Carpetazo
jueves, 13 de marzo de 2008


* Los penalistas Julio Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez, y el constitucionalista Elisur Arteaga Nava aseguran que la PGR actuó de manera inapropiada y violó al Artículo 16 Constitucional al iniciar una averiguación previa para investigar a Juan Camilo Mouriño sin la existencia de una denuncia de hechos o querella / La intervención oficiosa, a petición del español, significa que le darán carpetazo jurídico, advierten

MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA).- Los penalistas Julio Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez, y el constitucionalista Elisur Arteaga Nava aseguraron que la Procuraduría General de la República (PGR) actuó de manera “inapropiada” y en franca violación al artículo 16 Constitucional al iniciar una averiguación previa para investigar el caso del supuesto tráfico de influencias contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sin la existencia de una denuncia de hechos o querella de algún ofendido. En entrevista por separado, los litigantes y profesores en Derecho de diversas universidades coincidieron en que la Procuraduría estaba impedida a actuar debido a que no había denuncia que señalara la existencia de presuntos delitos, sino exclusivamente cuestionamientos ante los medios de comunicación, pero al iniciar la indagatoria demostró que es una institución “subordinada a las órdenes del secretario de Gobernación”.
“La intervención oficiosa de la PGR, a petición de Mouriño, significa que le darán carpetazo jurídico a este caso”, puntualizó Elisur Arteaga, doctor en derecho constitucional, quien aseguró que el secretario de Gobernación “sí cometió delitos penales y violaciones administrativas” al firmar, siendo servidor público, contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) que favorecieron a empresas propiedad de su familia.
Agregó que la Carta Magna y las leyes penales secundarias ordenan que el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente pueda actuar en la investigación de un delito mediante querella de un ofendido o por una denuncia de hechos. “La petición de Mouriño por si misma no otorga facultades al MPF para iniciar la averiguación previa; aquí hubo una actuación oficiosa (de PGR) que es contraria al segundo párrafo del artículo 16 Constitucional”, señaló.
La PGR anunció la noche del martes, mediante un comunicado, que “a efecto de dar trámite al documento que presentó” Juan Camilo para pedir que se investigara su caso, se iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.
Elisur Arteaga propuso al gobierno federal y a la PGR que si efectivamente están interesados en que se esclarezcan las acusaciones públicas contra Mouriño, se nombre un fiscal especial avalado por el Partido de la Revolución Democrática y que el secretario de Gobernación pida licencia al Congreso de la Unión Julio Hernández Pliego, experto en derecho procesal penal y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que la PGR actuó de manera “inapropiada” al abrir una averiguación previa para analizar la legalidad de los contratos firmados por Mouriño sin la existencia de una denuncia o querella, sobre todo porque no se trata de delitos que se persigan de oficio.
“Todo parece indicar que Mouriño está ordenando que oficiosamente la Procuraduría deslinde su inocencia. En primera esa no es la función de la PGR; en segundo lugar, ningún funcionario, por muy alto nivel que represente en un Gobierno, está facultado para exigirle al MPF que inicie una averiguación previa sólo porque tiene conocimiento de que se le acusa de algo”, puntualizó Hernández Pliego.
Finalmente, el abogado Xavier Olea aseguró que además de que la PGR no tenía motivos legales para haber iniciado la indagatoria sin la existencia de una querella, Juan Camilo tampoco tenía razón jurídica alguna de acudir a entregar pruebas en su descargo. “Explicación no pedida, acusación manifiesta”, recordó el penalista.