EDITORIALISTAS DE LA JORNADA


Luis Javier Garrido


A un año


A un año del fraude electoral del 2 de julio de 2006, el gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa ha ido de fracaso en fracaso, y a pesar de haber tomado, como se esperaba, drásticas medidas antipopulares que le han concitado un importante repudio social, no ha logrado alcanzar un respaldo real más que de los grupos minoritarios que colaboraron al fraude para seguir haciendo prevalecer sus privilegios.

1. El siglo XXI se ha iniciado en México con un fracaso histórico del Partido Acción Nacional en el gobierno, y luego de la desastrosa administración de Vicente Fox Quesada y de su secuela aun todavía más deplorable, la de Felipe Calderón, se ha confirmado lo que ya se sabía: que el panismo carece de un proyecto nacional y que sus gobiernos a nivel local o nacional no pasan de ser más que remedos y secuela de los peores gobiernos de la experiencia priísta, los de la tecnocracia que se apoderó del aparato estatal de México en 1982.

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Jorge Camil

¿Una nueva Suprema Corte?


Nadie se imaginó jamás que en un país de leyes que no se cumplen, de disposiciones constitucionales de quitaipón y de tribunales que ofrecen sus fallos judiciales al mejor postor, la democracia se estuviera dando, casi sin darnos cuenta, por la vía del Poder Judicial. Los críticos, que nunca faltan, han expresado que los asuntos políticos y los temas sociales no son funciones de la Corte; que para eso están el Congreso y el Poder Ejecutivo, y que la Corte, añaden, debería limitarse a resolver las controversias que lleguen al sancta sanctorum del sistema judicial en asuntos de su estricta competencia. Entre estos modernos fariseos, que respetan más la letra que el espíritu de la ley, se encuentran seguramente los seguidores de la teoría pura del derecho, una camisa de fuerza que pretende mantener al derecho, no obstante ser la ciencia que regula la conducta humana en sociedad, desprovisto de cualquier elemento "contaminante" como la economía, la sociología y la propia ciencia política. Así que deberíamos haber aceptado sin chistar una Ley de Radio y Televisión a modo, dictada por las televisoras, y esperar pacientemente a que las presuntas conductas delictuosas de los gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín se resuelvan "políticamente", dentro del paquete de reformas contempladas por Felipe Calderón, y en la penumbra de nuevas concertacesiones orquestadas por el PRIAN