Derechos humanos: otro retroceso
alvaro delgado
alvaro delgado
Americo Icalcaterra
Representante en Mèxico de
la oficina del alto comisionado
de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
México, D.F., 26 de mayo (apro).- Así como han quedado exhibidas las mentiras del gobierno de Felipe Calderón en materia de empleo, justamente el puntal de su oferta de campaña y de sus transitorias proclamas triunfalistas --que ya dieron paso a su temperamento cada vez más irascible--, otro tema fundamental que observa un acelerado retroceso en el México actual es el de los derechos humanos, que ya ni siquiera forman parte del discurso oficial.
Se ha hecho pública ya la despedida de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no en razón de su voluntad de cambiar de domicilio, sino por presiones del gobierno de Calderón, irritado por señalamientos certeros, como los que publica en el semanario Proceso en la edición de esta semana.
Por encima del discurso, dice Amerigo, prevalece el déficit y aun la regresión en materia de derechos humanos, como la violación sistemática de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública y, añade, situaciones de abierta represión como Oaxaca, Atenco y la mina de Pasta de Conchos.
El diplomático italiano de la ONU --quien salió del país el viernes 23 de mayo, después de casi tres años de someter a escrutinio al Estado en el tema de los derechos humanos-- sólo describió lo que otros organismos nacionales e internacionales han documentado ampliamente, como lo hizo por ejemplo Human Rights Watch (HRW), en febrero, y como seguramente lo hará, esta misma semana, Amnistía Internacional en su informe internacional y sobre México.
HRW hizo montar en cólera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza José Luis Soberanes, porque describió lo que es evidente: Su incompetencia, a pesar de contar con el más grande presupuesto en América Latina y de los más grandes del planeta.
“Cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a las víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha sido decepcionante”, dijo el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, en la presentación del informe, que acredita que ese organismo constitucional autónomo es “pasivo” se “autolimita” y se aboca sólo a “describir el statu quo”.
Y en efecto, son numerosos los casos en los que la CNDH, que es el último eslabón en la cadena de defensa de los derechos humanos, emite recomendaciones que, al final, no sirven para nada, si acaso para exhibir la nula voluntad política de autoridades de todos los niveles en temas fundamentales.
Hay cuatro casos que son sintomáticos de la acción de la CNDH, en el mundo de violaciones sistemáticas a lo largo del territorio mexicano y todas tienen que ver con autoridades del Partido Acción nacional (PAN): La primera tiene que ver con el asesinato de la señora Ernestina Ascensión Rosario, la indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió de una anemia mal cuidada, según dictaminó Calderón y encontró en Soberanes el cómplice para encubrir a soldados que, conforme a testimonios, acometieron sexualmente contra ella y le dieron muerte.
Otro caso fue el asesinato del joven Marco Antonio Hernández Galván, asesinado a tiros, en noviembre de 2004, en la capital de Querétaro, presuntamente por Federico Ruiz Lomelín, un junior de la familia concesionaria de la Coca Cola, defendido –debajo del agua-- por Diego Fernández de Cevallos. La CNDH emitió una recomendación por la ineptitud para investigar el caso, pero el asunto sigue en la impunidad.
Hay otros dos casos que tienen que ver con la libertad de expresión, sobre los que la CNDH emitió sendas recomendaciones, y el saldo es el mismo: nada.
En efecto, el gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, presionó a una estación de radio para despedir al periodista Rodolfo Franco Ramírez, y su colega de Guanajuato, el también panista Juan Manuel Oliva, acometió contra los directores de los periódicos A.M., de León, y Arnoldo Cuellar, de Correo, de la capital.
Recientemente, y así lo informó con oportunidad el semanario Proceso, se registró un hecho ominoso que ratifica la involución de los derechos humanos en México, que se extiende a todos los ámbitos: Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, identificó como “enemiga del Estado” a Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Encolerizado, este prócer del panismo por sus supuestas habilidades jurídicas y parlamentarias, nada menos que subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, lanzó la amenaza contra la mexicana frente a los miembros de una misión internacional de observación que, el 21 de abril, se entrevistaron con él justamente para saber los avances sobre agresiones a profesionales que ejercen la libertad de expresión en México.
Castro, quien como consejero jurídico de Vicente Fox diseñó el alegato jurídico del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y después retomó la diputación para exponerlo directamente –y luego volvió a la alta burocracia--, sólo actúa como lo hacen otros miembros de la clase política nacional: en la lógica de impunidad.
Seguramente ahora que Amnistía Internacional emita su informe sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas las que cometen soldados y cuerpos policiacos en esta simulación sexenal que es el combate a una parte del narcotráfico, habrá de expresarse la irritación de un gobierno de derecha que, en efecto, tiene como doctrina la hipocresía.
Apuntes
Otra mafia que solapa Calderón: Tal como lo documentó el reportero Daniel Lizárraga, en el semanario Proceso, parte de los 150 millones de pesos que gastó el equipo de transición (130 Calderón y 20 para el Estado Mayor Presidencial) se destinaron a pagar una empresa, Consultores en Diseño Político-Legislativo, que realizó un supuesto estudio sobre los diputados y senadores de oposición. La apoderada legal de la compañía que se fundó sólo para recibir ese contrato de parte del responsable administrativo del equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, se llama Laura Ballesteros Mancilla, militante panista y allegada a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón. Ahora El Universal publicó ayer copia del contrato que firmó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que encabeza Guillermo Valdés Castellanos --consejero de Calderón desde que era presidente del PAN--, con esa misma mujer para espiar a legisladores de oposición, ahora por un millón de pesos. Pero, en realidad, se trata del mismo trabajo por el que cobró tres millones de pesos al equipo de transición. ¿Por qué le compra el Cisen el mismo material que ya había sido pagado por el actual jefe de la Oficina de la Presidencia? Muy sencillo: porque se trata de pagos de facturas en la campaña. ¿Y de quién es, realmente, el negocio? Nada menos que de Arne Ruthen Hagg, coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño… Calderón hizo uso, otra vez, de la cadena nacional para anunciar reparto de dinero, como los 120 pesos en efectivo que se reglará a la gente más pobre de México. ¿Y dónde están los severos críticos del populismo? Pues sí, cobrando lo suyo.
delgado@proceso.com.mx
Se ha hecho pública ya la despedida de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no en razón de su voluntad de cambiar de domicilio, sino por presiones del gobierno de Calderón, irritado por señalamientos certeros, como los que publica en el semanario Proceso en la edición de esta semana.
Por encima del discurso, dice Amerigo, prevalece el déficit y aun la regresión en materia de derechos humanos, como la violación sistemática de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública y, añade, situaciones de abierta represión como Oaxaca, Atenco y la mina de Pasta de Conchos.
El diplomático italiano de la ONU --quien salió del país el viernes 23 de mayo, después de casi tres años de someter a escrutinio al Estado en el tema de los derechos humanos-- sólo describió lo que otros organismos nacionales e internacionales han documentado ampliamente, como lo hizo por ejemplo Human Rights Watch (HRW), en febrero, y como seguramente lo hará, esta misma semana, Amnistía Internacional en su informe internacional y sobre México.
HRW hizo montar en cólera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza José Luis Soberanes, porque describió lo que es evidente: Su incompetencia, a pesar de contar con el más grande presupuesto en América Latina y de los más grandes del planeta.
“Cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a las víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha sido decepcionante”, dijo el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, en la presentación del informe, que acredita que ese organismo constitucional autónomo es “pasivo” se “autolimita” y se aboca sólo a “describir el statu quo”.
Y en efecto, son numerosos los casos en los que la CNDH, que es el último eslabón en la cadena de defensa de los derechos humanos, emite recomendaciones que, al final, no sirven para nada, si acaso para exhibir la nula voluntad política de autoridades de todos los niveles en temas fundamentales.
Hay cuatro casos que son sintomáticos de la acción de la CNDH, en el mundo de violaciones sistemáticas a lo largo del territorio mexicano y todas tienen que ver con autoridades del Partido Acción nacional (PAN): La primera tiene que ver con el asesinato de la señora Ernestina Ascensión Rosario, la indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió de una anemia mal cuidada, según dictaminó Calderón y encontró en Soberanes el cómplice para encubrir a soldados que, conforme a testimonios, acometieron sexualmente contra ella y le dieron muerte.
Otro caso fue el asesinato del joven Marco Antonio Hernández Galván, asesinado a tiros, en noviembre de 2004, en la capital de Querétaro, presuntamente por Federico Ruiz Lomelín, un junior de la familia concesionaria de la Coca Cola, defendido –debajo del agua-- por Diego Fernández de Cevallos. La CNDH emitió una recomendación por la ineptitud para investigar el caso, pero el asunto sigue en la impunidad.
Hay otros dos casos que tienen que ver con la libertad de expresión, sobre los que la CNDH emitió sendas recomendaciones, y el saldo es el mismo: nada.
En efecto, el gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, presionó a una estación de radio para despedir al periodista Rodolfo Franco Ramírez, y su colega de Guanajuato, el también panista Juan Manuel Oliva, acometió contra los directores de los periódicos A.M., de León, y Arnoldo Cuellar, de Correo, de la capital.
Recientemente, y así lo informó con oportunidad el semanario Proceso, se registró un hecho ominoso que ratifica la involución de los derechos humanos en México, que se extiende a todos los ámbitos: Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, identificó como “enemiga del Estado” a Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Encolerizado, este prócer del panismo por sus supuestas habilidades jurídicas y parlamentarias, nada menos que subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, lanzó la amenaza contra la mexicana frente a los miembros de una misión internacional de observación que, el 21 de abril, se entrevistaron con él justamente para saber los avances sobre agresiones a profesionales que ejercen la libertad de expresión en México.
Castro, quien como consejero jurídico de Vicente Fox diseñó el alegato jurídico del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y después retomó la diputación para exponerlo directamente –y luego volvió a la alta burocracia--, sólo actúa como lo hacen otros miembros de la clase política nacional: en la lógica de impunidad.
Seguramente ahora que Amnistía Internacional emita su informe sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas las que cometen soldados y cuerpos policiacos en esta simulación sexenal que es el combate a una parte del narcotráfico, habrá de expresarse la irritación de un gobierno de derecha que, en efecto, tiene como doctrina la hipocresía.
Apuntes
Otra mafia que solapa Calderón: Tal como lo documentó el reportero Daniel Lizárraga, en el semanario Proceso, parte de los 150 millones de pesos que gastó el equipo de transición (130 Calderón y 20 para el Estado Mayor Presidencial) se destinaron a pagar una empresa, Consultores en Diseño Político-Legislativo, que realizó un supuesto estudio sobre los diputados y senadores de oposición. La apoderada legal de la compañía que se fundó sólo para recibir ese contrato de parte del responsable administrativo del equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, se llama Laura Ballesteros Mancilla, militante panista y allegada a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón. Ahora El Universal publicó ayer copia del contrato que firmó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que encabeza Guillermo Valdés Castellanos --consejero de Calderón desde que era presidente del PAN--, con esa misma mujer para espiar a legisladores de oposición, ahora por un millón de pesos. Pero, en realidad, se trata del mismo trabajo por el que cobró tres millones de pesos al equipo de transición. ¿Por qué le compra el Cisen el mismo material que ya había sido pagado por el actual jefe de la Oficina de la Presidencia? Muy sencillo: porque se trata de pagos de facturas en la campaña. ¿Y de quién es, realmente, el negocio? Nada menos que de Arne Ruthen Hagg, coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño… Calderón hizo uso, otra vez, de la cadena nacional para anunciar reparto de dinero, como los 120 pesos en efectivo que se reglará a la gente más pobre de México. ¿Y dónde están los severos críticos del populismo? Pues sí, cobrando lo suyo.
delgado@proceso.com.mx
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