Terrorismo estatal e impunidad

Carlos Fazio /II

La violación masiva de derechos humanos por integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal –a través de prácticas como la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria extrajudicial– tiene una lógica y un responsable. El 21 de septiembre pasado, durante un encuentro con la comunidad mexicana en Los Ángeles, California, Felipe Calderón dijo de manera textual: Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete a una casa, que si uno no la corta a tiempo, se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país, tómese el tiempo que se tenga que tomar y los recursos que se necesiten” (fuente: Presidencia de la República).

De propia voz, la lógica de Calderón es la del exterminio de presuntos delincuentes. Sin límite de tiempo y utilizando los recursos que sean necesarios. Pero Calderón, al fin abogado, debería al menos respetar la Constitución. Y el Congreso debería obligarlo a que la cumpla; a que no se incline ante la fuerza y defienda, pura y simplemente, el poder civil, del cual presuntamente es el representante, así sea de manera espuria.

A la vez, como apuntábamos en nuestra entrega anterior, la obediencia a órdenes superiores, si esas órdenes violan las normas de la guerra, es considerada también un acto criminal. Los soldados, marinos y policías deberían saber que la responsabilidad de las atrocidades es individual, recae sobre quien las cometió. Para la justicia, en especial desde los juicios de Nüremberg, el soldado o policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia de un mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir, responsable de sus actos. Su responsabilidad –que no tiene parangón, dada su función pública, con la de un civil que comete los mismos delitos– se ve acrecentada porque la comunidad le delegó el cometido de garantizar el respeto de la ley. De allí que los militares y policías mexicanos violadores de derechos humanos deberían mirarse en el espejo argentino, donde las condenas a cadena perpetua impuestas a 11 represores el 27 de octubre hacen justicia a las víctimas de la guerra sucia de la dictadura militar.

Conviene recordar que, más allá de la “función” de obtener información, la práctica de la tortura cumple un papel demostrativo, simbólico, al igual que las acciones de los comandos paramilitares y grupos de limpieza social. Mediante el uso de la tortura se busca “quebrar” al prisionero, provocando su muerte moral o física, para demostrar la fuerza del Estado, lo que también opera como mensaje de advertencia y amenaza a toda la población. La experiencia histórica demuestra que la tortura sistemática es el primer paso para la institucionalización del terrorismo de Estado. Y hoy, cuando la tortura reaparece en México de la mano de los “operativos conjuntos” ordenados por el jefe del Ejecutivo, ésta es consentida por los otros poderes del Estado y aplicada sin mayores preocupaciones para su ocultamiento.

A manera de ejemplo, en el marco de las acciones del Ejército en Chihuahua y Michoacán, o de la Marina, en el caso Beltrán Leyva en Morelos, quedó exhibida la voluntad de difundir entre la población la arbitrariedad que ha adquirido el poder de coacción de las fuerzas armadas, un poder casi sin límites ni condicionamientos morales. Una violencia gratuita, además, que no guarda relación entre los objetivos a lograr en el marco de un (pregonado) estado de derecho –donde la misión debería ser disuadir o capturar criminales– y el grado de brutalidad empleado. Las torturas, mutilaciones, asesinatos y desapariciones no mantienen una relación proporcional al fin que el Estado declara perseguir de manera pública –la lucha contra la delincuencia–, volviéndose pura exhibición del poder absoluto, autocrático, del titular del Ejecutivo, a no ser que el Congreso, el Poder Judicial y la clase política parlamentaria avalen también el exterminio de presuntos criminales.

Si bien la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas en las violaciones de la ley y los derechos humanos no es homogénea, todos sus miembros conocen la existencia de tales prácticas ilegales degradantes, y al permanecer en la institución las aceptan y toleran. A la vez, la total impunidad de militares y policías es posible por la complicidad o tolerancia de amplios sectores de la clase política, en llamativo contraste entre el discurso en defensa de la legalidad y la integridad del Estado que realizan los gobernantes y los medios de difusión masiva conservadores y el virtual silencio que mantienen respeto de la ilegalidad estatal.

La retórica del enemigo interno a exterminar (Calderón dixit), que proporciona una falsa legitimidad basada en un seudopatriotismo –que exalta como héroes y representantes de la nación a militares y policías violadores de derechos humanos–, no está exenta de responsabilidades políticas. Una responsabilidad extensiva a los grupos económicos propietarios de los medios de difusión masiva, que aceptan ser vehículos de la propaganda de guerra oficial, y que al preparar a la opinión pública para justificar esa participación aun en condiciones ilegales y anticonstitucionales (incluida la práctica de la tortura como “mal necesario” y el accionar de escuadrones de la muerte) legitiman la violencia estatal indiscriminada y alientan que la legalidad pueda ser violada sin consecuencias. Con un riesgo adicional: el recurso a la violencia ilegal por parte del Estado abre camino al golpismo.

Sordera, banalidad y montajes

Carlos Fazio

La política del haiga sido como haiga sido, que como nadie encarna Felipe Calderón, está basada en la vieja cultura de la transa, la mentira, la impunidad y la simulación. La sordera de Calderón ante los reclamos de Javier Sicilia y el amplio movimiento de los sin voz que firmó el pacto de Ciudad Juárez no es auditiva; responde a una política de Estado planeada en lógica guerrera. Desde su campaña electoral, los estrategas de Calderón definieron los comicios de 2006 como una confrontación bélica. El 11 de marzo de ese año, el propio Calderón “ordenó” a los candidatos a senadores y diputados del Partido Acción Nacional que actuaran como un “ejército” y salieran de manera “disciplinada” a las “trincheras”, a librar una lucha “cuerpo a cuerpo” contra el enemigo a vencer, definido por sus propagandistas como “un peligro para México”.

Por vía paralela, y según los parámetros de la guerra al terrorismo de la administración Bush, dos conspicuos miembros del aparato de seguridad del foxismo, Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, eran aleccionados en Washington y Bogotá sobre la necesidad de instrumentar en México una confrontación fratricida real, bajo el falso paraguas de una “guerra a las drogas”. Encuadrada en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, el TLCAN militarizado) y su brazo operativo de penetración y sometimiento, la Iniciativa Mérida (símil del Plan Colombia), cinco años después, el resultado de la guerra de Calderón es una ordalía de violencia, caos, terror y sangre que arrastra a México hacia un Estado autoritario de nuevo tipo.

Más allá de que la fábula del incendio y los bomberos –que como recurso propagandístico repite el inspector Alejandro Poiré– sea otra de las tantas coartadas fallidas del régimen, el sexenio calderonista se ha singularizado por un crecimiento exponencial de la violencia criminal. Se trata de una violencia de apariencia demencial, que, en un in crescendo, ha ido empujado al país hacia una salvajización de la vida cotidiana de difícil reversión. Asistimos a una orgía de atrocidades (degollados, descuartizados, mutilados con tiro de gracia, niños asesinados en retenes militares, gente colgada de los puentes, falsos positivos a la colombiana y un largo etcétera que se combina con desapariciones forzadas, la tortura sistemática y las ejecuciones extrajudiciales), que responde a una imaginación ilimitada en la forma de su perpetración por ejecutores made in México.

En ese sentido, la “humanización” del adversario (que no enemigo), y los llamados “al corazón” de criminales y poderosos, sustento del discurso de Javier Sicilia durante la denominada caravana del consuelo, parten del hecho real de que, como Eichmann en la Alemania nazi, los carniceros orgiásticos de este presente escalofriante mexicano pertenecen a la especie humana. México ha entrado al ámbito de la “banalidad del mal”. La banalidad de las atrocidades como práctica cotidiana perpetrada por hombres comunes, de carne y hueso, no monstruos.

Es necesario esclarecer lo que pasa para poder fincar responsabilidades. Con una aclaración para destruir falacias mediáticas utilizadas con la finalidad de justificar y/o encubrir al régimen. De suyo, los criminales están fuera de la ley. Deben ser detenidos, juzgados y, si se les encuentra culpables, deberá aplicárseles todo el rigor de la justicia. Pero hay muchos “pacificadores” que operan desde dentro de los órganos coercitivos del Estado. Entre ellos algunos militares “duros” autoconfesos, como el general brigadier Carlos Bibiano Villa y el teniente coronel Julián Leyzaola (“el Patton mexicano”), que han incurrido en la apología del delito al reivindicar el derecho de matar o de aplicar una “justicia inmediata”, sin intermediación de leyes o principios humanitarios (y que a la sazón consideran a las comisiones de derechos humanos como “protectoras” de delincuentes).

Producto exacerbado de la militarización de las estructuras civiles en el marco de la guerra de Calderón, los agentes estatales que cometen delitos para combatir criminales están haciendo un uso discrecional, extralegal y arbitrario de la fuerza, al sustituir los organismos de aplicación de justicia por un proceso de administración de venganza, por lo que no podrán escudarse, después, a la hora de tener que enfrentar a la justicia, en el patriotismo, la obediencia debida o la camaradería interpares.

En ese contexto, la demanda de Javier Sicilia en el Zócalo de la ciudad de México, cuando pidió a Calderón que cesara a García Luna, era correcta. El desprecio por las normas y leyes, protagonismo y proclividad al uso faccioso de la televisión mediante montajes para ensalzar las acciones de la policía que dirige, han sido constantes en la actuación del secretario de Seguridad Pública federal. El infomercial telenovelero El equipo, coproducido por Televisa y la SSP para vanagloriar a la Policía Federal con recursos del erario, fue su último dislate.

El primer caso sonado que envolvió al “superpolicía” de Los Pinos fue el reality show de la Agencia Federal de Investigación en la supuesta captura en vivo de una banda de secuestradores en diciembre de 2005. García Luna, entonces director de la AFI, tuvo que aceptar que todo fue una actuación para Televisa y Tv Azteca. Su confesión reveló la relación de amasiato y colusión entre el gobierno y el duopolio de la televisión. En ese caso, como en la recreación televisiva sobre la detención de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, la audiencia no sabe hasta ahora qué ha sido verdad o mentira.

Como antes la AFI, si la Policía Federal fuera tan buena y limpia no necesitaría rating o infomerciales en los medios electrónicos. García Luna ha sido uno de los ideólogos de la guerra de Calderón. El fracaso policial condujo a la militarización del país. De allí que a la exigencia sobre el fin inmediato de la estrategia de guerra, el regreso del Ejército a los cuarteles, el retiro del fuero militar y la desmilitarización de la policía, habría que agregar la destitución de García Luna.

La guerra y la paz

Carlos Fazio

Felipe Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por el poeta y activista no violento Javier Sicilia fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo no al enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta del inquilino de Los Pinos pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque “tenemos la ley, la razón y la fuerza”. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el “superpolicía” Genaro García Luna –émulo neodiazordacista del general Cueto, el de la matanza de Tlatelolco–, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa, los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, y familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno.

Calderón no entendió que para Sicilia el “Alto a la guerra” y el “No más sangre” no son demandas simbólicas. Son reales. De allí que la contradicción, ahora, sea recrudecimiento de la militarización versus acciones de resistencia en el marco de la no violencia activa, que, de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que “estamos hasta la madre” de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica.

Calderón no es sordo ni autista; tampoco insensible. Sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Su lógica es militar. Parte del mito de la guerra, como una realidad humana fundamental a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz: la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra.

El uso de los conceptos no es inocente. En nombre de una presunta guerra a las drogas, Calderón instauró un régimen de excepción, con zonas del país bajo virtual estado de sitio. Calderón ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante cuatro años y medio la “guerra” de Calderón dominó la agenda pública: convirtió la nota roja en noticia principal de diarios y medios electrónicos. En el segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la “unidad nacional” contra los criminales, los “verdaderos enemigos de México” –los “hijos de puta”, diría Aguilar Camín–, fracasó porque se trata de una guerra fantasma, con base en un mito.

El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual: es útil. El culto de la seguridad sólo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del Ejército, la Marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros once grupos corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el Ejecutivo.

Eso Sicilia lo tiene claro: la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren de las omisiones, complicidades y/o colusiones mafiosas de los que detentan el poder: la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las policías.

La militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, alias El Churchill, utiliza el “monopolio del poder” (sic) para hacer la guerra en nombre de “todos los mexicanos de bien”, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga.

Pero los ciudadanos están desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos; cuando el Estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos. Es decir, al uso de las armas que matan.

Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Quiere llevar al régimen al terreno de las soluciones no armadas. El “diálogo” que ofrece Calderón es un monólogo; se siente poseedor de la verdad única y ofrece una “cooperación” con base en la dialéctica del amo y el esclavo. De arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, la multitud que aspira a una paz con justicia y dignidad impulsa otra forma de hacer política; quiere una democracia participativa y más representativa. El nuevo Ya basta de los de abajo y las clases medias está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. La marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Los sonidos del silencio son otra forma de lucha. El alto a la guerra es hoy una cuestión de salvación nacional.

El jefe Diego, el misterio y la faida

Carlos Fazio

Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.

Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La “protección extorsiva” de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.

Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se “normalizaron” o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.

Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una “refeudalización política” del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.

Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una “paz de mercado”, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros “jugadores”, y que ha venido operando como una especie de “mano visible” que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.

Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.

El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual “neopatrimonialismo” extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción “institucional” –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.

En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.

En medio del caos y la violencia imperantes (México se “colombianiza”, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que “gobiernan” desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.

Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.

Bajas y percepciones

Carlos Fazio

La guerra contrarrevolucionaria tuvo su origen en la Escuela Francesa y, tras su derrota en Dien Bien Phu, fue aplicada por el ejército galo en Argelia. Se basa en la guerra sucia, expresión acuñada en 1948 por oficiales franceses en Indochina, donde aplicaron suplicios que no envidiaban nada a los de la Gestapo. Los métodos de la guerra sucia incluían tareas de inteligencia, la acción sicológica, la institucionalización de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzosa y masiva de “enemigos”, según la técnica inaugurada por Hitler con su decreto “Noche y niebla”, de 1941. Esas metodologías eran ejecutadas por comandos clandestinos del ejército, lo que a su vez requería de una justicia a la medida de los militares y leyes propias de un estado de excepción; ergo, la subordinación de la autoridad civil al poder militar. Importada por John F. Kennedy, apóstol de la guerra contrarrevolucionaria, se extenderá a toda América Latina, y de la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, los manuales de instrucción de la CIA y los escuadrones de la muerte, derivará en el terrorismo de Estado y en la multinacional represiva de las dictaduras del Cono Sur, dirigida desde Washington por el secretario de Estado Henry Kissinger.

2. En el contexto de una guerra sucia contrainsurgente que dura ya muchos años en Colombia, la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, que persigue una solución militar a un conflicto político-económico, ha utilizado la mentira sistemática como arma de guerra. Una modalidad del terrorismo militar y mediático, es lo que en ese país se conoce como “falsos positivos”. En la práctica, esa política, reportada como resultados positivos de la acción gubernamental contra grupos ilegales, ha implicado un incremento de las ejecuciones extrajudiciales de civiles no combatientes por parte del ejército, que luego son presentados como guerrilleros “muertos en combate”.

El asesinato de civiles inocentes (mil 800, según la ONU, principalmente jóvenes y campesinos pobres), como práctica para inflar los números de bajas causadas al “enemigo” (body count), fue utilizada por el ex comandante del ejército, general Mario Montoya (el “héroe” de la liberación de Ingrid Betancourt), para medir el progreso de la lucha contra las guerrillas. Esa modalidad incentiva las violaciones a los derechos humanos y es utilizada por oficiales del ejército que tratan de cumplir su “cuota” para impresionar a sus superiores y obtener ascensos. Está ligada al sistema de recompensas, permisos y ayudas económicas que establece el Programa de Seguridad Democrática de Uribe. En 2008, la desaparición de 19 jóvenes en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá, que aparecieron como “bajas” del ejército en Norte de Santander (a mil kilómetros de distancia), generó un escándalo que llevó a la destitución de 27 militares, incluidos tres generales, así como a la renuncia del general Montoya, premiado por Uribe con la embajada en República Dominicana.

3. En México, tras la llegada del embajador estadunidense Carlos Pascual, experto en estados fallidos y revoluciones conservadoras, y en el marco de la segunda fase del Plan México (Iniciativa Mérida) y de la “guerra” de Calderón contra un enemigo funcional y difuso, se ha incrementado el accionar de grupos paramilitares y de limpieza social, que, en clave de contrainsurgencia, han dejado un alto saldo de víctimas civiles (29, sólo en abril). Muertes minimizadas por Calderón y presentadas por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, como “daños colaterales” de una guerra urbana irregular contra la delincuencia. Ello, claro, siempre y cuando por la condición de clase de las víctimas, su pertenencia a instituciones de alcurnia o por su alta visibilidad mediática, no se llegue a decodificar y exhibir la premisa principal del régimen: todos los muertos son “sicarios” o “pandilleros” (Calderón dixit) hasta que se demuestre lo contrario.

El caso de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey asesinados el 19 de marzo pasado es paradigmático. Los datos duros indican que elementos de la séptima Zona Militar controlaron la escena del crimen por más de tres horas. En ese lapso alteraron el lugar de los hechos y desaparecieron evidencias. Entre ellas, las ropas y pertenencias de las víctimas, incluidas sus identificaciones. Además les sembraron armas. También confiscaron los videos de vigilancia y los radiotransmisores de la guardia del campus. Luego presentaron ante la opinión pública a Jorge A. Mercado y Javier F. Arredondo como sicarios. Hasta allí, la misma técnica de los “falsos positivos” de Colombia, a ser capitalizada como “eficacia” militar. Si a dos estudiantes de excelencia se les dio por sicarios, ¿cuántos degollados, descuartizados o encostalados no han sido presentados falsamente como presuntos delincuentes caídos en enfrentamientos con la policía y el Ejército o producto de ajustes de cuentas entre bandas rivales?

Pero entonces empezaron las contradicciones y se evidenció el montaje. A los padres de los muchachos no les dejaron ver los cuerpos en el Servicio Médico Forense. Reconocieron sus caras por… ¡computadora! Estaban amoratadas, desfiguradas. Rosa Mercado, madre de Jorge, dijo que parecía “torturado”. Según el rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, uno de ellos tenía amputadas sus piernas por el impacto de una granada.

Cuando la presión e indignación de la elite clasista regia creció, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, recurrió al plan B: el de las bajas colaterales resultado de “fuego cruzado”. Los estudiantes estaban en la “línea de fuego” y sicarios los mataron, dijo. El Ejército exonerado. Igual que en el otro Nintendo mediático, el de los niños Martín y Bryan Almanza, de Tamaulipas, cuya madre afirma que los asesinó el Ejército, mientras el fiscal militar lo atribuyó a una narcogranada. ¿Problema de percepciones o montajes y manipulación informativa?

La excepción y la regla

Carlos Fazio

Cuando Vicente Fox entregó de manera furtiva a Calderón ese poder del que tanto abusara, no quedaba duda de que, como secuela de la fraudulenta coyuntura que lo instaló en Los Pinos, el sucesor espurio persistiría en la imagen tiesa y recalcitrante, porfiada y admonitoria de su antecesor, y que profundizaría el carácter ultraconservador y la mano dura de un régimen ramplón apoyado por el gran capital y los poderes fácticos.

Desde el primer segundo de su investidura por un militar del Estado Mayor Presidencial, en lo que configuró a todas luces un virtual golpe de Estado técnico, Calderón se refugió en las fuerzas armadas para buscar legitimidad y las involucró en una guerra sin estrategia aparente, contra un enemigo funcional y difuso que estaba incrustrado hacía un cuarto de siglo en los pliegues de un Estado de tipo delincuencial y mafioso. Como consecuencia, el país se militarizó, y a últimas fechas ha ido incursionando en variadas formas de paramilitarización, guerra sucia y terrorismo mediático.

En ese contexto, en forma paulatina se fueron vislumbrando tres de los factores que Nicos Poulantzas detectó como síntomas indicativos de todo proceso de fascistización: la radicalización de los partidos burgueses hacia formas de Estado de excepción; una distorsión característica entre poder formal y poder real, y, por último, la ruptura del vínculo representante-representados (Fascismo y dictadura, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975, págs. 75 y 76).

En el primero de esos rubros, cabe señalar que el proceso mexicano, aunque acelerado, ha ido cumpliendo diversas etapas de desarrollo. No se adoptaron, ni se adoptan aún, de modo directo, disposiciones inherentes a un régimen de excepción, sino que más bien se eligieron normas excepcionales, más o menos previstas por el texto constitucional o sujetas a “interpretaciones”, tratando en primer término de convertirlas en aceptada rutina, para luego propugnar leyes que las incorporasen en forma permanente al aparato represivo del Estado. Verbigracia, las contrarreformas calderonistas en materia laboral, de seguridad nacional e interior (incluido el fuero castrense), y la ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. De modo que, en síntesis, el proceso fue éste. Primero: introducir de facto la excepción. Segundo: convertirla en rutina. Tercero: transformarla en regla.

El segundo índice, la distorsión característica entre poder formal y poder real, apareció en algunos enfrentamientos vinculados con grupos monopólicos (con Carlos Slim, en particular) y otros en materia de seguridad que involucraron a sectores de poder, como el caso Martí y, más recientemente, el asesinato por el Ejército de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. En cuanto al tercer ítem (ruptura del vínculo representantes-representados), a la larga zaga heredada de sus antecesores neoliberales, puede resultar ejemplarizante el manejo de la recesión económica y de la crisis de la influenza A/H1N1, así como el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Tal vez donde pueda reconocerse una diferencia neta entre las formas de los fascismos europeos clásicos y ésta de aquí, tan peculiar y pedestre, sea en aquel rasgo que Gramsci denominaba “equilibrio catastrófico”, ya que el signo clave del México actual es más bien un catastrófico desequilibrio. Es sabido que todo régimen de excepción se origina en una crisis política o en una crisis ideológica, o en ambas a la vez. Pues bien: aun desde su muy reaccionario punto de vista, ¿qué soluciones o atisbos de soluciones ha aportado el mandamás de turno a tales crisis? El saldo exhibe la coherencia de Calderón con su condición de clase: monólogos autoritarios, agresivos desplantes provocadores, siembra de miedos y odios, cacería de brujas, actitudes antiobreras, embestidas antipopulares de corte castrense y un largo etcétera, combinado todo eso con una total sumisión a Washington. Es decir, su extremado rigor hacia dentro se transforma hacia fuera en bochornosa obsecuencia convenenciera.

Desde un principio, Calderón ha intentado transformar el miedo en una modalidad de control social. Convirtió el estado de derecho en estado de desecho. Directa o indirectamente, su régimen ha propiciado el terror y no ha vacilado en usarlo (incluso contra jóvenes considerados “desechables” y niños que son asesinados en retenes castrenses, y luego refuncionalizados, con fines de propaganda exculpadora, como “daños colaterales”) como elemento de presión constante y dura persuasión. Problemas de “percepción”, diría el señor Presidente. Asimismo, de la mano de un fascismo furtivo reaparecieron la tortura sistemática, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, las desapariciones forzosas, los allanamientos sin orden judicial. A ello se suman la punitiva obsesión normativa de Calderón en desmedro de las libertadas ciudadanas y el estruendo de una “guerra” que sirve para encubrir el desastre económico y social.

Visto así, en el marco de la ley sobre la “afectación de la seguridad interior”, que busca legalizar la presencia de los militares en las calles y el uso de la “violencia buena” sin que tengan que sujetarse a tribunales penales civiles en caso de violaciones a los derechos humanos, la alternativa, de conseguir finalmente ese adefesio aval parlamentario, es cada vez más clara: o coincidimos ideológicamente con el régimen (lo que significa coincidir con la clase dominante que él representa y, por tanto, admitir que nos domine) o incurriremos en ese novísimo estado de peligrosidad o “afectación”, según la última palabra en materia de aberraciones jurídicas. Por ese camino, a poco de andar, sólo tendremos derecho a los monólogos del señor Presidente. Pero a diferencia del otro monologuista famoso, el príncipe de Dinamarca, Calderón no nos pondrá ante el dilema de ser o no ser. Sencillamente nos ordenará no ser. Porque, como se sabe, el ser ha significado, en todas las épocas, un estado de peligrosidad.

La visita

Carlos Fazio

La primera reunión extraterritorial del gabinete de guerra de la administración Obama-Clinton, aquí, el pasado 23 de marzo, abrió una nueva fase en el plan de absorción política y militar de México, plasmado en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005) e instrumentado en la Iniciativa Mérida (2007), como brazo operativo de las grandes corporaciones estadunidenses que quieren apoderarse de los recursos geoestratégicos del país.

Para que no quedara ninguna duda, después de la visita el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, experto en situación de crisis y estados fallidos, exhibió su papel de procónsul, cuando en entrevista con Televisa dijo sin tapujos que la actual estrategia militar de Felipe Calderón “la hemos diseñado los dos juntos”. La afirmación genera interrogantes acerca de si se trata de una estrategia fallida, como afirman muchos, o si el plan estadunidense consistía en generar un estado de caos y violencia reguladora irracional, en el contexto de una política contrainsurgente, para colocar a México en una fase de colombianización y, de paso, debilitar y desgastar a las fuerzas armadas mexicanas para penetrarlas y subordinarlas aún más a los lineamientos del Pentágono.

La sesión relámpago en México del gabinete de seguridad estadunidense tuvo como “misión” salvaguardar los intereses patrióticos, geopolíticos y rentables del imperio. Vinieron, giraron órdenes e instrucciones a los personeros nominales del Estado cliente denominado México y se fueron. Combinando el poder duro y blando, aprovecharon al máximo la corruptibilidad y las vulnerabilidades e incompetencias de los administradores bananeros del país –al servicio de una clase política y económica en relación simbiótica con la economía criminal–, que ya no controlan parte del territorio nacional.

La aparición en bloque de los halcones de Wa-shington fue el mensaje. Un mensaje público de espaldarazo a un régimen en extremo débil. ¿Pero un mensaje a quién? ¿Qué sabrá Washington que los mexicanos no sabemos, y que lo obligó a mandar a sus pesos pesados para impedir o postergar la caída de Calderón? Porque para anunciar el “giro social” de la guerra bastaba con enviar a la cara amable del imperio, Hillary Clinton, y seguir utilizando las formas encubiertas de la dominación vía sus agentes clandestinos en México.

A corto plazo nada sabremos de la agenda oculta de Washington. Lo divulgado antes, durante y después de la visita fueron simples cortinas de humo distractivas. Como tantas veces antes, hicieron un uso consciente de los medios como difusores de la estrategia de propaganda de guerra estadunidense. Por razones tácticas o de oportunidad, postergaron el anuncio sobre la institucionalización de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en algún punto secreto del Distrito Federal, desde donde operan hace casi un año expertos de inteligencia del Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras agencias estadunidenses, en coordinación con el embajador Pascual. La propia Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior, reconoció en un programa de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que a “pedido” de Calderón miembros del Ejército de Estados Unidos trabajan en forma “limitada” en México, poniendo a punto técnicas de inteligencia militar utilizadas en Irak y Afganistán (y antes en Colombia), en el marco de una “guerra” que según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Víctor Renuart, se prolongará 10 años.

Así como la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy fue el brazo “social” de la contrainsurgencia que en los años 70 derivó en la Doctrina de Seguridad Nacional que introdujo el terrorismo de Estado en varios países del área, la nueva fase de militarización de México combinará el control territorial y social (guerra sucia urbana) con esporádicas acciones de inteligencia operativa y financiera para golpear de manera selectiva a algunos cárteles de la economía criminal.

En realidad, con la excusa de combatir a la “delincuencia organizada”, se aplican las directrices básicas de la guerra de baja intensidad, que combina labores de inteligencia, acción cívica, guerra sicológica y control de población. Esa doctrina cambia la naturaleza de la guerra, la hace irregular y la convierte en un embate político-ideológico. Se trata de un conflicto prolongado de desgaste, no convencional. El centro de gravedad ya no es el campo de batalla per se, sino la arena político-social.

En la nomenclatura militar, el concepto de operaciones sicológicas está relacionado, generalmente, con objetivos y herramientas que buscan influir en la conducta de la población civil, del enemigo y la propia fuerza. La guerra sicológica trata de explotar las vulnerabilidades del enemigo y sus bases de apoyo: miedos, necesidades, frustraciones. El terror paralizante (la tortura y las ejecuciones paramilitares propias de la guerra sucia) se utiliza como un instrumento político de control de las mayorías, que busca generar dependencia, intimidación e incapacitar toda proyección hacia el futuro de manera autónoma.

La propaganda (empleo deliberadamente planeado y sistemático de temas) es consustancial a la guerra sicológica, que mediante la sugestión compulsiva y técnicas afines busca alterar y controlar opiniones, ideas y valores, y en última instancia cambiar las actitudes según líneas predeterminadas. Las distintas tonalidades de la propaganda bélica (blanca, gris y negra) persiguen el ocultamiento sistemático de la realidad para imponer la verdad oficial, distorsionando o falseando datos, o bien inventando otros. Así ocurrió con los juvenicidios de Ciudad Juárez, la ejecución “ejemplar” de Beltrán Leyva en Cuernavaca, el asesinato de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y en el caso del presunto narcomenudista capturado, torturado y ejecutado en Santa Catarina, Nuevo León.

Juárez, Freud y los “hijos de puta”

Carlos Fazio

Cuando el 11 de febrero, Luz María Dávila, madre de dos jóvenes ejecutados por un comando paramilitar en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, increpó de manera personal a Felipe Calderón, lo llamó mentiroso por haber afirmado que sus hijos y otros 13 muchachos víctimas de la matanza eran pandilleros. Otra mujer, Patricia Galarza, le pidió que sacara al Ejército de la ciudad. “Padecemos una guerra que nunca pedimos”, dijo. Por respuesta, Calderón señaló que los soldados permanecerían allí.

Era la primera puesta en escena del foro Todos somos Juárez, y la ira de una sociedad agraviada le estalló en la cara a Calderón. El montaje mediático resultó un tiro por la culata. El mea culpa presidencial no fue suficiente. La retractación de Calderón sobre su afirmación inicial, cuando tipificó la matanza como un “pleito entre pandillas”, fue tibia, con rodeos. Como para que quedara constancia de que pidió disculpas “si acaso ofendió” a las víctimas y sus deudos, pero sin asumir responsabilidad. El hombre mejor informado de México, a la sazón abogado constitucionalista, nunca rectificó que había hecho una aseveración condenatoria absoluta y totalmente falsa, sentenciando ipso facto a los jóvenes asesinados como pandilleros, sin asumir siquiera la presunción de inocencia… ¡de las víctimas!, mientras quedaran pendientes las investigaciones criminológicas. El manido recurso del poder, tan propio de la dictadura del general Videla en Argentina ante el exterminio de civiles: “Por algo será. En algo estarían”. Igual que fincar la responsabilidad del delito en las víctimas de los feminicidios. De los juvenicidios ahora. La culpa es de los juarenses. El débil siempre tiene la culpa.

Las palabras de Luz María Dávila, la madre coraje que le negó la bienvenida al Presidente en Ciudad Juárez, desplazaron de los medios la demagogia oficial y en los días subsiguientes el gobierno se vio obligado a montar un operativo de control de daños por interpósita persona. El alegato más sonado fue el del intelectual Héctor Aguilar Camín, entrevistado y amplificado un par de veces, de manera aprobatoria, por Ciro Gómez Leyva. Aguilar Camín admitió que “el Presidente se equivocó al precipitarse” y acusar a los jóvenes de pandilleros. Pero externó su desacuerdo con que le reclamaran a Calderón por los muertos: “Como si él, o Gómez Mont, o el Ejército (…) hubieran matado a esos muchachos (…) Los asesinos son los asesinos (…) ¡El gobierno no mató a los muchachos de Juárez, los mataron esos hijos de puta! ¡Ésos son los hijos de puta! ¡Volteémonos contra ellos! (…) Los hijos de puta son los hijos de puta”.

Más allá de las tautologías empleadas que poco esclarecen, a Aguilar Camín podría aplicársele el término de negación (Verneinung) propuesto por Sigmund Freud en 1925, para caracterizar un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto expresa de manera negativa un deseo o un pensamiento cuya presencia o existencia niega. En términos metasicológicos, Freud lo explicó a partir de la frase de una paciente: “Me pregunta usted quién puede ser esa persona de mi sueño. Mi madre, desde luego, no”. “Se trata seguramente de la madre”, apunta Freud, quien prescinde de la negación y acoge tan sólo el contenido estricto de las asociaciones. En la frase “no es mi madre” (ergo, no fue Calderón ni el Ejército), lo reprimido era reconocido de manera negativa, sin ser aceptado. Según el Diccionario de Psicoanálisis, de Roudinesco y Plon, “la denegación es un medio para tomar conciencia de lo que se reprime en el inconsciente”.

A la frase “¡El gobierno no mató a esos muchachos, los mataron esos hijos de puta!”, podría aplicarse el criterio freudiano de “no vayan a pensar que fue el gobierno”. Si no fue Calderón o el gobierno, por qué lo desmiente: “Aclaración no pedida, confesión de parte”. Pero además, en términos maniqueos, Aguilar Camín llama a los juarenses a voltearse contra los “asesinos”; propone canalizar la ira contra esos “hijos de puta”, que no están, dice, en filas gubernamentales. Lo que podría remitir al clásico de Montiel: “Las ratas no tienen derechos humanos. A las ratas hay que exterminarlas”. Y aquí, más allá de las percepciones, la cosa se complica.

El segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, afirma que “los violentos actúan bajo la protección del Estado”. Además, él y Edgardo Buscaglia hablan de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social. Y según Clara Jusidman, las víctimas civiles de Ciudad Juárez lo son “de una guerra entre dos mafias por el control del territorio, cada una apoyada por miembros de la clase política y de las fuerzas de seguridad y de justicia”. Un juarense declaró que sufren la violencia de tres cárteles: “el de los policías, el de los soldados y el de los narcos”.

Patricia Galarza le dijo a Calderón que la tortura se aplica en Chihuahua como medio sistemático de investigación. Que se pueden documentar mil casos de desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército o fuerzas federales. Calderón sólo admitió “abusos”. Lo cierto es que con el Operativo Conjunto Chihuahua hubo un escalamiento del conflicto, que se transformó en una guerra urbana de tipo contrainsurgente, remedo del modelo Medellín contra la Comuna 13, en 2002.

En Medellín se aplicó un modelo de agresión criminal contra la comunidad, que arrasó con el tejido social por la vía de la fuerza militar y “jurídica”, y derivó en un Estado paramilitar. Como señaló el jurista italiano Luigi Ferrajoli, en un estado de derecho no hay “enemigos”, sino ciudadanos, que podrían ser delincuentes. “Sacar a los soldados a la calle es una respuesta demagógica (…) la lógica de la guerra alimenta la guerra”.

Obama y el sátrapa Micheletti

Carlos Fazio


El golpe oligárquico-militar en Honduras responde a una estrategia global de la administración Obama-Clinton diseñada para hacer retroceder los avances de gobiernos electos democráticamente y mantener o consolidar el poder imperial en algunas "zonas calientes" del orbe. Tal estrategia opera con base en una política de varios carriles, que combina la intervención militar directa (Afganistán, Pakistán, Irak) con operaciones clandestinas de desestabilización (Venezuela, Irán, Honduras, Bolivia, Ecuador) y una diplomacia de doble vía, que busca articular los instrumentos e iniciativas heredados por la administración Bush a Barack Obama.

La asonada clasista en el eslabón más débil en América Latina estuvo dirigida a hacer retroceder al gobierno democrático de Manuel Zelaya para imponer, de facto, un nuevo régimen cliente en el patio trasero del imperio. El golpe pretende reforzar al polo conservador militarizado del Plan Puebla Panamá/Iniciativa Mérida, liderado por México y Colombia. Los avances progresistas en Honduras, Nicaragua y El Salvador complicaban los planes geopolíticos de Washington, que busca conformar una plataforma de intervención en América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, los inmensos recursos de la Amazonia y el Acuífero Guaraní. En ese sentido fue, también, un golpe a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).

Para consumar la conspiración, el Departamento de Estado y el Pentágono utilizaron al alto mando militar hondureño, penetrado estructuralmente por los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. El general golpista Romeo Vázquez y el ministro asesor del sátrapa Roberto Micheletti, Billy Joya Améndola, fundador de los escuadrones de la muerte en los años 80, fueron "alumnos ejemplares" de la Escuela de las Américas. En la coyuntura, los militares golpistas actuaron como un ejército de ocupación en su propio país. Pero, además, Honduras está ocupada por Estados Unidos, que controla la base militar de Soto Cano (o Palmerola), donde se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por medio millar de efectivos del Pentágono y equipos avanzados de espionaje e intervención, incluido equipo aéreo de combate HU-60, Black Hawk y CH-47 Chinook.

La base es parte de la red de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) del Pentágono, integrada por Comalapa, en El Salvador; Guantánamo, en Cuba; Aruba y Curazao, y Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano. Igual que el presidente Rafael Correa en Ecuador respecto a la base de Manta, Zelaya había anunciado a la Casa Blanca su intención de convertir Soto Cano en un aeropuerto comercial internacional, con financiamiento del Alba y PetroCaribe. En sustitución de Manta, el Pentágono logró que Álvaro Uribe ponga a su servicio sendas bases militares en Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico), lo que convertirá a Colombia en el Israel de América Latina.

Los halcones del Departamento de Estado y el Pentágono recurrieron, también, a sus viejos vínculos con la primitiva oligarquía hondureña, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, y contaron con la legitimación del cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa. Asistimos, pues, a un golpe cívico-militar de factura estadunidense, con el consenso de los poderes fácticos.

Pero, además, el de Honduras es otro golpe mediático apoyado en una guerra de cuarta generación. Como tal, se consumó y buscó legitimidad a través de medios bajo control monopólico privado. En particular, de los periódicos hondureños La Prensa de San Pedro Sula y El Heraldo de Tegucigalpa, cuyo propietario es Jorge Canahuati, proveedor de armas y medicinas del Estado y dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo brazo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde los tiempos de la guerra fría; el diario La Tribuna de San Pedro Sula, del líder empresarial conservador Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002); el diario Tiempo, de Tegucigalpa, que pertenece a Jaime Rosenthal Oliva, empresario, banquero y secretario general del Partido Liberal; la red de canales de televisión de José Rafael Ferrari, y con intereses, también, en radio cadena HRN. Asimismo, el golpe contó con el apoyo de la estadunidense CNN, que desde un primer momento buscó legalizar a los putchistas e incriminar a Zelaya, y de grandes medios latinoamericanos ligados a la SIP.

La estrategia de reversión del clan Clinton y grupos del aparato institucional al servicio del complejo energético militar industrial, que presentan una política de hechos consumados para el aval de Obama, tuvo una pieza clave en el actual embajador en Tegucigalpa, el cubano-estadunidense Hugo Llorens. Vinculado al ex zar de la inteligencia John Dimitri Negroponte, y al ultraconservador Otto Reich, protector de la mafia cubano-estadunidense de Miami, Llorens coordinó la expulsión de Manuel Zelaya. Él mismo integra una red de diplomáticos nombrados en las postrimerías de la administración Bush, todos expertos en operaciones encubiertas y guerra sicológica contra Cuba y Venezuela: Robert Blau en la embajada en San Salvador; Stephen McFarland en Guatemala y Robert Callahan en Managua, Nicaragua.

Con sus ambigüedades formales, Hillary Clinton ha legitimado de hecho al nuevo régimen privatizado de Micheletti y Cia., y por conducto de Óscar Arias, viejo peón de Washington, ha impulsado una "negociación-trampa" para darles tiempo a los golpistas de recuperar su poder y desgastar a la heroica resistencia popular hondureña. Obama tendrá que decidirse a etiquetar la asonada como un golpe de Estado, retirando al embajador Llorens y cortando la asistencia de Estados Unidos a Honduras, o seguirá cediendo ante el ala dura del sistema imperial.

Lean este artículo , no importa que lo diga La Jornada , de todos modos es totalmente atendible , esto que Carlos Fazio nos dice es lo que realmente está sucediendo en México el día de hoy .

No a la impunidad

Carlos Fazio


Porque no se puede silenciar la historia. Porque la memoria del horror está presente. Porque las grandes mayorías no saben que todo es posible. Porque debemos reintegrar a la memoria colectiva lo que, de olvidarse, retornaría. Porque debemos oponernos a la inercia del consenso, del borrón y cuenta nueva y el no te metas del discurso dominante que quisiera un pasado sepultado para siempre, víctimas y protagonistas de ayer y de hoy, familiares, luchadores sociales, juristas, intelectuales y colectivos humanitarios de distintas regiones de Nuestra América se reunirán los días 20 y 21 de junio en el caracol zapatista Torbellino de Nuestras Palabras, en Morelia, Chiapas, para establecer un diálogo intergeneracional que, a la vez de denunciar, informar y analizar la realidad actual, sirva para crear nuevas herramientas de prevención y protección ante el ascenso de la violencia y la impunidad de los que mandan.

Con gran profusión, algunos hechos del pasado reciente reaparecen en muchas latitudes, y asoma el gesto inaugural del poder totalitario que define al enemigo interno: el indígena, el insumiso, el pobre, el migrante, el extranjero como sinónimo de terrorista, con la intención de imponer una verdad única en la lógica del orden instituido y como estrategia de poder y prácticas rutinarias del neoliberalismo de guerra de Washington y sus peones, con sus leyes de punto final y sus archivos secretos del horror; con la impunidad como política de Estado; con sus vuelos de la muerte y sus cárceles clandestinas; con sus "falsos positivos", como en la trágica Colombia bajo control de la narcoparapolítica uribista; con sus renovadas doctrinas de seguridad y sus fachadas y limbos jurídicos que criminalizan la protesta, la disidencia y a los luchadores por la liberación nacional a los que clasifica como sediciosos o combatientes enemigos carentes de derechos, como en Guantánamo, Abu Ghraib, el Cauca, Chillan en Chile o Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos o Puebla en la geografía mexicana.

El silencio es aliado o cómplice del terror. La palabra engendra esclarecimiento. La resistencia a saber, individual y colectivamente, y el asco y el miedo que despiertan la cárcel, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones, los genocidios, nos invitan a huir de esos temas. Por eso, a partir del testimonio de las víctimas, del esclarecimiento de la verdad y la recuperación de la memoria histórica, es necesario comprender qué ocurrió y cómo ocurrió. Porque documentarlo, sistematizarlo y compartirlo nos permitirá saber qué está ocurriendo hoy, cuando la potencia hegemónica, Estados Unidos, con la complicidad de algunos estados clientes –Colombia, México y Perú en la coyuntura–, lleva a cabo de facto una reconfiguración del mapa geopolítico hemisférico en beneficio del complejo militar industrial.

Con sus tratados de libre comercio, su Plan Puebla-Panamá, su Plan Colombia y su Iniciativa Mérida, las nuevas empresas colonizadoras del imperialismo asociado buscan aterrizar sus megaproyectos y sus contrarreformas agrarias, como renovada forma de apropiación territorial violenta para el saqueo de recursos naturales en nombre del dios mercado y en clave de contrainsurgencia.

Con su Escuela de las Américas, sus guerras sucias y sus matanzas manu militari de indígenas, como en Bagua, en la Amazonia peruana, y antes en Cobija, Pando, en el trópico boliviano, o en el Chocó colombiano, el sistema busca perpetuarse y reproducir sus intereses. Mientras impulsa golpes suaves, revoluciones de colores, guerras de cuarta generación y secesionismos en Santa Cruz, Zulia y Guayaquil, fabrica estados fallidos con sus Eliot Ness de ocasión y reconfigura su red de bases castrenses y sus centros operativos de avanzada, ordena el regreso de la Cuarta Flota y multiplica los ejercicios militares.

Con sus paramilitares y mercenarios disfrazados de contratistas privados; con su guerra reguladora a las drogas, sus mafias y sus padrinos; con sus Sucumbíos, sus Atencos y sus Parotas; con sus cercos de hostigamiento contrainsurgente a los zapatistas en Chiapas y a los comuneros de la Nación Mapuche en Cautín, Malleco, Temuco y la Araucania chilena; con sus feminicidios; con su racismo, discriminación y arrasamientos culturales; con su terrorismo mediático y sus oligopolios al estilo Televisa o Globovisión; con sus oscurantistas adoctrinadores tarifados tipo Mario Vargas Llosa y Enrique Krauze, Estados Unidos y sus capataces locales imponen sus normas. Sus tribunales clasistas que "legalizan" la impunidad a través de las fronteras nacionales, con sus leyes antiterroristas y sus supremas cortes de opereta, que sancionan impunidad arriba y terror abajo, en tanto instalan por doquier sofisticados sistemas de control y vigilancia electrónica de red en el contexto de la tolerancia cero de la doctrina Giuliani.

Conocer el origen y la naturaleza del dolor, los mecanismos del terrorismo de Estado y del discurso del poder que justifica la barbarie y el odio al otro, al diferente, implica quizás desarmar su lógica de manera preventiva, su vigencia hoy y su eficacia. Frente a la situación del horror renovado, lo que el sistema propone es huirle por asco y miedo. No hacerlo exige vigilancia, requiere una alerta constante.

El silencio y el olvido, la indiferencia y la impunidad favorecen la persistencia y reproducción de la violencia y el terror de Estado. Por eso es necesario identificar todas las formas de impunidad vigente en sus dimensiones militar, jurídica, económica, cultural y comunicacional, para empezar a elaborar un diccionario del horror; para crear una red de redes de las organizaciones de víctimas que diseñen estrategias de denuncia, defensa social y propuestas de acción comunes, y constituyan un Tribunal Autónomo Continental para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como a sus autores y ejecutores.