John M. Ackerman

Los nuevos consejeros


El despido anticipado de Luis Carlos Ugalde y otros cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) creó las condiciones para la reconstrucción de la imparcialidad y la efectividad de la autoridad electoral. La intención era reconquistar la confianza de la población a partir de la incorporación de nuevos consejeros con una visión fresca e independiente.

Lamentablemente, los primeros nombramientos dejaron mucho que desear. Repitiendo el escenario de 2003, en febrero pasado el PRD no logró colocar uno solo de sus candidatos en la herradura de Viaducto Tlalpan; mientras tanto, el PRI como el PAN eligieron cuadros fieles a sus causas. El IFE también quedó con consejeros de “medio pelo”, ya que muchas figuras públicas se negaron a competir y las que con valentía aceptaron el reto enfrentaron una serie de vetos irracionales.

A partir del ingreso de los primeros relevos no se ha notado un cambio significativo en el modus operandi del instituto electoral. Seguimos con una autoridad atrapada en la informalidad, la opacidad y la simulación, sin visión ciudadana y más preocupada por “parecer” imparcial que por serlo al aplicar la ley con arrojo y contundencia.

El perfil de los tres consejeros elegidos el pasado 23 de junio genera simultáneamente esperanzas y dudas. La esperanza surge de que tanto el PAN como el PRD escogieron cuadros con conocimiento y experiencia en materia electoral, quienes además aparentemente no cuentan con afiliación con los partidos que los propusieron. Sin embargo, este optimismo se ve opacado por ciertos datos preocupantes en los currículos de los tres, así como por dudas con respecto al proceso de negociación que los llevó a sus cargos.

María Macarita Elizondo, la propuesta del PAN, es doctora en derecho por la UNAM y ha trabajado en lo contencioso electoral desde hace más de veinte años. Es una técnica sólida, quien seguramente fortalecerá de manera importante el desempeño del IFE. Fue un acierto privilegiar a la doctora Elizondo sobre las otras candidatas fuertes del PAN, Paulina Grobet y Patricia McCarthy, quienes si bien también cuentan con currículos impresionantes tienen estrechos vínculos ideológicos, políticos y personales con el partido en el gobierno. Sin embargo, la principal fortaleza de Elizondo, su larga experiencia en asuntos electorales, es también fuente de preocupación pues ésta se generó a la sombra del régimen del partido del Estado.

La nueva consejera del IFE fue secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal que legitimó las fraudulentas elecciones de 1988, y también se desempeñó como juez instructor de aquel Tribunal Federal Electoral que hizo muy poco para limpiar las inequitativas elecciones de 1994. Elizondo también evidenció deficiencias en su cultura democrática cuando pidió la intervención de la fuerza pública para remover al representante de la coalición Por el Bien de Todos durante el recuento parcial de la votación en 2006 en el distrito 1 de Colima.

Alfredo Figueroa fue la principal carta del comité conciudadano para la reforma electoral. Ofrece una refrescante perspectiva ciudadana y cuenta con sólido conocimiento y experiencia en materia electoral, ganado a pulso durante una serie de luchas como consejero local del IFE en el estado de Puebla.

Figueroa no tiene cercanía con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, durante el proceso electoral de 2006 se negó rotundamente a apoyar un esfuerzo de consejeros locales del IFE en favor del recuento total de la votación.

Llama la atención que Figueroa extrañamente se negó a hacer público su currículum durante el proceso de auscultación. Asimismo, tuvo lugar un misterioso desvanecimiento del veto que el Acción Nacional había ejercido en su contra durante la convocatoria anterior.

Por lo visto, Germán Martínez y Juan Camilo Mouriño, quienes estuvieron presentes en todo momento en las negociaciones, fueron persuadidos de que la presencia de Figueroa en el IFE no afectaría los intereses del partido en el gobierno. Esperamos que ello no influya en el desempeño del nuevo consejero electoral.

Habría que estar muy atentos, por ejemplo, a sus posiciones sobre la transparencia de las boletas electorales y las irregularidades cometidas durante las elecciones de 2006, dos temas que brillan por su ausencia en su ensayo de postulación para el cargo.

Finalmente, la trayectoria de Francisco Javier Guerrero, consejero propuesto por el PRI, genera las dudas más importantes. Cuenta con escasa experiencia y conocimiento electoral y sus cargos más bien han sido políticos. Fue director del principal instituto de capacitación del PRI, coordinador de la Fundación Colosio y coordinador de asesores de la mesa directiva del Senado con Emilio Gamboa. Con este derrotero es de presumirse que Guerrero se incorpora al IFE más para defender los intereses del Revolucionario Institucional que para reconstruir en serio la legitimidad de la autoridad electoral.

Ojalá que los nuevos consejeros electorales sepan desvincularse de sus compromisos políticos y ganarse la confianza de los ciudadanos mexicanos, quienes siempre estaremos legítimamente escépticos de nuestras autoridades públicas hasta que éstas, con un desempeño pulcro y esforzado, demuestren lo contrario.