Luis Javier Garrido

La ofensiva


¿Están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros trasnacionales para que aprueben la contrarreforma de Felipe Calderón, como lo señalan algunos analistas, lo que reproduciría aquí una de las prácticas de corrupción que se dan impunemente en el sistema estadunidense?

1. El debate en materia energética en el Senado ha puesto al descubierto el proyecto de las trasnacionales por apoderarse de la industria petrolera de México del cual es piedra angular la iniciativa de Felipe Calderón, pero también está abriendo una reflexión tanto sobre la corrupción desenfrenada del grupo calderonista como sobre el funcionamiento del Poder Legislativo mexicano, planteándose entre otras una cuestión: ¿están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros al igual que acontece en el sistema estadunidense?

2. El país sabe que el gobierno panista es una cloaca y que muchos de sus integrantes están asociados a corporaciones trasnacionales en el negocio que están fraguando, y por eso no sorprenden noticias como las que han generado nuevos escándalos esta semana al saberse que el gobierno ha mandado a una red de emisarios a Estados Unidos para solicitar apoyo de los grandes consorcios petroleros o que Georgina Kessel (secretaria de Energía) contrató multimillonarios servicios de espionaje privado para vigilar a los legisladores en relación con el debate energético (El Universal, 26 y 29 de mayo).

3. La actitud de algunos priístas ha llamado la atención, pues varios parecen dispuestos a avalar la privatización por móviles poco claros. Los legisladores del PRI, se supone que no tendrían en principio problema alguno para desechar, por notoriamente anticonstitucional, la propuesta de Calderón, quien les exige de manera desvergonzada le ayuden a hacerle un fraude a la Constitución, y que lo hagan además traicionando sus principios, ya que en el punto 14 de su Declaración de Principios se establece que en relación con los energéticos el PRI sostiene “el principio constitucional de propiedad de la nación”, y se pronuncia “contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”.

4. Las propuestas de algunos priístas resultan por ello no sólo descabelladas sino opuestas a los principios de su partido, sobre todo porque en un mediano plazo tal claudicación no podría conducir más que a acelerar la desaparición de su instituto político. El proyecto de algunos dirigentes del PRI de crear las llamadas “empresas espejo”, que se atribuye a Manlio Fabio Beltrones, no es más que una variante del presentado por Calderón y tan anticonstitucional como éste, pues supone autorizar a las trasnacionales a operar en el ámbito petrolero con todos sus recursos mientras el gobierno federal prosigue el desmantelamiento de Pemex. La propuesta del gobernador veracruzano Fidel Herrera de crear empresas mixtas en los estados donde hay enclaves petroleros es también absolutamente violatoria del orden constitucional, pues además de privatizadora se olvida de que el petróleo es materia federal.

5. El escenario nacional, marcado por la discusión sobre el petróleo, se está por otro lado enrareciendo más por la desenfrenada campaña de los medios para que se aprueben la iniciativas de Calderón, en particular porque éstas carecen de argumentos, y lo único que hacen es utilizar una serie de lemas mentirosos, tratando de negar que las iniciativas sean privatizadoras o tengan como propósito culminar el desmantelamiento de Pemex y entregar la industria petrolera mexicana a compañías extranjeras.

6. El principal argumento del gobierno de facto hacia las compañías trasnacionales es el mismo que está utilizando frente a los mexicanos, haciendo a todos creer que es posible violar impunemente la Constitución modificando la legislación secundaria, y deslizando la idea de que la Suprema Corte avalaría esta empresa, la que por el contrario claramente tipifica el delito de “traición a la patria” previsto en nuestra legislación penal, lo que puede llevar a Calderón y a sus cómplices a ser destituidos.

7. En otras palabras, lo que el gobierno de facto está sosteniendo, fuera y dentro del país, en su campaña mediática, es que el fraude a la Constitución está al alcance de la mano, y que además eso es positivo para los mexicanos, olvidándose de una cosa: que a lo que conduciría es a que la nueva industria privatizada operase en un contexto de plena ilegalidad.

8. La realidad de la situación es que la propuesta de las multinacionales y de Calderón, que en este caso actúa como lo que es, como su pelele, no sólo empobrecería a los mexicanos y dejaría al Estado sin recursos, sino que crearía en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica. Las trasnacionales extranjeras estarían invirtiendo en un país de manera anticonstitucional, y ello le daría a los mexicanos, tanto al poder público como al pueblo, el legítimo derecho para proceder contra ellas por todos los medios, y de nada les serviría a éstas acudir a tribunales extranjeros, pues la propia Suprema Corte ha reiterado en sus últimos fallos que los acuerdos internacionales suscritos por los gobiernos mexicanos –y más todavía los suscritos por un gobierno ilegítimo y de facto como el de Calderón– están por debajo de la Constitución.

9. Los debates en la vieja casona del Senado en la calle de Xicoténcatl han conducido a una derrota completa de la posición oficial, que ha sido evidenciada como contraria a los intereses de los mexicanos y al orden constitucional del país, y en consecuencia no están produciendo más que una mayor desesperación en el gobierno, lo que hace más difícil una salida a la cuestión.

10. La salida a esta cuestión es empero muy simple y la única digna de una sociedad democrática: consultar a todos los mexicanos sobre el futuro de nuestros recursos estratégicos, para que decidan si quieren que sigan siendo manejados por los mexicanos o que abdiquemos de nuestra vocación histórica y entreguemos la industria petrolera y el futuro de la nación a las corporaciones petroleras que la codician desde hace décadas.