30 abr 2010


La duplicidad



Luis Javier Garrido

La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.

1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política “de seguridad nacional” del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.

2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.

3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de “intervencionista” y “estatista”, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.

4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.

5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las “nuevas instituciones” de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se “legitimen” las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.

6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.

7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).

8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.

9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.

10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.




29 abr 2010


Astillero

Correcciones y cinismo

¿Castigo a autoridades?

FC: halcones buenos

Terror marca Ulises




Julio Hernández López


PERIODISTAS DESAPARECIDOS EN OAXACA. Érika Ramírez y David Cilia, reporteros del semanario Contralínea, desaparecidos tras el ataque de paramilitares en La Sabana, a un kilómetro de la comunidad autónoma de San Juan Copala, municipio de Juxtlahuaca. Una sobreviviente refirió que “los vehículos fueron rafagueados por los dos costados”





El sistema propone como paradigma de esperanza justiciera la corrección tardía y partidizada de una tropelía tan evidente y sostenida que habrá de quedar en anécdota cínica del desastre institucional si no es acompañada de castigo ejemplar a los policías, agentes del Ministerio Público, procuradores, jueces y demás autoridades que hubiesen participado en la farsa jurídica montada contra Alberta Alcántara y Teresa González, las mujeres de Santiago Mexquititlán que junto con Jacinta Francisco Marcial fueron condenadas a 21 años de prisión por el presunto secuestro de indefensos agentes federales en una fabulación de las que hoy mismo está lleno el país sin que alcancen las augustas preocupaciones de la Suprema Corte a remediar y menos a sancionar.

Y la justicia se hizo, pregona el viejo, corrupto y manipulado aparato de “justicia” que en sus cúpulas togadas acabó resolviendo en el sentido buscado con previo sentido de oportunidad por los constructores del PRI de 2012, el gobernador priísta del Querétaro devastado por la anterior administración blanquiazul, José Calzada, y el coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, quienes un mes atrás se habían presentado entre promovido alboroto mediático a la cárcel para entrevistarse con las mujeres bárbaramente sentenciadas.

De visita en Monterrey, Felipe Calderón no pudo escaparse de los reproches y críticas, a pesar de que habilitó “encuentros” con líderes en buena parte suavizados y que se mantuvo en ambientes políticos de temperatura controlada. Aceptó el beligerante panista que su estrategia de lucha contra el narcotráfico puede tener errores susceptibles de corrección, pero siempre y cuando se entienda y asuma que los combates han de seguir y las

consecuencias y “daños colaterales” continuarán. Felipe bajo acoso civil al que no quedó sino el recurso de la demagogia de las correcciones institucionales a destiempo y bajo sospecha: el asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey “está siendo rigurosamente investigado por las autoridades competentes, y en este caso por la PGR y, como nos comprometimos, los resultados serán dados a conocer a la sociedad una vez que terminen las investigaciones y sancionados, si fuera el caso, quienes resulten responsables”.

Vaya celeridad justiciera: los crímenes se cometieron la madrugada del 19 de marzo y a pesar de los abundantes indicios de responsabilidades militares, el presuroso comandante en jefe no puede dar a conocer un solo dato nuevo y firme que apunte a cierta posibilidad de esclarecimiento y castigo. ¡Ah, también dijo el lic. Felipe que se deben investigar los nexos entre narcotraficantes y políticos y, de ser encontradas algunas evidencias, aplicar la ley con toda fuerza, caiga sido quien caiga sido! Luego se aventó la puntada de proponer a los ciudadanos que funjan como halcones del bien, denunciando a delincuentes, en sentido inverso a los informantes de los cárteles a quienes suele llamárseles con el nombre del ave rapaz diurna ahora invocada por el promotor de la mano dura en el país, el halcón (pero bueno) de Los Pinos.

En Oaxaca, mientras tanto, el arranque de las campañas electorales se tensa con el episodio de múltiples lecturas acontecido en San Juan Copala, donde una caravana civil de observadores fue atacada por un grupo presumiblemente asociado al PRI y al gobernador Ulises Ruiz que se ha especializado en el

uso de la sangre para proyectos políticos de sobrevivencia grupal. Aun cuando de entrada arroja en su contra los reflectores nacionales e internacionales, el nuevo asomo de violencia política mortal ayudará al ulisismo en peligro comicial a restablecer el clima de amenaza parapoliciaca que utilizó contra la APPO a partir de 2006, con escuadrones de la muerte que selectivamente fueron sembrando el terror que ahora necesita el PRI para imponer entre abstencionismo y mapachería armada al guardaespaldas Eviel Pérez Magaña. La muerte de cuando menos dos personas, y los heridos y

desaparecidos, constituyen un mensaje renovado del PRI-gobierno oaxaqueño de que todo puede suceder contra quienes se opongan a las líneas trazadas desde el poder, no sólo en materia de conflictos regionales sino, sobre todo, en el terreno electoral en el que Gabino Cué ha ido ganando terreno en la misma proporción en que el gobernador represivo aprieta el puño rojo.

Astillas

Alegremente, funcionarios y comisionistas presentaban ayer a inversionistas privados el pastel de los negocios que ahora se pueden hacer sin la presencia incómoda del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando un grupo de trabajadores, con Martín Esparza al frente, se presentaron en la Torre Mayor de la Ciudad de México para denunciar esa virtual subasta de bienes públicos. En el Zócalo, mientras tanto, ya eran 36 los huelguistas de hambre... ¿Y el caso de la niña Paulette? Igual que en otros expedientes de injusticias y manipulaciones evidentes: convenientemente adormilado el proceso, entre diligencias interminables y rumores adecuadamente filtrados (el más reciente: que la conclusión científica es que siempre sí fue accidental la muerte: colchón asesino). Ayer, las nanas y la madre debieron acudir a otra reconstrucción de hechos, mientras la copetocracia es mediáticamente perdonada (el escándalo que harían las televisoras si el asunto hubiese sido tratado por el gobierno capitalino la décima parte de mal que lo ha hecho la dupla Bazbaz-PeñaPeña)... Muy chistosito el comisario de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, al comentar que el cambio climático “eliminará” el problema que para Washington ha significado Cuba... Discursos van y vienen, pero en Ciudad Juárez continúan las ejecuciones, sobre todo de jóvenes... Y, mientras Amnistía Internacional confirma que México es candil de Arizona y oscuridad con los migrantes que pasan por la casa rumbo a Estados Unidos, ¡hasta mañana, con los asaltantes que pignoraron rehenes por patrulla!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx






San Juan Copala: crónica de una represión anunciada



Francisco López Bárcenas


La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.

La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.

Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.

Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.

¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.





De militares y derechos constitucionales



Octavio Rodríguez Araujo

El jueves pasado fui detenido por un retén militar. El soldado que habló conmigo fue amable y hasta sonriente. Me pidió que descendiera de mi automóvil porque tendría que hacer una revisión. Le hice notar que podía hacerla, pero que no era constitucional. Me recitó de memoria el artículo 89, fracción VI, de la Constitución: es facultad del Presidente de la República preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Le dije que sí, pero que antes estaba el artículo 16 del mismo texto constitucional. No había terminado de hablar cuando el soldado, haciendo alarde de su memoria, me recitó el inicio del 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. “¿Y entonces?” El soldado se rió, añadiendo que él recibía órdenes de sus superiores y que estaba haciendo su trabajo. Me reí también y le dije que estaba bien, que revisara mi carro, “bajo protesta”, añadí entre dientes. Abrió la cajuelita de guantes y tomó en sus manos la cartera donde está el manual del vehículo, lo movió con un dedo y sonriendo me dijo, “ya está revisado”. Ahí quedó todo, me subí de nuevo al carro y continué mi camino.

Tal vez no me vio cara de narcotraficante, pero, a pesar de ser anticonstitucional lo que estaba haciendo ese grupo militar, no me ofendí, aunque tuve cuidado de no discutir ni enfrentar a los soldados, por aquello de que se les fuera la mano, se pusieran nerviosos y me acribillaran. También pensé que mientras era revisado mi vehículo (que no mi persona) podría haber pasado un grupo de facinerosos y so pretexto de dispararles a los militares me tocara a mí también. Ese pensamiento me alarmó porque a otros, igual de inocentes que yo, no les fue bien al estar en medio de un fuego cruzado. Igualmente pensé en el artículo 5, fracciones III y V de la Ley de Seguridad Nacional, que establecen que son amenazas a la seguridad nacional actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada o por obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, entendiendo que los retenes militares son de este tipo de operaciones. Si la Ley de Seguridad Nacional es anticonstitucional o no, y si se presta a varias interpretaciones, no es algo que se pueda discutir con un soldado armado en un “puesto de control”. Para ellos, oponerme a ser revisado, sería equivalente a impedirles actuar contra la delincuencia organizada.

Me vino a la memoria, asimismo, que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no menciona la participación del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea, ni siquiera como coadyuvantes de la Procuraduría General de la República y de sus policías judiciales. ¿Será que las fuerzas armadas sí pueden intervenir cuando está en riesgo la seguridad nacional y que tal riesgo es, al parecer en ciertos casos, provocado por el crimen organizado? ¿Y quién determina lo anterior, el titular del Ejecutivo solo o con el Congreso de la Unión?

El Senado ha aprobado reformas a la Ley de Seguridad Nacional y, según lo que leí, ante una crisis de seguridad nacional se cancela la posibilidad de establecer un estado de excepción o de suspender las garantías individuales. Si es cierto lo que he leído sobre dichas reformas, no cambian mucho las cosas, pues según parece (la página del Senado en la red no ha publicado las reformas), las fuerzas armadas podrán, igual que antes, intervenir en cualquier lado a petición de un gobernador o de un Congreso local, que podrán declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá hacer lo mismo. ¿Desaparecerán los retenes militares y las inspecciones de mi vehículo o mi persona? ¿No habrá presencia de tanquetas militares artilladas en las calles si la esposa de Calderón vuelve a visitar el DIF y la Cruz Roja de Morelos, en Cuernavaca, como ya ocurrió?

Al día siguiente, estando en Cuernavaca, mi celular no funcionaba; tampoco el correo electrónico de ese medio. A otros amigos les pasó lo mismo. El sábado entendí por qué. Leí en La Jornada Morelos que en Jiutepec se habían reunido Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Fernando Gómez Mont, Marco Adame, Francisco Saynez y Arturo Chávez. Cosa del primer mundo: los del gabinete de seguridad fueron al área conurbada de Cuernavaca y los celulares enmudecieron, algo que no pueden hacer eficientemente en las cárceles para evitar extorsiones. El 27 de abril leí en Reforma que “durante hora y media Leonel González Castillo, preso en el Reclusorio Norte, utilizó su celular para extorsionar desde su celda a un regidor del estado de México, a pesar de que en ese penal, según la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF, Celina Oseguera, el bloqueador de celulares está funcionando todos los días”.

¿Los retenes policiacos o militares y el corte de señal en mi celular (ambas acciones contrarias a mis derechos individuales) ya no se repetirán con las reformas aprobadas por el Senado? Por lo pronto, según versión de diputados locales, de un senador de Morelos y de un representante de los empresarios reunidos en Jiutepec con el gabinete de seguridad nacional, se dijo que se justificaba la presencia de las fuerzas armadas mientras no se creara una policía estatal mejor preparada y en tanto policías estatales y municipales siguieran siendo cómplices del crimen organizado (La Jornada Morelos, 24/4/10). Así las cosas, tendremos militares y marinos en las calles largo rato. Me da cierta tranquilidad que (con las reformas) no procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, si acaso se cumple.




Este el verdadero rostro del PRI que ni remotamente ha desaparecido ni cambiado un solo ápice y en el que desgraciadamente muchos todavía creen . Pero seamos claros , la gente no está apoyando de nueva cuenta a este corrupto partido por meritos propios , lo está haciendo por mero cálculo ; es decir , al ver la catastrofe que ha significado el PAN en el poder en tan solo nueve años , la gente , penetrada por las campañas de desprestigio , principalmente de televisa y azteca , han erradicado de su mente a la única oposición verdadera , más aún , a la única opción viable y posible que existe en el país y me refiero a Andrés Manuel López Obrador ; en su mente , esta opción , para muchos mexicanos ya no existe y por consiguiente , ciegamente , creen que sólo les queda el PRI . La gente quiere volver a la "tranquilidad" que le daba este partido y ya no le importa lo corruptos que hayan sido , ni todos los asesinatos de opositores que perpetraron , ni la impunidad en la que vivimos durante 70 años..... en el olvido quedó la matanza de Tlatelolco en el 68 , la matanza de Aguas Blancas en Guerrero , el asesinato de Manuel Cloutier y el de Luis Donaldo Colosio , y un laaaaaargo etcetera .









Varios desaparecidos de la caravana, entre ellos europeos


Temen más muertos en Oaxaca por el ataque paramilitar


El grupo armado bloquea acciones de búsqueda en la zona de Copala


Confirman autoridades el deceso de dos personas, una de origen finés


Fue una emboscada de hombres encapuchados, señala sobreviviente





Vigilancia del Ejército en la comunidad oaxaqueña de Santiago Juxtlahuaca, donde fueron conducidos los sobrevivientes del ataque a tiros en las inmediaciones de San Juan CopalaFoto Julio César Hernández /Contralínea



Vehículo en el cual fueron encontrados los cadáveres de Beatriz Alberta Cariño y del finés Jyri Antero Jaakkola, con tiros en la cabeza. Ellos formaban parte de la caravana internacional de observación que se dirigía con ayuda a la comunidad autónoma de San Juan Copala, Oaxaca, y que fue atacada con disparos de armas largas por un grupo paramilitar. La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), ligada al PRI y a la que se le vincula con la emboscada, se deslindó de los hechos y atribuyó la balacera a un “autoatentado” Foto Ap




Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal

Oaxaca, Oax., 28 de abril. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.

Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos–, que el grupo paramilitar amenazó con “atacarlos” si no se retiraban del lugar. Ofrecieron que este jueves, “con la luz de día”, volverán a incursionar en el monte, previo acuerdo de tregua con el grupo armado. Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación a fin de que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados.

En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas. Sólo cinco de los desaparecidos han sido identificados: Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de Contralínea; Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martin Sautan, un observador alemán. Los vehículos fueron recuperados hoy por la policía estatal. El Dodge Attitude azul claro, con placas 4761 TMD, del estado de Quintana Roo, en que viajaban los reporteros, tiene 25 impactos de bala. Una Suburban y el resto de los vehículos también se encuentran dañados y con decenas de impactos.

En un boletín, el gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías preventivos y de la AEI, acudieron al paraje Los Pinos, donde encontraron los cadáveres de dos personas en una camioneta blanca con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino AC, y presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los fallecidos fueron identificados como Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry, y Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esposa de Omar Esparza Zárate, coordinador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Huajuapan de León para la necropsia de ley.

Mónica Citlalli Santiago Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa internada en el Hospital del IMSS de Santiago Juxtlahuaca, y su estado de salud se reporta estable.

La Ubisort también se deslindó y atribuyó la balacera a un “autoatentado”. Precisó que “los MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros”.

Alberto Quezadas Jiménez, comisionado de Seguridad Pública del estado, dijo a la prensa que la policía no había entrado a la zona a restablecer el orden porque no hay condiciones favorables. “No puedo entrar y enfrentarlos porque habría muchos muertos”, asentó.

Por su parte, Gabriela Jiménez Rodríguez, concejal de la APPO y sobreviviente del ataque, dijo que la caravana fue atacada el pasado martes alrededor de las 14:50 horas por hombres encapuchados provistos de armas largas en las inmediaciones del paraje Los Pinos, a unos 10 kilómetros de La Sabana, pueblo cercano a San Juan Copala.

“Al salir de una curva –señaló– encontramos bloqueado el camino con piedras; entonces el chofer de la camioneta decidió regresar y en ese momento los paramilitares empezaron a dispararnos. Como pudimos, algunos nos bajamos para correr al monte, pero desafortunadamente dos compañeros fueron alcanzados por las balas y ahí quedaron. Las dos víctimas recibieron disparos de armas de fuego en la cabeza.”

Explicó que junto con otras personas se internó en el monte y poco después fueron encontrados por los hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la Ubisort, vinculada al PRI, y del MULT, base social del Partido Unidad Popular, de registro local, quienes los llevaron nuevamente al lugar de la agresión.

“Nos dijeron que ahí no pasaba nadie, que era su territorio; incluso uno nos dijo que también nos matarían, pero otro nos expresó que nos perdonaban la vida y pudimos regresar. En el camino un hombre nos llevó hasta Santiago Juxtlahuaca”, asentó.

Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, dijo que Noé, el chofer de la camioneta donde murieron el activista finlandés y Cariño Trujillo, llegó en la madrugada a Santiago Juxtlahuaca y aseguró haber visto los cadáveres de otros activistas. Mencionó que otros sobrevivientes que llegaron a Juxtlahuaca hicieron el mismo relato y consideró que los cuerpos quizá hayan sido desaparecidos por los paramilitares debido a la gravedad de los hechos.

Precisó que los desaparecidos de la APPO, David Venegas Reyes y Noé Bautista Jiménez, se comunicaron vía radio a Santiago Juxtlahuaca, pero no se ha sabido más de ellos. En la caravana participaban activistas de Italia, Bélgica y Alemania, quienes también se internaron en el monte y “hasta ahora no tenemos reportes” de ellos, asentó.

Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del SNTE, culpó del ataque al gobernador Ulises Ruiz debido a su “indiferencia” para detener la violencia y por el “respaldo” de su administración a la Ubisort.

Finalmente, por la noche, trascendió que representantes diplomáticos de Finlandia, Alemania, Bélgica e Italia se acercaron al palacio de gobierno del estado en busca de información sobre sus connacionales.







Ahora que ya dió frutos esta lucha por liberar a dos de las tres indigenas que aun quedaban encarceladas (Jacinta ya había sido liberada ) y cuyos derechos y garantías individuales fueron violadas de la manera más brutal y absurda , todos quieren colgarse del asunto , incluyendo al gobernador de Queretaro José Calzada y no podía faltar también el oportunista Manlio Favio Beltrones , lider de la bancada priista en el Senado . En cuanto le vieron posibilidades al asunto , todo mundo enpezó a manifestarse a favor de ellas (las indigenas) . Sin embargo debemos ser claros , el único que dió seguimiento a este caso desde el principio y le abrió los microfonos todos los días desde hace 3 años y 8 meses a diversas agrupaciones defensoras de los derechos humanos que estaban luchando por excarcelar a las indigenas , sin lugar a dudas fué RICARDO ROCHA , él y sólo él , entrevistó a las indigenas en la carcel y a todos los que tenían que ver con el caso desde ese entonces .

Ni la ministra Olga ni los otros magistrados quieren pronunciarse sobre la responsabilidad penal en la que incurrieron tanto la PGR como el juéz que llevó el caso , es más , la ministra Olga hasta ha defendido al juez en diversas entrevistas que ha dado desde ayer ; los periodistas por su parte , si bien hacen la pregunta , no son insisten en el tema ni siquiera los que se las dan de muy puntillosos . La razón es simple : si no se protejen entre ellos , ¿quién lo hará? , en el entendido de que todos pueden estar algún día en la misma situación .

Felicidades a Ricardo Rocha y a la organización defensora de derechos humanos "PRODH" .



Liberan a las dos indígenas queretanas


Alberta Alcántara Juan (de lentes) y Teresa González Cornelio, con su bebé en brazos, fueron ayer excarceladas del penal femenil de San José El Alto, en Querétaro, cuatro horas después de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son inocentes del cargo de secuestro contra seis integrantes de la extinta AFI. El tribunal revocó la sentencia de 21 años de cárcel y subrayó que hubo una “desafortunada injusticia” y “diversas violaciones procesales en el juicio”. Las indígenas nañús permanecieron presas casi 4 años Foto Víctor Camacho



La primera sala de la Suprema Corte las declaró inocentes

Libres, las otomíes acusadas de haber secuestrado a 6 afis

Fueron absueltas de los delitos que les imputó el Ministerio Público




Alfredo Méndez

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inocentes a las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio de los cargos que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR), y ordenó su inmediata liberación.

En sesión histórica, la Corte se erigió en tribunal de apelación este miércoles –por primera vez desde la reforma al sistema de justicia de 2005– para revisar una sentencia dictada en litigio penal. Los cinco ministros de la primera sala coincidieron en que hubo una “desafortunada injusticia” y “diversas violaciones procesales” en el juicio contra las indígenas.

Alberta y Teresa fueron excarceladas a las 18 horas del penal femenil de San José El Alto, Querétaro, luego que cuatro horas antes la Corte revocó la condena de 21 años de prisión impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.

Por unanimidad de cinco votos, la SCJN determinó que no se acreditó siquiera que hubo secuestro, pues los seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que acusaron a las dos indígenas de ese delito incurrieron en infinidad de contradicciones, además de que la PGR no aportó evidencia adicional que demostrara la participación de las acusadas en el supuesto plagio.

La PGR acusó a González y Alcántara de los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos, y en el caso de la segunda agregó el de posesión de cocaína, que también fue revocado por la Corte, pues aunque los ministros señalaron que sí se encontraron residuos de la droga en el lugar donde trabajaban las acusadas, la fiscalía no logró acreditar que Alberta hubiera tenido el estupefaciente en su poder.

Al exponer sus argumentos, los ministros cuestionaron las acciones de la PGR y del juez de primera instancia. Consideraron que el fallo de la Corte implica un mensaje a las autoridades del país para que no se vuelvan a repetir asuntos de este tipo.

“Los ministros entendimos que cuando está en juego la libertad, cada día es importante, y hoy esta injusticia que percibimos ha quedado plenamente acreditada. Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, lo es más cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables”, destacó Arturo Zaldívar al exponer los argumentos por los que la Corte se inclinó por ordenar la libertad de las indígenas.

“Advertimos desde un principio que este asunto olía a injusticia; advertimos que era altamente probable que dos indígenas estaban en prisión desde hace casi cuatro años de manera injusta.”

Zaldívar agregó que el asunto es de especial gravedad, porque implica trato injusto y discriminatorio contra dos indígenas mexicanas. “La decisión que hoy votamos tiene dos efectos: uno concreto e inmediato, que es la libertad de Alberta y de Teresa; el segundo es el valor del precedente que esta primera sala envía a las autoridades de nuestro país, coadyuvando de manera muy clara a decir: ‘queremos que este tipo de casos no sigan ocurriendo, y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlo’”, destacó Zaldívar.

Sin debate, los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Zaldívar avalaron el proyecto de resolución elaborado por Olga Sánchez Cordero, e hicieron un reconocimiento al equipo de la ministra, que en sólo cinco semanas preparó el dictamen que fue turnado la semana pasada a los integrantes de la Corte.

Sánchez Cordero explicó que durante el proceso contra las indígenas los policías acusadores se contradijeron repetidamente sobre la forma en que se desarrollaron los hechos, lo cual obligó a la Corte a negar cualquier valor de indicio que pudiera sustentar una condena.

Gudiño cuestionó que “si los policías, como afirman, fueron privados de su libertad para pedir un rescate en dinero, ¿por qué no reportaron el evento ante sus superiores jerárquicos?

“Si (los agentes de la AFI) fueron retenidos a cambio de un rescate, ¿por qué no se emplearon estrategias policiacas para su liberación, y lejos de aportar recursos de su propio peculio, acudir a mecanismos como la negociación con los secuestradores o el diálogo con la población?”, agregó Gudiño en alusión a declaraciones de los agentes de que ellos mismos juntaron en cuestión de horas 70 mil pesos para pagar el rescate.

Desde que fueron detenidas ambas mujeres –junto con Jacinta Francisco Marcial, declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional y excarcelada en septiembre pasado tras ser exculpada por la PGR de los mismos delitos que imputó a Teresa y Alberta– el caso provocó reclamos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

También se pronunciaron por la inocencia de las tres indígenas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado y el gobierno de Querétaro.

La pesadilla que vivieron estas mujeres comenzó en marzo de 2006, luego que una llamada anónima denunció a la PGR la venta de discos pirata en el tianguis ubicado en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro.

Seis elementos de la AFI acudieron al mercado y buscaron a una mujer descrita en la denuncia como La Güera. Al intentar arrestarla, los agentes fueron enfrentados por decenas de locatarios que, supuestamente, los llevaron a una base de la policía municipal.

El caso de Alberta se ha vuelto el más emblemático, porque durante su reclusión dio a luz a una niña que estuvo con ella en la cárcel casi un año.




Teresa y Alberta: liberaciones y lo que falta


E D I T O R I A L


Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas otomíes apresadas el 5 de agosto de 2006 y condenadas a 21 años de prisión, luego de que la Procuraduría General de la República las acusó de haber secuestrado –junto con Jacinta Francisco Marcial, excarcelada en septiembre pasado– a seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Alcántara Juan y González Cornelio fueron puestas en libertad ayer mismo.

La resolución emitida por la Corte resulta positiva y saludable por cuanto rectifica un atropello cometido por el Estado mexicano en contra de dos mujeres indígenas y pobres, y porque, en alguna medida, reivindica al máximo órgano de justicia del país, inmerso en una desconfianza generalizada a consecuencia de un historial de fallos impresentables y vergonzosos: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín –pese a su participación inocultable en una conjura contra la periodista Lydia Cacho–; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la aprobación del sistema vigente de pensiones del ISSSTE –que implicó regalar a las instituciones bancarias un negocio millonario con el dinero de los trabajadores del Estado–, entre otros hechos que colocaron al máximo tribunal, a ojos de la opinión pública, como instancia al servicio de los intereses del grupo político-empresarial que detenta el poder en el país.

La contundencia del fallo emitido ayer por la SCJN es indicativa del calado de la injusticia que padecieron las indígenas otomíes desde agosto de 2006: al carácter absurdo e inverosímil de la acusaciones que se fincaron en su contra, y que prosperaron a contrapelo de las evidencias disponibles y de la lógica más elemental, deben sumarse las graves irregularidades procesales que ambas padecieron, como la ausencia de un traductor durante sus declaraciones ministeriales, la fabricación de testimonios y el empleo de pruebas ilícitas por la PGR, así como las constantes contradicciones en que incurrieron los agentes supuestamente secuestrados.

El empecinamiento de las autoridades federales en mantenerlas durante todo este tiempo en prisión –una circunstancia que podría ser equiparada a un secuestro de Estado– refleja, por lo demás, un extravío exasperante de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, instituciones que tienen bajo su responsabilidad la salvaguarda del estado de derecho y en las que, sin embargo, se han vuelto prácticas comunes el abuso del poder, el empleo faccioso y arbitrario de las leyes, la corrupción, la discriminación, la impunidad y la violación de las garantías individuales.

Ante los elementos de juicio mencionados, la liberación de Teresa y Alberta no debiera ser vista por la sociedad civil –ni mucho menos por las autoridades– como el desenlace de este episodio inaceptable: es necesario que, en un espíritu de esclarecimiento y de combate a la impunidad, el gobierno federal emprenda acciones orientadas a reparar el daño causado a las mujeres indígenas y sus familias, así como las pesquisas correspondientes en contra de los malos funcionarios de la PGR que integraron un proceso a todas luces irregular. Del mismo modo, resulta obligado que las instancias correspondientes investiguen a los integrantes del Poder Judicial que no pudieron o no quisieron ver en su momento la manifiesta inocencia de las indígenas otomíes y que decidieron condenarlas a prisión. El deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales son imprescindibles, porque atropellos como el sufrido por las indígenas queretanas no deben repetirse.




24 abr 2010




Desfiladero

Mariachis para Carlos Monsiváis con música de Sabina




Jaime Avilés


“Fue entre pinos sin mar, una tarde antes de un concierto/ tú reinabas detrás de una pila de 22 mil 700 muertos/ cántame una canción al oído y te pongo un tequila/ con una condición/ que el señor Gómez Mont salga y diga que no soy indigno [...] Y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis/ y borrachos al atardecer nos cayó García Luna...”




Crímenes que no prescriben

En su discurso del viernes antepasado (16 de abril) ante empresarios del turismo, Felipe Calderón reconoció que de cada 100 víctimas de “su” guerra “contra” el narcotráfico, seis eran “civiles inocentes”, cuatro “soldados o policías” y 90 delincuentes que se mataron entre sí. Según cifras actualizadas al día que se reunió con Joaquín Sabina en Los Pinos (19 de abril), el total de vidas arrasadas por la violencia ligada a la droga en los pasados 40 meses ascendía ya a 22 mil 700.

Como se desprende de la arenga calderónica, de diciembre de 2006 a abril de 2010, en este contexto habrían dejado de existir mil 362 civiles inocentes, 908 soldados o policías y 20 mil 430 civiles no inocentes. “Más de 90 por ciento de esos homicidios obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones (?), ha habido muchos soldados, muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, a 5 por ciento de esas muertes”, dijo.

¿Qué significa “no son siquiera acciones”? ¿Que ninguno de los 20 mil 430 supuestos criminales caídos murió bajo las balas de policías o soldados? ¿Se mataron solitos entre sí? Pero, añadió Calderón, “son muchos menos todavía (los) civiles atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes”.

Traducción: ninguno de los mil 362 “civiles inocentes” fue asesinado por las fuerzas armadas. Una vez más, Calderón no sólo miente, sino que pretende borrar de la memoria colectiva las muertes de niños, jóvenes y adultos inermes, perpetradas por soldados y marinos, por ejemplo, en Ahuatepec y Cuernavaca, Morelos (diciembre de 2009), Ciudad Juárez (enero), Monterrey y Nuevo Laredo (marzo), por no hablar de los ilegales allanamientos y saqueos de moradas, documentados, en Yucatán y Michoacán, también en marzo.

Pese a los testimonios de la familia tamaulipeca que fue acribillada con sus bebés el 20 de marzo al cruzar ante un retén cerca de Nuevo Laredo; pese a las protestas de la alta sociedad de Monterrey, que reaccionó con ira ante el asesinato de dos estudiantes del Tec, a quienes los soldados disfrazaron de “sicarios” el propio 20 de marzo, tal como habían hecho 17 días antes con un joven matrimonio en Anáhuac, Nuevo León; pese a los secuestros con fines de extorsión protagonizados por militares en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, etcétera, Calderón niega la realidad y, peor aún, la justicia, siguiendo el modelo que impuso al inicio de su embozada dictadura, tras el homicidio de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, donde por sus pistolas decretó que el deceso lo había causado una “gastritis”.

Embelesado por la música de Sabina, Calderón muestra una absoluta indiferencia ante el más reciente informe de la CNDH, que registró de 2007 hasta marzo de 2010 un aumento de 500 por ciento en las quejas referidas a violaciones de garantías individuales cometidas por soldados y marinos. Sin embargo, quienes por estricta obediencia a su comandante supremo han salido a las calles con sus tropas –no a “disuadir”, tarea que le corresponde a la policía, sino a “atacar”, tal como explicaron algunos generales desde el anonimato a este diario hace unos días–, están preocupados por lo que les reserva el destino.

Enviados a una guerra imposible de ganar contra el crimen organizado, los militares exigen que el Poder Legislativo les extienda un permiso oficial para entrar sin mandato de juez en casas particulares y arrestar a sospechos para interrogarlos. ¿Por qué quieren un permiso para hacer lo que de todas maneras están haciendo por órdenes de Calderón? Para defenderse cuando sean juzgados por ello en el futuro.

Anteayer, jueves, todavía ahíto por el recuerdo de las cosas “tan bonitas”, que según Tania Libertad se dijeron Calderón y Sabina el lunes, el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió al Senado a pedir a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública que no discutan, de aquí a septiembre, el tema del fuero militar, que pretenden reformar mediante la Ley de Seguridad Nacional. En el dictamen que de todos modos aprobaron ese mismo día, los legisladores anticiparon que los soldados y marinos que cometan delitos sexuales, torturas y desapariciones forzadas serán juzgados por tribunales civiles.

Tal vez Sabina no sepa que hasta hoy, ningún soldado o marino ha sido presentado a la opinión pública como responsable de crimen alguno contra la población civil. ¿Por qué? Porque eso lo juzgan tribunales militares, cuyas sentencias escapan al escrutinio ciudadano. Pero, ¿por qué Gómez Mont pidió una prórroga de cuatro meses al Senado? Porque el Ejército está discutiendo, dijo, su propio proyecto de reforma sobre el fuero militar, “que satisfaga las exigencias democráticas”.

Fuentes legislativas consultadas al respecto revelaron a esta columna que, entre otras cosas, los militares demandan que la Ley de Seguridad Nacional les conceda facultades para autorizar la celebración de fiestas particulares, supuestamente para ejercer mayor control sobre el crimen organizado, tan afecto a las parrandas con mariachis y tequila.

Veintiséis años después del retorno a la democracia, Argentina continúa juzgando y castigando a políticos, jueces, sacerdotes, policías, marinos y soldados que durante la dictadura militar (1976-1984) asesinaron y desaparecieron a más de 30 mil personas. Sus pares mexicanos, que hoy obedecen las espantosas instrucciones que les dictan desde Los Pinos, se sienten tranquilos de momento. Si el Senado aprueba la abolición del fuero militar, la Cámara de Diputados deberá ratificarla, lo que está por verse, pues para eso sirven los fieles a Peña Nieto. Pero si aún así, la Ley de Seguridad Nacional queda lista para ser promulgada, manteniendo la supresión del fuero militar, Calderón podrá vetarla, negándose a publicarla en el Diario Oficial.

Hay una nueva guerra sucia en México y quienes participan en ella lo hacen por disciplina, pero a la larga tendrán que responder ante la justicia. Cuando el estado de derecho se restablezca en el país, quienes hoy disparan por órdenes superiores contra el pueblo tendrán que rendir cuentas, porque los crímenes de lesa humanidad jamás prescriben. Por el bien de todos, y de ellos mismos, soldados y marinos deben regresar a sus cuarteles a la mayor brevedad.

Con un abrazo grande para José Emilio Pacheco, desde ayer premio Nobel de las letras hispánicas, Desfiladero dedica la música de los versos que abren esta página a su entrañable amigo Carlos Monsiváis, a quien exhorta a salir ya de ese hospital, entre otras cosas, para llevar a cabo una misión que sólo él puede realizar con éxito: decirle a Sabina que, si en verdad le importa y desea reconciliarse con millones de mexicanos que aman su poesía tanto como repudian a Calderón, cuando regrese a Madrid organice un concierto en solidaridad con México, hoy sometido a una dictadura neofranquista cada día más sanguinaria.

jamastu@gmail.com




México SA

La insoportable levedad de Calderón

Percepción en el México que “se ve bien”

Frases emotivas en la cumbre del dinero





Carlos Fernández-Vega

Surge un problema de rompecabezas tras escuchar los maravillosos cuan realistas discursos pronunciados en la 73 convención bancaria de Acapulco, donde hablaron barones del dinero, directores de instituciones financieras públicas, secretarios de despacho, gobernador del estado y, desde luego, el inquilino de Los Pinos: ¿en cuál de las miles de frases emotivas pronunciadas en esa fastuosa cumbre del dinero cabe el espeluznante hecho de que más de 10 millones de mexicanos obligadamente se incorporaron al ejército de pobres tan sólo en el primer trienio calderonista, para totalizar alrededor de 55 millones de depauperados en el país?

Veamos: A) “qué satisfactorio el poder decirles, ante ustedes, que bien vale la pena correr los riesgos de cambios profundos, porque al final de cuentas, y más pronto que tarde, reditúan en beneficio de los mexicanos… hoy puedo decirles que México hizo la tarea y que la estrategia que elegimos como país para combatir la crisis económica está mostrando su efectividad… estos buenos resultados, porque lo son, son una muestra de que México fue capaz de hacerle frente a una de las crisis más grandes de la historia moderna, gracias a que pusimos en operación medidas contracícilicas oportunas que permitieron a nuestra economía seguir en marcha, sin poner en riesgo su estabilidad… hacer de nuestro México, un mejor México, un país donde la gente pueda vivir mejor… Hoy podemos afirmar que México está más fuerte que antes, no sólo porque hemos sorteado una crisis grave, sino además, porque en tiempos difíciles, tomamos decisiones aún más difíciles, pero correctas; decisiones que nos fortalecieron como país, mediante un esfuerzo sin precedentes de la sociedad, fundamentalmente, y del gobierno… Hoy podemos decir con certeza que avanzamos en el camino correcto, que la economía está creciendo, que se están generando empleos y que se han hecho y se siguen haciendo las reformas que México necesita… Hemos hecho juntos grandes cosas y queremos hacer otras más… les reitero lo que dije hace un año: sé que saldremos adelante. Hoy agrego: estamos saliendo adelante. Sé que recuperaremos el terreno perdido; no sólo por la fortaleza de nuestra economía, sino por aquello en lo que siempre he creído, que es el valor de nuestra gente y la grandeza de nuestro México” (filósofo de la percepción e inagotable locutor Felipe Calderón).

B) “Hoy, México, gracias a su potencial, se ve bien… Repito: hoy, México se ve bien, pero estoy convencido de que puede verse mejor… Los signos de recuperación están a la vista… Sin duda, las cosas marchan mejor… A diferencia de lo que pasó en 1995, cuando las serias debilidades del sistema financiero pusieron al país en una de las peores situaciones de que se tenga memoria, las reformas emprendidas en la última década para fortalecer este sector nos han permitido, no solamente recuperar poco a poco todo lo que aquella crisis nos costó, sino también enfrentar esta nueva crisis desde una posición excepcional… Hoy, México, tiene todo para entrar en una buena racha. De todos nosotros depende que los siguientes años sean de crecimiento económico sostenido, que se traduzcan en desarrollo y en generación de empleos en todas las zonas del país. De todos nosotros depende que este crecimiento económico se traduzca en bienestar social, en jóvenes más educados, en familias más sanas, mejor alimentadas y con mayores oportunidades. Y estoy convencido de que esto puede lograrse si y sólo si el sistema bancario nacional funciona como debe funcionar, si presta como debe prestar y si llega a todos los lugares a los que debe llegar (monotemático secrebecario de Hacienda y pato salvaje en Sedeso, Ernesto Cordero).

C) “Ante esas difíciles circunstancias (las de la crisis), el presidente, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México dieron un paso al frente y tomaron una serie de medidas exitosas. Y funcionaron. Qué diferente es hoy el mundo al de hace un año. Los escenarios de mayor riesgo tienen una probabilidad más baja, los mercados financieros funcionan con casi total normalidad y el país está saliendo claramente de la recesión… Si hoy los inversionistas miran con ilusión a México, es en gran parte por las oportunas decisiones tomadas por el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. En nombre de la Asociación de Bancos de México, quiero expresarle a usted, señor Presidente, y a su equipo económico, y también al Banco de México, nuestro más sincero reconocimiento por el éxito conseguido en retomar la senda del crecimiento con mayor rapidez de la prevista y, sobre todo, por hacerlo sin poner en riesgo la estabilidad económica conseguida en los últimos 15 años, porque las políticas fiscales sanas y la baja inflación mantenidas de manera consistente en dicho periodo, han sido vitales para fortalecer al país y para salir de esta crisis, y lo seguirá siendo (presidente de los agiotistas institucionales y destacado zalamero profesional, Ignacio Deschamps; 185 mil millones en utilidades netas en un trienio, bien valen el esfuerzo).

D) “Mantener fundamentos económicos sólidos paga bien. En efecto, la mayoría de las economías emergentes, como México, han trabajado desde hace más de 10 años en tener disciplina fiscal, una política monetaria responsable, un bajo nivel de endeudamiento y en preservar la fortaleza de sus sistemas de intermediación financiera. El principal logro a destacar es que la inminencia de una crisis sistémica a nivel global se ha desvanecido” (doctor “catarrito” que le echa todos los kilos, que son muchos, y, de paso, dice gobernar el Banco de México, tras demostrar su condición de pato salvaje durante su estadía en Hacienda).

Entonces, si alguien tiene la respuesta al acertijo, favor de notificarlo a la brevedad. Cincuenta y cinco millones de pobres lo agradecerán profundamente.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades! El Inegi informó que la tasa oficial de desocupación en el país se redujo de 5.43 por ciento de la PEA en febrero a 4.81 por ciento en marzo, aunque en términos anuales el indicador del tercer mes de 2010 resulta mayor a la de un año atrás. La mayoría de las “plazas” laborales generadas en el periodo correspondieron al sector informal de la economía (54 por ciento del total). Pero qué más da, porque el número de mexicanos en desocupación abierta apenas llega a 2 millones 260 mil.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx





Dos visiones del mundo laboral



Arturo Alcalde Justinian

La iniciativa de reforma laboral presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de abril no fue improvisada: es resultado de un largo proceso de reflexión y propuesta de los sectores productivo, sindical, académico y ciudadano, además de que actualiza la presentada en 2002, con los aportes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Se trata de una perspectiva que confronta a la generada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), conocida como iniciativa Lozano”.

Son muchas las diferencias entre una y otra iniciativas; la promovida por el PRD-UNT está vinculada a un proyecto de modernización integral del país en una línea de ganar-ganar. La “iniciativa Lozano”, en cambio, más allá de los discursos, propone en lo concreto abaratar la fuerza de trabajo, reducir su estabilidad e incrementar el control empresarial de los derechos colectivos, como una supuesta solución a los retos de la globalización. El análisis de estas propuestas es un ejercicio necesario, sin olvidar que “la oficial” debe evaluarse en el contexto de su desempeño cotidiano. Cuatro aspectos permiten destacar las diferencias.

El primero se relaciona con el ámbito constitucional de las reformas. La propuesta PRD-UNT incluye temas ignorados por la “iniciativa Lozano”, vinculados al sistema de justicia, la fijación de los salarios mínimos, como parte de la política económica, y la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público. Sin modificación constitucional estos cambios no podrían ser abordados.

Un segundo tema se refiere a la fijación de las condiciones de trabajo para responder a las necesidades del mercado y la recuperación salarial. La propuesta Lozano facilita el despido libre, la contratación precaria y hace referencia a un conjunto de medidas de contenido más cosmético que real, puesto que ya están contenidas en la ley. Es el caso de las reglas en materia de promoción, ascenso, flexibilidad en las funciones de los puestos y productividad por capacitación. En este capítulo introduce dos aspectos muy lesivos para los trabajadores. La ocurrencia patronal consistente en hacerles pagar las consecuencias de la lentitud de los juicios laborales, limitando los salarios caídos a seis meses, en el supuesto de laudos dictados en su favor. No afronta el reto de disminuir el tiempo de los juicios, por el contrario, mantiene sus vicios y hace pagar el costo a la parte más débil. También incluye la contratación por horas, que aplicada como medida general tendría un impacto negativo en el modelo, habida cuenta de los bajos salarios que imperan en nuestro país.

La propuesta PRD-UNT parte de la premisa de que la ley sólo fija las garantías y reglas básicas del juego, en un entorno laboral diferenciado que requiere de un mínimo de diálogo y concertación para adecuar las condiciones de trabajo a un esquema de auténtica racionalidad productiva y de beneficios compartidos. No se limita a una visión parcial en favor de los trabajadores, entiende que el desarrollo productivo es una exigencia para lograr la viabilidad del país en su conjunto. Para ello, propone que el ajuste de jornadas, intensidades, adecuación con nuevas tecnologías, duración de la relación laboral, esquemas de remuneración, de capacitación y tercerización justificada, se ubiquen en el contexto complementario de la contratación colectiva, como sucede en los países altamente competitivos del mundo. Agrega una protección inexistente en la propuesta panista, el seguro de desempleo, regulado de manera realista con fondeo compartido y en el marco del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un tercer tema se vincula a la democratización sindical y la contratación colectiva auténtica, instituciones íntimamente relacionadas. La propuesta PRD-UNT adquiere carácter estructural en la medida que enfrenta la problemática de control, simulación y corrupción vigentes. Coincide con la propuesta panista de incluir el voto secreto en los procesos sindicales, tanto de elección como de diferencias intergremiales; sin embargo, no comparte la estrategia de debilitamiento gremial y de la contratación colectiva por la vía de nuevos mecanismos de control básicamente de corte empresarial. La diferencia en materia de firma y titularidad de los contratos colectivos es clara. La propuesta PRD-UNT hace efectivas las garantías de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluyen libre tipología sindical, supresión de la toma de nota, autonomía en las formas de organización y radio de acción, condiciones necesarias para un fortalecimiento de la contratación colectiva, institución clave en cualquier modelo laboral sustentable y productivo; en esta línea, propone acuerdos por sector, rama de actividad y cadena productiva, apoyándose en experiencias exitosas a escala internacional.

La propuesta PRD-UNT sugiere crear un registro público de contratos colectivos y sindicatos que favorezca una real autonomía y el desarrollo de un sindicalismo decente, utilizando el término de la OIT, una especie de IFE pequeño. Ambas coinciden en la eliminación de la cláusula de exclusión por separación, aunque la del PRD-UNT considera sancionar la intromisión patronal en la vida de los sindicatos.

Un cuarto aspecto hace referencia a la justicia laboral, reclamo consistente y generalizado en favor de una autoridad imparcial, calificada y eficaz que resuelva los conflictos en periodos cortos. La “iniciativa Lozano” le da vuelta al tema y mantiene la estructura viciada de las juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras el PRD-UNT retoma el reclamo de un sistema moderno de justicia, por conducto de jueces laborales en el ámbito del Poder Judicial.

Este primero de mayo es una oportunidad para que la población exprese su posición frente a la reforma laboral que necesitamos. Marchemos juntos.






La prueba de Enlace



Enrique Calderón Alzati / ii

Hace dos semanas escribí un artículo sobre la prueba de Enlace, en el que me propuse resaltar la importancia de este instrumento de evaluación educativa, que se ha venido aplicando desde hace algunos años y que en el presente se realizó en marzo para los estudiantes del sector medio superior y esta semana para los alumnos de educación básica, por lo que constituye un tema de interés público que merece ser ventilado públicamente, sobre todo ante la existencia de opiniones tan encontradas como diversas. El artículo generó una serie de simpáticos comentarios sobre su contenido, los cuales agradezco por el tiempo que se tomaron sus autores en leerlo y escribirlos; agradezco también un par de lecciones de ortografía que me fueron enviados y que desde luego me invitan a ser más cuidadoso.

Por ello, he considerado importante escribir un segundo artículo sobre el mismo tema, proporcionando alguna información que quizás no es del dominio público, de acuerdo con lo que he podido observar.

Antes de hablar de la prueba, es importante referirme al sistema educativo en su conjunto, para señalar algunas deficiencias relevantes, como la gran diferencia que se observa entre los niveles educativos de los estados del norte de la República con los del centro y del sur, o entre las zonas urbanas y las regiones rurales, diferencias que son inocultables y socialmente injustas, por las consecuencias que ello tiene en el desarrollo económico y en la calidad de vida de esas regiones. Tales diferencias no son nuevas, pero con los años se han venido incrementando, al grado de estar conformando hoy varios Méxicos socialmente distintos. El sindicato nacional de maestros, los sucesivos funcionarios públicos que han dirigido la SEP, y los gobiernos estatales, no son todos ajenos al crecimiento de este problema.

Por otra parte, existe la idea maniquea de que el gobierno es terriblemente malo, confundiendo el término gobierno con el de la cúpula gobernante, lo cual impide ver que en ese gobierno pueda existir gente comprometida con el cambio y la justicia social; negar esto es negar nuestra historia. Hidalgo y Morelos surgieron de la institución más corrupta de su tiempo; Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto trabajaron como funcionarios de gobiernos muy cuestionables, antes de llegar a ejercer el poder para dejar su huella en la historia; varios caudillos de la Revolución sirvieron en el porfirismo antes de romper con él; el general Lázaro Cárdenas surgió de las filas del callismo y eliminó los intereses representados por éste. ¿Acaso no es posible que del sector educativo surjan los elementos de cambio que el país necesita? Desde luego que en los últimos que pudiéramos pensar sería en el señor Lujambio o en la señora Gordillo.

Un tercer elemento al que quizás valdría la pena darle la importancia que tiene es que, por el hecho de formar parte de alianzas y acuerdos internacionales, los países socios de México han estado obligando a nuestros gobernantes a mejorar los niveles de conocimientos, competencias y aspiraciones de su población, por la sencilla razón de que a ellos les interesa el crecimiento del mercado mexicano para sus productos, trátese de autos, celulares o alimentos industrializados, para lo cual necesitan que los mexicanos tengamos mejor educación y mejores condiciones de vida, seguramente no por otra cosa, de manera que las organizaciones que realizan las tareas de evaluación, al igual que las personas que las coordinan, son respaldadas más por esas agencias que por los funcionarios educativos y líderes sindicales; yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con algunas de las ideas y razones que sustentan los modelos liberales que le han sido impuestos a México, pero como dije en mi artículo anterior, ello constituye un tema de discusión ajena al sistema educativo, por lo cual las herramientas de evaluación educativa en un contexto de competencias productivas constituyen un elemento estratégico para el futuro del país; tratar de hacerlas a un lado, porque es el gobierno el que las aplica, es algo así como darle patadas al pesebre.

Imaginemos por un momento que al aplicar el examen de Enlace 2009-2010 los estudiantes de algún estado, como Querétaro o Baja California, por ejemplo, salieran mal en la evaluación, ello constituiría una llamada de atención a la población de esas entidades sobre la existencia de algún tipo de problema y daría pie a demandas públicas para corregirlo; al mismo tiempo, los resultados estarían indicando a los gobiernos respectivos la necesidad de dar mayor atención a la educación (que buena falta hace en todo el país) y asignar más recursos a sus sistemas educativos.

No entiendo muy bien por qué estas razones puedan parecer descabelladas o de mala fe. México no va a tener mejor educación de un golpe, sino como resultado de muchos esfuerzos que puedan ir siendo preparados, articulados y mejorados por maestros y especialistas comprometidos (que no funcionarios ineptos). Después de haberla analizado, la prueba de Enlace aplicada hace un año me parece excelente (para las áreas de español y matemáticas); la recién aplicada habrá que estudiarla y, si está mal, lo cual podría ser posible en virtud de los cambios realizados en esa institución, habrá que demandar su mejora, pero nunca su eliminación.




23 abr 2010


La obcecación



Luis Javier Garrido

Las perspectivas de México en 2010 no po-dían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.

1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.

2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.

3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.

4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de “fuego cruzado”, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.

5. El “caso Sabina” ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para “luchar contra el narcotráfico” a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta “ingenuidad” de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.

6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque “legalizar” las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.

7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército “despliegue funciones policiacas”, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama “institución fundamental del Estado” fue sometida por Calderón a un “desgaste brutal”, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.

8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos “ésta es una guerra” y que se encuentran en las calles “para atacar”, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.

9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.

10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.





22 abr 2010




Un blanco verde olivo…


• La vara que no mide igual
• Las dos vías de la lealtad

Un delito no castigado, mi estimado, engendra una familia de delitos. Se recrudece la violencia desatada por la “ridícula minoría” que sigue demostrando sus niveles de impunidad que esbozan un escalofriante rostro del Estado fallido que tanto se ha pretendido maquillar. En Nuevo León, Tamaulipas y en el terruño de Enrique Peña Nieto son frecuentes las ejecuciones y los enfrentamientos donde nuestras fuerzas armadas salen a contener el tiradero de la corrupción e ineficacia de las autoridades civiles.

Y con todo y esa lealtad que las caracteriza, my friend, el tema de los abusos, atropellos y excesos relacionados con los derechos humanos, que serán el sello del futuro régimen, actualmente no hay cómo ni con qué suplantar la labor del ejército en la lucha contra la organizada delincuencia.

Hoy, el batidillo del debate ronda alrededor del simpático fuero militar y del necesario y urgente marco legal para arropar a la última institución que no titubea para entrarle de lleno a la arena de los madrazos, donde ya sienten lo duro y lo tupido del organizado crimen que ha hecho de su blanco el verde olivo. Y como al mal paso darle paso redoblado, el (des)gobierno de Felipe Calderón anunció que enviará una de su iniciativas para limitar el fuero militar ante lo que ya es una presión internacional que está fuera del control del gymboree (con minúsculas) presidencial y del partido en el poder (del no poder).

El caso está suscrito en el ámbito de la recomendación de la CIDH sobre el caso Radilla, que llega en un original timing de la ofensiva de esa “ridícula minoría”, yes? Y para ponerle más ingredientes explosivos a la emocionante adversidad sigue pendiente la aprobación de un marco legal y jurídico que permita al Ejército tener márgenes de maniobra en esta irreflexiva guerrita de Felipe Calderón, que los ha expuesto, vulnerado, desgastado y lastimado no sólo en su interior, sino a los ojos de tirios y troyanos.

Olvidando, mi estimado, que de las 51 recomendaciones emitidas por la CNDH hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, todas y cada una han sido aceptadas y se ha iniciado, según el caso, los procedimientos administrativos y judiciales contra el personal militar.

Datos duros:

En 27 recomendaciones la AP (averiguación previa) se encuentra en integración. En seis se tienen causas penales, en diez se ha propuesto su archivo ya que no se ha encontrado responsabilidad alguna, en cuatro se inició un proceso administrativo, en tres se concluyó la AP no acreditándose la conducta ilícita y en una no se inició la AP por no haber participado en los hechos elementos del Ejército.

Indudablemente, los recientes acontecimientos han colocado a nuestras fuerzas armadas en situaciones complejas que han derivado en, digamos, sugestivas diferencias no sólo con autoridades federales civiles sino con la clase empresarial como sucedió con los lamentables hechos relacionados con la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey sumado al atractivo choque en Tamaulipas, donde fallecieron dos menores en un peligroso enfrentamiento que está siendo investigado para poner los puntos sobre las íes verde olivo y deslindar responsabilidades.

El estupendo quid es que en el (des)gobierno de Calderón no se mide con la misma vara a los elementos, funcionarios y/o autoridades que están en la calle combatiendo a esa bautizada minoría ridícula que muestra y demuestra quién es quién en el control de los territorios y en la diputa por las codiciadas plazas.

Mientras la PF de García Luna se avienta a la alberca acapulqueña sin agua sumando daños colaterales, que son los menos, sin explicar los detalles de lo sucedido y sin estar sujeto al escarnio del spin mediático, a nuestras fuerzas armadas se les coloca en situaciones de orfandad al no ser arropadas por el mismísimo poder civil y qué tanto es tantito, al fin que la lealtad es de una sola vía...

El cándido problema es que una sola vía no será suficiente para prevenir la incertidumbre de la certidumbre de la báscula de la historia que será letal e irreparable. Un perverso juego donde todos pierden y muy pocos ganan.

Porque aún teniendo algunos revoltosos civiles su Plan B y ruta de escape, el vertiginoso deterioro y el caos podrían frenar esos divertidos propósitos. Sobre todo porque su manto de impunidad, my friend, no es invulnerable ni mucho menos, indestructible…

gomezalce@aol.com











El hijo pródigo de Atlacomulco



José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- Más allá del espectáculo que para muchos medios ha representado el caso de Paulette Gebara Farah, la muerte de la niña ha mostrado, una vez más, las serias deficiencias que Enrique Peña Nieto tiene como gobernador y que no ha podido tapar con la millonaria campaña que ha pagado a Televisa, desde que empezó su administración, para llegar a la presidencia en 2012.

Y no es ésta la primera vez que Peña Nieto refleja su incapacidad como gobernador. No hace mucho, en febrero pasado, el municipio de Chalco se inundó por las aguas negras del canal de desagüe, afectando 500 casas de familias pobres. El gobernador mexiquense, quien pretende ser presidente de la República, tardó días en atender el problema, y cuando los hizo fue sólo para dar paliativos.

Algo similar ocurrió meses antes en el fraccionamiento residencial Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, que también sufrió una inundación, sin que hubiera una reacción inmediata del gobernador.

Son muchas las muestras de incapacidad de Peña Nieto como gobernante, pues ha dejado tras de si una serie de casos y problemas que no ha resuelto o les ha dado soluciones temporales.

De memoria podríamos citar las lagunas que quedaron con el caso de la muerte de su esposa Mónica Pretelini, quien no recibió a tiempo ni con urgencia la atención médica, pues fue llevada al hospital ABC en ambulancia terrestre, cuando ya nada se podía hacer para salvarla. Queda la duda de por qué no la llevo inmediatamente en el helicóptero en el que Peña Nieto viaja regularmente hasta de noche, y también por qué ordenó la incineración inmediata.

Otro caso igualmente escandaloso fue el de su antecesor Arturo Montiel, de quien se descubrieron malos manejos de los recursos públicos, mientras que sus hijos y a su exesposa Maude Vercini heredaron propiedades lujosas en México y Francia. El gobierno de Peña Nieto sólo tapó las pruebas que inculpaban a Montiel y su familia, haciendo lujo de la impunidad.

Un ejemplo más fue el asesinato de Enrique Salinas, en diciembre de 2004. Hasta el momento no se sabe quiénes lo asesinaron, y menos los motivos. Basta recordar que el cuerpo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Lomas de Anáhuac, Estado de México, con varios disparos de arma de fuego.

La cabeza de Enrique Salinas tenía una bolsa de plástico, pero no murió de asfixia. Al cabo de dos años de investigación se pretendió dar como causa de muerte la extorsión de dos policías, pero fue desechada y el asesinato sigue impune hasta el momento.

Otros casos con un sello de impunidad son los de las mujeres asesinadas en el Estado de México, entidad que tiene el registro más alto de feminicidios en todo el país.

Según datos de 2009 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 529 mujeres y niñas fueron asesinadas en ocho estados de la República. De éstos, 173 fueron cometidos en el Estado de México, 93 en Baja California, 69 en Sinaloa, 63 en Tamaulipas, 57 en Jalisco, 38 en Nuevo León, 33 en Morelos y tres en Zacatecas.

De enero de 2007 a diciembre de 2009, el organismo documentó 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de la República mexicana. Destaca el Estado de México, con 556, seguido por el Distrito Federal, con 235 casos; Sinaloa, con 179; Jalisco, 164, y Chihuahua, con 157 casos en el mismo periodo.

A pesar del crecimiento de este fenómeno, en lo que va del gobierno de Peña Nieto no se ha hecho nada para detenerlo, y la impunidad y la violencia contra las mujeres en la entidad parece no tener fin.

La campaña mediática que ha pagado a Televisa desde que fue elegido como gobernador, no logra tapar todos estos problemas que Peña Nieto trae encima sin resolverlos.

Ni se diga del caos del transporte público en toda la entidad, o de la corrupción de la policía, o bien de las obras viales de relumbrón que ha hecho, como el segundo piso en el Periférico, que en nada ha resuelto la vialidad.

En cualquier otro estado o en el Distrito Federal, un caso como el de la muerte de Paulette hubiera puesto en el filo de la renuncia a quienes gobiernan. Pero a Peña Nieto nadie lo toca, menos las dos grandes televisoras que, en lugar de señalar a los responsables, han hecho de este caso una pésima telenovela.

Cada vez que aparece en los canales de Televisa y TV Azteca, el gobernador mexiquense opina o anuncia su boda desde el Vaticano, luciéndose con la artista Angélica Rivera, en una pésima versión de la pareja francesa Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.

Así, pues, las cartas de Peña Nieto como gobernante no son las mejores, a pesar de la millonaria propaganda y publicidad desplegada en los medios. Habría que verlo en un debate de ideas para saber qué dice, cómo define su proyecto político y cómo piensa enfrentar los múltiples retos que tiene el país y que con el paso del tiempo se agravan.

Hay que ver de qué madera esta hecho el hijo pródigo del grupo Atlacomulco, porque lo que ha mostrado hasta el momento deja mucho que desear y mucho que decir.


¿De verdad los mexicanos seremos tan ciegos como para votar por Peña Nieto en el 2012? si es así de plano yo me suicido .