Crearán diputados comisión para investigar a Mouriño
jesusa cervantes

* También pedirán a la ASF “revisiones especiales”

Proceso

México, D.F., 4 de marzo (apro).- La oposición en la Cámara de Diputados acordó formar una comisión especial para investigar el presunto tráfico de influencias en que habría incurrido Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, quien, como apoderado legal de una de las empresas de su familia, firmó contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Después que Andrés Manuel López Obrador y la revista Contralínea revelaran la existencia de al menos ocho contratos, el Frente Amplio Progresista (FAP) --integrado por PRD, PT y Convergencia--, con el respaldo de Nueva Alianza y Alternativa, demandó una investigación de los contratos que Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Compañía de Luz y Fuerza (CLF) han entregado a la iniciativa privada.

En los fundamentos, el coordinador de los perredistas, Javier González Garza, dijo que lo publicado en los medios “hace dudar de la legalidad en el otorgamiento de contratos de Pemex a distintos proveedores, en específico el caso de la empresa Transportes Especializados IvanCar SA (propiedad de la familia Mouriño)”.

La existencia de los contratos, advirtió, “hace presumir la existencia de hechos que constituyen el posible delito de tráfico de influencias por parte de servidores públicos federales”.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el líder perredista anunció la decisión de los cinco partidos políticos --el PRI aún no define si respaldará la propuesta y el PAN se opone a ella--, y expuso las razones de crear esa instancia.

Es una decisión, argumentó, derivada de “la ausencia de mecanismos institucionales, penales y administrativos que permitan esclarecer las conductas ilegales de altos servidores públicos, cobijados bajo las redes de complicidad”.

Esta es la primera ocasión en que, para fundamentar la creación de una comisión especial, los demandantes explicitan sus reservas frente a las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

González Garza recordó que la actual Legislatura tiene la “responsabilidad ética de darle una explicación al pueblo que representa”, y por ello se está demandando la creación de esa comisión especial.

Cabe destacar que para la conformación de una instancia de esta naturaleza se requieren como mínimo 127 firmas, las que ya se tienen con el respaldo de los cinco partidos mencionados.

Una vez que González Garza leyó en tribuna la petición, la Mesa Directiva la remitirá a la Junta de Coordinación Política, y ésta a su vez definirá el número de sus integrantes, los alcances de la misma, su duración y quien la presidirá. La Junta se reúne este miércoles y se espera que el panista Héctor Larios, presidente de esa instancia, someta la propuesta a discusión mañana mismo.

En entrevista, el perredista González Garza dijo que la comisión se integrará porque se trata de un asunto grave, tanto por el monto de los contratos como por las consecuencias políticas.

Denunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) han actuado “como tapaderas de las cosas y no llegan a nada”, una razón más para que sean los propios legisladores quienes investiguen los contratos referidos.

Aparte de crear esa comisión, los diputados solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectúe “auditorías especiales” para que se pueda llegar al fondo del asunto.

Hay que recordar que la propia ASF decidió hacer auditorías especiales a la entrega de permisos de explotación y exploración de hidrocarburos, así como a las concesiones que se han entregado para la distribución de gas LP.

Sin embargo, fue el gobierno del presidente Felipe Calderón el que, en diciembre pasado, decidió impedir, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avanzaran esas revisiones.

Entrevistado antes que se realizara la sesión plenaria del grupo parlamentario del PAN este martes, su coordinador, Héctor Larios, se manifestó en favor de esa comisión especial, sin embargo, horas más tarde debió recular, pues la fracción panista determinó respaldar a Mouriño Terrazo.

Sin embargo, aunque el PAN se oponga, la comisión se integrará, pues bastan para ello 127 firmas y la oposición en San Lázaro cuenta con ellas.

En tanto, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo que su partido respaldará esa instancia sólo si el PRD le demuestra con documentos la existencia de irregularidades.

Los documentos detallan que Mouriño Terrazo, en calidad de apoderado legal de Transportes Especializados IvanCar SA, firmó los contratos –otorgados sin licitación-- con Pemex-Refinación, entonces encabezada por el también panista Juan Bueno Torio.

Los contratos fueron firmados cuando Juan Camilo Mouriño se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y otros documentos los signó en momentos en que fungía como asesor del entonces secretario de Energía, Calderón Hinojosa.