23 mar 2010


Astillero

Mentiras, montajes, impunidad

“Línea de fuego”

¿Y la comunidad Tec?

Alineación y balanceo





Julio Hernández López




El cadáver de Jorge Antonio Mercado Alonso, de 23 años, estudiante de posgrado en el Tec de Monterrey, fue sepultado ayer en el panteón Santo Cristo, en Saltillo, CoahuilaFoto Leopoldo Ramos





Lo peor es la gran mentira, la simulación institucionalizada, el acomodo de evidencias” para justificar las versiones oficiales, la intimidación a funcionarios académicos y testigos presenciales para imponer dictámenes exculpatorios y la convicción generalizada de que se está frente a montajes permanentes en los que cualquiera puede ser declarado culpable porque sí o secuestrado, golpeado o asesinado porque así está siendo impuesta la lógica de una “guerra” equívoca en sus objetivos, torpe en su ejecución e intencionalmente amenazadora para todos.

En medio del enojo nacional por el asesinato de dos brillantes alumnos de posgrado del Tec de Monterrey brinca al escenario de las falsedades institucionales un devaluado secretario de Gobernación pretendiendo firmar alianzas con una legalidad inexistente y proponiendo al gobierno de Nuevo León y al rector general del citado Tec que jueguen a aparentar unidad absoluta (no hay fisuras, dice el hombre de Bucareli, para dejar clara constancia de que sí las hay) ante las pifias criminales que han enlutado a esa comunidad académica pero no sólo a ella, sino a una nación entera que ve cómo la belicidad irracionalmente desatada por Felipe Calderón arrasa con todo y en esa violencia sin control puede llevarse vidas de jóvenes en Ciudad Juárez o en la capital regiomontana.

Fernando Gómez-Mont estrena visiones geopolíticas de apocalipsis: los aplicados alumnos muertos lo fueron por haber quedado colocados en la “línea de fuego” que, a partir de ahora, por decreto de Los Pinos, Gobernación, Sedena y la Marina, podrá habilitarse instantáneamente en cualquier lugar que a esos propósitos balísticos convenga: Todo México es Línea de Fuego, sería el anuncio comercial de las líneas telefónicas del calderonismo en guerra (allí están, para prueba, las fotografías del presunto narcomenudista al que la Armada condujo en helicóptero, según eso hacia la policía municipal de Santa Catarina, Nuevo León, y luego apareció muerto, tirado en un lote baldío). Además, el pomposo declarante bucarelino aprovechó la oportunidad para asentar su creencia de que los jóvenes “cayeron” a causa de balas disparadas por los narcotraficantes que arremetían contra soldados en cuyas inmediaciones habrían estado los jóvenes del Tec. Explicaciones ligeras de seso cuyo propósito es la exculpación automática del bando propio y no la instauración de un proceso creíble de investigación y castigo. Versiones oficiales que naufragan ante las evidencias del comportamiento abusivo que quitó equipo de comunicación radiofónica a vigilantes del Tec en el campus Monterrey, que decomisó videos, e impuso a las autoridades de ese centro la emisión de un boletín informativo falso en el que el rector Rafael Rangel Sostman aseguraba que entre los muertos no había miembros de esa comunidad académica.

Pleitos en las alturas mientras abajo la gente habla de golpes y torturas cuando menos a uno de los muertos y se pregunta cómo fueron confundidos dos estudiantes con sicarios y por qué se retardó la aceptación de que efectivamente habían sido asesinados dos alumnos, cuando las credenciales de identificación debían estar inmediatamente a disposición de los férreos controladores castrenses de la situación. Contradicciones a la vista en las primeras declaraciones, cuando se aseguraba –como se hace tantas veces, todos los días, imponiendo una versión oficial que convierte en criminal a todo caído en operaciones “contra el narco”– que los muertos habían sido “sicarios” que habían disparado contra militares que se habían visto obligados a responder al fuego.

Comunidad del Tec que hoy se encuentra frente a una definición histórica, con su rector general, Rafael Rangel Sostmann reconociendo el error de haber difundido un boletín informativo conforme a las indicaciones de autoridades que le aseguraban que nadie de ese instituto había sido afectado, a pesar de que de inmediato, por Twitter y a través de los aparatos de radio de los vigilantes, se había esparcido la información de que los caídos eran dos estudiantes. Ayer, para abundar en ese equívoco enorme, el rector del campus Monterrey, Alberto Bustani, habría reconocido, según el portal informativo de Reforma, que supo oportunamente de la versión de los dos estudiantes heridos, pero sólo buscó confirmarla con un guardia de seguridad del instituto, quien no estaba seguro de lo que originalmente había dicho, en el sentido de que eran alumnos los caídos. Y, en la duda... el mando del ITESM prefirió la versión que luego se supo era mentirosa. ¿Qué hará la comunidad del Tec, quedarse con el homenaje luctuoso, los altares y la discusión y las quejas en línea?

Saldos evidentemente negativos de una guerra declarada por sus pistolas por el comandante Felipe que se niega a reconocer sus errores gravísimos y que hoy habrá de recibir una multitudinaria visita de alineación y balanceo a favor de la estrategia intervencionista estadunidense a la que mucho conviene la división y el temor sociales, pero que también requiere del capataz nativo una mayor dosis de cuidado operativo para no descarrilar las operaciones en curso. Calderón, reconfortado por la llamada telefónica que le hizo ayer Obama, cree posible beneficiarse del caos si con él convence a los jefes imperiales de que juntos deben continuar “gobernando”, si se hace respaldar por la Casa Blanca y el Pentágono en esta guerra civil impuesta.

Y, para cerrar estas líneas, lo escrito en Facebook (en el grupo “Javier Arredondo y Jorge Mercado- Justicia! Justice!”) por Juan Arredondo, primo de Javier Francisco, uno de los muertos del Tec: “... ¿Hasta cuándo se hará justicia en mi país?(...) Ni palabras, ni discursos, ni promesas (...) Sólo queremos saber la verdad y que se haga justicia. Exigimos que se muestre el contenido de los videos confiscados por el Ejército. Exigimos que se castigue a la persona responsable de ultimar a Javier y a Jorge. Exigimos un país que diga la verdad a sus ciudadanos”. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx




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