




Legisladores de PRD y PT se manifiestan en contra del proyecto de decreto que modifica el artículo 91 de la Ley del Seguro Social, denominada ley SimiFoto Francisco Olvera




Ciro Pérez, Enrique Méndez y Roberto Garduño


Ni en sus mejores tiempos la aplanadora PRI-PAN en la Cámara de Diputados había funcionado tan bien: sin defender desde la tribuna la iniciativa de reforma al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, para otorgar vales de medicinas a los derechohabientes que no existan en farmacias del instituto, aprobó por mayoría una de las promesas electorales del Partido Verde, hasta hace 10 años aliado de Vicente Fox y su partido, y ahora converso al priísmo.

La aprobación del vale de medicinas, que tantos dividendos dio a los verdes en la elección de 2006, se cocinó el lunes en la Junta de Coordinación Política, donde el PRI presionó al PAN colocando como manzana de la discordia el reparto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. Ayer el PRIAN y su apéndice, el PVEM, ignoraron los argumentos de los legisladores del Partido del Trabajo y del PRD, que calificaron de agravio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la entrega de vales, porque sólo se beneficiarán las cadenas de farmacias de la familia González Torres, que usufructúa el logotipo de ese partido.

Desde el inició de la sesión, la petista Laura Itzel Castillo presentó una moción de orden al considerar que el procedimiento de votación del dictamen era desaseado. “Se infringe el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, toda vez que es evidente que el dictamen nunca se elaboró en la comisión a la cual le correspondía, y tampoco se llevó a cabo el procedimiento para la votación.

“Se encarecen aún más los medicamentos, que lo que están haciendo es dejar a la gente en este país sin medicinas. Que están planteando que sea a través del mercado, que van a cerrar las farmacias del IMSS, que es un proceso de privatización que favorece a una familia en específico. Estamos hablando de un mercado de 30 mil millones de pesos.”

El descontento en el salón de plenos entre perredistas se incrementaba al grado que Emilio Serrano (PRD) intentó involucrar a Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva en lo que llamó desaseo legislativo imperante en el salón de plenos: “le pido respetuosamente que no manche su imagen, su prestigio, dando cabida a una ilegalidad. Está a todas luces visto que este procedimiento no es legal.”

Ramírez Marín replicó sereno y lacónico: “aprecio encarecidamente las expresiones de los señores diputados respecto a mi persona.” Y sometió al pleno la propuesta de reforma a la ley, promovida por el vicecoordinador del Partido Verde, Pablo Escudero Morales:

“En caso de que por cualquier circunstancia las farmacias del IMSS no cuenten con el abasto suficiente para surtimiento de las recetas, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del instituto, se procederá al surtimiento de las mismas utilizando cualquier medio de cambio electrónico o convencional, como vales, bonos, tarjetas u otro mecanismo oficial.”

“Éste es un cúmulo de ilegalidades”, señaló Porfirio Muñoz Ledo (PT), quien adujo que el procedimiento “se ciñó a la ilegalidad. Ha sido un dictamen hecho al margen de la Ley Orgánica, del Reglamento y de las normas. Encima, se nos impone la reforma a tres artículos; uno sustantivo y dos transitorios, conforme un procedimiento, que es aplicable sólo en el caso de un solo artículo. Que se voten conjuntamente. Esta nueva redacción es lo que llaman los abogados las ‘cláusulas borrachas’: no se sabe ni dónde comienzan ni dónde terminan.

“El asunto de fondo no lo cambia esta modificación; es para apaciguar algunos ánimos. Que el consejo técnico del Seguro Social vea normas de carácter general y verifique si hay presupuesto suficiente no cambia la sustancia. Desgraciadamente, a veces se combinan abogados empresariales ávidos con dirigentes obreros no muy correctos, y se multiplican los beneficiarios de la corrupción. El asunto de fondo es una privatización de un servicio público directo que por la Ley del Seguro Social debe ser otorgada por la institución.”

Por su parte, Alejandro Encinas, coordinador del PRD, reveló los intereses del PVEM. “No se trata de satisfacer compromisos de campaña o alianzas electorales. El fondo radica en el futuro de la seguridad social y la pretensión de desmantelar no sólo una institución precursora del estado de bienestar, sino iniciar un proceso de privatización para trasladar recursos públicos a particulares.”

Ningún argumentó en contra fue válido. El contenido de la propuesta se mantuvo, ningún diputado del PRI, PAN y PVEM subió a tribuna para defenderlo. Pero la fuerza de ese bloque se manifestó con la votación en favor de los vales de medicinas: 303 por el sí, 62 en contra y 23 abstenciones.

26/10/2010




AMLO se reune con empresarios de Monterrey


Redacción/SDP 26 de Octubre, 2010 - 14:49





Empresarios de Monterrey se reunieron con Andrés Manuel López Obrador, quien les expresó que considera a las empresas como la base de la economía, pero que no cree en los monopolios. Los empresarios, por su parte, le expresaron que era bueno conocerlo en persona para saber directamente sus puntos de vista. .




Andrés Manuel López Obrador se reunió con importantes empesarios de Monterrey para dialogar con ellos e invitarlos a participar en su movimiento.

Entre los empresarios que asistieron a la reunión se encuentran Fernando Canales Clariond, ex-gobernador de Monterrey y ex-secretario de economía; Fernando Turner y Jesús Marcos Giacomán, entre otros.

Los empresarios expresaron a López Obrador que era bueno conocerlo en persona para saber sus puntos de vista, así como para expresarle su preocupación por el hecho de que el IFE ha impedido la participación ciudadana en los procesos elctorales.

Acompañado por el economista Rogelio Ramírez de la O y el dirigente del PT, Alberto Anaya, así como por representantes de Encuentro AC, López Obrador expresó a los empresarios que considera que la base de la economía son las empresas, pero que no comparte la idea de la existencia de los monopolios.

Adelantó además que de triunfar el movimiento que encabeza en 2012 no habrá nuevos impuestos, pero todos deberán pagar impuestos, ya que las grandes empresas no lo hacen gracias a sus privilegios fiscales.

Les aclaró además que no tiene nada que ver con Hugo Chávez y que nunca se han reunido.

Por su parte, los empresarios lo cuestionaron sobre el plantón de Reforma y Zócalo, a lo cual AMLO respondió que el plantón tuvo el propósito de evitar un estallido social luego del fraude electoral de 2006.

Un empresario de Querétaro que estuvo presente en la reunión le comentó a López Obrador que él votó por él en 2006, y que le preocupa que en 2012 vuelva a ocurrir lo que ocurrió en esa elección, por lo cual llamó a una mejor vigilancia de las casillas electorales.

Los empresarios le aclararon además que ellos no son parte de los 30 integrantes de la mafia en el poder, e inclusive declararon que les llamaba la atención que mientras el IFE invitó a Salinas a exponer, a López Obrador lo llamaron a comparecer.

Tras aclarar que podrá haber diferencias de opinión en la izquierda, mas no un pueblo dividido, Andrés Manuel López Obrador invitó a los empresarios a participar en la Asociación Civil Encuentro.









Modelo de negocio



Pedro Miguel


No se equivocaba Jeffrey Max Jones Jones cuando, hace justamente un año, postulaba que el narcotráfico es un negocio modelo (es decir, arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”) e instaba a los hombres de empresa del sector agropecuario a aprender de los barones de la droga, quienes “han logrado definir el mercado con el gobierno en contra y sin subsidios”. La única falsedad en la que incurrió el entonces subsecretario de Fomento de la Secretaría de Agricultura fue en ese último dato, porque, por medio de los programas gubernamentales Procampo y Aserca, el gobierno federal subsidia (y lo seguirá haciendo, según dijo en marzo de este año el aún subsecretario de Desarrollo Rural, Ignacio Rivera Rodríguez) a esa actividad que, en efecto, resulta paradigmática de los buenos negocios en la economía neoliberal: altas tasas de utilidad, expansión constante, innovación, mercado competitivo, desregulación, reducción de costos y recurso intensivo al outsourcing. Pero la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, y el régimen de Felipe Calderón no aguantó tanta transparencia de intenciones: tras ruborizarse por las claridosas palabras de Jones Jones, la administración lo puso de patitas en la calle.

Pero desde mucho antes, y hasta la fecha, la gerencia en turno del régimen oligárquico ha estado trabajando duro para crearles y multiplicarles a los empresarios beneficiados por el neoliberalismo extremo –narcos y otros– oportunidades de negocio: ya sea malbaratando propiedad pública, programando gastos innecesarios e insultantes, permitiendo la explotación inmisericorde de los trabajadores, dejando de cobrar impuestos o incrementando las condiciones de persecución y sordidez necesarias para el florecimiento del tráfico de cosas ilegales, el desgobierno se ha mantenido fiel al precepto de acelerar la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, imponer la ley de la jungla en la economía e impulsar la venta de todo lo vendible.

Tras los homicidios de 14 muchachos en Ciudad Juárez, el fin de semana, de los de otros 13, en Tijuana, y de la mayoría de las decenas de muertes violentas ocurridas en el país en estos días, subyace un afán de lucro equiparable al que desembocó en los asesinatos corporativos perpetrados en Pasta de Conchos en febrero de 2006, al que animó la intentona de privatización de la industria petrolera en abril de 2008, al que condujo al robo de los recursos de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, al que provocó el saqueo de Mexicana de Aviación o al que se pretendió hacer con la llamada licitación 21, hace unos días: reducir costos, incrementar la competitividad, maximizar las utilidades. Es más barato matar que negociar, más se gana licitando que preservando, menos se gasta en saquear que en restructurar.

No sean cursis: las vidas humanas son un insumo más en el vasto proceso de acumulación. Lo de menos es que sean de mineros, de chavos enfiestados, de adictos, de niños, de señoras que van pasando, de ancianos o de indígenas. Calderón no se cansa de repetir (lo dijo, por ejemplo, en febrero y abril de 2007, en enero de 2008, en agosto de 2010, y lo reitera cada vez que puede) que su pretendido afán contra la delincuencia “costará vidas”, y lo dice siempre en tiempo futuro, como quien planifica un programa de inversiones. Sería injusto negar que el tsunami de sangre que ha provocado ya rinde frutos: los narcos, los secuestradores, los funcionarios corruptos y los vendedores de armas hacen fortunas como nunca y hay, en consecuencia, carretadas de dinero disponible para que las instituciones financieras hagan la lavandería a gran escala. Y que no se escatime el logro de la derrama de riqueza, pues en estos años se han multiplicado los puestos de trabajo. Para todos hay: desde los delictivos sicarios y descuartizadores hasta los honestos embalsamadores y los músicos que se contratan para acompañar cortejos fúnebres. El neoliberalismo, llevado a sus últimas consecuencias, está operando el milagro de reactivar la economía.

El negocio principal, el que imprime dinamismo al resto de las actividades productivas, es una aportación de los administradores actuales de la oligarquía mexicana (hay que ir pensando en postularlos para el Nobel de Economía del año entrante): la destrucción del país.

navegaciones@yahoo.com








25/10/2010




Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza





Miguel Angel Granados Chapa


MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.

Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.

En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.

Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de 1999 a 2003. Al concluir ese periodo, y al retirarse de la Corte, lo hizo con su prestigio acrecentado. En su ponencia y en sus votos se inclinó siempre a resolver los asuntos mirando el interés general, con sensibilidad judicial y política. Su amigo recientemente fallecido, José de Jesús Gudiño Pelayo, veía en él la encarnación del liberalismo en la Corte cuando lo consideró situado en el lado opuesto al conservadurismo de Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los invitó a no dejar de controvertir, para conservar el rating del Canal Judicial.

En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.

Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.

Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.

Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.

Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.

Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.

Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l















Gil Zuarth, el candidato oficial






Álvaro Delgado

MEXICO, D.F., 25 de octubre (apro).- El 3 de julio de 2008, quince días después de contraer matrimonio con Carla Astrid Humphery, consejera electoral capitalina que pretende serlo del Instituto Federal Electoral (IFE), Roberto Gil Zuarth se afilió al Partido Acción Nacional (PAN) y esa breve militancia le impide cumplir su anhelo de presidirlo.
El razonamiento, conforme a los Estatutos Generales del PAN, es simple: El presidente del partido preside también el Consejo Nacional y, según el inciso a) del artículo 45 de ese ordenamiento, para ser consejero se requiere ser miembro activo con militancia de por lo menos cinco años.
La suma de la militancia de Gil Zuarth es también sencilla: Del 3 de julio de 2008 --cuando se afilió en la delegación Alvaro Obregón con la clave GIZR771010HDFLRB00-- al 24 de octubre de 2010, fecha de la solicitud de su registro como candidato a presidir el PAN, sólo se acumulan dos años y cuatro meses.
Le faltarían, entonces, dos años ocho meses para cumplir el requisito estatutario.
Salvo que se convoque a una Asamblea Nacional que reforme los Estatutos Generales para que el presidente del Consejo Nacional no sea miembro de este que es el máximo órgano de dirección del PAN, lo cual se aprecia muy remoto, es evidente que Gil Zuarth no cumple con el principal de los requisitos para suceder a César Nava.
Pero eso en el PAN no importa.
La legalidad es sólo una evocación de su etapa opositora.
Hay un antecedente inmediato de cómo se destroza la propia legalidad interna y la encarnan Germán Martínez y Fernando Gómez Mont, dos de los patrocinadores de Gil Zuarth: Tal como se acreditó en Proceso, el primero alteró el Registro Nacional de Miembros para inventarle al segundo cinco años de militancia para hacerlo consejero nacional.
Ahora ocurre algo peor con Gil Zuarth para convertirse en la tercera imposición en fila de Felipe Calderón en la presidencia de ese partido.
La trama para que el joven diputado Gil Zuarth sea el sustituto de Nava se explica porque las presidencias de Germán Martínez y César Nava han irritado al panismo y han exhibido a Calderón como el jefe máximo del PAN.
Por eso ahora el proceso interno pasa por dar la imagen de división de la facción dominante y el auspicio de las candidaturas anodinas de Judith Díaz Delgado --íntima de Luisa María Calderón, la Cocoa, cuyo proyecto de ser gobernadora de Michoacán es custodiado por tropas militares y policiacas--, y Gustavo Enrique Madero, a quien le tiraron una zanahoria que perseguirá hasta que le sea ordenado declinar por el que ya Calderón decidió.
A la falsa “división” de la facción felipista se suma Cecilia Romero, la candidata de la organización clandestina El Yunque, cuyo pragmatismo le permitirá cobrar muy alta la renovación del contubernio que mantiene con Calderón y, en algo que no debe descartarse, que ella misma suceda a Nava, juramentado también.
Francisco Ramírez Acuña, quien se presenta como la única candidatura de “oposición”, no tiene ninguna posibilidad de éxito, no sólo porque la mayoría de los 281 miembros del Consejo Nacional son controlados por Calderón –más de cien por la vía de la nómina--, sino porque marcha de la mano de Santiago Creel, cuya apuesta por la candidatura presidencial pasa por una contienda equitativa que no se garantiza con un PAN felipista.
El control de la candidatura presidencial del PAN en 2012 se inscribe también en la trama para imponer a Gil Zuarth, cuyo mayor patrocinador visible es Germán Martínez, su socio en el despacho que, a la manera de Diego Fernández de Cevallos, los está enriqueciendo con sus gestiones empresariales ante las instancias del gobierno.
Martínez ya proclamó a Gil Zuarth el presidente del PAN de la era “postCalderón”, pero no para hacer con ello un deslinde, sino para dejar claro que es el continuismo para el encubrimiento.
Otro dato: El principal operador para la candidatura de Gil Zuarth, Jorge Manzanera Quintana, lo ha sido de Calderón desde hace dos décadas, aun antes de presidir el PAN en 1996, y a él se ha sumado Patricia Flores Elizondo, quien sin ser funcionaria ejerce un enorme poder que sólo explica la cercanía con el individuo que despacha en Los Pinos.
Y no hay que olvidarlo: Flores Elizondo y Manzanera Quintana trabajan para el más aventajado de los aspirantes panistas, Alonso Lujambio, quien fue jefe de Carla Astrid, la esposa de Roberto Gil Zuarth, que en una de esas se cuela como consejera del IFE…

Apuntes

Mientras el PAN se entusiasma porque ya tiene candidato a gobernador de Baja California Sur --nada menos que el diputado perredista con licencia Marcos Alberto Covarrubias--, las matanzas de inocentes exhiben el talante criminal de un gobierno cada vez más cínico...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx











21 reflexiones sobre la Licitación 21








Denise Dresser


MÉXICO, D.F., 25 de octubre (Proceso).- 1) El gran ganador del colapso de la alianza Televisa-Nextel es Ricardo Salinas Pliego, quien logra efectuar otro Chiquihuitazo ante el pasmo del gobierno, que ve el fin de su intento por crear otro competidor con la capacidad de enfrentar a Carlos Slim.

2) Slim es otro personaje que debe estar de plácemes, ya que el fin de la asociación Televisa-Nextel significa el fin de los desatinados esfuerzos gubernamentales por inyectar competencia en el sector de la telefonía celular.

3) Salinas Pliego demuestra nuevamente que a través de la intimidación, la denostación y las tácticas agresivas puede sacar a un competidor –en esta ocasión Televisa-Nextel– de la jugada. El episodio reciente tan sólo confirma su reputación de empresario gangsteril. De nuevo obtiene lo que quiere: así como se apropió ilegalmente del Chiquihuite, ahora consigue doblegar a Televisa y a Felipe Calderón.

4) Ante la probabilidad de litigios interminables interpuestos por TV Azteca, Televisa prefiere rendirse y adoptar el papel de víctima.

5) Televisa se ve obligada a beber una sopa de su propio chocolate. En otras instancias en las que su predominio iba a verse afectado –como en el caso de una tercera cadena de televisión– hizo lo mismo que Ricardo Salinas Pliego ha hecho ahora: usar la pantalla de televisión para desacreditar a su adversario.

6) Ante su derrota, Televisa intenta presentarse como adalid de la competencia frustrada, cuando siempre ha rechazado la competencia y ha recurrido a todas las argucias legales y extralegales para frenarla.

7) Televisa denuncia que el poderío Telmex-Telcel representa un freno para el desarrollo de México cuando su propio predominio en la televisión tiene el mismo efecto. Es un caso clásico del “burro hablando de orejas”.

8) Televisa denuncia lo que llama “la falta de certidumbre jurídica” que llevó a compañías extranjeras a no participar en la Licitación 21, cuando no lo hicieron precisamente porque saben de lo que es capaz la televisora para lograr sus fines. Televisa lamenta la falta de competencia extranjera en el sector, cuando siempre ha hecho todo a su alcance para frenarla.

9) Televisa se queja de que Telcel –o sea Carlos Slim– ha usado sus influencias para aniquilar a los “nuevos jugadores”, cuando Televisa siempre ha hecho lo mismo. La hipocresía de su posición es obvia y risible.

10) Televisa dice que “le creyó” al gobierno lo de fomentar la competencia, cuando la Licitación 21 que ganó desde el principio estuvo plagada de irregularidades.

11) Televisa se queja de la “ofensiva mediática, legal y gubernamental” sin precedente en la historia, cuando la que padece es la misma que puso a andar hace unos años contra los adversarios de la Ley Televisa.

12) Televisa se sintió profundamente ofendida de que los críticos de la licitación se refirieran a ella como una “ganga”, cuando históricamente ha sido el beneficiario de múltiples “gangas” otorgadas por el gobierno, empezando por su propia concesión, por la cual no pagó un solo peso.

13) Televisa se queja de los 72 amparos interpuestos en su contra e ignora los innumerables amparos a los que ha recurrido en el pasado para mantener su posición duopólica.

14) La televisora culpa al gobierno por haber creado el “hervidero politico” en el cual se convirtió la licitación, cuando era evidente que surgiría por los términos irregulares en que se realizó.

15) La televisora sugiere que el gobierno mismo usó la licitación para “chantajear a Televisa de cara a la contienda electoral de 2012”. Por algo lo dirá: lleva años chantajeando a los partidos y sabe cómo hacerlo. La única diferencia aquí es quién iba a chantajear a quién.

16) Televisa dice que no quiso “quedar en manos del gobierno federal” y por ello se levantó de la mesa. La empresa actúa como si no fuera la concesionaria de un bien público sujeta a reglas, y trata de ocultar la razón real por la que se retiró: el miedo a Ricardo Salinas Pliego y el desgaste público que le ha producido el pleito, reminiscente del escándalo que estalló alrededor de la Ley Televisa.

17) A lo largo del proceso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exhibió una ineficacia descomunal. Quiso usar un medio malo (la Licitación 21) para alcanzar un objetivo bueno (la competencia), y ahora Juan Molinar se ha quedado con las manos vacías. De nuevo el gobierno de Felipe Calderón emerge como el jugador más débil e incompetente.

18) Como bien lo ha señalado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Licitación 21 fue irregular y de legalidad controvertible. De entrada, las bases fueron inequitativas y demostraron que el gobierno de Felipe Calderón quería elegir un ganador de antemano, en detrimento de otros posibles participantes.

19) A menos que un juez determine que todo el proceso fue irregular desde el principio, es poco probable que la licitación sea revocada y se efectúe de nuevo. Al hacer las cosas de la mala manera en que las hicieron, tanto la SCT como la Cofetel están en un callejón sin salida. La tan cacareada medida en favor de la competencia se ha derrumbado, y con un costo político muy alto para Calderón y su equipo.

20) La parcialidad gubernamental evidente en favor de Televisa despertó la ira de otro monstruo – Televisión Azteca–, y Juan Molinar no pudo hacer más que presenciar la pelea entre ambos.

21) El derrumbe de la Licitación 21 nos regresa al statu quo ante, y evidencia la debilidad del gobierno ante las criaturas que ha engendrado: Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim. Al final del día ganaron los que siempre se han dedicado a bloquear, obstaculizar, entorpecer, violar y monopolizar. Y perdieron los consumidores del país que se merecen procesos transparentes y equitativos, encaminados a fomentar la competencia. Ganaron los que una y otra vez logran vetar y perdieron las víctimas de esos vetos: los ciudadanos que pagan de más porque el gobierno no logra controlar a los monstruos que concibió.








23/10/2010


Desfiladero

México y la mariguana de California: bonita pareja

Jaime Avilés

Los logotipos de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016 y el de la recién creada fundación de Marcelo EbrardFoto La Jornada




Asu llegada a Madrid, la semana próxima, donde inaugurará una exposición sobre el exilio español en México, Marcelo Ebrard podría ser recibido por una demanda de plagio, entablada por el diseñador argentino Joaquín Mallo, creador del logotipo que presentó la candidatura del reino de Juan Carlos I a los Juegos Olímpicos de 2016. El emblema de la fundación Equidad y Progreso AC, que cobija las aspiraciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal hacia 2012, es casi idéntico al de Mallo.

Entre ambos, claro está, hay sutiles diferencias. Equidad y Progreso AC es simbolizada por una mano izquierda con los dedos abiertos y un corazón en la palma. Madrid 2016, por una mano derecha con una M en el sitio equivalente. La propuesta de Mallo triunfó, según el jurado que se inclinó por ella, porque “tiene un carácter amigable”, “reúne los colores olímpicos” y evoca el talante cosmopolita de la villa y corte donde crecen los madroños. Algunas preguntas...

¿El propio Mallo hizo el logo de Equidad y Progreso? ¿Alguien se lo robó y se lo vendió al titular del GDF como obra original? Si así fue, ¿cuánto le cobró por ponerlo en entredicho ante sus anfitriones ibéricos? ¿Si Madrid no será sede olímpica en 2016, la manita en cuestión llevará a Ebrard a la boleta electoral en 2012?

Jueces sin rostro

Pasó antenoche por el salón Covadonga –después de trabajar 40 días en la Universidad Veracruzana y visitar Oaxaca, donde Francisco Toledo le mostró una escultura en forma de gato que prepara en homenaje a Carlos Monsiváis–, el prolífico novelista colombiano Santiago Gamboa, amante de México, país que define como “un género literario” dado el alto número de grandes autores que han escrito ficciones clásicas ubicadas aquí –Bajo el volcán, de Malcom Lowry; El poder y la gloria, de Graham Greene; La serpiente emplumada, de D.H. Lawrence; los textos beatniks de Burroughs y Kerouac; A la sombra del estadio Azteca, de Joanni Hocquenheim; los libros de Le Clézio, Roberto Bolaño, Leonardo Padura, Rodrigo Fresán y muchos más–, “algo que no le sucede a Colombia ni al resto de América Latina”.

Corresponsal de guerra durante tres años en Bosnia, viajero que ha estado en todo el mundo, ex diplomático que renunció a su cargo para hacer campaña en pro de Antanas Mockus, el candidato verde que no pudo convertirse en sucesor de Álvaro Uribe, hoy Gamboa considera que el nuevo presidente de su país, Juan Manuel Santos, está en peligro de muerte, porque desea devolver a sus antiguos dueños dos millones de hectáreas robadas por los paramilitares uribistas, y “en Colombia, a todos los que tratan de hacer reforma agraria, les dan piso”, es decir, los asesinan.

Al referirse a la tragedia que vivimos, el autor de El síndrome de Ulises observa que, en efecto, “México se ha colombianizado pero solamente en los aspectos negativos y para salir adelante necesita una colombianización total”. Durante los peores años de la violencia de los cárteles, la policía y las fuerzas armadas contra la población civil –en los 80 y 90, la nación sudamericana sufrió un horror similar al que ahora padecemos–, el Poder Judicial “se fajó los pantalones”. Hubo una depuración de jueces y magistrados corruptos y entró al relevo una nueva generación que descubrió los nexos de políticos y empresarios con los narcos.

Para eludir la violenta reacción de esos tres sectores, que de inmediato respondieron con una nueva oleada de asesinatos a granel, los jueces colombianos decidieron volverse invisibles. A partir de las experiencias de sus colegas italianos, que en los años 70 y 80 llevaron a cabo la guerra contra la mafia, los tribunales de Colombia comenzaron a ser presididos por “jueces sin rostro” –como popularmente se les conoce–, que ocultaron su identidad para evitar que los pistoleros al servicio de las personas que procesaban los mataran o desaparecieran.

La estrategia funcionó de tal modo que numerosos gobernadores, alcaldes, diputados y 102 senadores uribistas viven tras las rejas actualmente. ¿Cuántos gobernadores mexicanos están presos por delitos de narcotráfico? Uno: Mario Villanueva, de Quintana Roo. ¿Cuántos presidentes municipales? Uno: Gregorio Sánchez, de Cancún. ¿Cuántos diputados federales? Ninguno, aunque la PGR persigue al michoacano y ex perredista Julio César Godoy. ¿Cuántos senadores? Ninguno. ¿Cuántos empresarios adscritos a la mafia que se robó el país? Ninguno.

En el México de Felipe Calderón –donde la Suprema Corte es una casa de citas, pues sus ministros se pasan citando a los clásicos y sirviendo a la olinarquía– la reforma del Poder Judicial es imposible y el verdadero combate a los intereses económicos de los exportadores de drogas impensable. La parálisis económica que todo lo frustra se debe a la ineptitud extrema del “gobierno” –¿alguna vez hubo secretarios más torpes, inútiles y nefastos que Molinar Horcasitas, Lozano y Lujambio?–, pero también a las políticas impuestas por el FMI, que obliga al Banco de México a mantener ociosas nuestras reservas internacionales, para garantizar la estabilidad del peso ante el dólar, en lugar de invertirlas en actividades productivas.

Quienes acatan esta línea dictada desde Washington lo hacen a sabiendas de que el dinero del narcotráfico sostiene a grandes capas de población y contribuye al enriquecimiento exponencial de legisladores, gobernantes, jueces, policías y militares, en todos los escalones de la administración pública, de la base hasta la cima. Por eso tiemblan de espanto en vísperas de las elecciones estadunidenses del próximo 2 de noviembre, cuando al margen de la votación nacional para renovar el Congreso, los habitantes de California decidirán si despenalizan el uso de la mariguana como sustancia recreativa.

Si triunfan los partidarios de la legalización, ¿cómo repercutirá esto en la economía de miles y miles de familias campesinas de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa que hace décadas sobreviven gracias a la siembra de mariguana destinada a los consumidores de California? A partir de 1983, el gobierno federal dejó de apoyarlos para que sembraran maíz, frijol, tomate, hortalizas y fruta. En 1994, el TLC prohibió que fueran subsidiados y Salinas abrió las fronteras a los productos agrícolas del mundo entero, provocando que una piña tailandesa costara en el súper lo mismo que un ejidatario de Oaxaca pagaba sólo por extraer la suya del suelo.

Salinas de Gortari y sus cómplices despoblaron el campo y, a quienes no pudieron emigrar, los obligaron a convertirse en productores de mariguana. ¿Qué harán millones de hombres, mujeres y niños que dependen de este cultivo, si California lo legaliza y caen los precios de exportación? Los narcos, que de por sí les pagan una miseria por sus cosechas, ¿les darán la espalda?

México necesita un gobierno que ayude a los campesinos a producir alimentos, que ponga a trabajar las reservas internacionales en beneficio de la educación, el empleo y la salud; que renueve el Poder Judicial por arriba y por abajo; que devuelva la paz a las ciudades y sustituya la narcoeconomía de Calderón por la reactivación del mercado interno.

Priístas, panistas, perredistas, chuchistas y camachistas lo saben: el único estadista capaz de emprender la reconstrucción del país en pos de estas metas se llama Andrés Manuel López Obrador, pero todos están aliados para impedir que llegue al poder dentro de dos años. De allí que día a día cobre mayor sentido la otra alianza, la de los ciudadanos que propone el Peje, para ganar el gobierno del estado de México en 2011 y de allí avanzar en línea recta a la Presidencia de la República... si Calderón y los cárteles permiten que haya elecciones en 2012.

jamastu@gmail.com




22/10/2010


La justicia, a prueba




Jesusa Cervantes


MÉXICO, D.F., 22 de octubre (apro).- Una complicada situación enfrentan hoy el Poder Legislativo y la Procuraduría General de la República (PGR). Tienen en su haber dos asuntos por resolver que indignan a la ciudadanía, que dañan a la población y que afecta la vida política del país.

Se trata del desafuero de un político opositor al gobierno, acusado por la PGR de tener vínculos con el crimen organizado, de ser un gran operador financiero que sabe cómo blanquear dinero ilícito y no sólo eso: que tiene una retorcida mente con capacidad para planear el asesinato de 12 integrantes de la Policía Federal. Es decir, para la PGR, el legislador Julio César Godoy Toscano es un verdadero peligro para México y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, resulta un aprendiz a su lado.

La posibilidad de que Godoy Toscano sea cabecilla de políticos metidos al narco es tan real como el que nada tenga que ver con carteles de la droga. Su inocencia o culpabilidad la determinará un juez, pero antes de que esto pudiera llegar a ocurrir, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados deberá establecer si las pruebas presentadas en su contra tienen solidez y veracidad como para establecer si procede o no el desafuero, aunque finalmente será el pleno el que lo vote.

Para que la actuación de la Sección Instructora quede libre de sospechas, deberá probar con hechos y no sólo con “valoraciones” de las pruebas. Y es que al ser dos de sus miembros personajes de la política que en diversos momentos se les ha vinculado, ya sea a sí mismos o a través de familiares, con distintos cárteles de la droga.

Así, por ejemplo, será sano para la población y la credibilidad de los propios partidos políticos que representan, si solicitan la prueba del polígrafo para saber quién miente: si Godoy Toscano o la PGR; o si las pruebas de identificación de voz en el caso de las 48 grabaciones que tienen en su poder, son de quienes acusa la autoridad judicial y de Godoy Toscano. Podría también demandar la presentación de los testigos protegidos para ver si realmente existen o son parte de una historia de ficción de la autoridad, y finalmente, podrían demandar un careo de estos con el inculpado.

Sólo a partir de todos estos actos, la Sección Instructora y más que nada los partidos políticos que representan, tendrá fuerza en su resolución final.

Estos elementos mostrarán si lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es parte de un montaje, como los que tanto gustan a autoridades federales e, incluso, si los miembros de la Sección Instructora son parte involuntaria de ello, o si realmente el político es culpable y al fin un gobierno ha decidido acabar con el contubernio entre políticos y narcotraficantes.

Por otra parte, el Poder Legislativo enfrenta ya otro asunto no menos importante e, incluso, más indignante aún: la solicitud de juicio político en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Molinar es un político improvisado que lo mismo tiene conocimientos de “política interior”, que de “salud” o de planeación de las vías de comunicación del país. En sus 10 años de “político”, Molinar Horcasitas ha logrado un repudio de gran parte de la población, gracias al desprecio que ha mostrado por la vida de los otros.

En la Cámara de Diputados ya tiene en su haber tres solicitudes de juicio político por su probable responsabilidad en la muerte de 49 niños y la afectación de por vida de otros 85 luego del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Saldivar consideró en su ponencia sobre el tema que sí tiene responsabilidad como funcionario público. Sin embargo y luego del cabildeo que funcionarios federales realizaron con los ministros, el pleno lo “exoneró” jurídicamente, mas no políticamente.

Además de estas demandas de juicio político, Molinar Horcasitas tiene una denuncia penal por el mismo caso. Sin embargo, y a diferencia del actuar de la PGR en el caso de Godoy Toscano, no ha podido actuar de manera expedita. Desde que se le denunció, en septiembre pasado, la PGR “no lo ha podido localizar” para llamarlo a declarar por los hechos que se le imputan.

Como sea, existen diferencias por la forma en que ha actuado la PGR en ambos casos. Sin embargo, será el Poder Legislativo el que desenredará toda esta maraña de acusaciones.

Así como la PGR urgió a la Cámara de Diputados a desaforar al diputado Godoy Toscano el mismo día en que se presentó en San Lázaro, el 23 de septiembre de 2010, así de expedita debiera ser la actuación de la PGR para detener y obligar a hacer comparecer a Molinar Horcasitas por el caso ABC.

Pero la realidad es otra. Mientras en el caso de Godoy Toscano la PGR entrega velozmente 48 grabaciones, averiguaciones previas, declaraciones de testigos protegidos y una y otra orden de aprehensión con voluminosos expedientes a la Cámara de Diputados obligándola a actuar con celeridad, pero con mayor acuciosidad, en el tema de Molinar Horcasitas no sólo no se le ubica en el país –lo que resulta insultante para la población y, sobre todo. para los padres de los menores--, sino que, además, el Poder Legislativo no instala la instancia bicamaral que debiera establecer si se le somete a juicio político o no.

Ambos hechos surgieron en 2009. Lo de Godoy Toscano tiene su origen en el llamado “michoacanazo” del 26 de mayo, y el caso de Molinar Horcasitas, en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Pero mientras uno camina a gran velocidad, el segundo ni siquiera a arrancado en su proceso legislativo.

Si los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, los 500 hombres y mujeres que ganan más de 100 mil pesos mensuales, tienen ética, dignidad y pretendieran ser honestos, darían cause inmediato al caso Molinar Horcasitas, y en paralelo al tema Godoy Toscano, lo resolverían como lo gritan a los cuatro vientos: con imparcialidad, objetividad y sin temor a perder su carrera política.

El rumbo que tomen ambos casos empezará a ser más claro en enero próximo, cuando los legales empiecen a vencer, en tanto sólo resta seguir demandando que los hombres de poder no sigan impunes.



mjcervantes@proceso.com.mx




Nuevo spot de AMLO compara censura del IFE con Porfirio Díaz

22 de Octubre, 2010 - 15:01
En respuesta a la censura del IFE y del TRIFE a los spots de AMLO, el PT lanzó un nuevo spot comparando la censura con lo que hacía Porfirio Díaz hace 100 años contra la oposición.







“Hagan lo que hagan” ahí estaremos, afirma en el Edomex

Participaremos en 2012: AMLO





Andrés Manuel López Obrador recibe el saludo de habitantes de AcambayFoto La Jornada





Alma E. Muñoz
Enviada


Morelos, Méx., 21 de octubre.“Hagan lo que hagan vamos a participar en las elecciones de 2012”, advirtió Andrés Manuel López Obrador ante los ataques que, dijo, realizan en su contra los integrantes de la “mafia del poder” en busca de frenar su participación en los comicios presidenciales.

De visita en este municipio, como parte de la llamada Gira de la lealtad, sostuvo que a eso respondió que el miércoles compareciera ante el Instituto Federal Electoral (IFE), con motivo de una queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de promocionales del Partido del Trabajo (PT).

“Pero no lo van a lograr”, advirtió, porque afortunadamente es fuerte la organización que tenemos y cada vez más va en ascenso. “Vamos a participar en las elecciones de 2012”, resaltó, y lo repitió en las tres alcaldías que visitó posteriormente: Acambay, Timilpan y Aculco.

En cada una de las plazas públicas donde se presentó, el ex candidato presidencial señaló que “los de la mafia del poder, incluido Felipe Calderón, están asustados, nerviosos”, por cómo avanza a escala nacional el movimiento que encabeza, y en este contexto destacó que el panista dijera que él (López Obrador) sí era un peligro para México.

Por otra parte, insistió en su rechazo a la alianza que, dijo, pretende la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el blanquiazul para los comicios a gobernador del estado de México.

Aclaró: “Soy militante, fundador, ex presidente nacional del partido y no voy a salirme. Si quieren hacer una alianza voy a pedir un permiso (al Consejo Nacional) en tanto tengan ese acuerdo con el PAN, para construir una coalición (alterna) y postular un candidato (con el PT, Convergencia, bases perredistas y ciudadanos sin partido) para ganarle al PRI, al PAN y a los dirigentes paleros del PRD”, en julio de 2011.

Subrayó que por cuestiones políticas, ideológicas y por dignidad, no puede aceptar un acuerdo electoral así. Resaltó que PRI y PAN son los partidos “de la mafia del poder y por tanto son lo mismo”. Apenas este miércoles –precisó– aprobaron la Ley de Ingresos 2011 para seguir afectando a los pobres, a la clase media, a los pequeños y medianos comerciantes, a los trabajadores asalariados…

No quisieron disminuir el impuesto al valor agregado, aunque los priístas “engañaron” con bajarlo de 16 a 15 por ciento –apuntó–, ni hicieron una reforma fiscal a fin de que los “potentados no paguen impuestos”.

En sus recorridos, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal mencionó que las acciones en su contra arreciaron después del 25 de julio pasado, cuando el movimiento, en asamblea, aprobó desde el Zócalo capitalino la participación en los comicios presidenciales. “Aunque nunca nos dejaron de atacar, pensaron que después del fraude (de 2006) iban a estar libres, pero no fue así, y vamos de nuevo a participar”, sentenció.

Aquí en Morelos, municipio que gobierna el PRI tras arrebatárselo a Convergencia en los comicios de 2009, una mujer le preguntó al ex candidato presidencial –al término de su mensaje– por qué dejó a su partido, el sol azteca. “No he renunciado al PRD, aparezco en los mensajes del PT porque es el único partido que nos ha dado espacio”, le comentó.

También le aseguró –a pregunta expresa de su interlocutora– que ha estado en contra de Carlos Salinas de Gortari desde que éste entregó bienes de la nación y del pueblo a la iniciativa privada. Le recordó que, como presidente del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, cada vez que el entonces mandatario llegaba a la entidad se hacía un acto de protesta.





El IFE no sancionará a López Obrador, pero sí al PT

Propondrá desechar la queja del PAN por actos anticipados de campaña

“Hagan lo que hagan, participaremos en el 2012”, dice el tabasqueño


Fabiola Martínez

La secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) propuso desechar la queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Andrés Manuel López Obrador por “actos anticipados de precampaña”. Sugirió además declarar infundada la denuncia –también promovida por el blanquiazul en contra del ex candidato presidencial– relativa a la supuesta “denigración” de la imagen presidencial por medio de promocionales del Partido del Trabajo (PT).

Aunque López Obrador quedaría fuera de las amonestaciones, es decir, no sería considerado infractor, el proyecto señala que sí hubo promocionales que denigraron la imagen del Presidente de la República –por usar la frase “mafia del poder”– y el responsable de ello es el PT, mas no el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, como también argumentaba el PAN.

La multa general para el PT ascendería a 535 mil pesos por ser el responsable de la difusión de mensajes que, a juicio del organismo, sí configuran una trasgresión a la norma. Son 373 mil pesos por denostar a Calderón y el resto por esta misma práctica (denostación) contra militantes priístas.

De acuerdo con el dictamen –que será discutido y votado hoy en el consejo general del IFE– para el primer punto la denuncia se sobresee “porque el personaje en mención” no es precandidato y no hay ningún proceso electoral en curso.

Fuentes consultadas del instituto calcularon que la tendencia de la mayoría de los consejeros apunta a cancelar las pretensiones del PAN. “En la sesión de este viernes sólo se esperan posiciones políticas.”

No obstante, un sector de consejeros –que sería minoritario– apuntalará en el debate lo que señala el artículo 344 del Código Electoral, el cual se refiere a infracciones impuestas a “aspirantes, candidatos o precandidatos” (que hagan promociones anticipadas de su imagen).

Cabe señalar que en el caso extremo de proceder una sanción por actos anticipados de campaña, el Código Electoral Federal prevé no sólo sanciones económicas (multas), sino incluso la negativa del registro, es decir, llegar a esa situación impediría la participación no sólo de López Obrador, sino de todo aquel que muestre algún interés de contender en el proceso de 2012.

El único antecedente en su tipo fue la negativa de registro de una precandidata a diputada federal del PAN, en Quintana Roo, quien al comprobársele los actos anticipados quedó fuera de toda posibilidad de contender.

En este contexto, luego de tres meses de litigios en el IFE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolverán de fondo varias denuncias interpuestas por el PAN y una del PRI en contra del PT, en las que la participación de López Obrador en los promocionales de este partido es el centro de la polémica.

Uno de los mensajes –transmitidos en radio y televisión– que causaron mayor revuelo fue aquel en el que se convocaba a un mitin para el 25 de julio en el Zócalo capitalino; en ese encuentro masivo se anunció que el movimiento encabezado por el “presidente legítimo de México” participaría en el proceso electoral de 2012, lo que para Acción Nacional fue un acto anticipado y, en consecuencia, un elemento para desequilibrar dicho proceso electoral.

En las audiencias que se celebraron el miércoles en el IFE, López Obrador argumentó que no se ha decidido quién será el candidato; él no se ha proclamado precandidato ni candidato y tampoco ha llamado a votar por partido alguno de cara a los comicios de 2012.

De prosperar los proyectos de dictamen en referencia, quedaría cancelada cualquier sanción al político tabasqueño; eso sí, agregaron las fuentes, las multas para el PT serían aprobadas por mayoría y quizá por unanimidad.

En el caso de los promocionales del Partido del Trabajo que, según el proyecto, sí denostaron la figura presidencial –y en el caso de la queja del PRI, afectaron a integrantes de este partido– la frase que provocó la amonestación es: “La mafia del poder que se adueñó de México, responsable de la actual tragedia nacional”.

El instituto argumenta que la propaganda electoral tiene límites: los previstos por la Constitución respecto del ejercicio de la libre expresión, es decir, difundir ideas pero sin calumniar. No obstante, López Obrador queda fuera de responsabilidad porque “no hay elementos, ni siquiera de carácter indiciario, que permitan advertir la participación (del ex candidato) en la elaboración de los promocionales”, realizados por el PT y difundidos dentro del tiempo oficial al que tiene derecho este partido político.

Aun cuando el PAN sostiene que López Obrador “denigró la imagen” del Presidente a través de la difusión del material televisivo y radiofónico, este órgano resolutor estima que dicha dilucidación “deviene de una apreciación personal que no se sustenta en un hecho evidente, sino en una valoración subjetiva del partido denunciante”.




21/10/2010


E D I T O R I A L






IFE: contrastes y sinrazón


Andrés Manuel López Obrador compareció ayer en el área jurídica del Instituto Federal Electoral (IFE) para responder a las acusaciones formuladas en su contra por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que incurrió, en diversos promocionales televisivos transmitidos en los tiempos oficiales del Partido del Trabajo, en actos anticipados de campaña electoral y en expresiones denigratorias de Felipe Calderón Hinojosa y de la institución presidencial.

Sin desconocer el derecho que le asiste a Acción Nacional de interponer acusaciones como las comentadas, es claro que el IFE tendría que haber actuado, ante ellas, con objetividad y altura de miras necesarias para reconocer su carácter improcedente: no hay razón alguna para calificar –como lo hicieron los representantes del partido en el poder ante el instituto– señalamientos críticos al gobierno calderonista como los que ha formulado López Obrador, de denigración: en esa lógica, el amplio espectro político y social que ha señalado los resultados deplorables de la presente administración en prácticamente todos los ámbitos estaría incurriendo en una falta semejante.

La actitud del IFE contrasta, por otro lado, con la inacción que sus integrantes han mostrado hacia los dichos formulados recientemente por el titular del Ejecutivo federal en el sentido de que López Obrador sigue siendo un peligro para México, expresión que implica una clara violación a los preceptos legales vigentes en materia electoral que prohíben descalificar a partidos y personajes públicos. Si los asertos del ex aspirante presidencial ameritan un llamado a comparecer ante ese órgano, tendría que adoptarse una resolución semejante con respecto los dichos presidenciales. En suma, el citatorio al político tabasqueño o bien carece de fundamento o es producto de una aplicación facciosa de la ley y, en cualquier caso, descalifica de antemano las promesas de que el IFE actuará con imparcialidad en este episodio.

Por lo demás, no puede soslayarse el hecho de que la comparecencia de López Obrador ante el organismo electoral se enmarca en otro contraste: el que surge entre el trato acusatorio que el IFE ha decidido dar al principal líder opositor en el país, y el que dispensó la semana pasada al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, en el contexto de los actos conmemorativos por los 20 años de ese instituto, fue invitado como orador principal en un foro sobre democracia, pese a los señalamientos en su contra por haber sido beneficiario de un presunto fraude electoral y, en todo caso, de un proceso comicial probadamente desaseado e inescrupuloso, como fue el de 1988.

Con estas actitudes el IFE desvirtúa lo que debería ser su esencia institucional: garantizar la vigencia de la democracia en el país –lo que implica intrínsecamente el respeto a la libertad de expresión– y de los derechos políticos de todo ciudadano, independientemente de tendencias político-partidistas. Al asumir posiciones inquisitoriales, los consejeros de ese instituto se convierten en lastre fundamental para la superación de los vicios y rezagos persistentes en la vida republicana, además de que profundizan el déficit de credibilidad y de confianza de la ciudadanía en la institucionalidad política.





Astillero

Kafka electoral

El tufo del fraude

Televisa, al IFE

Patíbulo/plataforma



Julio Hernández López



Andrés Manuel López Obrador se despide de sus simpatizantes tras comparecer ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en una audiencia en el área jurídica del organismo, para responder a la queja del PAN por presuntas violaciones a la ley electoral con sus espots transmitidos en tiempos oficiales del PTFoto Carlos Ramos Mamahua




Era Kafka electoral. Una especie de festín burocrático menor, en esa sala de juntas de la dirección jurídica del Instituto Federal Electoral (IFE) donde se desahogaba la absurda diligencia que pretendía desentrañar si un ciudadano sin candidatura es culpable hoy de seguir luchando en desventaja y de manera pacífica por el mismo proyecto político –no necesariamente con el mismo abanderado– que en 2006 sufrió fraude a manos de un cártel institucional del que la cúpula del tal IFE fue destacada partícipe.

Obviamente no estaba Luis Carlos Ugalde –anda en Puebla, asesorando en asuntos de “transparencia” al equipo de transición de Rafael Moreno Valle, el gobernador electo que obedece a Elba Esther Gordillo, como lo hizo y hace el propio Ugalde–, pero su tufo estaba presente allí, en esa oficina de blancas paredes, libreros de madera barnizada, aire acondicionado y disponible proyector de transparencias. Estampas pasadas, presentes y futuras: El recuerdo del robo anterior –el que encaminó a México a la desgracia actual: el fraude como pecado original de este sexenio sangriento–, la evidencia del minimalismo de aires filibusteros de los actuales consejeros que llegaron al cargo mediante el reparto de asientos como descarado botín de partidos, y las versiones de que al relevo de fichas agotadas se encaminan personajes que son garantía de que todo siga igual de mal; por ejemplo, la consejería Televisa, a la que se dice que las Paredes del PRI han dado el visto bueno: ni más ni menos que Arely Gómez, hermana de uno de los máximos directivos de la televisora en jefe, que ya fue todopoderosa controladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde un cargo administrativo con Mariano Azuela, y luego pasó a la inútil fiscalía de delitos electorales que dejó con sentido de oportunidad para colocarse en la línea de tiradores a la renovación parcial de las plazas súper bien pagadas del que era, es y por lo visto seguirá siendo el Instituto del Fraude Electoral (en febrero de 2007, a partir de testimonios escritos allegados a esta columna, se describieron aquí los favores, abusos y tráfico de influencias que en la Corte realizó la funcionaria Gómez: en http://bit.ly/aKcqTU y http://bit.ly/dfJbED pueden leerse las entregas relacionadas con el tema).

La diligencia justiciera comenzó a tiempo, a las 10 de la mañana, ya con seguidores del compareciente diciéndole a las puertas del IFE que no estaba solo y deshojando los mil pétalos acusatorios contra la instancia anfritriona. Como si el tabasqueño tuviera infiltrados en las oficinas que deciden dar presuntos golpes en su contra, la armazón del supuesto patíbulo acabó siendo plataforma de promoción. Así pasó también con la declaración incendiaria del licenciado Calderón al recordar sus hechuras de guerra sucia, cuando clasificó al adversario electoral de peligro para México. No hay mejores resucitadores del lopezobradorismo que sus torpes adversarios. Ellos, una y otra vez, con uno y otro lance, cual caricatura del correcaminos tabasqueño y los coyotes blanquiazules y salinos, crean las condiciones para exhibir su brevedad política y para ayudar a quien involuntariamente constituye el mayor de sus éxitos políticos: el repunte de quien siguen queriendo dar por políticamente muerto.

No iba a desperdiciar ese escenario el todavía perredista, al que acompañó una defensiva representación del Partido del Trabajo –Alberto Anaya andaba fuera de la ciudad, pero allí estaban Silvano Garay, Ricardo Cantú, Óscar González Yáñez, Herón Escobar y Jaime Cárdenas, a quien AMLO designó su representante legal–, así que, en cuanto le tocó el uso de la palabra, el tabasqueño emprendió la lectura de un discurso que podría intitularse “El IFE me absolverá”. Pasaron lista el fraude electoral, la mafia del poder, la resistencia civil pacífica, la lucha política legal y, desde luego, el intento de censura contra los mensajes por televisión. Y les cambió el chirrión por el chaparrito: no es él, López Obrador, quien “menoscaba la imagen presidencial y degrada a las instituciones” sino el mismo ocupante de Los Pinos: “Yo no daño la ‘imagen’ presidencial, la denigra quien no ha sabido estar a la altura de los anhelos del pueblo; envilece la investidura quien me acusa de ser un peligro para México, dando así el banderazo de arranque a la nueva campaña de odio y rencor en contra nuestra. En lugar de actuar como hombre de Estado y gobernar para todos los mexicanos, Calderón demuestra cotidianamente que no es más que un jefe de facción y un operador político de la oligarquía y de su guerra sucia”.

Luego pasó al detalle de su patrimonio y percepciones, obligado por el emplazamiento del IFE como si ya lo hubiera declarado culpable y debiera asomarse a sus haberes para aplicar multas o embargos: 50 mil pesos mensuales de sueldo entregado por la asociación civil Honestidad Valiente, 9 mil pesos de saldo en su única cuenta bancaria y una casa heredada en Chiapas. Pero exigió que igual claridad patrimonial se demande a Calderón, Salinas, Fox, Peña Nieto, Gordillo y Beltrones. Los trámites burocráticos continuaron. Las autoridades le devolvieron la credencial de elector solicitada para identificación. Papeles fueron firmados. Y la despedida, con Kafka en lo alto, sonriente, en espera de la sesión de consejo general de este viernes en la que cuatro de nueve de los votantes han adelantado que no continuarán con el proceso, lo que, con un sufragio más, significaría una nueva victoria del tabasqueño, construida por sus adversarios.

Y, mientras la yunquista Cecilia Romero se vuelve implacable crítica de la vida interna del PAN y de la relación de sus militantes con el poder, con una enjundia deseosa de dejar atrás el asunto de los migrantes asesinados en Tamaulipas y del fracaso que tuvo en el INM, y con Gustavo Madero tratando de poner cara de que es un político hecho y derecho, ¡hasta mañana, en esta columna que se pregunta si desde las alturas el factor narco también será utilizado electoralmente en Guerrero, a partir de Acapulco y los michoacanos!

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