México SA
Carlos Fernández-Vega
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■ Fonatur, Nafin, SCT... más contratos a los Mouriño

■ Como siempre, democrática adjudicación directa

Al ya conocido cuan grueso inventario de instituciones gubernamentales que, por adjudicación directa en la mayoría de los casos, han firmado contratos con la familia Mouriño y procurado sus negocios, habrá que agregar cuatro que hasta el momento no habían sido reivindicadas por tales acciones: la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Nacional Financiera (Nafin), Fonatur y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

También hay que añadir cuatro “constancias de trámite para la construcción de estación de servicio” (léase cuatro nuevas gasolineras para el Corporativo GES, que ya cuenta con 38 en cinco estados sureños de la República), extendidas por la Subgerencia Regional de Ventas Zona Sur de Pemex-Refinación a partir del 17 de enero pasado (sirva de referencia que la víspera Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación) y vigentes hasta el 23 de abril de 2008.

La suma amparada en los 11 contratos que esas cuatro instituciones gubernamentales firmaron con el clan Mouriño (dos corresponden a la Conagua, producto de dos “excepciones de licitación pública”; siete a Nafin; uno a Fonatur y otro a la SCT) es de cinco millones 24 mil 266 pesos con siete centavos, pero el realmente importante es el autorizado por la SCT (vigente del 16 de mayo de 2006 al 31 de diciembre de igual año): cinco millones de pesos, aprobado por el director general del Centro SCT Campeche y producto (garbanzo de a libra) de una licitación pública nacional.

Los otros diez, por 24 mil 266.07 pesos, resultan más costosos por su manejo y administración que por el monto en ellos involucrado. Incluso uno de los suscritos por Nafin (O-2636-2007, del 30 de septiembre de 2007) avala el pago de 226.09 pesos por concepto de “gasolina”. Sin embargo, da cuenta incluso de que el clan Mouriño pelea hasta el último centavo.

Por la denuncia de Andrés Manuel López Obrador se conocieron cinco de los siete contratos de Pemex con Transportes Especializados Ivancar (Tiesa), con Juan Camilo en su doble papel de apoderado legal y funcionario; otros dos fueron divulgados por Convergencia, y se espera que en breve se revelen los que la familia Mouriño suscribió con distintas instituciones del sector eléctrico gubernamental.

Poco a poco han salido a la luz pública los contratos del clan Mouriño con el sector público. Difícilmente serán los únicos, pero hasta el momento se han documentado 42 (sin considerar las 38 gasolineras y las cuatro “constancias de trámite para la construcción de estación de servicio”), la mayoría de los cuales no serán investigados (si en realidad investiga algo) la comisión legislativa que, a modo, armaron los prianistas para el caso Mouriño.

Hasta donde se conoce, además de los siete contratos de Ivancar (firmados entre 2000 y 2004) con Pemex-Refinación y los once de las citadas cuatro instituciones gubernamentales, el clan Mouriño hace negocios (trasportación de petrolíferos, expendio de gasolina y vales para este combustible, cuando menos) con el Instituto Mexicano del Seguro Social (10 contratos), Diconsa (dos), El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur, uno) y Telecom (11), por un monto conjunto cercano a 114 millones de pesos.

Con el IMSS, de acuerdo con el registro del IFAI, diez son los contratos firmados con la empresa ESGES, del clan Mouriño, todos por adjudicación directa. La suma de ellos ampara más de 11 millones de pesos. De esa decena de contratos, seis se firmaron en tiempos de la “continuidad” (hasta el 16 de octubre de 2007), e implican alrededor de 5.4 millones de pesos.

Diconsa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, también ha sido generosa con la familia del secretario de Gobernación. Dos fueron los contratos firmados por el organismo gubernamental con la empresa ESGES para el “suministro de combustible (en sus) oficinas Campeche y Quintana Roo”, por un monto cercano a 11 millones de pesos. Lo sorprendente del caso es que fueron producto de una licitación pública nacional, de acuerdo con el registro del IFAI. El primero (PSG/059/2006) se formalizó el 2 de enero de 2006, y el segundo (PSG/287/2007) el primero de marzo de 2007.

En el caso de Telecom, 11 fueron los contratos firmados por el gerente estatal en Tabasco con el clan Mouriño, pero muy pequeño el monto involucrado, si se compara con otras minas: 259 mil 134 pesos. Eso sí, todos por democrática adjudicación directa y firmados a lo largo de 2007, cuando Juan Camilo reposaba entre algodones como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

El contrato (CMP071874) que no queda claro es el que Fonatur, por medio de su gerente general sucursal Cancún, firmó con la empresa ESGES del clan Mouriño. Obvio es que fue resultado de adjudicación directa, pero el objeto del contrato queda en el aire, pues sólo establece que es “para trabajos en Mahahual”, el pequeño centro turístico ubicado en Quintana Roo, cerca del cual la familia dorada opera una gasolinera, con su respectiva tiendita, también propiedad del clan. ¿Qué “trabajos” serán?

En fin, de los 42 contratos documentados, de los que sólo serán “investigados” por la comisión legislativa que, a modo, aprobaron los prianistas, 37 han sido por adjudicación directa, es decir, 88 por ciento del total; dos resultado de “excepciones de licitación pública” y otro tanto por licitación pública nacional.

Entonces, como dicen los clásicos no se va, pero es obvio que tampoco puede quedarse.