Adolfo Sánchez Rebolledo

Están jugando con fuego


Dos nuevos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) firmados por el actual secretario de Gobernación determinaron que, tarde y a regañadientes, éste se decidiera a informar sobre el expediente completo. Mientras, en las cámaras, los grupos del PRI y el PAN tratan de salvar la cara del funcionario, saboteando la comisión investigadora solicitada por el Frente Amplio a raíz de las denuncias de López Obrador. En aras de distraer la atención sobre el fondo político de la cuestión, se pretende reducirla al rejuego legalista de siempre, al dictamen exclusivo de instancias que en este asunto son juez y parte, pues están sujetas al control del Ejecutivo, como serían la Secretaría de la Función Pública y la propia Procuraduría General de la República.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas del caso, las cuales no pueden desdeñarse, es preocupante la arrogancia del denunciado, su insensibilidad, la confusión deliberada entre el particular y el funcionario (pues que se sepa no ha pedido licencia). El secretario Juan Camilo acude en defensa de Iván, el apoderado legal y accionista de Ivancar, sin advertir en ese lazo indivisible el germen de la gestión oligárquica del poder. Los contratos, dice, tampoco violan las normas éticas democráticas que aconsejan tomar distancias entre ambas esferas para evitar sospechas. Pero más allá de la respuesta legaloide del secretario, es preocupante el desdén, casi el desprecio con que trata a los partidos denunciantes, como si en democracia fuera un delito expresar la inconformidad por los actos y las conductas de los hombres del poder, cuya fiscalización es vital en un verdadero estado de derecho. Sin embargo, en aras de su defensa personal, el secretario olvida las formas a que su cargo le obliga: cancela la prudencia declarativa y lanza acusaciones sin ton ni son, siguiendo la misma lógica que en 2006 llevó al panismo a descalificar a López Obrador como “un peligro para México”. No es la primera vez que los jóvenes panistas cierran filas, apelan al espíritu de cuerpo y se aferran a visiones intolerantes.

La resistencia a la crítica nos habla de un grupo de y en el poder que prefiere jugar con las palabras para causar un efecto mediático que asumir definiciones y compromisos cabales.

Decir, por ejemplo, que los críticos “apuestan por el fracaso de nuestro país, apuestan a que a México le vaya mal y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, al margen de la cursilería retórica, es una manera de descalificar el debate en curso sobre la reforma energética, satanizando a quienes “politizan” el asunto. De este modo, el gobierno convierte la discusión sobre la reforma energética en el campo de batalla entre el Bien y el Mal, es decir, entre los partidarios del Progreso (definido al modo neoliberal) y sus enemigos, sin darle a los argumentos en liza la menor importancia. La manera como el gobierno ha presentado el tema de la reforma energética sería cantinflismo puro si las intenciones no fueran evidentes.

Ya es un escándalo que la Presidencia juegue a las escondidillas en un asunto vital para el futuro de México; que se busque, mediante un anuncio de tv, arreglado según la audiencia y las necesidades “tácticas”, deformar los hechos –como con exactitud denunciara Jacobo Zabludovsky en acertado comentario– para crear un efecto mediático sobre el “público”. No menos escandalosa es la falacia, repetida hasta el hartazgo por los comentaristas ad hoc, de que es posible, necesaria e inevitable la “alianza” con las empresas extranjeras sin privatizar Pemex, es decir, sin proceder a la reforma de la Constitución que hoy prohíbe de manera categórica tales asociaciones, lo cual piensan realizar valiéndose, como indica Francisco Rojas, de los contratos modificados de servicios múltiples para el desarrollo petrolero de las aguas ultraprofundas.

Es preocupante que la defensa del secretario pase por el bloqueo de la comisión investigadora del Congreso al que se avino el PRI, pero más grave, en el orden general de los temas en la agenda, es el desprecio hacia quienes se oponen a la privatización con meras descalificaciones, cuando ya están sobre la mesa trabajos muy serios de técnicos, sindicalistas, científicos, economistas –como David Ibarra, cuyo ensayo reciente “El desmantelamiento de Pemex” es de lectura obligatoria–. No me extraña, pues en cierto modo, tal sordera es la continuación del síndrome del 6 de julio, es decir, la idea de que se puede afrontar la tormenta de la inconformidad mediante una combinación de técnicas mediáticas y fragmentación de las oposiciones para imponer una política de hechos consumados. Para el gobierno, las reformas de pensiones y otras confirman que una sacudida social es soportable si a cambio se producen “ajustes estructurales” capaces de reciclar al sistema, pese a sus fallas.

Se habla mucho de negociación y consenso, pero es difícil creer en la sensatez de un gobierno cuando el secretario de Gobernación, en medio de la crisis en que se halla, puede lanzar esta parrafada donde se unen el mayor triunfalismo con la máxima arrogancia: “Lo que quieren es que en México no sigamos transformando con las reformas que el país necesita y que no se discuta al respecto (...) Eso es lo que quieren, poner obstáculos para que no continuemos con las grandes cosas, con los grandes temas, con las grandes soluciones a los grandes problemas que tiene este país”. Alguien debería decirles a los capitostes del panismo que el limbo ya fue abolido por la Iglesia. Ya sería un leve avance que el gobierno de Calderón asumiera, de una buena vez, que la apertura a la explotación petrolera en áreas vedadas al capital privado es, en definitiva, una privatización y la esencia de su propuesta de reforma. Al menos no habría engaño. Pero no, quieren ponerse el “traje a la medida”, darle espacio a la pequeña manipulación politiquera confundida con la visión de Estado, por ahora ausente. Y de allí la apuesta por Mouriño. Están jugando con fuego.