Lo dicho por Kessel confirma el avance en la privatización de Pemex, dice el FAP
PT y Convergencia arremeten contra legisladores perredistas de NI que aprobaron la reforma
Roberto Garduño, Enrique Méndez, Alma E. Muñoz y Carolina Gómez
Fuertes críticas recibió la secretaria de Energía, Georgina Kessel, por sus declaraciones de que 70 por ciento de la exploración y producción de Pemex ya está en manos privadas. Diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) expresaron que tales afirmaciones sólo corroboran las advertencias respecto de un avance privatizador de la paraestatal, y que la legislación inicialmente propuesta por Felipe Calderón –aprobada por la mayoría de PRI, PAN, PVEM y Nueva Izquierda (NI)– es la llave para entregar lo que resta de Petróleos Mexicanos a empresas privadas.
Además, tras estas revelaciones de la funcionaria, los partidos del Trabajo y Convergencia arremetieron contra los legisladores perredistas de Nueva Izquierda que, con su voto por la reforma energética, garantizaron que persista una violación constitucional.
Herón Escobar, del PT, consideró como lo más grave de todo que los legisladores de NI, sabiendo el contenido de la reforma energética, la aprobaran. “Estaban seguros de lo que estaba pasando y quisieron vender al pueblo un triunfo que resulta totalmente engañoso.” Evidentemente que “las consignas contra los traidores, que en las manifestaciones del movimiento nacional en defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional se expresan contra ellos, hoy tienen más legitimidad”.
Para Pedro Jiménez León, secretario general de Convergencia, esta confesión no pedida comprueba lo que Andrés Manuel López Obrador y el movimiento en defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía advirtieron desde el principio.
El diputado del PRI José Murat, quien votó en contra de los dictámenes de la ley de Pemex y de la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, aseguró que lo dicho por Kessel se trata de “una confesión poco ética” y confirma que la reforma sólo buscó legalizar los contratos a empresas privadas, otorgados de manera ilegal desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El ex gobernador de Oaxaca dijo que el gobierno calderonista actuó durante todo el proceso de negociación y aprobación de la reforma con una doble moral: “Engañaron mediáticamente a la población con aquel cuento del tesorito escondido en el mar, y que su objetivo no era la privatización; con el tiempo, ahora que el Poder Legislativo aprobó el proyecto, cínicamente afirman que nuestra principal empresa no pertenece a los mexicanos”.
En el mismo tono se manifestó Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo” de México: “Yo no sé por qué los chuchos estaban tan felices, si esto ya lo sabían; me consta porque se los advertimos a través de un documento, Víctor Rodríguez Padilla (de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM) y yo”.
Dijo que en ese documento se advertía con claridad que firmas privadas estarán presentes a lo largo de toda la cadena de valor, mediante un sistema de contratos y de permisos, excepto la refinación. Y que “la reforma es privatizadora en el sentido que fortalece y amplía las participación del sector privado en las actividades que componen la industria petrolera”.
Rodríguez y Di Costanzo, por medio de ese documento, manifestaron que la ley sobre Pemex incluye “todo un paquete de disposiciones relativas a contratos de exploración y producción con el sector privado”, al permitirle “legalizar su naturaleza”. Esto es, que la iniciativa privada actúe como inversionista y operador en las áreas citadas, “y se le paga con los ingresos que genera la venta de la producción”.
En igual sentido se expresó el secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, Fernando Amezcua, quien señaló que las declaraciones de Kessel “sacan a flote la verdad de todo lo que estuvieron escondiendo y confirma que no estábamos equivocados en el sentido de que la intención del gobierno es seguir entregando a las empresas trasnacionales, principalmente españolas, nuestro petróleo; era mucho de lo que se venía diciendo, pero que no se reconocía”.
Subrayó que el SME se opuso a dicha reforma, pues ésta, pese a lo que se afirme, “busca privatizar el petróleo mexicano, sin embargo, no se escuchó a los que lo aseguramos, no nos oyeron, y en todo caso la patria, los mexicanos y la propia historia les reclamarán a los traidores que votaron en favor de esta reforma energética”.
El presidente nacional interino del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que la secretaria Kessel “se fue de boca” y dijo cosas que “no tienen nada que ver con la ley (de Pemex, recientemente aprobada)”. Sus palabras fueron para “agradar a los empresarios”, estimó el dirigente en breve entrevista. Sin embargo, reconoció “que desde hace tiempo hay inversión privada (en la paraestatal). Eso no es novedad. Ni modo que esa inversión de 70 por ciento haya partido de hoy, a partir de la reforma (energética aprobada) pa´ acá. Pero se equivoca ella (Kessel). Dice cosas que no debe decir (sic) porque no son”.
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Participantes directos en la negociación de la reforma energética, los senadores del PRD Graco Ramírez y Pablo Gómez sostuvieron que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, falta a la verdad al sugerir que a través de la nueva legislación se permitirá al gobierno de Felipe Calderón legalizar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ambos afirmaron que lo dicho por Kessel es lo que ella y Felipe Calderón desean, pero la realidad es otra. Igualmente, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró desafortunadas las declaraciones de la funcionaria y agregó que sus dichos están en “su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución”.
Los perredistas señalaron que no es novedad la afirmación de Kessel de que inversionistas privados realizan 70 por ciento de las actividades de Pemex, y lo nuevo es que la reforma contiene disposiciones para frenar la ilegal privatización.
Ramírez Garrido Abreu corrigió a la titular de Energía: “En realidad es el 80 por ciento de la paraestatal la que está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente de las trasnacionales Halliburton y Schulemberger”, las que tienen mayor número de contratos y utilidades incluso superiores a las obtenidas en Irak”.
Gómez Álvarez, en tanto, dijo que esa privatización, que viola lo establecido en la Constitución, “es una de las denuncias que siempre hemos hecho”, y por ello “justamente en la reforma energética se establece que Pemex debe hacer su plan buscando en la mayor medida posible la ejecución directa de los proyectos”, además de que se insiste también en el tema del componente nacional en las contrataciones.
“Todo eso viene en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y en la nueva ley de Pemex”, agregó el senador Gómez. Insistió en que del esquema inicial presentado por Felipe Calderón no quedó nada, ya que modificaron aquellos aspectos que abrían la puerta a los contratos de riesgo o incentivados.
La pretensión de que Petróleos Mexicanos pagara al contratista cantidades extras no determinadas al concluir la obra o de acuerdo a la productividad del pozo, “no sólo no quedó, sino que expresamente no está permitido. Ahí se equivocó la señora Kessel, que lo hace con mucha frecuencia, o está haciendo una lectura completamente equivocada del texto de la ley”.
Graco Ramírez resaltó que a propuesta del PRD se modificó el artículo sexto de la ley reglamentaria del 27 constitucional para dejar asentado que las remuneraciones en los contratos de exploración y producción serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederá a los contratistas propiedad sobre los hidrocarburos. “Es decir, quedó clarísimo en la legislación que no hay manera de que otorguen contratos incentivados”.
Añadió que en los artículos 60 y 61 de la ley de Pemex se dejó muy claro cuándo se pueden dar compensaciones al contratista, que son los casos en que la paraestatal obtiene beneficios al concluir la obra antes de lo previsto o al poder quedarse con las innovaciones tecnológicas.
“No tenemos capacidad obvia de recuperar para Pemex lo que ya fue desmantelado”, pero en la reforma están las disposiciones para impedir que la privatización avance, insistió Ramírez Garrido Abreu. Dijo que si Calderón intenta otorgar contratos de riesgo a trasnacionales, se va a topar con que el Congreso y la opinión pública se enterarán de inmediato.
Ello, dijo, porque todos los contratos serán públicos y deberán publicarse en Internet. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación podrá intervenir en cualquier momento que el Legislativo lo solicite.
PT y Convergencia arremeten contra legisladores perredistas de NI que aprobaron la reforma
Roberto Garduño, Enrique Méndez, Alma E. Muñoz y Carolina Gómez
Fuertes críticas recibió la secretaria de Energía, Georgina Kessel, por sus declaraciones de que 70 por ciento de la exploración y producción de Pemex ya está en manos privadas. Diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) expresaron que tales afirmaciones sólo corroboran las advertencias respecto de un avance privatizador de la paraestatal, y que la legislación inicialmente propuesta por Felipe Calderón –aprobada por la mayoría de PRI, PAN, PVEM y Nueva Izquierda (NI)– es la llave para entregar lo que resta de Petróleos Mexicanos a empresas privadas.
Además, tras estas revelaciones de la funcionaria, los partidos del Trabajo y Convergencia arremetieron contra los legisladores perredistas de Nueva Izquierda que, con su voto por la reforma energética, garantizaron que persista una violación constitucional.
Herón Escobar, del PT, consideró como lo más grave de todo que los legisladores de NI, sabiendo el contenido de la reforma energética, la aprobaran. “Estaban seguros de lo que estaba pasando y quisieron vender al pueblo un triunfo que resulta totalmente engañoso.” Evidentemente que “las consignas contra los traidores, que en las manifestaciones del movimiento nacional en defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional se expresan contra ellos, hoy tienen más legitimidad”.
Para Pedro Jiménez León, secretario general de Convergencia, esta confesión no pedida comprueba lo que Andrés Manuel López Obrador y el movimiento en defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía advirtieron desde el principio.
El diputado del PRI José Murat, quien votó en contra de los dictámenes de la ley de Pemex y de la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, aseguró que lo dicho por Kessel se trata de “una confesión poco ética” y confirma que la reforma sólo buscó legalizar los contratos a empresas privadas, otorgados de manera ilegal desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El ex gobernador de Oaxaca dijo que el gobierno calderonista actuó durante todo el proceso de negociación y aprobación de la reforma con una doble moral: “Engañaron mediáticamente a la población con aquel cuento del tesorito escondido en el mar, y que su objetivo no era la privatización; con el tiempo, ahora que el Poder Legislativo aprobó el proyecto, cínicamente afirman que nuestra principal empresa no pertenece a los mexicanos”.
En el mismo tono se manifestó Mario di Costanzo, secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo” de México: “Yo no sé por qué los chuchos estaban tan felices, si esto ya lo sabían; me consta porque se los advertimos a través de un documento, Víctor Rodríguez Padilla (de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM) y yo”.
Dijo que en ese documento se advertía con claridad que firmas privadas estarán presentes a lo largo de toda la cadena de valor, mediante un sistema de contratos y de permisos, excepto la refinación. Y que “la reforma es privatizadora en el sentido que fortalece y amplía las participación del sector privado en las actividades que componen la industria petrolera”.
Rodríguez y Di Costanzo, por medio de ese documento, manifestaron que la ley sobre Pemex incluye “todo un paquete de disposiciones relativas a contratos de exploración y producción con el sector privado”, al permitirle “legalizar su naturaleza”. Esto es, que la iniciativa privada actúe como inversionista y operador en las áreas citadas, “y se le paga con los ingresos que genera la venta de la producción”.
En igual sentido se expresó el secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, Fernando Amezcua, quien señaló que las declaraciones de Kessel “sacan a flote la verdad de todo lo que estuvieron escondiendo y confirma que no estábamos equivocados en el sentido de que la intención del gobierno es seguir entregando a las empresas trasnacionales, principalmente españolas, nuestro petróleo; era mucho de lo que se venía diciendo, pero que no se reconocía”.
Subrayó que el SME se opuso a dicha reforma, pues ésta, pese a lo que se afirme, “busca privatizar el petróleo mexicano, sin embargo, no se escuchó a los que lo aseguramos, no nos oyeron, y en todo caso la patria, los mexicanos y la propia historia les reclamarán a los traidores que votaron en favor de esta reforma energética”.
El presidente nacional interino del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que la secretaria Kessel “se fue de boca” y dijo cosas que “no tienen nada que ver con la ley (de Pemex, recientemente aprobada)”. Sus palabras fueron para “agradar a los empresarios”, estimó el dirigente en breve entrevista. Sin embargo, reconoció “que desde hace tiempo hay inversión privada (en la paraestatal). Eso no es novedad. Ni modo que esa inversión de 70 por ciento haya partido de hoy, a partir de la reforma (energética aprobada) pa´ acá. Pero se equivoca ella (Kessel). Dice cosas que no debe decir (sic) porque no son”.
PRI-PRD: Kessel miente e ignora la reforma de Pemex
El paquete de leyes pone freno al avance de la IP, arguyen senadores
México dejará de ser exportador de petróleo en 2012: Gasca Neri
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Participantes directos en la negociación de la reforma energética, los senadores del PRD Graco Ramírez y Pablo Gómez sostuvieron que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, falta a la verdad al sugerir que a través de la nueva legislación se permitirá al gobierno de Felipe Calderón legalizar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ambos afirmaron que lo dicho por Kessel es lo que ella y Felipe Calderón desean, pero la realidad es otra. Igualmente, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró desafortunadas las declaraciones de la funcionaria y agregó que sus dichos están en “su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución”.
Los perredistas señalaron que no es novedad la afirmación de Kessel de que inversionistas privados realizan 70 por ciento de las actividades de Pemex, y lo nuevo es que la reforma contiene disposiciones para frenar la ilegal privatización.
Ramírez Garrido Abreu corrigió a la titular de Energía: “En realidad es el 80 por ciento de la paraestatal la que está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente de las trasnacionales Halliburton y Schulemberger”, las que tienen mayor número de contratos y utilidades incluso superiores a las obtenidas en Irak”.
Gómez Álvarez, en tanto, dijo que esa privatización, que viola lo establecido en la Constitución, “es una de las denuncias que siempre hemos hecho”, y por ello “justamente en la reforma energética se establece que Pemex debe hacer su plan buscando en la mayor medida posible la ejecución directa de los proyectos”, además de que se insiste también en el tema del componente nacional en las contrataciones.
“Todo eso viene en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y en la nueva ley de Pemex”, agregó el senador Gómez. Insistió en que del esquema inicial presentado por Felipe Calderón no quedó nada, ya que modificaron aquellos aspectos que abrían la puerta a los contratos de riesgo o incentivados.
La pretensión de que Petróleos Mexicanos pagara al contratista cantidades extras no determinadas al concluir la obra o de acuerdo a la productividad del pozo, “no sólo no quedó, sino que expresamente no está permitido. Ahí se equivocó la señora Kessel, que lo hace con mucha frecuencia, o está haciendo una lectura completamente equivocada del texto de la ley”.
Graco Ramírez resaltó que a propuesta del PRD se modificó el artículo sexto de la ley reglamentaria del 27 constitucional para dejar asentado que las remuneraciones en los contratos de exploración y producción serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederá a los contratistas propiedad sobre los hidrocarburos. “Es decir, quedó clarísimo en la legislación que no hay manera de que otorguen contratos incentivados”.
Añadió que en los artículos 60 y 61 de la ley de Pemex se dejó muy claro cuándo se pueden dar compensaciones al contratista, que son los casos en que la paraestatal obtiene beneficios al concluir la obra antes de lo previsto o al poder quedarse con las innovaciones tecnológicas.
“No tenemos capacidad obvia de recuperar para Pemex lo que ya fue desmantelado”, pero en la reforma están las disposiciones para impedir que la privatización avance, insistió Ramírez Garrido Abreu. Dijo que si Calderón intenta otorgar contratos de riesgo a trasnacionales, se va a topar con que el Congreso y la opinión pública se enterarán de inmediato.
Ello, dijo, porque todos los contratos serán públicos y deberán publicarse en Internet. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación podrá intervenir en cualquier momento que el Legislativo lo solicite.
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