Felipe Calderón equipara a Mouriño con el Cid Campeador

‘‘Fue arquitecto del triunfo del PAN en 2006’’; lo tacha de ‘‘invencible’’

‘‘Ejerció el poder con todas sus consecuencias, con todas sus amenazas

Honrar su memoria, consigna surgida del homenaje panista al extinto titular de Gobernación

Mouriño, colocado en el pedestal de los padres fundadores de Acción Nacional

Música de Vivaldi y lágrimas en el acto luctuoso

El ex presidente Vicente Fox, ausente

Rosa Elvira Vargas


El PAN se quedó con todos los adjetivos y ya no dejó alguno para describir con alguna precisión la retórica del homenaje post mortem que organizó a Juan Camilo Mouriño.

Inenarrable, la escena. Porque, ¿cómo acercarse con la pluma a la dimensión de alguien que en palabras del presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo “’un rol heroico, vital para la transformación del país” y que, “como el Cid Campeador, seguirá ganando batallas después de muerto?” Está difícil.

¿Cuántos calificativos caben en un discurso de 42 minutos, tiempo dedicado por el jefe del Ejecutivo a ensalzar las virtudes de su amigo? ¿Cuántos en la carta escrita y leída por Germán Martínez, con voz desbordada y siempre al borde del llanto? ¿Y cuántos a cargo de la campechana protegida política del funcionario, Nelly Márquez Zapata? Todos.

Adiós al arquitecto del triunfo electoral en 2006

Claro que los panistas están afectados. Cómo no estarlo si, según todos ellos, Iván fue el arquitecto, el estratega del triunfo de su partido en las elecciones presidenciales de 2006.

¡En qué orfandad los deja si tenía tal poder de decisión que se encargaba del nombramiento hasta de los subdelegados de las dependencias federales en toda la República!

¿Alguien que no esté hoy en algún puesto relevante en la administración pública federal puede desmentir el peso decisivo que tenía la oficina de Mouriño a través de sus personeros, campechanos eso sí, para operar como interventores cuando se ordenaba la salida de un responsable –también panista– de alguna delegación y designar a su relevo?

De ahí que, en el aire de santificación del que lo han investido, Juan Camilo Mouriño aparece con tantos atributos y virtudes que ya lo colocaron en el mismo pedestal de los padres fundadores del PAN. Prendas asumidas de inmediato como símbolo y compromiso electoral del blanquiazul para 2009, pero eso sí, con la consigna de “honrar su memoria”.

Y también de lealtad hacia la patria, por supuesto, porque ese “gran hombre, gran amigo y gran hermano” que fue del presidente Felipe Calderón Hinojosa merece, no sólo ser recordado, dijo aquél, por la “luz que irradiaba, su alegría, carisma, jovialidad, inteligencia y valor”, sino también un líder de los que requiere el país, porque “construyen la esperanza y son capaces, precisamente, de hacer que esa esperanza se realice”.

Mouriño, dijo Calderón Hinojosa, también era un ser humano “cálido, alegre, que siempre proveía ánimo, comentarios serenos (...) infinitamente generoso, que sabía integrar equipos, leal entre los leales, amigo entre los amigos”.

El anticlimax vino, hay que decirlo, del propio Germán Martínez Cázares, cuando en su carta a Mouriño ofreció también honrar su memoria, sin pactar con el narco, sin negociar con delincuentes. Esa expresión, comentaron algunos, sólo sirve para alimentar especulaciones sobre las causas de la caída del Learjet 45.

El acto para el homenaje en la sede nacional panista fue cuidado hasta el último detalle.

Desde los gafetes de identificación con la fotografía de Juan Camilo, y un color en la parte inferior que ubicaba la procedencia y lugar que ocuparían los invitados, hasta la música de Vivaldi, que triste se oía en todo el hermético edificio.

También, y como suelen hacerlo a propósito de casi todo, por ahí se repartían pulseritas de tela que llevaban los colores del Partido Acción Nacional, los de la bandera mexicana y una leyenda: “Juan Camilo... gracias”.

Había flores debajo del gran retrato del secretario de Gobernación y del otro panista muerto en el percance, Arcadio Echeverría. Porque sólo ellos eran los de casa, únicamente a ellos se referían los discursos. Y de los demás, ni una mención.

Y luego, ya en la ceremonia, el llanto irrefrenable de Manuel Carlos Mouriño, su padre. Las lágrimas más contenidas de Mari Geli, su viuda, ambos en el presídium que ocuparon con el matrimonio Calderón y con los gobernadores y los coordinadores parlamentarios del PAN.

Ausencias y presencias

En el sillerío, como invitados especiales, los hermanos de Juan Camilo, los deudos de Echeverría Lanz y muchos integrantes de las familias panistas de prosapia, como las del propio Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala. Asimismo, algunos integrantes del gabinete ,

Consignado queda: siempre no vino el ex presidente Vicente Fox Quesada, como había anunciado desde la víspera. Y, en un lugar de privilegio, Antonio Solá, el famoso publicista español de la campaña presidencial panista de 2006.

Al descubierto, 108 contratos más de Pemex y los Mouriño

El IFAI llama a la paraestatal a sacar a la luz esos tratos comerciales

La firma ha declarado inexistentes los convenios


Pemex deberá abrir información sobre los negocios de Mouriño

La empresa argüía que tales documentos eran “inexistentes”

Elizabeth Velasco C.

Tras indagar que existen 108 contratos de franquicias, suministro y crédito suscritos entre Pemex Refinación y el corporativo Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste (ESGES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuar una búsqueda exhaustiva de los contratos referidos y hacerlos públicos.

Durante la sesión pública de este miércoles, el comisionado ponente del recurso 1451/08, Alonso Gómez Robledo, destacó que pese a la declaratoria de inexistencia de los contratos suscritos entre Pemex e Ivancar y Grupo Energético del Sureste (GES), ambos de la familia de Mouriño Terrazo, se encontró lo siguiente:

La existencia de 16 contratos firmados entre Pemex Refinación e Ivancar, los cuales ya son del dominio público y están accesibles mediante el Sistema Informatizado de Solicitudes de Información (SISI), con el folio 1857600019108. Además hay 108 contratos más que revelan una relación comercial entre Pemex Refinación y el corporativo ESGES (al que pertenece GES), divididos entre 37 contratos de franquicia; 37 contratos de suministro y 34 cuatro contratos de crédito, por lo cual la paraestatal no puede negar la información referida.

Asimismo, en el recurso referido, en el cual se amplía la investigación que realizó el IFAI, se indica que el propio corporativo GES en su página electrónica sostiene que ha celebrado diversos contratos de franquicia con Pemex Refinación para la instalación de unas 40 estaciones de servicio.

A su vez, en el Directorio de Estaciones de Servicio y Estaciones de Autoconsumo, elaborado por Pemex Refinación en 2007, aparece registrada el corporativo ESGES, el cual cuenta con estaciones de servicio en Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

También hace hincapié en los 16 contratos relativos a la flota de camiones de transporte de combustibles que posee Ivancar para suministrar productos de Pemex a las estaciones de ESGES y GES.

Otras “incursiones”

Aunado a ello, en su página electrónica el grupo GES revela que ha incursionado en otro tipo de franquicias como Burger King, Church’s Chicken, Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorería Max, GES Autowash y Tiendas de Conveniencia Ges Express.

En el recurso, el IFAI advierte que es obligación de la gerencia jurídica de contratos de Pemex llevar el registro de “todos los convenios” que la paraestatal suscribe con entes privados, por lo cual declara su “extrañeza” sobre la declaración que la entidad realizó en torno a la “inexistencia” de tales documentos; revoca tal declaratoria y ordena una búsqueda exhaustiva de esos materiales.

HASTA LOS MISMO MILITANTES DEL PAN SE ASQUEAN DE LA BRUTAL CORRUPCIÒN QUE EXISTE EN SU PARTIDO .

Consideran que el partido se aleja de sus principios, de su doctrina

Inconformidad entre panistas por la defensa que hace su líder de Mouriño
Georgina Saldierna

La defensa a ultranza del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por parte del dirigente del PAN, Germán Martínez, ha generado inconformidad entre militantes de este partido, que observan en esa actitud un alejamiento del blanquiazul de sus principios, su doctrina y su Código de Ética.

Entre los inconformes se encuentran personas cercanas al ex dirigente Manuel Espino y miembros de otras corrientes, que se afiliaron al PAN pensando que en ese instituto político no se protegía la corrupción. Sin embargo, el amparo que ha dado la dirigencia al titular de Gobernación ha hecho que estos militantes consideren que Acción Nacional está perdiendo el rumbo.

Como se recordará, el perredista Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Mouriño firmó contratos celebrados entre empresas de su familia y Petróleos Mexicanos. La suscripción de tales documentos la hizo en calidad de apoderado legal cuando al mismo tiempo era diputado y funcionario de la Secretaría de Energía.

Germán Martínez defendió a Mouriño y lo puso como ejemplo de político moderno y decente.

Estos señalamientos irritaron a integrantes del partido –que pidieron el anonimato–, pues desde su punto de vista lo que Martínez Cázares debió hacer es dejar el tema a las autoridades correspondientes, para que sean ellas las que definan si el funcionario cometió irregularidades.

Otro hecho que ha molestado a los panistas es que la dirigencia del blanquiazul haya maniobrado para que en la Cámara de Diputados se integrara una comisión a modo, que supuestamente investigará si hubo anomalías.

Pemex, la segunda expropiación
jenaro villamil México, D.F., 18 de marzo (apro).-

Ningún aniversario reciente de la expropiación petrolera llegó con tanta carga simbólica y política como el actual. Si algún símbolo claro del nacionalismo existe para el mexicano común éste se concentra en Petróleos Mexicanos, a pesar de la insistente campaña para desacreditar a la empresa más grande de América Latina como ineficaz, hundida en la corrupción sindical y burocrática, sin recursos suficientes y atenazada por el enorme manjar que representa para las corporaciones internacionales una paraestatal que genera rendimientos mayores a los 60 mil millones de dólares anuales.

Políticamente, Pemex vuelve a estar en el corazón de las decisiones del país. Por un lado, el gobierno federal ha insistido que la reforma energética no trata de privatizar Petróleos Mexicanos, sino de buscar los recursos suficientes y la tecnología necesaria para que podamos encontrar el “tesoro” perdido en las aguas profundas.

El spot televisivo y radiofónico, así como las planas de publicidad que Los Pinos han pagado en esta campaña para modificar las percepciones públicas han generado un efecto boomerang. Las audiencias no se creen el cuento de que con “asociaciones” privadas lograremos los mexicanos defender nuestro tesoro negro. Ni siquiera los niños que disfrutaron la saga cinematográfica de Los Piratas del Caribe pueden creer que las trasnacionales sean sólo divertidas y carismáticas como el capitán Jack Sparrow.

La operación política y mediática para encubrir la privatización ha resultado contraproducente. El escándalo en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha fijado en el imaginario popular a un auténtico pirata del presupuesto público. Ese sí, en busca del “tesoro negro”, gracias a su aceptación pública de que su fortuna se deriva de jugosos contratos de prestación de servicios con Pemex Refinación.

La acusación en contra de Mouriño, lanzada originalmente por López Obrador, produjo un severo daño en la base de flotación del gobierno calderonista, pero también desbarrancó toda la operación de la privatización light.

Ahora, el excandidato presidencial del PRD –a quien tantas veces se le ha dado por muerto y enterrado, como el tesoro del Perla Negra-- vuelve a resurgir con dos triunfos políticos indiscutibles: la victoria interna en su partido y el cierre de filas de todas las tribus, grupos y corrientes perredistas en torno a la defensa de Pemex como patrimonio nacional.

Cada día que pase Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación le restará credibilidad a la reforma energética calderonista, y le otorgará réditos y crédito político al principal opositor de izquierda.

Sin embargo, algo más importante que la polarización política revivida es el hecho de que se ha comenzado a fijar en la agenda pública un nuevo debate sobre los verdaderos alcances y necesidades de la reforma energética.

Figuras políticas como Francisco Rojas, exdirector de Pemex durante ocho años; el exsenador y exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett; y hasta el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra, han formado un inédito bloque de priistas que están aportando en el debate puntos esenciales de discusión que no se asemejan a la simplificación del spot calderonista o a la retórica poco sustancial de los otros operadores de la privatización, como Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa.

Por increíble que parezca, las posiciones de Rojas, un cuadro político del salinismo, se asemejan cada vez más a las de Bartlett, furibundo antisalinista; a las del propio López Obrador y a la de decenas de especialistas e investigadores del tema energético.

Todos ellos coinciden en un punto fundamental: la verdadera reforma de Petróleos Mexicanos consiste en “expropiar” a la paraestatal de la sangría constante que el régimen fiscal de la Secretaría de Hacienda le ha impuesto a la principal compañía del país. La segunda expropiación se dará para que Pemex pueda invertir sus enormes rendimientos --60 mil 800 millones de dólares tan sólo en 2007-- en exploración, perforación y construcción de nuevas refinerías que no nos hagan dependientes de otros grandes conglomerados.

Otro punto importante de coincidencia tiene relación con la llamada exploración en “aguas profundas”. Estas voces coinciden en que más allá de ir hacia los tesoros en el fondo del mar se requiere invertir primero en las exploraciones y perforaciones en aguas someras, sin necesidad de asociarse con capitales privados.

Un tercer punto fundamental: la corrupción en Pemex. Los escándalos mayores de corrupción se han dado no porque Petróleos Mexicanos sea una empresa paraestatal, sino porque existe una enorme impunidad y un saqueo permanente del sindicato, de sus directivos y de la clase política frente al oro negro del presupuesto. Lo que se requiere es expropiar a Pemex de los auténticos piratas con patente de corzo en puestos públicos.

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

■ Fonatur, Nafin, SCT... más contratos a los Mouriño

■ Como siempre, democrática adjudicación directa

Al ya conocido cuan grueso inventario de instituciones gubernamentales que, por adjudicación directa en la mayoría de los casos, han firmado contratos con la familia Mouriño y procurado sus negocios, habrá que agregar cuatro que hasta el momento no habían sido reivindicadas por tales acciones: la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Nacional Financiera (Nafin), Fonatur y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

También hay que añadir cuatro “constancias de trámite para la construcción de estación de servicio” (léase cuatro nuevas gasolineras para el Corporativo GES, que ya cuenta con 38 en cinco estados sureños de la República), extendidas por la Subgerencia Regional de Ventas Zona Sur de Pemex-Refinación a partir del 17 de enero pasado (sirva de referencia que la víspera Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación) y vigentes hasta el 23 de abril de 2008.

La suma amparada en los 11 contratos que esas cuatro instituciones gubernamentales firmaron con el clan Mouriño (dos corresponden a la Conagua, producto de dos “excepciones de licitación pública”; siete a Nafin; uno a Fonatur y otro a la SCT) es de cinco millones 24 mil 266 pesos con siete centavos, pero el realmente importante es el autorizado por la SCT (vigente del 16 de mayo de 2006 al 31 de diciembre de igual año): cinco millones de pesos, aprobado por el director general del Centro SCT Campeche y producto (garbanzo de a libra) de una licitación pública nacional.

Los otros diez, por 24 mil 266.07 pesos, resultan más costosos por su manejo y administración que por el monto en ellos involucrado. Incluso uno de los suscritos por Nafin (O-2636-2007, del 30 de septiembre de 2007) avala el pago de 226.09 pesos por concepto de “gasolina”. Sin embargo, da cuenta incluso de que el clan Mouriño pelea hasta el último centavo.

Por la denuncia de Andrés Manuel López Obrador se conocieron cinco de los siete contratos de Pemex con Transportes Especializados Ivancar (Tiesa), con Juan Camilo en su doble papel de apoderado legal y funcionario; otros dos fueron divulgados por Convergencia, y se espera que en breve se revelen los que la familia Mouriño suscribió con distintas instituciones del sector eléctrico gubernamental.

Poco a poco han salido a la luz pública los contratos del clan Mouriño con el sector público. Difícilmente serán los únicos, pero hasta el momento se han documentado 42 (sin considerar las 38 gasolineras y las cuatro “constancias de trámite para la construcción de estación de servicio”), la mayoría de los cuales no serán investigados (si en realidad investiga algo) la comisión legislativa que, a modo, armaron los prianistas para el caso Mouriño.

Hasta donde se conoce, además de los siete contratos de Ivancar (firmados entre 2000 y 2004) con Pemex-Refinación y los once de las citadas cuatro instituciones gubernamentales, el clan Mouriño hace negocios (trasportación de petrolíferos, expendio de gasolina y vales para este combustible, cuando menos) con el Instituto Mexicano del Seguro Social (10 contratos), Diconsa (dos), El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur, uno) y Telecom (11), por un monto conjunto cercano a 114 millones de pesos.

Con el IMSS, de acuerdo con el registro del IFAI, diez son los contratos firmados con la empresa ESGES, del clan Mouriño, todos por adjudicación directa. La suma de ellos ampara más de 11 millones de pesos. De esa decena de contratos, seis se firmaron en tiempos de la “continuidad” (hasta el 16 de octubre de 2007), e implican alrededor de 5.4 millones de pesos.

Diconsa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, también ha sido generosa con la familia del secretario de Gobernación. Dos fueron los contratos firmados por el organismo gubernamental con la empresa ESGES para el “suministro de combustible (en sus) oficinas Campeche y Quintana Roo”, por un monto cercano a 11 millones de pesos. Lo sorprendente del caso es que fueron producto de una licitación pública nacional, de acuerdo con el registro del IFAI. El primero (PSG/059/2006) se formalizó el 2 de enero de 2006, y el segundo (PSG/287/2007) el primero de marzo de 2007.

En el caso de Telecom, 11 fueron los contratos firmados por el gerente estatal en Tabasco con el clan Mouriño, pero muy pequeño el monto involucrado, si se compara con otras minas: 259 mil 134 pesos. Eso sí, todos por democrática adjudicación directa y firmados a lo largo de 2007, cuando Juan Camilo reposaba entre algodones como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

El contrato (CMP071874) que no queda claro es el que Fonatur, por medio de su gerente general sucursal Cancún, firmó con la empresa ESGES del clan Mouriño. Obvio es que fue resultado de adjudicación directa, pero el objeto del contrato queda en el aire, pues sólo establece que es “para trabajos en Mahahual”, el pequeño centro turístico ubicado en Quintana Roo, cerca del cual la familia dorada opera una gasolinera, con su respectiva tiendita, también propiedad del clan. ¿Qué “trabajos” serán?

En fin, de los 42 contratos documentados, de los que sólo serán “investigados” por la comisión legislativa que, a modo, aprobaron los prianistas, 37 han sido por adjudicación directa, es decir, 88 por ciento del total; dos resultado de “excepciones de licitación pública” y otro tanto por licitación pública nacional.

Entonces, como dicen los clásicos no se va, pero es obvio que tampoco puede quedarse.

Desfiladero
Jaime Avilés
jamastu@gmail.com

■ Mouriño: los acuerdos secretos con Bush

■ Medina Mora: con las manos en la masa

■ Calderón: el verdadero fondo del asunto

La Jornada


Ayer fui a la Procuraduría General de la República. “Quiero dejarles estos papeles que demuestran mi inocencia”, expliqué mostrando un abultado fólder. “¿De qué se le acusa?”, me preguntaron. “¿A mí? De nada”, les dije. “Lo sentimos, no le podemos recibir su documentación. Primero lo tienen que acusar de algo”, me aclaró una jurista. “¿Y por qué a Mouriño sí le admitieron sus contratos, si tampoco hay denuncia penal contra él?”, reviré. “Órdenes de arriba”, contestó la mujer, apuntando con el dedo hacia el techo, o más bien, hacia el norte, esto es, hacia Estados Unidos, el país que aguarda con mayor impaciencia (después de España) la privatización de Pemex.

Han transcurrido 20 días desde que estalló el escándalo y la banda de Los Pinos no cesa de enlodarse. “El mejor escenario para el gobierno federal sería que el Frente Amplio Progresista optara por la vía penal porque entonces el secretario de Gobernación tendría todos los elementos a su favor para defenderse”, opinaban la semana pasada dos genios: Santiago Creel y Germán Martínez, los respectivos líderes del Senado y del partido en el poder, nada menos, al analizar la desesperada situación de Mouriño (La Jornada, 7/03/08). Y Felipe Calderón, con su agudeza característica, vio en esas palabras una rendija de luz en medio de la noche, y dio una orden que… podría acabar con la carrera política del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Desde el martes pasado, cuando Mouriño envió a la PGR todos los contratos que firmó ilegalmente con Pemex de 2000 a 2004 –como empresario petrolero y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como empresario petrolero y coordinador de asesores del secretario de Energía, y como empresario petrolero y subsecretario de Electricidad–, Medina Mora debió declararse incompetente para conocer del asunto, por la sencilla razón, arriba ya expuesta, de que a Mouriño nadie lo está acusando de nada en términos legales. Sin embargo, al admitir el expediente, el procurador se convirtió en un miembro más del grupo de funcionarios del más alto nivel que se han coludido alrededor de Calderón para cometer delitos graves de manera organizada.

Más allá de los 100 millones de pesos que Ivancar, la empresa de Mouriño, ganó transportando productos de Pemex; más allá de los contratos por 501 millones de pesos que las empresas constructoras del suegro de Mouriño firmaron en los dos primeros meses de 2008 con el gobierno de facto; más allá de las pequeñas fortunas que los mejores amigos de Mouriño estén amasando como funcionarios públicos federales, lo que de verdad descalifica no sólo al niño bonito de Galicia sino a toda la banda que se robó las elecciones en 2006, es lo que están haciendo, y lo que pretenden hacer, con las riquezas del subsuelo de México y con la industria de los energéticos en general.

En septiembre de 2007, apenas seis meses atrás, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía suscribieron un contrato con la petrolera española Repsol por un valor de 16 mil millones de dólares. Repsol se comprometió a comprarle gas natural a Perú para revendérselo, por supuesto más caro, a la CFE. En la historia de México no se había realizado un negocio más abusivo y absurdo. Fijaos… Repsol recibirá el gas en una planta, que aún no existe, en la zona peruana de Camisea, y lo mandará por barco a otra planta, que tampoco existe, en la costa mexicana de Colima, a unos 7 mil kilómetros de distancia.

En Camisea, el gas será enfriado hasta que sus moléculas se reduzcan mil 600 veces de tamaño, con lo que se hará líquido, para que entonces Repsol pueda almacenarlo y embarcarlo. Al llegar a Colima, Repsol lo descongelará para que recobre su condición original y pueda enviárselo por tubería a la CFE, que a su vez se lo entregará, ¡obviamente!, a empresas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa y Mapfre, que junto con otras firmas privadas ya generan, ilegal e innecesariamente, la tercera parte de la energía eléctrica del país, aunque la Constitución se los prohíba. De esta suerte llegarán a Colima 500 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, mientras en la sonda de Campeche seguirán quemándose 700 millones de pies cúbicos, igualmente diarios, debido a que desde el sexenio de Zedillo el gobierno se niega a construir una planta para aprovechar ese recurso que se desperdicia a lo tonto.

Por si lo anterior fuera poco, México se comprometió a edificar la planta regasificadora de Colima sin costo alguno para Repsol, mientras diversas empresas extranjeras exploran en Altamira, Tamaulipas, cerca de Tijuana, Baja California, y de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en busca de enormes yacimientos de gas natural que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, son de todos los mexicanos. ¿En cuánto saldrá el negocio del gas peruano? Hay que repetirlo: en 16 mil millones de dólares. Si México invirtiera 10 mil millones de dólares tendría dos nuevas refinerías, con las que podría fabricar toda la gasolina que actualmente importamos. Y aun sobrarían 6 mil millones de dólares, para dedicarlos, por ejemplo, a la investigación científica, en lugar de los míseros 37 millones de pesos que el año pasado destinó a ese rubro el visionario Calderón.

Éste sacó a Mouriño de las discotecas para usarlo como títere en los negocios petroleros, desde antes de ser secretario de Energía. Hoy busca la forma de conservarlo a como dé lugar, aunque esté políticamente muerto, confiado en que Bush, pase lo que pase, respaldará a toda la banda de Los Pinos mientras ésta le cumpla lo que le prometió en la campaña de 2006, esto es, devolver a las empresas petroleras amigas de Washington las riquezas del subsuelo de México: este es el verdadero fondo del asunto. (Para comunicarse con los que hacemos esta columna sigan escribiendo a jamastu@gmail.com...)

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

■ El retorno del zombi de Bucareli

■ El encargado de hacer el cochinito


El precio del petróleo West Texas Intermediate, de referencia en el continente americano, cerró este viernes en 110.21 dólares por barril, 12 centavos menos que la víspera, al término de una semana en que los valores alcanzaron niveles récord arriba de 111 dólares. El crudo tipo Brent, marcador en Europa, finalizó sin cambio en 107.54 dólares y la mezcla mexicana concluyó la jornada en 91.81 dólares, 24 centavos menos que el día previo.



Superado el pánico, arropado por Los Pinos, refrigerada la papa caliente y amarrada la impunidad, el negocio tiene que continuar, y el zombi de Bucareli retomó su agenda energética privatizadora para concretar la “reforma” sectorial calderonista lo más rápido posible, ante el inminente peligro de que le llueva sobre mojado, pero ahora por negocios en el sector eléctrico, en su calidad de empresario-funcionario.

Movidísimo está Juan Camilo para recuperar no sólo el ritmo cardiaco, sino las dos semanas de apanicamiento (Fox dixit) que le provocó la divulgación de sus negocios en calidad de apoderado legal de las empresas familiares, al tiempo que presidente de la Comisión de Energía y/o funcionario de la Secretaría de Energía, siempre con Felipe Calderón detrás de él, operando como hada madrina.

Refrigerado el Mouriñogate, cortesía del inquilino de Los Pinos y la comisión legislativa que, a modo, aprobó el prianismo, con el Verde de patiño, como siempre, el delfín del michoacano se ha reunido con prácticamente toda la clase política para “convencer” de las “bondades” que conlleva la aprobación de la susodicha “reforma”.

Por su agenda han pasado el gabinete de la “continuidad”, gobernadores, diputados y senadores –de casi todas las bancadas–, líderes sindicales, empresarios nacionales, representantes de las trasnacionales energéticas y financieras que ya se han apropiado de buena parte del negocio, pero quieren más, dirigentes de organismos internacionales, “amigos” estadunidenses avecindados en Paseo de la Reforma y, en fin, todo aquel que desee manifestar su “buena voluntad” para hacer negocios con el Gobierno SA.

Ayer mismo, reincidieron los secretarios de Energía, Georgina Kessel; del Trabajo, Javier Lozano; de Hacienda, Agustín Carstens, y el director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles González Garza, quienes aparte de gritar “Pepe Mouriño es inocente”, “analizaron” el tema energético y sincronizaron relojes.

Todos, pues, están enterados de los planes calderonistas (y también de la impunidad de Mouriño) en materia energética. Todos, menos los dueños de la riqueza, los mexicanos, a quienes les ocultan la intención real y a cambio les han recetado un multimillonario esperpento propagandístico que les presume un “tesoro escondido en el fondo del mar”, pero deja a un lado la historia de piratas que hay detrás.

Sin debate nacional sobre la decisión más trascendente en décadas, que deben tomar los mexicanos, no el Gobierno SA y la desprestigiada clase política, sin análisis de alternativas viables y sin la aprobación de los verdaderos dueños, Felipe Calderón y su crío “informan” con propaganda, “orientan” con clichés, “convencen” con mentiras. Y, como diría un ex senador de la República, “respetan” la Constitución, violándola.

Pero ni siquiera en esto Calderón es creativo. Se ha limitado a repetir las prácticas y seguir la línea utilizada y marcada desde tiempos de Miguel de la Madrid, con quien arrancó la venta de garaje: aquí arriba tomamos las decisiones, “arreglamos” las cosas” y decidimos qué vender y a quién, mientras los mexicanos –que no saben nada de nada– se limitarán a gozar de los beneficios que nosotros les procuramos por medio de la privatización. Y los resultados hablan por sí solos.

Si fueran tan rápidos para resolver los grandes problemas nacionales y atender las urgencias de la gente, como lo son para proteger a blandengues empresarios-funcionarios y garantizarles impunidad, tal vez otra sería la circunstancia mexicana.

Las rebanadas del pastel

Mientras Mouriño reposa entre algodones, la población se mantiene a la espera de cómo se resuelve el emplazamiento a huelga en Luz y Fuerza del Centro, y los perredistas se destazan en los comicios dominicales, los lectores comentan sobre ese gran negocio que se llama Gobierno SA: “recientemente me enteré que la empresa Sempra Energy tiene cuantiosas inversiones en el norte del país particularmente en Baja California (opera) con diversos nombres como Transportadora de Gas Natural, Gasoducto Bajanorte, etcétera, y sigue creciendo con proyectos de gas natural a partir de la construcción de su terminal de gas natural en Ensenada, Baja California, y su distribución a Estados Unidos, teniendo dicha planta en México se enviará a EU el combustible para que no sufran de escasez. Esas terminales de gas no se autorizan fácilmente en Estados Unidos, pero aquí sí. Curiosamente me enteré que entre sus representantes legales de esa empresa se encuentran Cristina Kessel y Tania Ortiz Mena. Al parecer existe parentesco de Tania Ortiz Mena con el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ¿Será pura casualidad? ¿No tendrá parentesco Cristina Kessel con Georgina Kessel, secretaria de Energía? Tal vez no se han destapado aún las relaciones que existen entre el gobierno y las grandes empresas que se están apoderando del país, aun con todo y las limitantes que tiene la Constitución Mexicana. Lo cierto es que la frontera norte del país además de ser el patio trasero del que habló Adolfo Aguilar Zinser se perfila como el candil de la calle y oscuridad de la patria, ya que numerosas empresas pretenden generar energía para exportación sin un análisis del costo beneficio a nivel nacional” (Alfonso caso, alfoncaso@yahoo.com.mx)... “Tanta culpa tiene quien mata a la vaca como quien le detiene la pata. ¿Quién le dio tanto poder a Juan Camilo Mouriño para colocar a sus empleados en Pemex, Profeco y otros? A Vicente Fox le fueron de mucha utilidad los hermanos Bribiesca, los dejó que se enriquecieran y el mismo Fox se hizo rico. Los hijos de Felipe Corazón de Jesús son menores de edad, y él no quiere salir de los Pinos con el estigma de ser un pobre político. Juan Camilo es el encargado de hacer el cochinito para ambos”.

Impusieron PAN y PRI comisión light al caso Mouriño

En proceso desaseado, mayoritean al FAP; las fracciones del frente se retiran

No seremos comparsas; es claro que se exculpará al funcionario: González Garza

AMLO reta al titular de la SG: “debatamos con papeles en mano y de cara a la nación”


Hacen comparsa con los pequeños para mayoritear al FAP


■ Los diputados de PRD, Convergencia y PT abandonan la sesión




Roberto Garduño y Enrique Méndez

PAN y PRI en la Cámara de Diputados, hicieron comparsa con los grupos parlamentarios de PVEM, Nueva Alianza y Alternativa, y mayoritearon al Frente Amplio Progresista (FAP) en la Junta de Coordinación Política (JCP) y en el pleno, al conformar un acotado grupo de trabajo que investigará al titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

La respuesta del FAP a la imposición orquestada por Héctor Larios y Emilio Gamboa fue tajante. El perredista Javier González Garza, sentenció: “no seremos comparsas y mucho menos tapaderas de una comisión a modo, cuyo fin podemos adelantar: se exonerará al secretario de Gobernación”.

Acuerdo desaseado

En medio del enredo legislativo propiciado por los dislates de la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, y la imposición de PRI y PAN, que aprovecharon la solicitud del FAP de integrar una comisión para imponer una versión light, los grupos parlamentarios de PRD, Convergencia y PT subieron a la tribuna para acompañar a González Garza, quien anunció el retiro de las tres bancadas.

Esto, porque el acuerdo PRI-PAN fue tan desaseado que buscaron imponer en la presidencia de la comisión al diputado Carlos Alberto Puente, del PVEM, sin revisar antes su pasado reciente, en el que destaca haber estudiado sólo bachillerato y varios cargos en la administración pública y en Televisión Azteca.

En tribuna, González Garza leyó el currículum de Puente, quien a esa hora ya había ofrecido una entrevista donde perfiló el trabajo institucional de la comisión.

El coordinador perredista soltó: “si vemos qué ha hecho (Alberto Puente) de 2000 a 2001, fue director de enlace ejecutivo de medios de la Presidencia de la República con el señor Fox; de 2003 a 2005 fue director general de enlace con radiodifusoras de la Presidencia; de 1994 a 1998 fue jefe de administración de convenios públicos de Televisión Azteca, y de ese año a 2000, gerente de estrategias y desarrollo político de esa televisora; y de 2001 a 2003 fue director de enlace y atención gubernamental de Tv Azteca. ¡Es un currículum muy respetable, pero permítasenos dudar!”

En orden, los legisladores del FAP permanecieron en la tribuna y mostraron mantas y pancartas, cuyo diseño fue idea de la diputada Mónica Fernández Balboa, en las cuales se leía: “No a la PRIPANtización de Pemex”, “Por el bien de la nación, Mouriño tiene que ser investigado y sancionado”, y “Todos al Zócalo el 18 de marzo”.

Los fotomontajes de Mouriño y del presidente Felipe Calderón disfrazados de piratas taparon a Ruth Zavaleta y a los otros integrantes de la mesa directiva.

González Garza advirtió: “no vamos a participar en esa comisión, porque ya sabemos lo que va a pasar y no seremos tapadera; el grupo parlamentario del PRD y el Frente Amplio nos vamos a declarar en alerta. Mouriño no importa, es un personaje, lo que importa es el país. Nos reservaremos el derecho que todos tenemos de actuar dentro y fuera de esta Cámara”.

A continuación González Garza y sus compañeros salieron del salón de plenos –con excepción de Layda Sansores y Alberto Esteva–, mientras Alberto Puente pretendía hacer una pregunta y el perredista respondió: “¡no!”

Zavaleta sí concedió la tribuna a Puente cuando se la había negado a sus compañeros del PRD, con el argumento de que sólo podían hacerlo para fijar posición de partido. El legislador del PVEM subió a tribuna y junto a él, con la pancarta de Calderón, se colocó Alberto Esteva. Él mismo y Sansores, después, hicieron lo mismo cuando Héctor Larios subió a argumentar el voto panista.

Histriónico, el diputado pevemista arguyó que no quería estorbar las labores de la comisión y, antes de que se votara la integración de ésta, sostuvo que “el grupo de trabajo irá a fondo y no será tapadera de nadie”. Solicitó a su grupo parlamentario nombrar a otro diputado para presidir ese órgano, con “el afán de que no exista ningún pretexto para seguir descalificando las instituciones”.

“¡Corrupto!”, le gritó Emilio Ulloa Pérez, y Cuauhtémoc Sandoval completó: “¡traficante de influencias!”

El efecto de las revelaciones de González Garza y la renuncia de Puente fue tal que en forma apresurada el PRI ordenó al PVEM que propusiera como presidente a Xavier López Adame, hombre polivalente que trabajó en la administración perredista del Distrito Federal y en el gobierno de Vicente Fox Quesada.

Silencio panista y priísta

Antes, y como no ocurría desde hace varias legislaturas, Layda Sansores logró silenciar el salón de plenos al defenderse de los denuestos soeces que el martes le endilgaron diputadas del PAN.

Exigió congruencia a Ruth Zavaleta y le demandó que respetara su derecho a voz, porque desde el martes no le permitió intervenir en tribuna. “Dígame, ¿cuándo va a cumplir con el honor de su palabra?”

Ante la solvencia de Sansores y el coraje de Zavaleta, la diputada por Campeche obtuvo 10 minutos para dirigirse al pleno y fustigó la “complicidad” de PRI y PAN con el gobierno de Calderón.

Los gritos que pretendían interrumpir su discurso desde la bancada panista se diluyeron con la lectura de un documento. Desde su curul, Juan Guerra la respaldó: “¡échale ganas, diputada!”, y Sansores reviró: “Sí, mi niño”.

Y entonces la emprendió contra los panistas que la insultaron: “usted, Guillermo Fuentes, de Puebla –quien salió del pleno por recomendación de Larios–, que es el ‘creativo’ del grupo, le aprendió muy bien a su góber precioso, porque confunde la Cámara con un burdel. Quiero decirle que gente como usted, que alardean de machos denigrando a la mujer, terminan por exhibir sus problemas personales. Estudios sicológicos demuestran que suelen ser impotentes sexualmente, y moralmente muy cobardes. ¡Terminan por dar lástima!”

Mouriño, el “muy menor” secretario
carlos acosta córdova


México, D.F., 13 de marzo (apro).- Un día de octubre de 1991, el joven y aguerrido diputado panista Felipe Calderón Hinojosa subió exaltado a la tribuna. Se calificaban las elecciones intermedias de ese año, a la mitad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Previamente, diputados priistas habían aceptado una serie de irregularidades en los comicios –más boletas en las urnas que votantes en el padrón, la más frecuente--, que minimizaban, pues decían que no alteraban el resultado final.

Prendido como siempre que hacía uso del micrófono, Calderón les reclamó: “Decir que sí hubo irregularidad, pero que no es determinante para cambiar la votación, es como decir: ‘sí hubo trampa, pero de todos modos te hubiera ganado’. Y les recriminó a gritos: ‘¡Señores priistas: la trampa, el fraude, que es el aprovechamiento del engaño o del error de otro para obtener un beneficio, eso es fraude!’ La confesión más clara del fraude es que hacen trampa, independientemente de que haya sido determinante o no y cuando ustedes reconocen la ilegalidad, pero señalan que no es relevante, señores, ¡están demostrando que la ética política la conocen de referencia, porque se es honesto o no se es!

“Aceptamos, entendemos que vengan a decirnos: aquí está la trampa, pero no encuadra en las causales del código (electoral). ‘¡Aquí está la trampa, pero no es suficiente para cambiar el resultado! ¡Aquí está la trampa!’ ¡Entendemos que lo digan en nombre del código!, pero, señores, no lo digan en nombre de la ética política, ¡no sean hipócritas!”

Por supuesto, no es lo mismo ser diputado y estar en la oposición, que tener la máxima responsabilidad del país. Pero si Felipe Calderón actuara con la misma lógica de entonces, Juan Camilo Mouriño no sería más secretario de Gobernación. Por tramposo, por deshonesto, por hipócrita, por cínico, y porque conoce la ética sólo de referencia.

Menuda sorpresa nos ha dado Calderón al tener un secretario de Gobernación tan atípico, tan endeble, tan falto de pensamiento complejo, tan carente de presencia. Nos lo quisieron vender, desde la campaña, en el periodo de transición y en el primer año de gobierno, como el equivalente del jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el memorable doctor José Córdoba Montoya, por su omnipresencia, su innegable inteligencia, a veces siniestra, que estaba en todo y que, sin duda, era el poder tras el trono, la materia gris del entonces presidente.

Pero el joven Mouriño está a años luz de Córdoba Montoya. No puede ser secretario de Gobernación alguien que suplica espacio y tiempo en estaciones de radio y televisión para aparecer, en el terreno de éstas, y, sin argumentos, defenderse de sus “detractores”. No puede ser secretario de Gobernación alguien que le dice a los mexicanos: por ustedes me sacrifiqué, para servirles tuve que renunciar a las acciones de las 80 empresas de mi familia y dejar “muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país”. (Un buen redactor de discursos le hace falta: ¿el Distrito Federal está fuera, en el exterior, del país?)

Me uno a los millones de mexicanos que creen que Mouriño debe dejar la Secretaría. Pero no secundo el linchamiento lopezobradorista: a Mouriño no le alcanza el talento para ser delincuente y traficante de influencias. Y si lo pretendiese, verde se ve frente a Marta Sahagún y sus hijos, por ejemplo, o frente a extranjeros, naturalizados mexicanos, que saben de lo fácil que es burlar la legislación mexicana, aprovecharse aun de la idiosincrasia nacional, conocedores a fondo de la corrupción en la burocracia, para hacer millonarios negocios, como es el caso de tristemente célebre Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino, el de los videos que hicieron trizas al Partido de la Revolución Democrática.

No. Mouriño es muy menor. Y así se vio en la televisión y se escuchó en la radio. De pena ajena. Parecía un muchacho preparatoriano quejándose de que otros grupos --sus “detractores”, dijo--, lo quieren fastidiar, que no lo dejan trabajar, que quieren que el gobierno fracase y que a México le vaya mal. Más allá de la pose de “niño bien”, ajeno a la cultura del esfuerzo que decía Luis Donaldo Colosio, Mouriño no mostró nada: ni un argumento válido, ni una exposición lógica, ni una expresión contundente, ni una idea interesante. Nada que dejara ver a un político. Nada que hiciera creer que en la pantalla, o tras el micrófono, estaba el secretario de Gobernación.

Hasta a Joaquín López Dóriga, cuya presencia se imponía a la del muchacho, le costaba trabajo hablarle de usted. Y, de veras, espanta y sorprende que alguien tan verde sea el secretario de Gobernación. Y no es porque se añoren perfiles dinosáuricos –muchas veces no exentos de siniestralidad--, pero sólo de recordar quiénes han sido secretarios de Gobernación, no se entiende cómo alguien con la magra trayectoria de Mouriño –en la política, en el conocimiento del país, en la formación académica ad hoc-- pueda ser el encargado de la política interior del país.

Secretarios de Gobernación han sido, desde los años 40 a la fecha, hombres cuyo nombre dice algo, para bien y para mal: Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Ernesto P. Uruchurtu, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia, Jesús Reyes Heroles, Enrique Olivares Santana, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo McGregor, Esteban Moctezuma, Emilio Chuayffet, Francisco Labastida, Diódoro Carrasco Altamirano, Santiago Creel Miranda, Carlos Abascal Carranza, Francisco Ramírez Acuña.

Quizás salvo este último y Esteban Moctezuma –dos de los más breves titulares de Gobernación--, el resto destaca por una trayectoria que –insisto: para bien o para mal-- de alguna manera justificaría su llegada a la Secretaría.

Pero ¿Mouriño? Sólo Calderón sabe por qué lo puso ahí. Obviamente no lo va a quitar ahorita. Impensable. Pero no puede tardarse mucho en quitarlo, a menos que quiera seguir debilitando su gobierno.

Comentarios: cgacosta@proceso.com.mx

Carpetazo
jueves, 13 de marzo de 2008


* Los penalistas Julio Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez, y el constitucionalista Elisur Arteaga Nava aseguran que la PGR actuó de manera inapropiada y violó al Artículo 16 Constitucional al iniciar una averiguación previa para investigar a Juan Camilo Mouriño sin la existencia de una denuncia de hechos o querella / La intervención oficiosa, a petición del español, significa que le darán carpetazo jurídico, advierten

MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA).- Los penalistas Julio Hernández Pliego y Xavier Olea Peláez, y el constitucionalista Elisur Arteaga Nava aseguraron que la Procuraduría General de la República (PGR) actuó de manera “inapropiada” y en franca violación al artículo 16 Constitucional al iniciar una averiguación previa para investigar el caso del supuesto tráfico de influencias contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sin la existencia de una denuncia de hechos o querella de algún ofendido. En entrevista por separado, los litigantes y profesores en Derecho de diversas universidades coincidieron en que la Procuraduría estaba impedida a actuar debido a que no había denuncia que señalara la existencia de presuntos delitos, sino exclusivamente cuestionamientos ante los medios de comunicación, pero al iniciar la indagatoria demostró que es una institución “subordinada a las órdenes del secretario de Gobernación”.
“La intervención oficiosa de la PGR, a petición de Mouriño, significa que le darán carpetazo jurídico a este caso”, puntualizó Elisur Arteaga, doctor en derecho constitucional, quien aseguró que el secretario de Gobernación “sí cometió delitos penales y violaciones administrativas” al firmar, siendo servidor público, contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) que favorecieron a empresas propiedad de su familia.
Agregó que la Carta Magna y las leyes penales secundarias ordenan que el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente pueda actuar en la investigación de un delito mediante querella de un ofendido o por una denuncia de hechos. “La petición de Mouriño por si misma no otorga facultades al MPF para iniciar la averiguación previa; aquí hubo una actuación oficiosa (de PGR) que es contraria al segundo párrafo del artículo 16 Constitucional”, señaló.
La PGR anunció la noche del martes, mediante un comunicado, que “a efecto de dar trámite al documento que presentó” Juan Camilo para pedir que se investigara su caso, se iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.
Elisur Arteaga propuso al gobierno federal y a la PGR que si efectivamente están interesados en que se esclarezcan las acusaciones públicas contra Mouriño, se nombre un fiscal especial avalado por el Partido de la Revolución Democrática y que el secretario de Gobernación pida licencia al Congreso de la Unión Julio Hernández Pliego, experto en derecho procesal penal y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que la PGR actuó de manera “inapropiada” al abrir una averiguación previa para analizar la legalidad de los contratos firmados por Mouriño sin la existencia de una denuncia o querella, sobre todo porque no se trata de delitos que se persigan de oficio.
“Todo parece indicar que Mouriño está ordenando que oficiosamente la Procuraduría deslinde su inocencia. En primera esa no es la función de la PGR; en segundo lugar, ningún funcionario, por muy alto nivel que represente en un Gobierno, está facultado para exigirle al MPF que inicie una averiguación previa sólo porque tiene conocimiento de que se le acusa de algo”, puntualizó Hernández Pliego.
Finalmente, el abogado Xavier Olea aseguró que además de que la PGR no tenía motivos legales para haber iniciado la indagatoria sin la existencia de una querella, Juan Camilo tampoco tenía razón jurídica alguna de acudir a entregar pruebas en su descargo. “Explicación no pedida, acusación manifiesta”, recordó el penalista.

La salida de Mouriño
jueves, 13 de marzo de 2008 José Gil Olmos

Felipe Calderón se ha quedado sin operador político. La falta de probidad ética y la violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por parte de Juan Camilo Mouriño lo ha anulado como el negociador del gobierno. Ahora la pregunta no es cuánto tiempo durará en la Secretaría de Gobernación, sino quién será el encargado de manejar la agenda nacional.
La revelación de los contratos que firmó con PEMEX cuando era apoderado y accionista de la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV, y al mismo tiempo diputado federal y asesor de la Secretaría de Energía (SE), han expuesto la debilidad de Mouriño para hacerse cargo de la institución responsable de la política nacional.
No se trata únicamente de un asunto de ética como lo pretende manejar el propio Mouriño y el PAN, sino de legalidad. Hay violaciones al Código Penal federal y a la ley de responsabilidades de los servidores públicos porque no respetó la imparcialidad y usó su cargo público para obtener los contratos de transporte de combustible con Petróleos Mexicanos.
Aunque Calderón Hinojosa pretenda sostenerlo a como dé lugar, bajo el pretexto de que no entregará en bandeja de plata la cabeza de su amigo a Andrés Manuel López Obrador, es evidente que Mouriño Terrazo ha quedado invalidado como interlocutor oficial frente a las demás fuerzas políticas.
Los esfuerzos sofistas y grandilocuentes del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, de quitarle peso a las pruebas de tráfico de influencias con el pretexto de que sólo se trata de un “mohín” de López Obrador, que no quiere aceptar su derrota, sólo deja en peor situación a Mouriño, pues hace evidente que no puede defenderse por sí solo sino que necesita del apoyo de su partido para salir del hoyo en que se encuentra hundido.
No sólo eso, Martínez Cázares contradice la propia historia de su partido que por años luchó contra la corrupción y contra los funcionarios del PRI que se valían del poder para beneficio propio o de su familia.
Se supone que el secretario de Gobernación es el segundo hombre fuerte del gobierno -sólo detrás del presidente-, y que por su experiencia y capacidad está preparado para tomar el timón del país en caso necesario.
Sin embargo, ante la primera tormenta política, Mouriño ha mostrado que no tiene ni la experiencia ni la capacidad para realizar las funciones básicas como titular de Gobernación -quizá nunca las tuvo-, y que ha quedado en una situación de una fragilidad muy peligrosa para el gobierno de Calderón ante las demás fuerzas políticas.
Mouriño ha salido ante los medios a defenderse alegando que los contratos no son ilegales y que no hubo ninguna intención de sacar provecho de su condición como legislador.
Al acudir a los medios, principalmente a las televisoras, su figura como secretario de Gobernación quedó desacreditada, pues ningún funcionario de ese nivel había tenido la necesidad de hacer esto para lavar su imagen.
De manera paralela, el PAN ha desplegado también en los medios una defensa ciega y a ultranza de Mouriño, bajo el viejo lema de que López Obrador “es un violento” y sólo quiere detener el desarrollo del país. Pero el efecto resultante es contraproducente, pues solamente están exaltando la debilidad de un funcionario que no puede defenderse por sí solo.
La percepción de la ciudadanía sobre el caso de Mouriño no es que sea una revancha de López Obrador, como pretenden inducirlo Germán Martínez y legisladores del PAN, sino que el secretario de Gobernación incurrió en una falta grave al sacar provecho de su posición para hacer negocios privados con PEMEX.
La encuesta levantada por María de las Heras y publicada por el diario Milenio el lunes pasado es clara: 85% de los entrevistados piensa que es moralmente incorrecto haber hecho estos negocios y casi 70% considera que Mouriño debería dejar el cargo.
Pero quizá el dato más interesante por sus implicaciones es que 53% de los entrevistados cree que Felipe Calderón nombró a Mouriño como secretario de Gobernación a sabiendas de que se darían estos escándalos.
Es decir, que buena parte de la ciudadanía percibe que puede haber “plan con maña”: que Mouriño estaría siendo utilizado por Calderón como el chivo expiatorio para sacar adelante la reforma energética con la ayuda del PRI. Leer más...

Se niega Mouriño
jueves, 13 de marzo de 2008


Desde el 2006, secretario de Gobernación ilegítimo se ha negado a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales / Igual lo hace Karim Elías Bobadilla, uno de los personajes cercanos al español que ocupa un puesto clave en PEMEX

MEXICO, D.F., 12 de marzo (LA JORNADA).- A partir del año 2006, el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se ha negado a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y lo mismo ocurre con Karim Elías Bobadilla, uno de los personajes cercanos a Mouriño, que ocupa un puesto clave en Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Los datos están incluidos en el expediente sobre el caso Mouriño que presentó un día antes ante la Junta de Coordinación Política del Senado República, el perredista Carlos Navarrete y que mañana será discutido en ese órgano de gobierno de Xicoténcatl.
Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que le sorprende que las declaraciones patrimoniales de Mouriño y otros funcionarios, que son documentos de carácter confidencial, “circulen de esa manera”, lo que se parece mucho “al fuego amigo”.
El coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, rechazó esa hipótesis y sostuvo que más bien se trata de “fuego adversario”, ya que proviene de Andrés Manuel López Obrador y “de una contienda interna que se da en un partido”.
Sin embargo, el perredista Ricardo Monreal insistió en que los documentos han llegado a López Obrador a través de funcionarios de PEMEX y otras dependencias que fueron despedidos cuando Calderón se apoderó de la presidencia.
“Hay profesionistas capaces, honrados, que no están de acuerdo en la rapiña de Mouriño y su grupo”.
En el expediente que Navarrete entregó un día antes a los coordinadores de todas las fuerzas políticas en el Senado, se resalta que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuenta con siete declaraciones patrimoniales de Mouriño.
En las cuatro primeras, que van del 5 de diciembre del 2003, al 4 de noviembre del 2004, el ahora secretario de Gobernación declaró contar con dos casas, una con valor de 484 mil pesos y la otra, de 2 millones 570 mil pesos. Asimismo, dos automóviles, un BMW, de 655 mil pesos y una camioneta Gran Cherokee, de 230 mil pesos, además de bienes muebles por un millón de pesos e inversiones por 698 mil pesos.
A partir del 2006, como beneficiario del Fideicomiso para apoyar el cambio de administración federal y como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Mouriño no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.
Igualmente, uno de los funcionarios cercanos a Mouriño, que ocupa un puesto estratégico, como titular del Organo Interno de Control de PEMEX Exploración y Explotación --ya que tiene a su cargo la investigación de licitaciones y adjudicaciones de contratos-- no aceptó hacer públicas sus declaraciones patrimoniales en el 2007.
Sobre el tema, Beltrones dijo que están dispuestos a que mañana los senadores del PRI que son abogados se reúnan con los senadores del PRD y del Frente Amplio, para analizar los documentos sobre el caso Mouriño.
El priísta rechazó la posibilidad de integrar una comisión investigadora en el Senado, pero no descarta que se conforme “un grupo de trabajo que analice los documentos, vea su consistencia y la posibilidad de establecerles destino”.
Sin embargo, aclaró, ello sería hasta después de Semana Santa.

En la cárcel
jueves, 13 de marzo de 2008

* Legalmente, ahí debe estar Juan Camilo Mouriño, titular ilegítimo de la Secretaría de Gobernación, advierte el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza / Por ética, al menos, debería renunciar

* Reitera que todo el grupo de amigos cercanos a Felipe Calderón, con los que juegan fútbol en Los Pinos, son una red de mafiosos y delictivos que deberían estar en prisión

“Yo le pedí (a Juan Camilo Mouriño -abajo-) que nos dijera cuántas gasolineras tenía su familia antes de ser diputado y cuántas tiene ahora... en términos morales y éticos tendría que estar fuera, sin ninguna duda, pero en términos legales tiene que estar en la cárcel”, dijo González Garza (arriba). (UNIVERSAL)

MEXICO, D.F., 12 de marzo (UNIVERSAL).- El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, aseguró que por ética, Juan Camilo Mouriño debía estar fuera de la Secretaría de Gobernación, pero que legalmente debería “estar en la cárcel”.
El perredista confirmó que ya tiene en sus manos el expediente que le envió Mouriño como parte de su apertura a que lo investiguen y se resuelva si fueron legales o no los contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (PEMEX), a favor de la empresa familiar Ivancar S.A. de C.V.

Sin embargo, González Garza dijo que la documentación enviada no es suficiente, y mucho menos demuestra que es la totalidad de contratos.
“Yo le pedí (a Juan Camilo Mouriño) que nos dijera cuántas gasolineras tenía su familia antes de ser diputado local y cuántas tiene ahora. Esto va a ser un problema porque nos vamos a mantener así, por eso digo que en términos morales y éticos claro que tendría que estar fuera, sin ninguna duda, pero en términos legales tiene que estar en la cárcel”, reiteró.
En pasados días, el líder del PRD en San Lázaro denunció que el grupo de amigos cercanos a Felipe Calderón, con los que juegan fútbol en Los Pinos, son una red de mafiosos y delictivos.
Y ante ello, Larios le respondió que se cuidarán puesto que ese equipo de fútbol les meterá una “goliza”, y este miércoles González Garza le respondió que se irán a penales, pero “de máxima seguridad”, en los que debe estar Mouriño. “Todos esos señores tienen que estar ahí”, señaló.

Adolfo Sánchez Rebolledo

Están jugando con fuego


Dos nuevos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) firmados por el actual secretario de Gobernación determinaron que, tarde y a regañadientes, éste se decidiera a informar sobre el expediente completo. Mientras, en las cámaras, los grupos del PRI y el PAN tratan de salvar la cara del funcionario, saboteando la comisión investigadora solicitada por el Frente Amplio a raíz de las denuncias de López Obrador. En aras de distraer la atención sobre el fondo político de la cuestión, se pretende reducirla al rejuego legalista de siempre, al dictamen exclusivo de instancias que en este asunto son juez y parte, pues están sujetas al control del Ejecutivo, como serían la Secretaría de la Función Pública y la propia Procuraduría General de la República.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas del caso, las cuales no pueden desdeñarse, es preocupante la arrogancia del denunciado, su insensibilidad, la confusión deliberada entre el particular y el funcionario (pues que se sepa no ha pedido licencia). El secretario Juan Camilo acude en defensa de Iván, el apoderado legal y accionista de Ivancar, sin advertir en ese lazo indivisible el germen de la gestión oligárquica del poder. Los contratos, dice, tampoco violan las normas éticas democráticas que aconsejan tomar distancias entre ambas esferas para evitar sospechas. Pero más allá de la respuesta legaloide del secretario, es preocupante el desdén, casi el desprecio con que trata a los partidos denunciantes, como si en democracia fuera un delito expresar la inconformidad por los actos y las conductas de los hombres del poder, cuya fiscalización es vital en un verdadero estado de derecho. Sin embargo, en aras de su defensa personal, el secretario olvida las formas a que su cargo le obliga: cancela la prudencia declarativa y lanza acusaciones sin ton ni son, siguiendo la misma lógica que en 2006 llevó al panismo a descalificar a López Obrador como “un peligro para México”. No es la primera vez que los jóvenes panistas cierran filas, apelan al espíritu de cuerpo y se aferran a visiones intolerantes.

La resistencia a la crítica nos habla de un grupo de y en el poder que prefiere jugar con las palabras para causar un efecto mediático que asumir definiciones y compromisos cabales.

Decir, por ejemplo, que los críticos “apuestan por el fracaso de nuestro país, apuestan a que a México le vaya mal y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, al margen de la cursilería retórica, es una manera de descalificar el debate en curso sobre la reforma energética, satanizando a quienes “politizan” el asunto. De este modo, el gobierno convierte la discusión sobre la reforma energética en el campo de batalla entre el Bien y el Mal, es decir, entre los partidarios del Progreso (definido al modo neoliberal) y sus enemigos, sin darle a los argumentos en liza la menor importancia. La manera como el gobierno ha presentado el tema de la reforma energética sería cantinflismo puro si las intenciones no fueran evidentes.

Ya es un escándalo que la Presidencia juegue a las escondidillas en un asunto vital para el futuro de México; que se busque, mediante un anuncio de tv, arreglado según la audiencia y las necesidades “tácticas”, deformar los hechos –como con exactitud denunciara Jacobo Zabludovsky en acertado comentario– para crear un efecto mediático sobre el “público”. No menos escandalosa es la falacia, repetida hasta el hartazgo por los comentaristas ad hoc, de que es posible, necesaria e inevitable la “alianza” con las empresas extranjeras sin privatizar Pemex, es decir, sin proceder a la reforma de la Constitución que hoy prohíbe de manera categórica tales asociaciones, lo cual piensan realizar valiéndose, como indica Francisco Rojas, de los contratos modificados de servicios múltiples para el desarrollo petrolero de las aguas ultraprofundas.

Es preocupante que la defensa del secretario pase por el bloqueo de la comisión investigadora del Congreso al que se avino el PRI, pero más grave, en el orden general de los temas en la agenda, es el desprecio hacia quienes se oponen a la privatización con meras descalificaciones, cuando ya están sobre la mesa trabajos muy serios de técnicos, sindicalistas, científicos, economistas –como David Ibarra, cuyo ensayo reciente “El desmantelamiento de Pemex” es de lectura obligatoria–. No me extraña, pues en cierto modo, tal sordera es la continuación del síndrome del 6 de julio, es decir, la idea de que se puede afrontar la tormenta de la inconformidad mediante una combinación de técnicas mediáticas y fragmentación de las oposiciones para imponer una política de hechos consumados. Para el gobierno, las reformas de pensiones y otras confirman que una sacudida social es soportable si a cambio se producen “ajustes estructurales” capaces de reciclar al sistema, pese a sus fallas.

Se habla mucho de negociación y consenso, pero es difícil creer en la sensatez de un gobierno cuando el secretario de Gobernación, en medio de la crisis en que se halla, puede lanzar esta parrafada donde se unen el mayor triunfalismo con la máxima arrogancia: “Lo que quieren es que en México no sigamos transformando con las reformas que el país necesita y que no se discuta al respecto (...) Eso es lo que quieren, poner obstáculos para que no continuemos con las grandes cosas, con los grandes temas, con las grandes soluciones a los grandes problemas que tiene este país”. Alguien debería decirles a los capitostes del panismo que el limbo ya fue abolido por la Iglesia. Ya sería un leve avance que el gobierno de Calderón asumiera, de una buena vez, que la apertura a la explotación petrolera en áreas vedadas al capital privado es, en definitiva, una privatización y la esencia de su propuesta de reforma. Al menos no habría engaño. Pero no, quieren ponerse el “traje a la medida”, darle espacio a la pequeña manipulación politiquera confundida con la visión de Estado, por ahora ausente. Y de allí la apuesta por Mouriño. Están jugando con fuego.

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

■ Que reine la impunidad

■ Orden de Los Pinos al señor de los contratos

El martes, pasado el mediodía, afirmaba el crío Juan Camilo que “por supuesto puedo y sigo adelante en mis funciones de secretario de Gobernación”, pero más tardó en concluir la frase que en demostrar que obviamente ni puede ni sigue, porque en la misma acción de entregar su expediente a la PGR quedó clara la decisión de su protector de Los Pinos: aventar la papa caliente a otra instancia de gobierno, la PGR, para que en ella se enfríe, se haga puré y pueda digerirse sin mayores consecuencias para el empresario-funcionario.

Desesperado, el inquilino de Los Pinos ordenó el blindaje de su delfín, que sean sus propios empleados, con disfraz institucional, quienes protejan a Juan Camilo, que lo exoneren y que sean otros quienes enfrenten el vendaval y paguen los platos rotos, una práctica que aquí y en Burundi simple y sencillamente se llama impunidad.

¿Qué habría sido del cándido Iván el breve –ahora como antes– sin el manto protector del michoacano? Lo más seguro es que se mantendría en su bella provincia despachando litros de 800 mililitros en las muchas gasolineras que la familia tiene en el sureste nacional, sin haber conocido los sabor de los Congresos estatal y federal, los altos vuelos de un secretario del Ejecutivo ni mucho menos las mieles de Los Pinos, porque si algo queda claro es que Juan Camilo, solo, no puede.

Dos semanas de huracán categoría 5, y el empresario-funcionario no supo ni por dónde entraba el chiflón. Suficientes resultarían los contratos por él firmados con Pemex-Refinación para que fuera depuesto. Pero si para algunos lo anterior no es convincente, bastaría analizar la forma en que dejó pasar todos los goles (término de moda política). Si al secretario de Gobernación le tienen que enseñar desde otras partes del gobierno cómo debe actuar en casos de emergencia y meter descaradamente la mano para salvarle el pellejo, entonces obvio es que a Mouriño habría que renunciarlo de inmediato, junto con sus abanicados “operadores” políticos, por esta causa adicional.

Por instrucciones del inquilino de Los Pinos, será Eduardo Medina Mora, el procurador general de la República, quien maneje la papa caliente llamada Juan Camilo (quien sólo se siente a plenitud entre los algodones de Los Pinos y los abrazos del staff, incluido el cuñado incómodo que ya se frota las manos por futuros negocios en Islandia), le quite los reflectores de encima, meta el acelerador a fondo y entierre el caso lo más rápido posible: “no hay delito que perseguir”.

El procurador, en papel de mártir de la “continuidad”, pues de entrada descartó “algún delito” en el caso Mouriño, mientras el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, resultó más práctico pues se limitó a divulgar un boletín para “garantizar una investigación a fondo, con imparcialidad, así como entregar los resultados a la opinión pública de manera pronta, clara y transparente”. Es la misma “garantía” ofrecida por esa dependencia, en tiempos del becario Germán Martínez, en el caso Fox-Sahagún.

Medina Mora (de inmediato viene a la memoria aquella famosa frase del cacique potosino, Gonzalo N. Santos, en el sentido de que “la moral es un árbol que da moras, o sirve para una chingada”) recurrirá a lo que sea para enfriar, pulverizar y enterrar la papa caliente llamada Juan Camilo. Tal vez recurra a La Paca, a los cráneos enterrados, o algo por el estilo, pero el crío Iván resultará más limpio que las manos ídem de su protector en Los Pinos.

No hay registro de que un titular de la PGR haya pasado a cuchillo a su jefe inmediato, el secretario de Gobernación, como coordinador del gabinete, en este caso. Tampoco la Secretaría de la Función Pública, y menos si se trata del delfín. De hecho, cuando algún pez grande ha caído en la cárcel, o terminado en el exilio, ha sido producto del cobro de facturas entre sexenio y sexenio, y en estos operativos el procurador en turno es pieza clave.

Recuérdese cómo cayó “todo el peso de la ley” sobre funcionarios del echeverriato en tiempos de López Portillo; del equipo de éste en la administración de Miguel de la Madrid; de protegidos del colimense en el sexenio de Carlos Salinas, y así por el estilo, antes y después, pero a pesar de ello ningún secretario de Gobernación terminó en cana. Entonces, es previsible lo que dictaminará la PGR y el árbol de Medina Mora en el caso Mouriño, porque tradición (léase impunidad) obliga.

El propio Felipe Calderón (quien de acuerdo con lo declarado por Iván el breve es “un poquito” culpable, pues sabía de los contratos pero “no a detalle”), dirige la orquesta de la impunidad: uno tras otro, los funcionarios de su gobierno repiten mecánicamente los “argumentos” para justificar a Mouriño. El becario Germán Martínez no para de subrayar las “virtudes” del crío. Los legisladores blanquiazules se retuercen para no verse tan obvios, pero son más que eso, y ayer tocó el turno a los gobernadores panistas, congregados en Los Pinos por orden del michoacano, y a coro advirtieron que “no vamos a permitir una acción efectista o golpista” en contra del gasolinero, al tiempo que ofrecieron su “completo respaldo” al señor de los contratos.

Pero lo mejor de todo es que el Mouriñogate permite constatar cómo los panistas llegaron al poder “para cambiar las cosas, las formas de hacer política y gobernar”.

Las rebanadas del pastel

Frases desechables del pentapichichi michoacano que despacha en Los Pinos: “seremos un equipo ganador no sólo en el deporte, sino en la batalla contra la impunidad”… “El objetivo del gobierno federal es sostener una lucha frontal que permita erradicar la impunidad”… “Este clima de impunidad puso en franca vulnerabilidad a los ciudadanos frente a los criminales”… “Estamos trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción y la ilegalidad”… “No impunidad, no abuso de los poderosos, justicia para todos”.

Mouriño entrega a PGR y SFP copias de 7 contratos

Investigarán subalternos al titular de la SG

"No renunciaré"



Insiste en que no hay nada ilegal en los convenios de Ivancar con Pemex

"Claro propósito político de quienes me acusan", revira

Revienta el PAN la integración de la comisión especial

Protestas y mantas del FAP en la Cámara; gritos soeces de panistas

Incondicionales del funcionario, en sitios claves de la paraestatal: Navarrete





Asegura que continúa como interlocutor del gobierno con las diversas fuerzas políticas

No renuncio; “sigo firme” en el proyecto del Presidente: Mouriño

En conferencia de prensa en Bucareli anuncia que puso a disposición de PGR, SFP y Congreso copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004

Fabiola Martínez


El secretario de Gobernación, al comparecer ayer ante los medios de comunicación

Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que no renunciará a su cargo y –por el contrario– aseguró que continúa como interlocutor del gobierno calderonista con “las diversas fuerzas políticas” del país.

–¿Puede usted seguir siendo un secretario de Gobernación útil? –se le preguntó.

–Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones (…) Los problemas de México son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos, sigue siendo la misma (…) Sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del Presidente y en el proyecto de México.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer (el 24 de febrero pasado) la existencia de contratos firmados entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar (en el periodo en que Mouriño se desempeñaba simultáneamente como apoderado legal de esa empresa y funcionario público), el secretario de Gobernación anunció que puso ayer a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004.

El funcionario se presentó este martes ante los medios de comunicación acompañado por sus más cercanos colaboradores (incluidos subsecretarios, comisionada del Instituto Nacional de Migración y oficial mayor) para mostrar documentos acerca de la relación mercantil entre Pemex y la empresa propiedad de su familia. El espacio, en la sala de conferencias de la SG, prácticamente resultó insuficiente para dar cabida, al lado del podio, a los funcionarios que fueron a arropar a su jefe.

Por novena ocasión (el 28 de febrero lo hizo en un mensaje de dos cuartillas, y una semana después en una entrevista para la televisión y seis para estaciones de radio) repitió que en su participación en la firma de contratos no hubo conflicto de intereses ni incurrió tampoco en tráfico de influencias. En entrevista para Televisa –el 6 de marzo pasado– aseguró que la firma de los contratos era “legal” y ética.

Reiteró su versión con base en dos argumentos principales: que la empresa familiar celebra contratos con Pemex para el transporte de combustible, de manera ininterrumpida desde 1985, y que sus atribuciones como funcionario público no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación, ni con las actividades de transporte de la paraestatal.

Señaló que las acusaciones por presunto tráfico de influencias son hechos infundados y tienen una clara intención política de quienes –dijo– prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública.

“Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad”.

Insistió en que nunca intervino, como servidor público, en acto alguno que representara un beneficio económico para él o su familia, de ahí que rechazó alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el Código Penal Federal. Agregó que no hay más contratos, además de los siete a los que hizo referencia ayer.

Mouriño Terrazo se presentó ante la prensa con una carpeta blanca en la que, dijo, se encuentran los documentos que entregó a las dependencias y a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.

Emitió, en 12 puntos, la explicación acerca del desarrollo contractual de Ivancar con Pemex, y repitió que esa información es transparente y, por ello, es pública para cualquier ciudadano que la requiera, a través de Transparencia (Mexicana) o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Soy el principal interesado en aclarar estos hechos”, sostuvo.

Señaló que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna ante las instancias competentes “y, sin embargo, quienes me acusan prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública, con una clara intención política”.

En el México de las instituciones –agregó– corresponde a las autoridades determinar si una conducta constituye una infracción a la ley. En el oficio solicita al procurador Eduardo Medina Mora y al titular de la SFP, Salvador Vega, analicen los documentos “de acuerdo con sus atribuciones”, entre éstos los convenios para la prestación de servicio de transporte terrestre en los años 2000-2004.

Reacción iracunda de Pemex

Y aprovechando que hablamos de Petróleos Mexicanos, es ahí en esta empresa petrolera del Estado y de la cual dicen “es de todos los mexicanos”, en donde se ha dado la primera reacción iracunda como una “respuesta institucional” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, para externar su malestar con la revista Contralínea por haberse atrevido a hacer públicos los contratos firmados por el empresario y ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en su calidad de accionista y apoderado legal de la empresa Ivancar, para obtener convenios que le permitan a él y su familia allegarse recursos públicos por proporcionar servicios de transporte a Pemex.

Resulta que el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez, se comunicó la semana pasada al área comercial de Contralínea, para aclarar y advertir que ante lo revelado en esa revista sobre las relaciones comerciales de Mouriño con Pemex, “es una decisión institucional no volver a anunciarse ni a dar una sola pauta publicitaria de esta empresa del Estado para la revista Contralínea”.

Ramírez cree que el dinero público que se maneja en una empresa del Estado como Pemex no es de los mexicanos, sino que es propiedad del presidente de la República, del director general de Pemex y hasta de él mismo, por lo cual este bisoño jefe de prensa ha decidido institucionalmente “castigar” a la revista Contralínea y retirarla de su lista de anunciantes como una primer medida del gobierno panista de Calderón para quien se atreva a denunciar hechos de corrupción en los que se envuelve la administración pública federal.

Los delitos y la confesión
jesusa cervantes
Proceso

México, D.F., 10 de marzo (apro).- Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).

Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.

Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.

Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.


NOTA COMPLETA :

Calderón: El autismo del cómplice
Álvaro delgado

México, D.F., 10 de marzo (apro).- Durante dos semanas, exactamente quince días a partir del 24 de febrero y hasta este martes 10, Felipe Calderón ha guardo silencio sobre las conductas confesas y constitutivas de delitos derivadas de la entrega de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el futuro exsecretario de Gobernación.

El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser un traficante de influencias y adelantó que presentaría documentos para probarlo, el domingo 24 de febrero, Calderón se hallaba en Iguala, Guerrero, en una ceremonia con motivo del Día de la Bandera, resguardado por un impresionante aparato de seguridad, muy mayor al que se vio, más tarde, cuando fue recibido como uno de los suyos en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Pero desde ese día, el autismo de Calderón sobre el escándalo del empresario Mouriño --que ha desesperado hasta a los habituales amanuenses del poder-- ha sido manifiesto.

El martes fue a San Luis Potosí y se reunió con empresarios de México y Estados Unidos. El miércoles apenas salió de Los Pinos, donde encabezó dos actos públicos, y por la noche inauguró una exposición en el Museo de Antropología.

El jueves estuvo en Querétaro, y fue durante esa gira que Mouriño se refirió, por primera vez, a los contratos de Pemex que firmó como apoderado legal de Ivancar, S.A., siendo ya diputado federal y funcionarios de la Secretaría de Energía, ambos tendiendo como jefe a… Felipe Calderón.

Pero éste siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.

El silencio de Calderón se mantuvo toda la semana, cuando ya era escándalo nacional, y aun el viernes 29, cuando se reunió con los gobernadores de la Conago en Campeche, justamente donde Mouriño y su clan instalaron el Grupo Energético del Sureste (GES), del que Ivancar, S.A. de C.V., es sólo una de las 80 empresas que lo integran y que se llamó así en honor al apelativo con el que los amigos y cómplices se refieren al funcionario: Iván.

El sábado 1 y el domingo 2 de marzo Calderón descansó --¡nomás eso faltaba!-- y aguantó pronunciarse sobre el escándalo de Mouriño otro día y medio: El lunes, por la mañana, se congració con la iniciativa privada dándole los subsidios a los que es tan afecto --eso no es populismo-- y por la tarde dio el arranque de la colecta de la Cruz Roja.

Antes de irse a una gira de toda la semana, primero a Centroamérica y luego a Dominicana, se reunió con empresarios de Canacintra y puso en marcha el operativo de Semana Santa. Y regresó a México, el fin de semana, para seguir en el limbo.

El mutismo de Calderón es, sin embargo, muy elocuente. Tantas oportunidades para emitir una posición sobre un asunto tan delicado, que en cualquier democracia habría ya implicado una recomposición del gobierno, sólo obedece a un ánimo de encubrimiento.

En efecto, Calderón colocó a Mouriño como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y por tanto es cómplice de las conductas ilegales y antiéticas que cometió para favorecer a las empresas de su propiedad, de las que se separó --según él mismo reconoció-- sólo hasta que ingresó a la Secretaría de Energía, en octubre del 2003.

Calderón fue jefe de Mouriño en esa secretaría cuando se asignaron otros contratos de Pemex, cuyo abogado general era César Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, quien precisamente era… presidente del Consejo de Administración de la paraestatal.

Hay un dato exquisito: El funcionario que en representación de César Nava Vázquez hizo la revisión jurídica para el contrato de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., y cuya firma aparece al lado de Mouriño, es José Antonio Prado Carranza, amigo y compañero de la Universidad Panamericana de… César Nava.

(Dicho sea de paso, ahora Prado Carranza es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo sindicato ha emplazado a huelga. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al que, apenas este sábado, Mouriño identificó como un gremio con grandes “privilegios laborales” y que sostiene un “falso sentido nacionalista”. Sí, ya se sabe que murió Marx y se vino abajo el Muro del Berlín, pero los sindicatos, antes y después de esos acontecimientos, tenían y tienen un objetivo, si es que no se niegan a sí mismos: Luchar por mejores condiciones salariales y de vida de sus agremiados. Y lo del falso sentido nacionalista, queda mejor en el caso de Mouriño, confusa su auténtica nacionalidad.)

El silencio de Calderón es, entonces, un recurso para ganar tiempo y liquidar el escándalo: Ha comenzado ya, y se hará más evidente en unos días, la estrategia de desaparecer de los medios el tema –particularmente de la radio y la televisión-- y sustituirlo por cualquier cosa, sobre todo la urgencia de “sacar el tesoro de aguas profundas”.

En ése, como en cualquier otro asunto que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, el PAN cuenta con un socio: El priismo en cualquiera de sus expresiones. Beatriz Paredes, Mario Marín, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. Da lo mismo, porque cobran igual.

Por eso el sonsonete de Germán Martínez de discutir los grandes temas, como la reforma energética y evadir el tráfico de influencias… en el sector energético. Como si fueran cosas separadas.

Apuntes

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede constituirse en un gran apoyo para Calderón y Mouriño, así como para toda la derecha: Dar, el próximo domingo, el espectáculo esperado de trinquetes que ahogue, además, las acciones contra la privatización de Pemex el próximo 18 de marzo, cuando se conmemorará otro aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, cuyo hijo no ve intentos de privatización por ningún lado.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

El gerente de Ivancar es hoy contralor general de la paraestatal

Mouriño colocó gente de su empresa en Pemex: Navarrete

■ El perredista entregará hoy a Beltrones expediente con “nuevas pruebas’’

Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, aseveró que este martes entregará al priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores priístas, un expediente completo “con las nuevas pruebas” sobre el presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Por otra parte, en entrevista con una cadena de televisión, Navarrete dio a conocer que Mouriño “colocó gente de su empresa en Petróleos Mexicanos. Es el caso del gerente de Ivancar, quien ahora es contralor general de la paraestatal. Como vemos, hay una apropiación de Pemex para hacer negocios y cuidar la privatización que pretenden. Quieren colocar su negocio en la primera lista de los beneficiarios de la posible apertura al capital privado”, dijo.

A su vez, el también senador perredista Ricardo Monreal, en conferencia de prensa dijo que “nos han llegado más documentos que resultan comprometedore y que podrían representar el inicio de una cloaca de intereses muy claros para perjudicar a Pemex y al país, y muestran cómo existía una delincuencia organizada al interior de la Secretaría de Energía y de la propia paraestatal”.

Monreal dijo que el PRD no acudirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP), “porque ésta ha servido de tapadera y ya debía haber actuado al tener conocimiento público de las graves irregularidades”.

El perredista sostuvo que hay total impunidad, que esto es vergonzoso y un caso más de inexplicable protección de presuntos delincuentes del gobierno federal. Insistió en que “los legisladores del FAP exigimos espot por espot, promocional por promocional, el mismo trato para difundir nuestra versión; qué bueno que el gobierno salga del clóset para promover su proyecto privatizador, así habremos de exigir el mismo espacio y el mismo tiempo, porque necesitamos informar a la ciudadanía que es falso que Pemex no tenga recursos para modernizarse”.

Mientras, también en conferencia de prensa por separado, el senador Graco Ramírez manifestó que por lo menos seis subdirectores de la paraestatal deben ser citados por la Comisión de Energía del Senado para que revelen el número de contratos que firmó Juan Camilo Mouriño, y expliquen cómo en corto plazo pasó de ser concesionario de 28 gasolineras a 38.

Los funcionarios que deben ser citados son José Antonio Ceballos Soberanes, del área de Refinación, así como los subdirectores de Almacenamiento y Reparto, Isaías Nicolás Navarro; el gerente del mismo rubro para la región norte, Rafael Serna Sánchez; Héctor Javier López Rodríguez, subdirector de la zona centro; Arnulfo Treviño Ramos, gerente de la zona Pacífico, y Gustavo Ateneas Romero.