PAN: El encubrimiento como dogma
alvaro delgado
alvaro delgado
México, D.F., 14 de enero (apro).- Formado en la política de cúpula, desde la que se emiten y acatan consignas que en nada riñen con las del autoritarismo priista --“el que obedece no se equivoca” es símil de “el que se mueve no sale en la foto”--, Germán Martínez ha iniciado su periodo como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) con la encomienda de instaurar la impunidad como supremo principio partidista.
Es lógico: producto él mismo de la imposición de su jefe, Felipe Calderón, a quien sin sonrojo le reconoció explícitamente que el PAN es suyo, Martínez se ganó el cargo entre otras razones por sellar el pacto de impunidad con Vicente Fox, en su breve paso como titular de la Secretaría de la Función Pública.
“Metería las manos al fuego por Vicente Fox”, me dijo poco antes de ingresar a la nómina de esa dependencia, una expresión a la que se ciñeron todos los miembros del gobierno actual, hermanados con los del anterior al que Calderón le debe el cargo que ostenta.
“¿Cómo no defender la epopeya de Vicente Fox de sacar al PRI de Los Pinos?”, exclamó Martínez en su toma de posesión, el pasado 8 de diciembre, con lo que ratificó la complicidad que, además, extendió a otros personajes vigentes del partido de la derecha, rebautizado por él como uno de “centro moderado” (sic).
A Diego Fernández de Cevallos, el abogado que se enriqueció a la sombra de Carlos Salinas y legislador litigante contra el Estado, le encomió su “honor, el levantado honor” en las reformas electorales pactadas en el salinismo, y a Luis H. Alvarez lo elevó a prócer histórico por ser “un apóstol como Madero, un apasionada como Vasconcelos y un líder como Gómez Morín”.
En esa misma ceremonia, Martínez elogió sin límite a los gobernadores panistas, sobre todo a dos: a Juan Manuel Oliva, de Guanajuato --“donde gobernamos todo”, puntualizó--, lo felicitó porque en ese estado “el crecimiento y la mejora en el nivel de vida son de los mejores del país”, y al de Jalisco, Emilio González Márquez, le aplaudió porque “ha hecho un gobierno vertical y, contra viento y marea, está aplicando la ley a propios y extraños”.
Martínez no sabe de lo que habla y, si lo sabe, miente por partida doble... para encubrir a quienes, en esos dos estados, lo formalizaron en el cargo que lo impuso Calderón.
Guanajuato no es, ni con mucho, el estado modelo: sí, el PAN “gobierna todo”, incluyendo el Poder Judicial y el órgano electoral que debería ser imparcial, todos subordinados a la jerarquía católica de la que suelen ser cumplidos acólitos los servidores públicos, que hasta le pusieron Juan Pablo II al muy pintado de azul distribuidor vial.
Pero la administración estatal no se puede ufanar de nada porque todos los indicadores, incluyendo los educativos y laborales, colocan al estado en uno de los más atrasados del país. El mejor ejemplo es León, donde en diciembre los industriales del zapato acarrearon a sus trabajadores para desquiciar el tráfico en una marcha contra el libre comercio, eso sí, el día de la virgen de Guadalupe para no pagar salarios: Se ubicó, el año pasado, en el lugar número 25 en competitividad.
Y en Jalisco es falso que Emilio aplique la ley: al margen de los decenas de millones de pesos que ha desviado del presupuesto público para dárselos a Televisa, un acto al menos inmoral, y de destinar también recursos del erario para los caprichos del cardenal Juan Sandoval Iñiguez --quien insiste en la tesis de complot en el asesinato de su antecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo--, el gobernador ha seguido con la divisa de brindar impunidad en muchos casos.
Uno de ellos es el del alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra, acusado del asesinato del funcionario Carlos Romo Guízar, en complicidad con el secretario del ayuntamiento y, al mismo tiempo, presidente del PAN en ese municipio, Ricardo Sigala, socios ambos en negocios de apuestas, distribución de drogas, “desvío de recursos y otras cosas bien calientes”, como lo aseguró Romo antes de ser asesinado, en abril del año pasado.
Sólo hasta que medios de comunicación, destacadamente Proceso-Jalisco, documentaron la trama, fue que el gobierno de Emilio procedió contra Vizcarra, y solicitó al Congreso su desafuero, pero inexplicablemente se dio a la fuga protegido por sus guardaespaldas pero, sobre todo, por los abogados panistas Antonio Lozano Gracia y Fernández de Cevallos.
Vizcarra, curiosamente compadre del funcionario asesinado, está pues prófugo, igual que su principal cómplice, ambos militantes del PAN y protegidos desde los ámbitos del poder.
Pero el caso más escandaloso, y que ratifica que Martínez ha hecho de la impunidad un principio de comportamiento desde la presidencia del PAN, es el del procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, vinculado en abuso y prostitución de menores.
El propio Emilio González reconoció que Coronado participó en una fiesta en la que se practicaron juegos sexuales que involucraron a menores de edad, pero se aferró a defenderlo, porque haber estado en ese sitio no lo hacía responsable si no se enteró de lo ahí ocurrido.
La lógica de González es impecable: “Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito, sin que nosotros nos enteremos. Eso no nos hace cómplices y no nos hace responsables. La pregunta es: ¿Participó? Y la respuesta de todo mundo es: No, no participó.”
Y aunque existen denuncias, y que Coronado es juez y parte en una investigación que lo involucra, González insistió en que el funcionario seguirá en su puesto: “Es que son sólo dichos. A los dichos estamos puestos a responder con dichos.”
Con tal respaldo del gobernador, Coronado ni se inmuta, aun cuando hay un funcionario fugitivo --como en el caso de Vizcarra--, plenamente identificado como autor de una violación sexual. “Ni renunciaré ni pediré licencia para no sentar un precedente ni una moda”, declaró en entrevista con Proceso-Jalisco, en la edición de esta semana.
Según el funcionario, es víctima de una conjura de dos de sus subordinados: el exsubprocurador Víctor Landeros y el agente del Ministerio Público Marco Antonio Chávez. “Landeros y Chávez son los autores del complot: uno el intelectual y otro el material.”
El argumento del funcionario para mantenerse en el cargo es maravilloso: “No porque digan que Tomás Coronado está involucrado, lo involucraron o qué sé yo. No. También tengo derechos como ser humano, como parte de la sociedad. Y me voy a defender. La verdad es que hay muy poca gente que quiere que me investiguen. ¿Y sabe quién es la gente? Víctor Landeros…”.
Vaya manera de Emilio de aplicar la ley “contra propios y extraños”, según el señor Martínez.
Apuntes
Mario Marín rinde este martes su tercer informe de gobierno en medio de la felicidad plena: No sólo el PRI arrasó en la elección del 11 de noviembre y fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal dicha sólo se explica por su pacto mafioso con Calderón, según un sector de panistas, la mayoría de los cuales prefiere no decirlo en público. Uno de ellos, el diputado federal Alfonso Bello, ya fue advertido de que se calle la boca o será expulsado… Lo mismo ocurre en Tamaulipas: un sector amplio de panistas ya tildan de “traidor” a Calderón por tolerar la acción del crimen organizado en la política…. En el CEN, donde Martínez es el gerente, se imponen los nombramientos de Calderón: no sólo el compadre como secretario general, sino los socios de Jorge Manzanera Quintana, secretario general adjunto, de la empresa Desarrollo de Campañas (Docsa): en Elecciones Alejandro Villalobos y Javier Rodarte en Fortalecimiento Interno. Luis Ernesto Derbez, supuesto enemigo de Calderón, será ratificado en Asuntos Internacionales, como ariete para el activismo de Fox en su camino hacia la presidencia, esta vez única, de la internacional demócrata cristiana de centro, la derecha internacional.
delgado@proceso.com.mx
Es lógico: producto él mismo de la imposición de su jefe, Felipe Calderón, a quien sin sonrojo le reconoció explícitamente que el PAN es suyo, Martínez se ganó el cargo entre otras razones por sellar el pacto de impunidad con Vicente Fox, en su breve paso como titular de la Secretaría de la Función Pública.
“Metería las manos al fuego por Vicente Fox”, me dijo poco antes de ingresar a la nómina de esa dependencia, una expresión a la que se ciñeron todos los miembros del gobierno actual, hermanados con los del anterior al que Calderón le debe el cargo que ostenta.
“¿Cómo no defender la epopeya de Vicente Fox de sacar al PRI de Los Pinos?”, exclamó Martínez en su toma de posesión, el pasado 8 de diciembre, con lo que ratificó la complicidad que, además, extendió a otros personajes vigentes del partido de la derecha, rebautizado por él como uno de “centro moderado” (sic).
A Diego Fernández de Cevallos, el abogado que se enriqueció a la sombra de Carlos Salinas y legislador litigante contra el Estado, le encomió su “honor, el levantado honor” en las reformas electorales pactadas en el salinismo, y a Luis H. Alvarez lo elevó a prócer histórico por ser “un apóstol como Madero, un apasionada como Vasconcelos y un líder como Gómez Morín”.
En esa misma ceremonia, Martínez elogió sin límite a los gobernadores panistas, sobre todo a dos: a Juan Manuel Oliva, de Guanajuato --“donde gobernamos todo”, puntualizó--, lo felicitó porque en ese estado “el crecimiento y la mejora en el nivel de vida son de los mejores del país”, y al de Jalisco, Emilio González Márquez, le aplaudió porque “ha hecho un gobierno vertical y, contra viento y marea, está aplicando la ley a propios y extraños”.
Martínez no sabe de lo que habla y, si lo sabe, miente por partida doble... para encubrir a quienes, en esos dos estados, lo formalizaron en el cargo que lo impuso Calderón.
Guanajuato no es, ni con mucho, el estado modelo: sí, el PAN “gobierna todo”, incluyendo el Poder Judicial y el órgano electoral que debería ser imparcial, todos subordinados a la jerarquía católica de la que suelen ser cumplidos acólitos los servidores públicos, que hasta le pusieron Juan Pablo II al muy pintado de azul distribuidor vial.
Pero la administración estatal no se puede ufanar de nada porque todos los indicadores, incluyendo los educativos y laborales, colocan al estado en uno de los más atrasados del país. El mejor ejemplo es León, donde en diciembre los industriales del zapato acarrearon a sus trabajadores para desquiciar el tráfico en una marcha contra el libre comercio, eso sí, el día de la virgen de Guadalupe para no pagar salarios: Se ubicó, el año pasado, en el lugar número 25 en competitividad.
Y en Jalisco es falso que Emilio aplique la ley: al margen de los decenas de millones de pesos que ha desviado del presupuesto público para dárselos a Televisa, un acto al menos inmoral, y de destinar también recursos del erario para los caprichos del cardenal Juan Sandoval Iñiguez --quien insiste en la tesis de complot en el asesinato de su antecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo--, el gobernador ha seguido con la divisa de brindar impunidad en muchos casos.
Uno de ellos es el del alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra, acusado del asesinato del funcionario Carlos Romo Guízar, en complicidad con el secretario del ayuntamiento y, al mismo tiempo, presidente del PAN en ese municipio, Ricardo Sigala, socios ambos en negocios de apuestas, distribución de drogas, “desvío de recursos y otras cosas bien calientes”, como lo aseguró Romo antes de ser asesinado, en abril del año pasado.
Sólo hasta que medios de comunicación, destacadamente Proceso-Jalisco, documentaron la trama, fue que el gobierno de Emilio procedió contra Vizcarra, y solicitó al Congreso su desafuero, pero inexplicablemente se dio a la fuga protegido por sus guardaespaldas pero, sobre todo, por los abogados panistas Antonio Lozano Gracia y Fernández de Cevallos.
Vizcarra, curiosamente compadre del funcionario asesinado, está pues prófugo, igual que su principal cómplice, ambos militantes del PAN y protegidos desde los ámbitos del poder.
Pero el caso más escandaloso, y que ratifica que Martínez ha hecho de la impunidad un principio de comportamiento desde la presidencia del PAN, es el del procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, vinculado en abuso y prostitución de menores.
El propio Emilio González reconoció que Coronado participó en una fiesta en la que se practicaron juegos sexuales que involucraron a menores de edad, pero se aferró a defenderlo, porque haber estado en ese sitio no lo hacía responsable si no se enteró de lo ahí ocurrido.
La lógica de González es impecable: “Podría ser que en este mismo espacio ahora estuviese ocurriendo algún ilícito, sin que nosotros nos enteremos. Eso no nos hace cómplices y no nos hace responsables. La pregunta es: ¿Participó? Y la respuesta de todo mundo es: No, no participó.”
Y aunque existen denuncias, y que Coronado es juez y parte en una investigación que lo involucra, González insistió en que el funcionario seguirá en su puesto: “Es que son sólo dichos. A los dichos estamos puestos a responder con dichos.”
Con tal respaldo del gobernador, Coronado ni se inmuta, aun cuando hay un funcionario fugitivo --como en el caso de Vizcarra--, plenamente identificado como autor de una violación sexual. “Ni renunciaré ni pediré licencia para no sentar un precedente ni una moda”, declaró en entrevista con Proceso-Jalisco, en la edición de esta semana.
Según el funcionario, es víctima de una conjura de dos de sus subordinados: el exsubprocurador Víctor Landeros y el agente del Ministerio Público Marco Antonio Chávez. “Landeros y Chávez son los autores del complot: uno el intelectual y otro el material.”
El argumento del funcionario para mantenerse en el cargo es maravilloso: “No porque digan que Tomás Coronado está involucrado, lo involucraron o qué sé yo. No. También tengo derechos como ser humano, como parte de la sociedad. Y me voy a defender. La verdad es que hay muy poca gente que quiere que me investiguen. ¿Y sabe quién es la gente? Víctor Landeros…”.
Vaya manera de Emilio de aplicar la ley “contra propios y extraños”, según el señor Martínez.
Apuntes
Mario Marín rinde este martes su tercer informe de gobierno en medio de la felicidad plena: No sólo el PRI arrasó en la elección del 11 de noviembre y fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal dicha sólo se explica por su pacto mafioso con Calderón, según un sector de panistas, la mayoría de los cuales prefiere no decirlo en público. Uno de ellos, el diputado federal Alfonso Bello, ya fue advertido de que se calle la boca o será expulsado… Lo mismo ocurre en Tamaulipas: un sector amplio de panistas ya tildan de “traidor” a Calderón por tolerar la acción del crimen organizado en la política…. En el CEN, donde Martínez es el gerente, se imponen los nombramientos de Calderón: no sólo el compadre como secretario general, sino los socios de Jorge Manzanera Quintana, secretario general adjunto, de la empresa Desarrollo de Campañas (Docsa): en Elecciones Alejandro Villalobos y Javier Rodarte en Fortalecimiento Interno. Luis Ernesto Derbez, supuesto enemigo de Calderón, será ratificado en Asuntos Internacionales, como ariete para el activismo de Fox en su camino hacia la presidencia, esta vez única, de la internacional demócrata cristiana de centro, la derecha internacional.
delgado@proceso.com.mx
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