4 may 2012

 

Gobierno e IFE arrodillados

Epigmenio Ibarra

Falta muy poco para que las mexicanas y los mexicanos decidan, en las urnas, el destino del país. Carece sin embargo la inmensa mayoría de los elementos de juicio suficientes.

El 1 de julio en la soledad de la casilla electoral, al cruzar la boleta, millones de ciudadanas y ciudadanos harán algo más que un trámite, cumplirán algo más que una obligación cívica.

Lo que decidan habrá de afectar profundamente su vida, la de su familia, la del país.

No es pues trivial la decisión y hay que tomarla en libertad y con la información suficiente.

No bastan los spots y los carteles que saturan las calles y la programación de radio y tv, pues no se está comprando un producto de consumo.

Es preciso conocer las ideas, la capacidad de argumentar y contraargumentar de la mujer y los hombres que aspiran a gobernar este país.

De ahí la importancia del debate —a pesar de las limitaciones del formato— que habrá de celebrarse este domingo entre los cuatro aspirantes a la Presidencia.

De ahí también la importancia de que el mismo pueda ser visto hasta el último rincón del país.

A eso tienen derecho todas las mexicanas y todos los mexicanos y este derecho les está siendo negado.

Esa, garantizar el acceso a la información sobre los candidatos y sus ideas, era la obligación del IFE.

Esa es también la tarea del gobierno en tanto regulador de las concesiones de tv.

Ambos fallaron. El primero se contentó con limosnas, el segundo pecó por omisión.

Ambos han demostrado que están arrodillados ante los grandes concesionarios.

Intolerable debería ser para la autoridad electoral el reto lanzado por Ricardo Salinas Pliego.

Más allá de la grosera altanería del concesionario que programa un partido de futbol a la hora del debate, está el hecho de que, simple y llanamente, se niega, en un momento crucial para la vida democrática, a poner su cadena al servicio de la sociedad.

Se olvida Salinas que solo opera una concesión. Que la tv es un bien público.

Olvida también, más allá de lo legal, la responsabilidad cívica, democrática, patriótica de quien ha sido beneficiado con una concesión.

Ciertamente nada lo obliga aunque la ley faculta al IFE y al gobierno a hacerlo tratándose de un asunto de interés público.

Él no solo se niega a contribuir en la consolidación de la democracia en México, sino que se comporta como si el país fuera su hacienda y los ciudadanos peones acasillados.

Duro debería haber sido el IFE en su respuesta al concesionario. Duro, preciso y soberano. No lo fue. Al contrario, reaccionó con tibieza y traicionó así el mandato que la Constitución le marca.

El desplante autoritario de Salinas, ante el cual los consejeros del IFE bajaron la testa, es solo el síntoma de la descomposición del sistema político mexicano.

Por años la tv sirvió al PRI y al gobierno como instrumento de soporte y reproducción de la ideología del Estado. Ocultó cuando se le pidió la información sobre lo que realmente sucedía y puso sus recursos al servicio del presidente en turno.

De Los Pinos salían las facturas que los concesionarios se veían obligados a pagar al aire. De Los Pinos salían también las concesiones, prebendas y permisos para pagar esos favores.

Todo eso cambio cuando el PRI se vino abajo.

Oliendo los vientos del cambio la tv cambió de camiseta.

Se encontró con un hombre, Vicente Fox, al que la cámara enloquecía y que hacía de la cámara su único instrumento, primero de combate electoral y luego de gobierno.

Entre las grandes traiciones de Vicente Fox habría que señalar también su abdicación frente a la tv.

Mirarse en el espejo, eso era para él la pantalla, se volvió su obsesión y tanto que se olvidó del mandato recibido en las urnas.

Pronto se dieron cuenta los concesionarios del cambio de reglas y comenzaron ahora a mandar las facturas del canal a Los

Pinos y a establecer una relación distinta con el gobierno.

Paulatinamente dejaron de hacerle favores y comenzaron a exigírselos. Paulatinamente el poder se desplazó de la casa presidencial a los corporativos.

En 2006 la situación se hizo aun más grave. Sin la tv jamás se hubiera sentado Felipe Calderón en la silla. Caro hemos debido pagar los mexicanos ese apoyo.

Rotas están las reglas de convivencia entre el poder político y los poderes facticos. Tan rotas que ahora la tv puede aspirar, incluso, a poner en Los Pinos a su hombre.

Deben los concesionarios abstenerse de intervenir. Sería la suya una equivocación trágica. Triste sería el destino del país si se vuelve la nuestra una “democracia” que sirve a la pantalla.
Triste y peligroso. Ahí esta el ejemplo del Brasil de Color de Melo; de ese desastre.

Nada tienen que perder los grandes concesionarios si se echan un paso hacia atrás y proporcionan a las mexicanas y los mexicanos información objetiva y suficiente para que se vote libremente.

No aguanta más este país la simulación y el engaño. Tampoco la corrupción y la impunidad. Se necesita un cambio profundo.
Pueden los grandes concesionarios contribuir, haciéndose a un lado, a esa transformación.

Si meten las manos, si insisten en que la pantalla opere como gran elector, le fallarán al país; se fallarán a sí mismos. Con el cambio ganamos todos.

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