01/08/2011



Gravísima responsabilidad






Jorge Carrillo Olea




Entre las negras cosechas que la guerra calderoniana heredará está la depreciación de las instituciones. La procuración de justicia y la seguridad pública están en el fondo del pozo de lo impresentable, por más alegatos siempre inteligentes pero nunca sustentables de Alejandro Poiré.

De acuerdo con el todavía proyecto de ley de seguridad nacional, las fuerzas armadas seguirían el mismo rumbo. Se les pretende dotar de tal cauda de atribuciones claramente inconstitucionales que las pone al borde del delito en cada comisión que su comandante supremo en su creciente vesania les endose, y al país dicha ley lo ubica muy próximo al estado de sitio.

Un país nunca estará más cerca de la barbarie que cuando sus órganos de justicia, de seguridad y sus fuerzas armadas están al capricho de un absolutista. De esto dan prueba el michoacanazo y el tema Jorge Hank. De ambos pagó pesada factura el buen nombre del Ejército. Inventar delitos, testigos y sentencias se antojaba propio del África de Idi Amín o de los pasados tiranos latinoamericanos, sostenidos por sus envilecidas fuerzas armadas.

Ahora parece que tales leyendas pueden ser una realidad mexicana, de aprobarse como está el proyecto de esa ley. El Presidente está dispuesto a llegar a lo que sea para bloquear al PRI; ello es gravísimo, pues entrañará violencia contra movimientos políticos y sociales que la endosará a las fuerzas armadas. Con ello, Calderón terminará su tarea de destructor de las fortalezas nacionales.

Es innegable que en el pasado ya casi remoto las fuerzas armadas han sido usadas para la represión de movimientos políticos y sociales, eso no puede ser soslayado. Pero a partir de ese reconocimiento debe decidirse que tales excesos no volverán. Venturosamente ya habían pasado sexenios en que las acciones militares para enfrentar descontentos sociales habían ido a la baja y eso reconociendo ese peculiar brote que fue Chiapas.

Tal tendencia, tan de acuerdo con la democracia anhelada y buscada, era una satisfacción. Ahora vamos marcha atrás. México desea unas fuerzas armadas acordes a su democracia en construcción. Las grandes democracias tienen en su ejército timbres de honor, de orgullo, de confianza y simpatía. Nosotros vamos exactamente contrario sensu.

No se trata de que las decisiones militares sean sometidas a votación; sería tonto. Democratizar las fuerzas armadas significa darles un marco legal claro, actual e insertado en la ética política. Significa que tengan una feliz relación con la sociedad, producto de su transparencia, de su fidedigna y auténtica relación con el Poder Legislativo, recordando el papel de éste como controlador del Ejecutivo. Unas fuerzas armadas democráticas son las que están abiertas a la sociedad, que no engendran misterios y menos dudas o temores. Que saben que el deber de obediencia no es ciego, que no debe reñir con la legalidad.

La Ley de Disciplina previene cómo deberá ser la conducta del militar. Particularmente el artículo 14 dispone: “Queda prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar”. Ante esto y mucho más, su comandante supremo, el presidente Calderón, no sólo hace caso omiso, sino que pareciera que ha recibido el mandato de que hay que usar a las fuerzas armadas cómo para lo que sea, sin ver que el mal estructural que les produce será dificilísimo de revertir.

Me consta cómo personal de menores jerarquías habla despectivamente de su comandante supremo; cómo encuentran inexplicable aquello a lo que se les obliga. Cierto es también que abundan los que, con pagas ya satisfactorias y cierto sentido belicoso, ven en su posible entrada en combate una íntima realización. Malo que quienes por su mayor antigüedad, jerarquía y estudios pensaran igual.

Qué falta ha hecho un programa –en todos los ejércitos en operación existe– para convencer, justificar y exaltar en las tropas la razón patriótica de las tareas de cada día, aun la posibilidad de morir. Es inexplicable la omisión, porque ese recurso del ejercicio de mando, como fortalecer la autoestima individual y colectiva, se estudia en las escuelas superiores.

Así nos encontramos con que algunas de las instituciones más preciadas en toda sociedad civilizada y democrática, en México están en riesgo de ser desdeñadas. Antes de proseguir con el proyecto de ley de seguridad nacional, ¿por qué no se ha reflexionado en esto? Habría respuestas: El Presidente no tiene un deber formal por el que entender el fondo de tales situaciones, no es su profesión. Sus secretarios de Estado, de Defensa y Marina, sí.

Ellos tienen el deber de valorar y resolver cómo se manejan las tropas. Dentro hay una propensión preocupante al deterioro moral, profesional y la creciente percepción de rechazo social a su presencia. Una depresión colectiva ya endémica, que en el medio se llama “fatiga de combate”, trastorno que se evidencia como un síndrome de estrés y repulsión al combate. ¿Qué explicaría el creciente número de suicidios?

Hoy sucede como en aquella funesta reunión de principios de esta administración en que se ordenó desatar la guerra. Quienes debían llamar a una reflexión, a pedir un brevísimo tiempo para calcular el cómo y los alcances de la orden, callaron. Un día asumirán saber qué es connivencia. Cada vez se habla más de una “comisión de la verdad” en el próximo sexenio y los presuntos involucrados ya se sienten indiciados.

Ellos conocen el peso del término “estrategia”, que nunca ellos ni nadie han conocido expresada en un documento comprensible. Tal estrategia por sus alcances debería ser un documento que mañana sería público, pues de existir sería histórico. Imposible, pues la estrategia fueron sólo palabras. Mañana se justificará con que es información de seguridad nacional. Así seguiremos yéndonos a pique. Es por esta actitud anticipada que el tema de la comisión de la verdad toma relevancia. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y otros países han sabido llamar a cuentas a sus violadores de derechos humanos. México no puede ser la excepción.

Con esos silencios abyectos de quienes sí saben lo que pasa y sus consecuencias se concreta la culpabilidad. Los errores de la “estrategia” por nadie conocida en lo concreto son carga del Presidente, pero la distorsión institucional e histórica de los cuerpos militares y policiacos es responsabilidad ética y técnica de sus jefes; ellos saben muy bien lo que pasa y hacia dónde vamos como país de seguir por el camino de la transgresión de la ética política, de la ley y del bien hacer a que las fuerzas armadas estaban acostumbradas.

hienca@prodigy.net.mx







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