Gustavo Leal F.*
La Jornada
Sabado 14 de Junio de 2008

El Pensionissste de la tecnocracia hacendaria


Mientras el reciente ajuste en los mercados financiero y bursátil redujo al mínimo histórico el rendimiento obtenido por los trabajadores mexicanos que de manera obligatoria tienen sus fondos de pensiones en Afore, Miguel Ángel Yunes –director calderonista del ISSSTE– firmaba un convenio que transfiere la Afore de la Gente y su infraestructura al servicio de Pensionissste.

Y sucede que Lorenza Martínez, directora de Seguros, Valores, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, estima que la “consolidación” del sistema de Afores “es parte de un proceso de mayor escala que busca darle a los trabajadores un mejor rendimiento”. ¿Dónde estará esa “mejora” que sólo ella advierte? Ciertamente no en las encuestas y grupos de enfoque que nutren sus temerarios puntos de vista, porque de ellas Martínez también “deduce” que “gran parte de los trabajadores están interesados en las cuentas individuales, particularmente los jóvenes”. ¿No serán más bien sus intereses los que anhela adjudicarles a esos jóvenes anónimos?

Como funcionaria hacendaria, Martínez vive persuadida de que para ellos “optar por el bono de reconocimiento implica que en el momento en que cambien de trabajo pueden llevarse todos los derechos y beneficios que perdían” con la ley 1983 del ISSSTE. “Esto es lo que hace atractivo el régimen” de la “reforma” calderonista, enfatiza. Claro que antes de cambiar, esos jóvenes deberían tener trabajo, situación que en el México de la “estabilidad” macroeconómica que tanto publicita la tecnocracia hacendaria ocurre muy raramente.

Además, Lorenza Martínez está también convencida de que “antes de la reforma los pasivos contingentes era de poco más de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que con la reforma se reducen aproximadamente una tercera parte”. El bono de reconocimiento, agrega, no es un “costo adicional: se trata de un ahorro”.

Pero si así fuera, ¿por qué el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas comunicó que el costo de la “reforma” sería mucho más alto (2 billones de pesos) que lo que estimó originalmente su “diseñador” José Antonio González Anaya (un billón 400 mil millones de pesos), hoy titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda y antecesor en el cargo de Lorenza Martínez?

¿Y por qué Moody’s observó que la “reforma” no era suficiente para que la calificación de la deuda de México “sea revisada al alza”, mientras Standard & Poor’s puntualizaba que la “clasificación de deuda soberana BBB sigue sin cambios en estable”?

¡Curiosa visión del “ahorro” es la que porta Lorenza Martínez! Lamentablemente las tendencias del SAR no confirman su interesado optimismo. Un reciente estudio actuarial muestra que, después de 10 años de la “reforma” Zedillo al IMSS, supuestamente diseñada para “aligerar” al gobierno en materia de pensiones, en cuanto los primeros aforados inicien los trámites de su jubilación, el Estado tendrá que asumir los costos para complementar sus pensiones mínimas garantizadas, porque el ahorro acumulado en Afores no alcanzará para cubrir siquiera un salario mínimo mensual (Alejandro Rentería, Alternativas para reducir la portabilidad de la pensión mínima garantizada de los trabajadores de menores ingresos).

Como –bajo el régimen de inversión actual– los trabajadores con ingresos inferiores a tres salarios mínimos representan 56 por ciento de los asegurados permanentes, las erogaciones gubernamentales para complementar esa pensión mínima se estiman preliminarmente en 6 puntos del PIB.

Así que el optimismo de Martínez respecto a Pensionissste (como en su momento el de Genaro Borrego con la “reforma” Zedillo al IMSS) se transformará en su contrario: una nueva carga para el Estado, que tendrá que salir al rescate de unas pensiones mínimas garantizadas equivalentes a un salario mínimo mensual como pensión total después de haber cotizado 25 años al SAR.

Por algo Jorge Barba, director de BF Actuarios, considera que aunque “incentivar la seguridad social es una válvula de escape para el gobierno, de continuar con menos incentivos fiscales, la situación se tornará crítica”, y José Muriel, del Bufete Matemático Actuarial, agrega que “al desincentivar el ahorro el gobierno tendría que hacerse cargo de complementar muchas de las cuentas individuales, pues la mayoría de los trabajadores no cubrirán el monto para una pensión mínima”.

En suma, el optimismo de Lorenza no checa con la realidad. Para seguir ensombreciendo el panorama de la “reforma” calderonista del ISSSTE, mientras Lorenza Martínez añadía que esa “reforma” se “vuelve muy importante pues debe definir todos los aspectos de portabilidad, no sólo de pensiones, sino incluso de los servicios médicos en un futuro”, Manuel Pérez Cárdenas posponía indefinidamente la primera bursatilización de la cartera crediticia hipotecaria del Fovissste, superior a 3 mil millones de pesos (¿por el impacto de la crisis subprime que ya cimbra a Estados Unidos?) y que proviene de las aportaciones equivalentes a 5 por ciento del salario de los trabajadores al servicio del Estado.

Y ello sin considerar aún que el perito Robert Hernández Martínez dictaminó que la “reforma” del ISSSTE desapareció la jubilación, pensión dinámica, la compatibilidad de las pensiones con el desempeño de trabajos remunerados y la indemnización global, entre otras.

Esta es la nuez de una “reforma” calderonista que los legisladores de PAN, PVEM, Panal, con los priístas Samuel Aguilar y Manlio Fabio Beltrones a la cabeza, presentaron como la “solución” financiera al ISSSTE, “solución” que opera desde Pensionissste la tecnocracia hacendaria interesada en el uso de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos.

* Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco