Octavio Rodríguez Araujo

Calderón, otra vez cuestionado


José Antonio Crespo nos ha brindado un conjunto de elementos objetivos que reviven la certidumbre del fraude electoral de la elección presidencial de 2006. Muy recientemente publicó en la editorial Debate un libro de 236 páginas titulado 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana. Él aclara que las irregularidades que analizó en las actas no le dan automáticamente el triunfo a López Obrador, pero que tampoco se lo dan a Calderón. La única forma en que esas grandes dudas podían haber sido despejadas hubiera sido contar todos los votos como se ha demandado no sólo por la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT y Convergencia), sino por entidades y personas no involucradas directamente con ningún partido.

Calderón no quiso que se contaran todos los votos, el IFE tampoco y, por si no hubiera sido suficiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también se negó a ese recuento. Y no sólo a tomar en cuenta todos los votos, sino que también se negó a revisar todas las actas que denotaban inconsistencias, así como el contenido de los paquetes electorales correspondientes a esas mismas actas. La tarea que realizó Crespo fue, muy probablemente, ardua y aburrida, pero la llevó a cabo sabiendo que su hipótesis principal sería comprobada, es decir, que encontraría tal cantidad de errores e inconsistencias aritméticas que rebasarían por mucho la diferencia de votos supuestamente habida entre Calderón Hinojosa y López Obrador.

La comprobación de Crespo fue que los errores detectados en las actas eran suficientes para afectar el resultado total en el país (lo que debió tomar en cuenta el TEPJF) y que el principio de certeza no se había garantizado. En pocas palabras, el tribunal electoral tuvo en sus manos la posibilidad de demostrar y de exhibir que la elección estaba plagada de errores e inconsistencias y que, por lo mismo, no había certeza absoluta en los resultados oficiales ni en el triunfo de Calderón. No lo hizo, por lo que una vez más se puede afirmar que dicho tribunal actuó sesgadamente, quizá con dolo y, desde luego, en oposición a la verdad que casi todo mundo demandaba.

¿Cómo debe interpretarse que hubiera muchos más votos irregulares (siempre de acuerdo con las actas analizadas por Crespo) que la ventaja supuesta de Calderón sobre su principal contrincante en 2006 (y todavía ahora)? El autor de 2006: hablan las actas... revisó la mitad de éstas, correspondientes a la mitad de los distritos electorales. Y en este ejercicio descubrió más de 300 mil errores que revelan la misma cantidad de votos alterados. Si hubiera revisado el total de las actas, mínimo hubiera encontrado el doble, es decir, más de 600 mil votos registrados irregularmente, casi tres veces más que la diferencia de sufragios entre los dos principales contendientes presidenciales según los trucados resultados oficiales.

La conclusión que el lector de Crespo puede extraer con facilidad, si es tan objetivo como el autor del libro comentado, es que Calderón no ganó la elección o, en el mejor de los casos, que no podría ni podrá comprobar su cuestionado triunfo.

Esto ya lo sabíamos y lo sabemos los que analizamos desde la noche de la elección el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y las siguientes acciones y omisiones del presidente del IFE, de la televisión comercial y de los voceros oficiales y oficiosos del conservadurismo mexicano. Pero como muchos de los que demostramos esas irregularidades cometimos “el pecado” de pronunciarnos en favor del triunfo de López Obrador, fuimos ignorados. No podrá ser el caso de José Antonio Crespo, ya que él no ha sido ni es simpatizante de López Obrador, aunque tampoco, justo es decirlo, de Calderón.

La aportación de Crespo revive el debate sobre el fraude electoral de 2006 y sobre la legitimidad de Calderón como presidente de México, pero también es una publicación muy oportuna, pues en este momento FCH y su partido están a la baja, colocados en segundo lugar después del PRI sin que este partido haya hecho nada especial por recuperar su primer lugar perdido desde el 2000.

El tribunal electoral tuvo en sus manos la posibilidad de atender la lógica demanda de un conteo total de los votos, pero se negó, “concediendo” que se abriera 9.07 por ciento de la paquetería electoral y, con base en el conteo de esta “muestra” (sin validez estadística), resolvió que la diferencia de Calderón sobre López Obrador había sido de 0.56 por ciento. El TEPJF fue la última instancia del que he llamado golpe de Estado ex ante, y cometió deliberadamente dos errores inaceptables para cualquier jurista: considerar cada una de las posibles causales de nulidad de las elecciones sin relacionarlas con el conjunto, y negarse al conteo de todos los votos. Lo que hizo no sólo fue deliberado, sino un abuso de su poder, ya que cualquier cosa que dictaminara sería la última voz legalmente permitida y, además, inatacable. Un tercer error, de esencia no jurídica, fue forzar la lógica en favor de la consigna que recibieron los magistrados (y quizá por ofertas que no pudieron resistir): si dijeron que cada uno de los elementos “analizados” no era determinante en la elección, igualmente podrían haber dicho lo contrario: que sí era determinante, pues así como no probaron sus recurrentes y ocurrentes conclusiones, tampoco tenían que probar lo contrario. Pero Crespo se encarga de demostrar, casi dos años después (nunca es tarde) que el TEPJF hizo lo que hizo para que las actas no hablaran y poder encubrir la truculencia electoral de 2006.

Con Crespo las actas hablaron, falta saber qué dirían los votos contenidos en los paquetes electorales antes de que sean destruidos. El simple hecho de que los del poder institucional no permitan que se cuenten todos los votos es suficientemente revelador del fraude. Si Calderón supiera que contando todos los votos se demostraría que ganó, ya se hubieran contado. Calderón no ganó.