15/04/2012



El Instituto Federal Electoral, fiscal de papel

Carlos Acosta Córdova
14 de abril de 2012

Sesión en el IFE.
Foto: Marco A. Cruz


El Poder Legislativo le otorgó al IFE mayores atribuciones para vigilar los gastos de campaña de los candidatos en este proceso electoral. La mala noticia es que esa fiscalización sólo puede realizarse a cabalidad un año después de la jornada comicial del 1 de julio próximo. Y peor aún: si se detectaran rebases de los topes (de lo que acusan a Enrique Peña Nieto) o aportaciones ilegítimas no habría nada que hacer. La ley no prevé la destitución de ningún cargo de elección popular por esa razón.

La campaña presidencial del candidato priista Enrique Peña Nieto se ha distinguido de las demás por un uso de recursos financieros mayor.

Pero a 15 días de iniciadas las campañas –faltan 75 para que concluyan– sería difícil demostrar que el PRI hubiera rebasado los topes legales de gasto, hubiera excedido el monto fijado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para gastos de campaña o que el financiamiento que recibe de fuentes privadas fuera mayor al permitido por la ley.

Aun si Peña Nieto o cualquiera de los otros candidatos se excediera en esos gastos, rebasara el tope máximo o infringiera la legislación electoral y recibiera aportaciones de sujetos prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales, ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros– resulta que eso se sabrá con exactitud… un año después de la jornada electoral del próximo 1 de julio.

Es decir, mucho después de que el candidato triunfador haya tomado posesión del cargo. Así es por ley. Y se ve en el calendario oficial del proceso de fiscalización 2012-2013 elaborado por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del IFE.

Según éste, si bien el 15 de junio próximo los partidos políticos están obligados a entregar un informe preliminar de campaña, el 8 de octubre –tres meses después de la elección– es la fecha límite para que todos los partidos entreguen el informe final.

Luego viene todo un proceso de notificación de errores y omisiones de parte de la UFRPP y las correspondientes respuestas de los partidos, que concluye el 28 de junio de 2013 con el dictamen y resolución de parte de la Unidad de Fiscalización, mismo que finalmente se presentará ante el Consejo General del IFE el 3 de julio del próximo año.

Es decir, ya tendrá siete meses despachando en Los Pinos el nuevo inquilino, aun cuando haya llegado ahí por medio de tropelías, abusos e ilícitos en el manejo del dinero durante la campaña.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1850, ya en circulación)





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