Empresa.


Lunes, 16 de julio de 2007
Por Alberto Barranco Chavarría

¡En esta otra...!
Alas a Mexicana
Lujos por seguros


Para Miguel Angel Granados Chapa


Colocada como cuña frente a la creciente oposición a la planteada por el gobierno, la propuesta fiscal del Frente Amplio Progresista apunta a lo inaudito: incrementar la recaudación en el equivalente al cinco por ciento del PIB... sin nuevos gravámenes contra sectores vulnerables.


La apuesta habla, concretamente, de elevar tres por ciento el nivel con el concurso estricto de causantes de elevados ingresos; uno por eficiencia recaudatoria, y uno más por ahorro en la rendición del gasto corriente.En el camino, naturalmente, se desterrarían privilegios.

De entrada, se plantea reformar los artículos 33, 36 y 39 del Código Fiscal de la Federación, así como el 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en afán de limitar las facultades discrecionales del Ejecutivo para otorgar subsidios, estímulos y regímenes especiales.Más allá, se plantea abiertamente la derogación del Régimen de Consolidación Fiscal, es decir, el privilegio de los grandes consorcios para integrar en una las pérdidas y ganancias de sus filiales, a efecto de enterar los tributos.

Y si le seguimos, la alternativa planteada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia plantea eliminar la exención para las acciones emitidas por sociedades extranjeras que cotizan en el mercado bursátil, aunque aceptarla cuando se trate de ofertas públicas de compra de acciones.

La exposición de motivos habla de evitar operaciones simuladas y en paralelo, estimular el fin económico y de fomento productivo de la Bolsa de Valores como fuente de financiamiento en el mercado primario de las empresas.Sin embargo, se señala que las ganancias especulativas en el mercado secundario y terciario sí deben ser gravadas.Desde otro ángulo, la propuesta elaborada por la economista Ifigenia Martínez, Manuel Camacho, Gregorio Vidal y Octavio Cortés plantea eliminar la deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos de las empresas, aduciendo que generan un incentivo perverso para desnaturalizar la finalidad de una unidad económica.

Adicionalmente, se plantea establecer un pago definitivo de 35 por ciento sobre dividendos o utilidades que no se acumule a los demás ingresos.La fórmula plantea que los dividendos que provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta sólo paguen un siete por ciento adicional para no afectar el 28 por ciento que corresponde al ISR corporativo.

De acuerdo con la percepción de los promotores, con esta reforma México estaría más de 10 puntos por debajo de la tasa impositiva similar de su principal socio comercial.La exposición de motivos de la iniciativa señala que bajo el esquema se impulsarán la inversión y el crecimiento de la economía, lo que permitiría no sólo mantener los empleos existentes, sino generar nuevos.

El primer objetivo se alcanzaría vía una disminución de 100 mil millones de pesos del gasto corriente previsto para el 2008, estableciéndose un régimen de austeridad y supresión de privilegios, además de combatir frontalmente la corrupción en todos los niveles de gobierno.Más aún, se propone etiquetar el 100 por ciento de los nuevos ingresos -500 mil millones de pesos, según el cálculo del Frente Amplio Progresista- para inversiones e infraestructura, energía y desarrollo regional y social.

La intención concreta es evitar que se dilapide la riqueza petrolera, al tiempo de estimular el crecimiento de la economía y el empleo, además de reducir las desigualdades extremas.En refuerzo del escenario, se plantea combatir la discrecionalidad gubernamental en la asignación del gasto y garantizar el acceso del Congreso a la información fiscal, en afán de que “mediante un control y colaboración entre poderes y de investigación en su caso, se pueda profundizar en la información, transparencia, evaluación de la eficiencia recaudatoria, en la gestión del SAT y en las funciones propias de fiscalización”.

Bajo esa misma ruta, adicionalmente, se presentará una iniciativa de ley para establecer limitaciones severas y sanciones a quienes utilicen el gasto público para financiar campañas de publicidad a favor de funcionarios y sus partidos políticos.La justificación general habla de un abultado gasto corriente que alimenta los exagerados sueldos de la alta burocracia y un gasto social de baja calidad y dudoso impacto, para aparentar un equilibrio fiscal que justifique las metas de inflación.