Reprobado
josé gil olmos
Proceso

México, D.F., 28 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón ha sido puesto en el banquillo de los acusados por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. No hay una sola que le dé su aprobación. Al contrario, critican su falta de política en la materia y su desinterés porque se aplique la justicia, principalmente contra los militares que han incurrido en abusos contra la ciudadanía en su función de persecutores de la delincuencia organizada.

La comparación que se está haciendo del gobierno de Calderón no es nada agradable, pues se asemeja a las peores administraciones que tuvo el PRI, en las cuales la constante era la tortura, la violación a las garantías individuales, casos de desapariciones forzadas, la persecución por cuestiones políticas y la esquizofrenia de defender los derechos humanos en los foros internacionales, mientras que a nivel nacional es todo lo contrario.

A principios de año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos puso el dedo en la llaga al criticar la utilización de tropas militares para la persecución de los narcotraficantes. Louis Arbour, titular de ésta representación de las Naciones Unidas, consideró “inapropiado” darle esta función policiaca al Ejército y alertó del peligro para la población civil de abusos de los militares.

La muerte de civiles en los retenes militares de Sinaloa y Tamaulipas, así como los casos de violaciones a mujeres en Michoacán por soldados en un operativo contra el narcotráfico, dieron la razón a los representantes de la ONU.

Pero, en lugar de corregir, el gobierno de Calderón y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, criticaron y presionaron para que Amerigo Incalcaterra, representante en México de dicha oficina de las Naciones Unidas, saliera del país.

Este hecho, jamás desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, deja un antecedente muy preocupante para el gobierno mexicano, pues confirma la insensibilidad y la intolerancia de Calderón para con el tema de los derechos humanos.

Amnistía Internacional, por su parte, en su Informe Anual 2008 recriminó al gobierno de Calderón su indolencia para detener la práctica de la tortura, la corrupción, la impunidad, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en México y, aún más, el regreso de delitos considerados de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, como es el caso de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La respuesta del gobierno calderonista ahora fue descalificar las observaciones de la agrupación internacional, con sede en Londres. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño dijo que en México no hay “desaparecidos políticos” y el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora puso en duda la veracidad de las observaciones hechas por Amnistía Internacional.

Human Rights Watch también ha hecho observaciones muy críticas sobre la situación de los derechos humanos en México, pero sobre todo a la actuación limitada y “decepcionante” de la CNDH que no ha ejercido todo su peso ni sus facultades para mejorar las condiciones.

Los juicios que a nivel internacional se han hecho a Felipe Calderón en materia de derechos humanos, no se habían formulado a los últimos presidentes.

Las organizaciones mexicanas de derechos humanos, como el Centro Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) advierten que esta deficiencia del gobierno federal se debe a la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos y la polarización social que provocó en su campaña electoral, en que utilizó la llamada “guerra sucia” de spots

Explican que, ante esta deficiencia, Calderón echó mano del Ejército para ganar legitimidad y, al mismo tiempo, combatir el narcotráfico. Pero que ante los nulos resultados obtenidos ha salido contraproducente el ejercicio de la fuerza militar, porque ni ha conseguido el reconocimiento social, ni tampoco ha logrado abatir al crimen organizado.

De ahí una de las causas de la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos en el país. Pero también está la ausencia de una política clara en la materia y el desinterés por aplicar la justicia en los casos en que soldados y policías han cometido graves faltas contra la población.

Por la actitud que ha mostrado el gobierno calderonista ante las críticas de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, es previsible que no veamos cambios en las políticas oficiales ni en la forma en que las autoridades vienen desempeñándose.

La intolerancia y la soberbia del gobierno de Calderón quedarán así demostradas. Mientras tanto, no se descarta que se sigan presentando casos de impunidad, tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de parte de policías, soldados y funcionarios de los tres niveles de gobierno.