Caso Ernestina, el cerco oficial.

josé gil olmos

México, D.F., 1 de mayo (apro).-

Pese a las mutuas recriminaciones y violaciones a la ley en que incurrieron Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Felipe Calderón, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría veracruzana, el caso de la presunta violación de Ernestina Ascencio Rosario por parte de un grupo de militares ha sido oficialmente cerrado.

No sólo eso, ahora resulta que murió de “muerte natural”, es decir, de “parasitosis” y “gastritis crónica”, no obstante que desde un principio autoridades estatales y federales --incluidas Sedena y CNDH-- admitieron se trataba de un “crimen”.

El giro en el caso de Ernestina se dio luego de una reunión a puerta cerrada la noche del martes 24 de abril entre el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y el gobernador veracruzano de extracción priista, Fidel Herrera.

Ahí, en las oficinas de Soberanes, acordaron que la CNDH entregaría su investigación a la Procuraduría veracruzana, y ésta elaboraría un dictamen final del caso.

Sólo bastaron siete días para que las autoridades veracruzanas recularan de sus primeras afirmaciones, en el sentido de que Ernestina murió a raíz de una violación tumultuaria, y ahora resulta que falleció de una “anemia aguda” producto de una gastritis crónica.

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