La Auditoría Superior de la Federación
Arnaldo Córdova
Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos, por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el ejercicio del gasto.
La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa. Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos legales de ninguna especie.
Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero, paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.
César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso no suceda.
Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio, con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones. Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información).Y, ante todo, sus observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a sanciones.
El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles; otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil 879 millones de pesos. Y no pasa nada.
Leer Nota Completa :
Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos, por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el ejercicio del gasto.
La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa. Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos legales de ninguna especie.
Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero, paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.
César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso no suceda.
Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio, con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones. Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información).Y, ante todo, sus observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a sanciones.
El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles; otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil 879 millones de pesos. Y no pasa nada.
Leer Nota Completa :
No hay comentarios.:
Publicar un comentario