Querétaro: Encubrimiento y prepotencia

alvaro delgado


México, D.F., 23 de junio (apro).- Marcelo Ebrard está obligado a proceder con firmeza contra los responsables de la tragedia de la discoteca “News Divine”, en la Ciudad de México, no sólo porque es su inequívoco deber como autoridad ni porque aplicar la ley con justicia es fundamental en un gobierno que se pretende alterno a la derecha, sino para evitar algo peor: La rabia y el resentimiento sociales que engendra la impunidad del poder, como ocurre en Querétaro.

La muerte de 12 personas en una ratonera para el desahogo de energías juveniles --nueve de ellos jovencitos y tres policías-- se produce justo un día después de que el escritor Julio Figueroa dio respuesta a una muy peculiar demanda en su contra por daño moral y que tiene que ver con un caso de agravio a la comunidad de Querétaro: El asesinato, a balazos, de un joven de la misma edad de los que perecieron, el viernes 20, en la capital de la República, y que sigue impune al cabo de casi cuatro años de cometido.

Aquí se escribió con oportunidad cómo, el 27 de noviembre de 2004, un incidente de tránsito en el centro de la capital de Querétaro, derivó en el asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, un joven que, por defender a su amigo de la agresión del conductor de una camioneta BMW negra, fue baleado por éste y de inmediato se dio a la fuga.

El agresor, sin embargo, fue identificado como Federico Ruiz Lomelí, un empresario junior, heredero de un emporio que cuenta entre sus activos la concesión de la Coca Cola en Querétaro y nieto de Roberto Ruiz Obregón, a quien Hugo Gutiérrez Vega, exrector de la Universidad Autónoma de Querétaro, definió como el profeta del capitalismo monopólico.

Pese a que un testigo, Miguel Gerardo Rivera Alcántar, identificó a Ruiz Lomelí como el sujeto que, después del altercado vial, descendió de la BMW negra para agredirlo con la cacha de una pistola y luego disparó su arma de fuego contra Hernández Galván, quien trató de defender a su amigo, la policía municipal y la Procuraduría de Justicia de Querétaro actuaron con negligencia para encubrir al presunto responsable.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó, en la recomendación 035/2005 enviada al gobernador panista Francisco Garrido Patrón, que la policía municipal de Querétaro capital y la Procuraduría de Justicia estatal procedieron erróneamente después de que, inclusive, detuvieron la camioneta BMW y dialogaron con Ruiz Lomelí:

“Los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que han tenido a su cargo la integración de la averiguación previa I/929/2004 --expediente del caso BMW-- han incurrido en un ejercicio indebido del cargo, incumpliendo así con la función pública en la procuración de justicia, pues conforme al análisis del expediente del caso la PGJ incumplió procedimientos básicos como el de presentar al presunto homicida ante un Ministerio Público y no hacerle a éste la prueba de rodizonato de sodio para descartar que haya disparado un arma de fuego. Ambas irregularidades se dieron en el momento en que los corporativos policíacos dejaron el libertad a Ruiz Lomelí, justo el día de los hechos.”

Más aún: A pesar de esto y de haber sido identificado Ruiz Lomelí por el testigo Gerardo Rivera Alcántar de ser el homicida, el propio procurador de Justicia de Querétaro, Juan Martín Granados, exoneró de inmediato al empresario pues, según él, no hay “elementos” que lo involucren en el asesinato.

El caso tiene indignada a la sociedad de Querétaro por la actuación de las autoridades del Partido Acción Nacional (PAN), que encubren a Ruiz Lomelí presuntamente por el financiamiento que su familia ha dado y sigue dando a prominentes políticos, entre ellos al propio gobernador Garrido Patrón.

Pero a tres años y medio del asesinado de quien se conoce como el “Kikín” queretano, y ante la inminencia del proceso electoral federal y para renovar el gobierno de Querétaro, Ruiz Lomelí ha considerado oportuno proceder contra quienes él juzga que han dañado su honor por sólo difundir hechos relacionados con el asesinato del 27 de noviembre de 2004.

Al frente de un piquete de 21 abogados, cuyos honorarios no tiene ningún problema en sufragar por su dilatada solvencia económica, el empresario junior inició un juicio por daño moral contra el escritor Julio Figueroa, quien ha sido un tenaz activista para esclarecer el crimen y que se haga justicia.

La demanda involucra, también, a Miguel Gerardo Rivera Alcántar, el testigo que lo identificó como el homicida de la BMW negra, así como los abogados de la familia de la víctima, José Alfonso Rodríguez Sánchez, Gerardo Alcocer Murguía y Sergio Guerrero Patiño.

Otro de los demandados es Roberto Zamarripa, subdirector de Reforma, quien abordó el caso en su columna “Tolvaneras” del 22 de marzo de 2005, y el diario mismo. También, la edición Querétaro de la cadena de diarios a.m., justamente en el que se publicó la entrevista en la que Rivera Alcántar señaló al junior como el homicida.

En la respuesta que el poeta Julio Figueroa dio a la demanda --cuyo motivo es la “ilicitud de las conductas desplegadas por los codemandados personas físicas responsables de la integridad moral, honor, decoro, reputación, vida privada, apreciación de los demás, y cualquier otra análoga en perjuicio” de Ruiz Lomelí--, Figueroa hace notar que la defensa del honor de este personaje ignora el asunto fundamental: El asesinato del muchacho de 18 años de edad.

“Ojo: sobre el juicio civil por supuesto daño moral en torno al caso BMW y no sobre el caso penal del homicidio real del conductor de la BMW… ¿Y el homicida del BMW? Son dos hechos distintos desde luego íntimamente relacionados.”

Figueroa, quien inclusive se entrevistó con Ruiz Lomelí el 29 de noviembre de 2005, y lo retó a “dar la cara a la sociedad” –que el empresario jamás ha hecho--, dice que el juicio es “una pequeña crónica de la disputa terrenal entre el poder y la ciudadanía, entre la justicia y la impunidad, entre el bien y el mal. ¿De qué lado quedaremos cada uno? El tiempo y la pequeña historia local lo dirán a su tiempo y colocarán a cada uno en su lugar. Así sea.”

Julio tiene la razón de su lado. Del otro está, transparentemente, el cobarde encubrimiento de la autoridad panista de Querétaro, cuyo sello es la impunidad…

Apuntes

A la falta de capacidades para ejercer el gobierno, con el país al garete, Felipe Calderón ensaya una y otra vez el engaño: De la “guerra” contra el crimen organizado, a la que recurrió como opción para buscar una inútil legitimidad y que ya demostró su fracaso, a la demagogia más barata, la del populismo de derecha: El “congelamiento” de precios de conservas, obviamente después de ser retiquetados. La ineptitud se disfraza con propaganda: Para eso el gobierno de Calderón dispone, este año, de 4 mil 890 millones de pesos, un mil 460 millones más que el año pasado. Y para eso cuenta con el apoyo de Televisa y Televisión Azteca, a las que el PAN, de la mano con el PRI, les garantizan impunidad en la ley para hacer lo que les venga en gana a cambio de tiempo en televisión en tiempos electorales… Además de amafiarse con Elba Esther Gordillo, y el Partido Nueva Alianza, Germán Martínez afianza el pacto de impunidad con Vicente Fox y su mujer, a cuyo domicilio acudió, el sábado 21. Ahí estuvo también el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. A ver si a Ernesto Gómez Orozco, director de la cadena de diarios a.m., que padecen la agresión del gobierno panista, le queda claro que Calderón respalda a Oliva y a El Yunque, que es el PAN…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx