¡¡¡ YA BASTA!!!
TODOS CON AMLO
AMLO 2012
F E L I Z A Ñ O N U E V O
31 dic 2009
29 dic 2009
Ciudadanos inocentes
Marco Rascón
Presos y oprimidos por un sistema de partidos cerrado, intereses económicos monopólicos, clientelismo, corporativismo y medios de comunicación centralizados, los ciudadanos de México han perdido, si acaso alguna vez tuvieron, los derechos a los que han aspirado como parte esencial de una nación independiente.
La inocencia ciudadana en México ha sido ilimitada. Los gobiernos han tutelado sus derechos en lo general, mediante formas que derivan en el autoritarismo, la represión y el control de las expresiones. Las redes de manipulación, discrecionalidad y corrupción son inherentes al Estado mexicano y obstruyen el paso a la verdadera representación política, el camino de las reformas y el ejercicio de la justicia.
La Constitución política que nos rige tiene dos formas de ser aplicada: restrictiva para los ciudadanos e ilimitada para los gobiernos que la interpretan de acuerdo con las necesidades del mando.
Los ciudadanos mexicanos sólo son tales por momentos: han sido verdaderos cuando han generado rupturas en el sistema de poder. Las urnas y el voto, que muchas veces han servido para legitimar gobiernos anticiudadanos, también han sido trincheras de liberación. La manifestación pública, el arte, la educación crítica, la ciencia y la prensa independiente han sido armas en manos de la ciudadanía en busca del ejercicio de sus derechos.
Por eso, la enfermedad endémica de la nación es la lucha de los ciudadanos contra sus gobiernos. Es la lidia sistemática de un poder de minorías que al constituirse se aleja de los ciudadanos, convertidos en mayoría dispersa y controlada por los mecanismos del clientelismo, las políticas sociales corporativas, la amenaza, la corrupción administrativa y las versiones oficiales difundidas a través de los medios de comunicación, convertidas en decretos de facto.
En México, la soberanía no reside en el pueblo, como señala la Constitución: los poderes públicos, constituidos vía los partidos, envueltos en el discurso republicano, se han transformado en una aristocracia protegida por prerrogativas provenientes del erario y los impuestos, pero también del fuero político. El poder surgido de las urnas está blindado por el fuero constitucional que separa a los gobernantes de los ciudadanos: son los derechos de la nobleza contra la plebe.
Al haber quedado depositada la soberanía en una minoría cada vez más rapaz, la soberanía nacional ha disminuido. Lo nacional goza entre los mismos mexicanos de gran desprestigio porque el país está atascado en sus propias contradicciones y debilidades surgidas del divorcio entre ciudadanos y poderes, entre economía y esfuerzos, entre prudencia civil y prepotencia gubernamental.
Lo fiscal es un tema central no solamente en lo que respecta a las finanzas estatales, sino en cuanto a la representación política. La oligarquía económica y sus formas monopólicas luchan por el poder para evadir el pago de impuestos. La falta de ética fiscal, las componendas con los intereses económicos globales y la rapiña han dado por resultado una economía injusta.
Las deformaciones económicas creadas no sólo por el desorden mundial, sino por los intereses locales que tienen nombre y apellido, son las autoras de la inmensa economía informal que se ha convertido no nada más en refugio de sobrevivencia de una mayoría empobrecida y lumpenizada, sino factor dinámico para la acumulación originaria.
Quienes alimentan y proveen de la subsistencia diaria a la gran mayoría en pobreza endémica no son las políticas sociales ni el clientelismo ni la filantropía ni los teletones, sino los ingresos mínimos, divididos en ingresos ínfimos que se distribuyen de pobres a pobres, en las calles, en las comunidades deprimidas y las provincias abandonadas. En México, las migajas no son migajas, sino recursos que se distribuyen y originan la prudencia social del pueblo. Es lo que detiene en el fondo el estallido social con el que amenazan unos políticos a otros.
La política no debería tener adjetivos porque es una ciencia noble, inherente a la inteligencia humana. Los políticos sí, porque en su nombre y en defensa de intereses que van desde los auténticos hasta los que defienden privilegios, han hecho que los ciudadanos se acerquen o se alejen de la política.
Al entrar en unos días al determinismo arbitrario del tiempo de los 200 y los 100 años, al culto de las efemérides y la justificación de las estatuas, bien podemos seguir atascados en nuestra falta de sentido o hacer del calendario un programa renovado de nación. La política es inherente al ejercicio de la ciudadanía. Los ciudadanos deben construir fuerzas políticas motrices, formar intelectuales críticos e independientes, que abran la economía, que den nivel al debate público y liberen del secuestro las reformas.
Lamentablemente, los poderes y los partidos quieren seguir como estamos, pues eso es la fuente de sus privilegios. Por fortuna, para los ciudadanos el mal es imperfecto y caerá pronto por decadente.
http://www.marcorascon.org/
La inocencia ciudadana en México ha sido ilimitada. Los gobiernos han tutelado sus derechos en lo general, mediante formas que derivan en el autoritarismo, la represión y el control de las expresiones. Las redes de manipulación, discrecionalidad y corrupción son inherentes al Estado mexicano y obstruyen el paso a la verdadera representación política, el camino de las reformas y el ejercicio de la justicia.
La Constitución política que nos rige tiene dos formas de ser aplicada: restrictiva para los ciudadanos e ilimitada para los gobiernos que la interpretan de acuerdo con las necesidades del mando.
Los ciudadanos mexicanos sólo son tales por momentos: han sido verdaderos cuando han generado rupturas en el sistema de poder. Las urnas y el voto, que muchas veces han servido para legitimar gobiernos anticiudadanos, también han sido trincheras de liberación. La manifestación pública, el arte, la educación crítica, la ciencia y la prensa independiente han sido armas en manos de la ciudadanía en busca del ejercicio de sus derechos.
Por eso, la enfermedad endémica de la nación es la lucha de los ciudadanos contra sus gobiernos. Es la lidia sistemática de un poder de minorías que al constituirse se aleja de los ciudadanos, convertidos en mayoría dispersa y controlada por los mecanismos del clientelismo, las políticas sociales corporativas, la amenaza, la corrupción administrativa y las versiones oficiales difundidas a través de los medios de comunicación, convertidas en decretos de facto.
En México, la soberanía no reside en el pueblo, como señala la Constitución: los poderes públicos, constituidos vía los partidos, envueltos en el discurso republicano, se han transformado en una aristocracia protegida por prerrogativas provenientes del erario y los impuestos, pero también del fuero político. El poder surgido de las urnas está blindado por el fuero constitucional que separa a los gobernantes de los ciudadanos: son los derechos de la nobleza contra la plebe.
Al haber quedado depositada la soberanía en una minoría cada vez más rapaz, la soberanía nacional ha disminuido. Lo nacional goza entre los mismos mexicanos de gran desprestigio porque el país está atascado en sus propias contradicciones y debilidades surgidas del divorcio entre ciudadanos y poderes, entre economía y esfuerzos, entre prudencia civil y prepotencia gubernamental.
Lo fiscal es un tema central no solamente en lo que respecta a las finanzas estatales, sino en cuanto a la representación política. La oligarquía económica y sus formas monopólicas luchan por el poder para evadir el pago de impuestos. La falta de ética fiscal, las componendas con los intereses económicos globales y la rapiña han dado por resultado una economía injusta.
Las deformaciones económicas creadas no sólo por el desorden mundial, sino por los intereses locales que tienen nombre y apellido, son las autoras de la inmensa economía informal que se ha convertido no nada más en refugio de sobrevivencia de una mayoría empobrecida y lumpenizada, sino factor dinámico para la acumulación originaria.
Quienes alimentan y proveen de la subsistencia diaria a la gran mayoría en pobreza endémica no son las políticas sociales ni el clientelismo ni la filantropía ni los teletones, sino los ingresos mínimos, divididos en ingresos ínfimos que se distribuyen de pobres a pobres, en las calles, en las comunidades deprimidas y las provincias abandonadas. En México, las migajas no son migajas, sino recursos que se distribuyen y originan la prudencia social del pueblo. Es lo que detiene en el fondo el estallido social con el que amenazan unos políticos a otros.
La política no debería tener adjetivos porque es una ciencia noble, inherente a la inteligencia humana. Los políticos sí, porque en su nombre y en defensa de intereses que van desde los auténticos hasta los que defienden privilegios, han hecho que los ciudadanos se acerquen o se alejen de la política.
Al entrar en unos días al determinismo arbitrario del tiempo de los 200 y los 100 años, al culto de las efemérides y la justificación de las estatuas, bien podemos seguir atascados en nuestra falta de sentido o hacer del calendario un programa renovado de nación. La política es inherente al ejercicio de la ciudadanía. Los ciudadanos deben construir fuerzas políticas motrices, formar intelectuales críticos e independientes, que abran la economía, que den nivel al debate público y liberen del secuestro las reformas.
Lamentablemente, los poderes y los partidos quieren seguir como estamos, pues eso es la fuente de sus privilegios. Por fortuna, para los ciudadanos el mal es imperfecto y caerá pronto por decadente.
http://www.marcorascon.org/
Carta a Monseñor
Pedro Miguel
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera:
Usted y la mayor parte del alto clero están molestos por las reformas al Código Civil aprobadas en el Distrito Federal el 21 de diciembre, en virtud de las cuales dos personas del mismo sexo podrán unirse en matrimonio y gozar, en su condición de casados, de plena igualdad con las parejas heterosexuales constituidas ante el Registro Civil, incluido el ejercicio del derecho a la adopción de menores.
Comparto, en alguna medida, el malestar de ustedes: el matrimonio en general me parece una fórmula caduca, restrictiva y generadora de problemas en las relaciones amorosas. Encuentro, además, que la inclusión de una autoridad (sea juez o cura) en un ámbito tan íntimo como el del vínculo afectivo y erótico entre dos personas, así sea en calidad de testigo o garante, es un despropósito. Por ello, pongo distancia ante cualquier forma de promoción del matrimonio, independientemente de la raza, religión, nacionalidad, cultura, condición social, identidad de género y preferencias sexuales de los contrayentes.
Pero la vigencia y la defensa de los principios universales de la libertad y la igualdad me parecen mucho más importantes que la consideración anterior, personal y reconocidamente subjetiva, y no veo una razón por la cual el vínculo conyugal formal debiera prohibirse a gays, a lesbianas y a transexuales.
Estoy al tanto de las posturas eclesiales –formuladas por algunos padres de la iglesia, y consolidadas a lo largo de muchas centurias, hasta convertirlas en lo que el cardenal Lozano Barragán llama “palabra de Dios”– que pretenden reducir a los homosexuales a la condición de personas de segunda clase, a las cuales ha de privárseles de algunos derechos de los que gozan los heterosexuales. ¿Por qué? Porque, han sostenido ustedes, el amor erótico entre hombres y entre mujeres es “contra natura” (eso mismo me dijo un ilustre dignatario iraní al que conocí hace poco) y pone en riesgo a la sociedad en la medida en que se desentiende de la función reproductiva. Y si uno les replica que no es antinatural, y que están científicamente documentadas las prácticas homosexuales corrientes en centenares de especies de invertebrados, vertebrados y mamíferos superiores (véase, por ejemplo, Bagemihl, Bruce: Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, 1999), ustedes responden: “¡Ah, animalidad pura!”
Qué desacuerdo, Su Eminencia. A mi juicio, un verdadero peligro para la sociedad no es el coito entre dos hombres o entre dos mujeres, sino el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular, porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba “el pecado nefando de sodomía” tales como la hoguera, la castración en acto público, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes. En apenas cuatro siglos, la Iglesia se ha modernizado (lo admito sin cortapisas) y ha pasado de las parrilladas inquisitoriales (en tiempos más recientes, el reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, prescribía la matanza sistemática de homosexuales porque éstos, decía “pueden aniquilar a Alemania”) a la simple discriminación social y jurídica, pregonada por usted (La Jornada, 22/12/2009 y 28/12/09), y a la segregación celestial que estipuló Lozano Barragán (La Jornada, 3/12/2009). Toda atenuación de sadismos históricos ha de ser recibida con alivio y aplaudo, por mi parte, el patente esfuerzo de moderación.
Por lo que hace a las adopciones, Monseñor, me complace anunciarle una buena nueva: dicen los especialistas Maribel Nájera, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y Adrián Aldrete Quiñones, del Instituto de la Familia, que los niños adoptados por una pareja homosexual tiene las mismas probabilidades de verse afectados en su desarrollo integral que los menores que crecen en hogares formados por personas de sexos diferentes (Reforma, 27/12/2009). Más: “La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que agrupa a más de 50 asociaciones de educación, investigación y terapia sexual, afirmó que ‘ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, determinan la orientación sexual de los hijos, de acuerdo con numerosas investigaciones científicas internacionales según las cuales los hijos con padres o madres del mismo sexo no tienen por esta situación un desarrollo sicosexual negativo ni sufren daños a la salud mental’” (íbid).
El peligro de que un niño o una niña experimenten agresión sexual está en todas partes: en Internet, claro, y también, acaso, en un hogar formado por dos gays o por dos lesbianas; pero esa clase de violencia la hemos visto, desde siempre, en dominios de los poderosos económicos y políticos (recuerde Ud. la red de pederastas, formada por empresarios y funcionarios, evidenciada por Lydia Cacho), en familias ortodoxas y convencionales, en escuelas públicas o privadas y también, desde luego, en casas parroquiales, nunciaturas, seminarios y conventos.
Razonemos, señor Cardenal: no hay agresión ni barbarie que broten del amor, ya sea en su vertiente mística (agape), en su manifestación familiar y de compañerismo (storge) o en su expresión erótica; la violencia y el abuso sexual, derivan, en cambio, del ejercicio indebido de un poder (el del padre, el del cónyuge, el del maestro, el del guía espiritual, el del patrón...) sobre una persona vulnerable. Permítase, pues, que las familias se formen como puedan y por los caminos que sus integrantes decidan, sin exclusiones ni discriminaciones, y establézcase un compromiso verdadero contra las agresiones sexuales a menores, ocurran en donde ocurran, y sea cual sea la condición social, económica o religiosa de los agresores.
Le expreso, por último, buenos deseos para el año que comienza.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com/
Usted y la mayor parte del alto clero están molestos por las reformas al Código Civil aprobadas en el Distrito Federal el 21 de diciembre, en virtud de las cuales dos personas del mismo sexo podrán unirse en matrimonio y gozar, en su condición de casados, de plena igualdad con las parejas heterosexuales constituidas ante el Registro Civil, incluido el ejercicio del derecho a la adopción de menores.
Comparto, en alguna medida, el malestar de ustedes: el matrimonio en general me parece una fórmula caduca, restrictiva y generadora de problemas en las relaciones amorosas. Encuentro, además, que la inclusión de una autoridad (sea juez o cura) en un ámbito tan íntimo como el del vínculo afectivo y erótico entre dos personas, así sea en calidad de testigo o garante, es un despropósito. Por ello, pongo distancia ante cualquier forma de promoción del matrimonio, independientemente de la raza, religión, nacionalidad, cultura, condición social, identidad de género y preferencias sexuales de los contrayentes.
Pero la vigencia y la defensa de los principios universales de la libertad y la igualdad me parecen mucho más importantes que la consideración anterior, personal y reconocidamente subjetiva, y no veo una razón por la cual el vínculo conyugal formal debiera prohibirse a gays, a lesbianas y a transexuales.
Estoy al tanto de las posturas eclesiales –formuladas por algunos padres de la iglesia, y consolidadas a lo largo de muchas centurias, hasta convertirlas en lo que el cardenal Lozano Barragán llama “palabra de Dios”– que pretenden reducir a los homosexuales a la condición de personas de segunda clase, a las cuales ha de privárseles de algunos derechos de los que gozan los heterosexuales. ¿Por qué? Porque, han sostenido ustedes, el amor erótico entre hombres y entre mujeres es “contra natura” (eso mismo me dijo un ilustre dignatario iraní al que conocí hace poco) y pone en riesgo a la sociedad en la medida en que se desentiende de la función reproductiva. Y si uno les replica que no es antinatural, y que están científicamente documentadas las prácticas homosexuales corrientes en centenares de especies de invertebrados, vertebrados y mamíferos superiores (véase, por ejemplo, Bagemihl, Bruce: Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, 1999), ustedes responden: “¡Ah, animalidad pura!”
Qué desacuerdo, Su Eminencia. A mi juicio, un verdadero peligro para la sociedad no es el coito entre dos hombres o entre dos mujeres, sino el ayuntamiento entre el poder religioso y el secular, porque bajo ese maridaje han florecido métodos de lucha contra lo que el Santo Oficio llamaba “el pecado nefando de sodomía” tales como la hoguera, la castración en acto público, la confiscación de bienes, el calabozo y los azotes. En apenas cuatro siglos, la Iglesia se ha modernizado (lo admito sin cortapisas) y ha pasado de las parrilladas inquisitoriales (en tiempos más recientes, el reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, prescribía la matanza sistemática de homosexuales porque éstos, decía “pueden aniquilar a Alemania”) a la simple discriminación social y jurídica, pregonada por usted (La Jornada, 22/12/2009 y 28/12/09), y a la segregación celestial que estipuló Lozano Barragán (La Jornada, 3/12/2009). Toda atenuación de sadismos históricos ha de ser recibida con alivio y aplaudo, por mi parte, el patente esfuerzo de moderación.
Por lo que hace a las adopciones, Monseñor, me complace anunciarle una buena nueva: dicen los especialistas Maribel Nájera, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y Adrián Aldrete Quiñones, del Instituto de la Familia, que los niños adoptados por una pareja homosexual tiene las mismas probabilidades de verse afectados en su desarrollo integral que los menores que crecen en hogares formados por personas de sexos diferentes (Reforma, 27/12/2009). Más: “La Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que agrupa a más de 50 asociaciones de educación, investigación y terapia sexual, afirmó que ‘ni la homosexualidad, ni la heterosexualidad, ni la bisexualidad, determinan la orientación sexual de los hijos, de acuerdo con numerosas investigaciones científicas internacionales según las cuales los hijos con padres o madres del mismo sexo no tienen por esta situación un desarrollo sicosexual negativo ni sufren daños a la salud mental’” (íbid).
El peligro de que un niño o una niña experimenten agresión sexual está en todas partes: en Internet, claro, y también, acaso, en un hogar formado por dos gays o por dos lesbianas; pero esa clase de violencia la hemos visto, desde siempre, en dominios de los poderosos económicos y políticos (recuerde Ud. la red de pederastas, formada por empresarios y funcionarios, evidenciada por Lydia Cacho), en familias ortodoxas y convencionales, en escuelas públicas o privadas y también, desde luego, en casas parroquiales, nunciaturas, seminarios y conventos.
Razonemos, señor Cardenal: no hay agresión ni barbarie que broten del amor, ya sea en su vertiente mística (agape), en su manifestación familiar y de compañerismo (storge) o en su expresión erótica; la violencia y el abuso sexual, derivan, en cambio, del ejercicio indebido de un poder (el del padre, el del cónyuge, el del maestro, el del guía espiritual, el del patrón...) sobre una persona vulnerable. Permítase, pues, que las familias se formen como puedan y por los caminos que sus integrantes decidan, sin exclusiones ni discriminaciones, y establézcase un compromiso verdadero contra las agresiones sexuales a menores, ocurran en donde ocurran, y sea cual sea la condición social, económica o religiosa de los agresores.
Le expreso, por último, buenos deseos para el año que comienza.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com/
De arrogancias y aberraciones
José Blanco
Las iglesias andan trepando el cerro de la arrogancia desde que la ignorancia y el oportunismo político de los congresos estatales les han dado los aparejos necesarios. Desde ese pedestal aberrante hablan hoy sobre las decisiones de la ALDF que buscan corregir una de tantas discriminaciones que pueblan la república.
El prelado Norberto Rivera fue como siempre profuso en descalificativos cuando siente que son atacados sus anacrónicos dogmas: ruina, soberbia, perversidad, aberración, fueron algunos de los que espetó para referirse a las reformas legales sobre el matrimonio, con adopción, de los homosexuales. Algo semejante dijo el obispo de la farándula Onésimo Cepeda, aunque ignoro si fue en una fiesta de sociales, en una parranda, en una corrida taurina, o jugando al golf, deporte que, seguramente, practican sus fieles de Ecatepec.
No sólo en México las iglesias andan con esas aberraciones. El cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles dijo en una entrevista a TV3 que “obedecer antes la ley que a la conciencia lleva a Auschwitz”. Y agregó, con toda la ignorancia y la desmesurada proclividad por la discriminación propia del ethos religioso: “Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia”. Vaya intento de tomadura de pelo la del cardenal catalán: debemos creer que sus dotes divinas le permitieron ver –aún post mortem– el estado de las conciencias de cada uno de los miles de militares alemanes que asesinaron judíos. O bien nos los pinta como ejemplares ciudadanos que obedecen la ley más allá de su conciencia.
No sabe el cardenal que el Estado nazi no era un estado de derecho, por cuanto había alemanes judíos, que no tenían derechos, frente a los alemanes no judíos. En un estado brutalmente inicuo como ese, por supuesto, cabría la objeción de conciencia frente a la ley, aunque el riesgo habría sido mortal. Un estado de derecho, para serlo, entre otras cosas tiene que eliminar toda forma de discriminación, y la de los judíos era una discriminación extrema.
En sociedades simples, inscritas en un estado de derecho, es posible que, para determinadas circunstancias, quepa la objeción de conciencia. Puede así establecerse la excepción. Pero para las sociedades que han devenido complejas, heterogéneas, plurales, eso no basta porque lo regular, sociológicamente hablando, es la mezcla viva y contemporánea de los distintos. La ley tiene que reconocerlo so pena de caer en formas diversas de inadmisible discriminación, como las que se viven en México.
Es claro que el mexicano es un Estado al que le faltan numerosas reformas –especialmente en el tema de la discriminación–, para ser un estado de derecho. Para nadie es un secreto que en México existen formas diversas de ese horror inadmisible que es la discriminación: contra las mujeres, contra los indígenas, contra formas de relación no heterosexual, contra quienes padecen algún tipo de incapacidad.
Las reformas aprobadas por la ALDF son un breve paso más hacia el estado de derecho sensu stricto, pero por lo visto las iglesias no pueden abandonar su índole discriminante y autoritaria. Son ciegas al mundo existente; sólo saben expedir licencias de validez celestial a quienes siguen sus arcaicos delirios morales sobre un decrépito deber ser, pero... el Estado laico está para impedir que nadie imponga su visión del mundo al conjunto de la sociedad. El Estado somos todos, y esos todos somos muy diversos.
Lean Onésimo y Norberto las tesis del ultracatólico filósofo italiano Rocco Buttiglione, nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea. Sometido a examen por los eurodiputados de cara a ese nombramiento, mantuvo esta postura: la homosexualidad, dijo, “es un pecado índice de desorden moral”; argumentó recordando la diferencia establecida por Kant entre moralidad y ley. “Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse”, dijo. “Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia”; y declaró categóricamente: somos “una comunidad de ciudadanos” en la que podemos tener “opiniones distintas”. “El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea”.
Los curas Onésimo y Norberto pueden pensar y expresar lo que quieran, pero es su obligación, como la de cualquier ciudadano, someterse a la disposición de la ley.
Una enumeración rápida incluiría: la familia nuclear (una madre, un padre y unos hijos); la familia extensa; la familia estable, con o sin hijos, y sin matrimonio; la monoparental (en algunos casos resultado de hijos procreados por curas); la integrada por personas del mismo sexo; las familias alternativas colectivas que conviven bajo el mismo techo. Agregue usted que las tecnologías médicas actuales permiten arreglos para la procreación que dan lugar a numerosos tipos de familia y de parentescos distintos al de la familia nuclear.
Son, los anteriores, conceptos sociológicos referidos a otras tantas realidades. Toca al legislador entender esas realidades y legislar en consecuencia. Pero estos curas tienen la lunática creencia de que sus anacronismos morales deben convertirse en la ley.
Todos los ciudadanos deben tener el derecho a formar el tipo de familia que prefieran.
El prelado Norberto Rivera fue como siempre profuso en descalificativos cuando siente que son atacados sus anacrónicos dogmas: ruina, soberbia, perversidad, aberración, fueron algunos de los que espetó para referirse a las reformas legales sobre el matrimonio, con adopción, de los homosexuales. Algo semejante dijo el obispo de la farándula Onésimo Cepeda, aunque ignoro si fue en una fiesta de sociales, en una parranda, en una corrida taurina, o jugando al golf, deporte que, seguramente, practican sus fieles de Ecatepec.
No sólo en México las iglesias andan con esas aberraciones. El cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Ricard Maria Carles dijo en una entrevista a TV3 que “obedecer antes la ley que a la conciencia lleva a Auschwitz”. Y agregó, con toda la ignorancia y la desmesurada proclividad por la discriminación propia del ethos religioso: “Porque no eran delincuentes los que hicieron Auschwitz, sino gente a la que se forzó o que creyó que tenía que obedecer primero las leyes del Gobierno nazi que a su conciencia”. Vaya intento de tomadura de pelo la del cardenal catalán: debemos creer que sus dotes divinas le permitieron ver –aún post mortem– el estado de las conciencias de cada uno de los miles de militares alemanes que asesinaron judíos. O bien nos los pinta como ejemplares ciudadanos que obedecen la ley más allá de su conciencia.
No sabe el cardenal que el Estado nazi no era un estado de derecho, por cuanto había alemanes judíos, que no tenían derechos, frente a los alemanes no judíos. En un estado brutalmente inicuo como ese, por supuesto, cabría la objeción de conciencia frente a la ley, aunque el riesgo habría sido mortal. Un estado de derecho, para serlo, entre otras cosas tiene que eliminar toda forma de discriminación, y la de los judíos era una discriminación extrema.
En sociedades simples, inscritas en un estado de derecho, es posible que, para determinadas circunstancias, quepa la objeción de conciencia. Puede así establecerse la excepción. Pero para las sociedades que han devenido complejas, heterogéneas, plurales, eso no basta porque lo regular, sociológicamente hablando, es la mezcla viva y contemporánea de los distintos. La ley tiene que reconocerlo so pena de caer en formas diversas de inadmisible discriminación, como las que se viven en México.
Es claro que el mexicano es un Estado al que le faltan numerosas reformas –especialmente en el tema de la discriminación–, para ser un estado de derecho. Para nadie es un secreto que en México existen formas diversas de ese horror inadmisible que es la discriminación: contra las mujeres, contra los indígenas, contra formas de relación no heterosexual, contra quienes padecen algún tipo de incapacidad.
Las reformas aprobadas por la ALDF son un breve paso más hacia el estado de derecho sensu stricto, pero por lo visto las iglesias no pueden abandonar su índole discriminante y autoritaria. Son ciegas al mundo existente; sólo saben expedir licencias de validez celestial a quienes siguen sus arcaicos delirios morales sobre un decrépito deber ser, pero... el Estado laico está para impedir que nadie imponga su visión del mundo al conjunto de la sociedad. El Estado somos todos, y esos todos somos muy diversos.
Lean Onésimo y Norberto las tesis del ultracatólico filósofo italiano Rocco Buttiglione, nominado en 2004 a la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia de la Unión Europea. Sometido a examen por los eurodiputados de cara a ese nombramiento, mantuvo esta postura: la homosexualidad, dijo, “es un pecado índice de desorden moral”; argumentó recordando la diferencia establecida por Kant entre moralidad y ley. “Muchas cosas pueden considerarse inmorales que no pueden prohibirse”, dijo. “Yo puedo pensar que la homosexualidad es un pecado, pero eso no tiene una repercusión sobre la política. De la misma forma que pueden pensar que soy un pecador pero no tiene ninguna consecuencia”; y declaró categóricamente: somos “una comunidad de ciudadanos” en la que podemos tener “opiniones distintas”. “El Estado no tiene ningún derecho de meterse en estos temas y nadie tiene que ser discriminado, como se recoge en el Tratado y en la Constitución europea”.
Los curas Onésimo y Norberto pueden pensar y expresar lo que quieran, pero es su obligación, como la de cualquier ciudadano, someterse a la disposición de la ley.
Una enumeración rápida incluiría: la familia nuclear (una madre, un padre y unos hijos); la familia extensa; la familia estable, con o sin hijos, y sin matrimonio; la monoparental (en algunos casos resultado de hijos procreados por curas); la integrada por personas del mismo sexo; las familias alternativas colectivas que conviven bajo el mismo techo. Agregue usted que las tecnologías médicas actuales permiten arreglos para la procreación que dan lugar a numerosos tipos de familia y de parentescos distintos al de la familia nuclear.
Son, los anteriores, conceptos sociológicos referidos a otras tantas realidades. Toca al legislador entender esas realidades y legislar en consecuencia. Pero estos curas tienen la lunática creencia de que sus anacronismos morales deben convertirse en la ley.
Todos los ciudadanos deben tener el derecho a formar el tipo de familia que prefieran.
28 dic 2009
Tercera, última llamada
Gustavo Esteva
Este miércoles 30 empezará en San Cristóbal un seminario internacional de reflexión y análisis. Se presentará ahí el libro que recoge las intervenciones en el coloquio internacional en memoria de Andrés Aubry que tuvo lugar hace poco más de dos años. Se prolongará hasta el 2 de enero, por lo que es también, sin proponérselo, una celebración del aniversario zapatista.
En el inmenso legado de Andrés destaca especialmente Chiapas a contrapelo, que es sobre todo una agenda de trabajo. La publicó en 2005 –dos años antes del infortunado accidente, el 20 de septiembre de 2007, ocurrido cuando se aprestaba a viajar 3 mil kilómetros, manejando su automóvil, para asistir al Encuentro de los Pueblos de América, en Vícam, Sonora, y alcanzar a la otra. Estaba celebrando sus 80 años…
Acostumbrado a empacar en el presente el pasado y el futuro, Andrés tenía de por sí anticipaciones notables. Vio con claridad lo que se venía.
“Estos tiempos terribles y militarizados dibujan una crisis. Nada funciona porque nada puede funcionar como antes; esta crisis no se parece a las muchas en que la pericia del sistema supo sortearlas, ya tiene visos de estar en la fase terminal.” No sabemos “si es solamente un escalón del declive caótico del sistema, el anuncio de un colapso, o la lenta agonía de los robustos longevos”, piensa Andrés. Pero sabemos que es “un tiempo de transición” y que “ya se divisa un después”.
Son “instantes de peligro”, un trágico “momento de oscilación”, porque algo que era indispensable para el funcionamiento del sistema “se está quebrando o desestabilizando”. Se trata, empero, de dolores de parto. Viene “algo nuevo, tierno, vulnerable, frágil, pero inevitablemente otro: un mundo nuevo”.
El viento sopla a nuestro favor. Estamos ante el relámpago “que ilumina al sujeto histórico en el instante de peligro, porque son tiempos en los que la libertad y la iniciativa tienen más oportunidad exitosa que en las crisis rutinarias de los periodos de robustez sistémica. Este momento fugaz e irrepetible solicita la responsabilidad y el compromiso, porque es el de la elección… que normará otro orden mundial, aquel del cambio social”. Todo depende de que se logre “la elección que se hace colectivamente”. Todo es cuestión “del tino con que se viva este tiempo irrepetible”.
Es hora de Chiapas, Chiapas pivote, Chiapas bisagra, Chiapas puente ístmico… “Lo que será es imprevisible, tan sólo se puede inferir que el futuro de Chiapas, y de todos los Chiapas del mundo, depende del tipo de mundo elegido en este momento excepcional.”
Necesitamos como nunca la memoria. “Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence.” Si se apaga nuestra memoria, “los muertos que construyeron nuestra historia no tienen cómo interpelarnos”.
Para tomar con tino la decisión en este tiempo único, necesitamos pensar el mundo desde el sujeto histórico formado en el lento proceso de acumulación de fuerzas. Entre quienes lo forman están algunos que han vivido siempre en crisis: han participado activamente en la guerra más larga de la historia, una guerra de 515 años. Otros son recién llegados: fueron creados por la estrategia neoliberal. Sus memorias son diferentes, pero su experiencia es similar. El grado de destrucción y estupidez a que ha llegado el sistema no tiene precedentes. La degradación moral de las clases políticas alcanzó ya extremos insoportables.
El sujeto histórico, esa agregación variopinta y multiforme de los oprimidos de siempre, enfrentó en los 90 otro instante de peligro. El alzamiento zapatista fue el relámpago que le permitió despertar, como reconocieron todos los movimientos antisistémicos en Seattle, hace 10 años, cuando tomó la calle una peculiar coalición de anarquistas, ambientalistas, sindicalistas, monjas, gays, chicanos, indígenas y muchos más. Parecían venir de ninguna parte, pero procedían de multitud de movimientos sociales bien experimentados que empezaron finalmente a vincularse, sufrieron sus propias crisis internas y preparan ahora, desde sus tejidos locales, nuevas propuestas de acción.
La segunda llamada llegó en 2005. El zapatismo puso en riesgo cuando había conseguido para impulsar una alternativa eficaz a la obsesión electoral, que atraía de nuevo la atención pública en México y otros países latinoamericanos. Contra toda experiencia, se abrigaba de nuevo la ilusión de que bastaba un líder carismático y un diseño de ingeniería social para generar el cambio. Parecía posible renovar la desprestigiada tradición estatalista. Fue una llamada urgente y ruda que muchos no quisieron escuchar, entretenidos con el canto de las sirenas electorales.
Ha llegado el momento de la tercera y última llamada. Es la hora de comenzar. Como dijo el Sup, “al menos una vez, cada siglo, el pueblo mexicano dice No”.
gustavoesteva@gmail.com
En el inmenso legado de Andrés destaca especialmente Chiapas a contrapelo, que es sobre todo una agenda de trabajo. La publicó en 2005 –dos años antes del infortunado accidente, el 20 de septiembre de 2007, ocurrido cuando se aprestaba a viajar 3 mil kilómetros, manejando su automóvil, para asistir al Encuentro de los Pueblos de América, en Vícam, Sonora, y alcanzar a la otra. Estaba celebrando sus 80 años…
Acostumbrado a empacar en el presente el pasado y el futuro, Andrés tenía de por sí anticipaciones notables. Vio con claridad lo que se venía.
“Estos tiempos terribles y militarizados dibujan una crisis. Nada funciona porque nada puede funcionar como antes; esta crisis no se parece a las muchas en que la pericia del sistema supo sortearlas, ya tiene visos de estar en la fase terminal.” No sabemos “si es solamente un escalón del declive caótico del sistema, el anuncio de un colapso, o la lenta agonía de los robustos longevos”, piensa Andrés. Pero sabemos que es “un tiempo de transición” y que “ya se divisa un después”.
Son “instantes de peligro”, un trágico “momento de oscilación”, porque algo que era indispensable para el funcionamiento del sistema “se está quebrando o desestabilizando”. Se trata, empero, de dolores de parto. Viene “algo nuevo, tierno, vulnerable, frágil, pero inevitablemente otro: un mundo nuevo”.
El viento sopla a nuestro favor. Estamos ante el relámpago “que ilumina al sujeto histórico en el instante de peligro, porque son tiempos en los que la libertad y la iniciativa tienen más oportunidad exitosa que en las crisis rutinarias de los periodos de robustez sistémica. Este momento fugaz e irrepetible solicita la responsabilidad y el compromiso, porque es el de la elección… que normará otro orden mundial, aquel del cambio social”. Todo depende de que se logre “la elección que se hace colectivamente”. Todo es cuestión “del tino con que se viva este tiempo irrepetible”.
Es hora de Chiapas, Chiapas pivote, Chiapas bisagra, Chiapas puente ístmico… “Lo que será es imprevisible, tan sólo se puede inferir que el futuro de Chiapas, y de todos los Chiapas del mundo, depende del tipo de mundo elegido en este momento excepcional.”
Necesitamos como nunca la memoria. “Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence.” Si se apaga nuestra memoria, “los muertos que construyeron nuestra historia no tienen cómo interpelarnos”.
Para tomar con tino la decisión en este tiempo único, necesitamos pensar el mundo desde el sujeto histórico formado en el lento proceso de acumulación de fuerzas. Entre quienes lo forman están algunos que han vivido siempre en crisis: han participado activamente en la guerra más larga de la historia, una guerra de 515 años. Otros son recién llegados: fueron creados por la estrategia neoliberal. Sus memorias son diferentes, pero su experiencia es similar. El grado de destrucción y estupidez a que ha llegado el sistema no tiene precedentes. La degradación moral de las clases políticas alcanzó ya extremos insoportables.
El sujeto histórico, esa agregación variopinta y multiforme de los oprimidos de siempre, enfrentó en los 90 otro instante de peligro. El alzamiento zapatista fue el relámpago que le permitió despertar, como reconocieron todos los movimientos antisistémicos en Seattle, hace 10 años, cuando tomó la calle una peculiar coalición de anarquistas, ambientalistas, sindicalistas, monjas, gays, chicanos, indígenas y muchos más. Parecían venir de ninguna parte, pero procedían de multitud de movimientos sociales bien experimentados que empezaron finalmente a vincularse, sufrieron sus propias crisis internas y preparan ahora, desde sus tejidos locales, nuevas propuestas de acción.
La segunda llamada llegó en 2005. El zapatismo puso en riesgo cuando había conseguido para impulsar una alternativa eficaz a la obsesión electoral, que atraía de nuevo la atención pública en México y otros países latinoamericanos. Contra toda experiencia, se abrigaba de nuevo la ilusión de que bastaba un líder carismático y un diseño de ingeniería social para generar el cambio. Parecía posible renovar la desprestigiada tradición estatalista. Fue una llamada urgente y ruda que muchos no quisieron escuchar, entretenidos con el canto de las sirenas electorales.
Ha llegado el momento de la tercera y última llamada. Es la hora de comenzar. Como dijo el Sup, “al menos una vez, cada siglo, el pueblo mexicano dice No”.
gustavoesteva@gmail.com
Las lecciones del caso Beltrán Leyva
John M. Ackerman
Es hora de deshacerse de los discursos grandilocuentes y los golpes mediáticos para iniciar con seriedad y compromiso una nueva etapa en el combate al narcotráfico. El asesinato de Arturo Beltrán Leyva no fue el primer paso en una victoria” emergente contra la delincuencia organizada, sino únicamente un ejemplo más del carácter rudimentario e ilegal de la estrategia de Felipe Calderón, quien ha declarado que su “objetivo supremo es hacer que la justicia legítima del estado de derecho prevalezca sobre la acción violenta, arbitraria y cobarde de los criminales.” Sin embargo, en los hechos su gobierno actúa con la misma violencia, arbitrariedad y cobardía que los delincuentes que dice perseguir.
Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.
El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en “las zonas marinas mexicanas”, situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.
Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una “afectación a la seguridad nacional” que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de “ajuste estructural”, que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.
Mientras tanto, Calderón presenta como “logros” de su “guerra” cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?
La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: “A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes”. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
http://www.johnackerman.blogspot.com/
Queda claro que el operativo no se realizó con la intención de detener a Beltrán Leyva, sino de matarlo. Más allá de lo denigrante y la sospechosa manipulación del cuerpo sin vida del narcotraficante, la alteración ilegal de la escena del crimen también asegura que nunca sabremos exactamente cómo murió el llamado Jefe de jefes. ¿Lo alcanzó una bala certera de un Rambo altamente adiestrado mientras el capo se apuntaba con su pistola por la ventana, tal como ocurre en las películas de Hollywood? O, de lo contrario, ¿fue Beltrán ultimado por un tiro de gracia de un marine con sed de venganza, emocionado de encontrarse cara a cara con su rival (y cómplice)? Para esclarecer estas dudas, el gobierno federal y el gobierno del estado de Morelos deberían dar a conocer inmediatamente los resultados de las necropsias que se hayan realizado a los cuerpos muertos en el operativo.
El papel que se asignó a los infantes de marina en el operativo fue a todas luces ilegal. El artículo segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México señala que la fuerza naval únicamente puede intervenir en “las zonas marinas mexicanas”, situación que evidentemente no se aplica en Cuernavaca y menos en el conjunto habitacional Altitude. Asimismo, el artículo 129 de la Constitución dice a la letra que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. En su interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al señalar que implica una prohibición tajante a que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para labores diferentes a las explícitamente autorizadas por la ley.
Consciente de la evidente ilegalidad que aqueja su estrategia de combate a la delincuencia organizada, en días pasados el gobierno de Calderón ha buscado revivir un par de iniciativas entregadas hace unos meses al Senado de la República. Una iniciativa reformaría la Ley Orgánica de la Armada para ampliar el ámbito de intervención de la infantería de marina. Otra propuesta cambiaría la Ley de Seguridad Nacional facultando al Poder Ejecutivo a declarar de manera unilateral una “afectación a la seguridad nacional” que permitiría suspender nuestras garantías fundamentales cuando fuera necesario. Esta iniciativa violaría de manera flagrante el artículo 29 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a recibir autorización del Congreso antes de tomar este tipo de medidas.
Desde luego que el Senado debería rechazar estas iniciativas e ir más allá. Los senadores deberían considerar presentar una controversia constitucional en contra de los constantes atropellos de Calderón al estado democrático de derecho en su lucha contra la delincuencia organizada. Al utilizar a las fuerzas armadas para actividades que no le son propias, el Presidente de la República se adjudica facultades que no le corresponden y así invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
Otro elemento que demuestra la falta de seriedad de la lucha de Calderón contra el narcotráfico es la total ausencia de indicadores efectivos de desempeño. Desde hace tres años, el gobierno ha insistido en que antes de que la situación se mejore, primero tendría que empeorar. Esta historia ya la conocemos los mexicanos después de décadas de estrategias de “ajuste estructural”, que supuestamente también dolerían en el corto plazo pero rendirían grandes frutos a largo plazo.
Mientras tanto, Calderón presenta como “logros” de su “guerra” cada detención de un presunto narcotraficante –independientemente de que lleguen a ser sentenciados por la justicia federal– y cada decomiso de armas, aunque sea irrelevante, dado el vasto arsenal de los delincuentes. ¿Cuándo nos presentará Felipe Calderón compromisos firmes, objetivos específicos y una metodología rigurosa para medir su cumplimiento?
La semana pasada, se autoproclamó el nuevo héroe de la patria, equivalente a José María Morelos y Miguel Hidalgo: “A la generación de 1810, que encabezaron Hidalgo y Morelos, les tocó conquistar con valentía y audacia los derechos de los mexicanos. A nosotros, la generación del bicentenario, nos corresponde proteger con todas nuestras fuerzas y con todo el poder del Estado este patrimonio invaluable por el cual ofrendaron su vida nuestros héroes”. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras y demuestran que hoy los derechos de los mexicanos no están a salvo, sino en grave peligro en manos de Felipe Calderón Hinojosa.
http://www.johnackerman.blogspot.com/
E D I T O R I A L
Rivera Carrera y la cruzada antisecular
En la homilía que pronunció ayer en la Catedral Metropolitana, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, dijo que la institución familiar ha sido agredida por la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio entre el hombre y la mujer”, y agregó que la reciente legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo –aprobada hace una semana por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)– implica “ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad”.
La postura no es nueva. El mismo día en que el organismo legislativo capitalino aprobó las reformas legales al Código Civil para permitir los casamientos entre personas del mismo sexo, el arzobispado metropolitano calificó tal medida de “perversa, arbitraria, soberbia y aberrante”, y opinó que “llevará a la ruina a la sociedad”. Tampoco se trata de una posición exclusiva de la jerarquía eclesiástica católica: similares expresiones de rechazo han manifestado otros cultos cristianos, así como algunos membretes seculares ultramontanos.
Esas y otras reacciones adversas, y hasta sulfúricas, contra la medida de la ALDF, tienen en común un basamento de arquetipos limitados, antiguos y falsos sobre la familia, el individuo y la sociedad, así como nociones reaccionarias, antidemocráticas e incluso totalitarias acerca de la relación entre la moral religiosa y el derecho, e ignoran, deliberadamente o no, que la primera rige el comportamiento de un conjunto limitado de individuos, definido, entre otros factores, por esa misma moral, en tanto la legislación nacional debe ser incluyente y respetar la diversidad y la libertad políticas, culturales, religiosas y sexuales de la población.
Más allá de esas consideraciones, es alarmante que pronunciamientos ideológicos como el formulado ayer por Rivera Carrera hayan logrado cuajar en una suerte de santa alianza entre los partidos que comparten en los hechos el poder nacional, el PRI y el PAN, para intentar una verdadera restauración prejuarista que se expresa en la penalización constitucional del aborto en casi una veintena de estados, con la consiguiente liquidación de derechos sexuales y reproductivos. Por lo que hace al Distrito Federal, esa alianza pretende lanzar una ofensiva judicial para invalidar la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No es sorprendente que Acción Nacional se haya empeñado, en los nueve años en los que ha detentado la Presidencia, en inducir una regresión histórica en materia de secularidad. Tampoco asombra que el Partido Verde Ecologista de México, dispuesto a abrazar cualquier causa con tal de ganar votos –y prerrogativas procedentes del erario–, se haya sumado a la cruzada antisecular. Pero que el Revolucionario Institucional participe en tal empeño constituye una traición a sus postulados básicos y una afrentosa expresión de hipocresía electorera. Cuando cabría esperar una mínima congruencia del partido que se ostenta como heredero del nacionalismo revolucionario y de los principios republicanos plasmados en las constituciones de 1857 y 1917, esa agrupación, cuyo Comité Ejecutivo Nacional encabeza una mujer, se afilia a la campaña de criminalización de la libertad sexual y reproductiva –que golpea principalmente a las mujeres– y de exclusión de las minorías. En vez de propiciar entre los votantes una evolución de las mentalidades, el PRI busca pescar votos en las aguas más oscurantistas y prejuiciadas, en las cuales se confunden electorados y feligresías, y participa activamente en contrarreformas legales que implican socavar el principio de separación entre Iglesia y Estado.
A la larga, los empeños por impedir –vía judicial– que la sociedad mexicana evolucione y transite a la modernidad, están condenados al fracaso. Pero, en lo inmediato, las legislaciones regresivas en materia de derechos reproductivos y de género, así como las campañas contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital de la República, conllevan la validación de un sufrimiento injustificable para muchos miles de mujeres y de una discriminación repulsiva e inhumana para homosexuales y lesbianas. Los feligreses y los electores tienen ante sí una disyuntiva insoslayable.
La postura no es nueva. El mismo día en que el organismo legislativo capitalino aprobó las reformas legales al Código Civil para permitir los casamientos entre personas del mismo sexo, el arzobispado metropolitano calificó tal medida de “perversa, arbitraria, soberbia y aberrante”, y opinó que “llevará a la ruina a la sociedad”. Tampoco se trata de una posición exclusiva de la jerarquía eclesiástica católica: similares expresiones de rechazo han manifestado otros cultos cristianos, así como algunos membretes seculares ultramontanos.
Esas y otras reacciones adversas, y hasta sulfúricas, contra la medida de la ALDF, tienen en común un basamento de arquetipos limitados, antiguos y falsos sobre la familia, el individuo y la sociedad, así como nociones reaccionarias, antidemocráticas e incluso totalitarias acerca de la relación entre la moral religiosa y el derecho, e ignoran, deliberadamente o no, que la primera rige el comportamiento de un conjunto limitado de individuos, definido, entre otros factores, por esa misma moral, en tanto la legislación nacional debe ser incluyente y respetar la diversidad y la libertad políticas, culturales, religiosas y sexuales de la población.
Más allá de esas consideraciones, es alarmante que pronunciamientos ideológicos como el formulado ayer por Rivera Carrera hayan logrado cuajar en una suerte de santa alianza entre los partidos que comparten en los hechos el poder nacional, el PRI y el PAN, para intentar una verdadera restauración prejuarista que se expresa en la penalización constitucional del aborto en casi una veintena de estados, con la consiguiente liquidación de derechos sexuales y reproductivos. Por lo que hace al Distrito Federal, esa alianza pretende lanzar una ofensiva judicial para invalidar la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No es sorprendente que Acción Nacional se haya empeñado, en los nueve años en los que ha detentado la Presidencia, en inducir una regresión histórica en materia de secularidad. Tampoco asombra que el Partido Verde Ecologista de México, dispuesto a abrazar cualquier causa con tal de ganar votos –y prerrogativas procedentes del erario–, se haya sumado a la cruzada antisecular. Pero que el Revolucionario Institucional participe en tal empeño constituye una traición a sus postulados básicos y una afrentosa expresión de hipocresía electorera. Cuando cabría esperar una mínima congruencia del partido que se ostenta como heredero del nacionalismo revolucionario y de los principios republicanos plasmados en las constituciones de 1857 y 1917, esa agrupación, cuyo Comité Ejecutivo Nacional encabeza una mujer, se afilia a la campaña de criminalización de la libertad sexual y reproductiva –que golpea principalmente a las mujeres– y de exclusión de las minorías. En vez de propiciar entre los votantes una evolución de las mentalidades, el PRI busca pescar votos en las aguas más oscurantistas y prejuiciadas, en las cuales se confunden electorados y feligresías, y participa activamente en contrarreformas legales que implican socavar el principio de separación entre Iglesia y Estado.
A la larga, los empeños por impedir –vía judicial– que la sociedad mexicana evolucione y transite a la modernidad, están condenados al fracaso. Pero, en lo inmediato, las legislaciones regresivas en materia de derechos reproductivos y de género, así como las campañas contra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital de la República, conllevan la validación de un sufrimiento injustificable para muchos miles de mujeres y de una discriminación repulsiva e inhumana para homosexuales y lesbianas. Los feligreses y los electores tienen ante sí una disyuntiva insoslayable.
26 dic 2009
Reforma política y engaño ciudadano
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales.
Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares.
Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”.
Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales.
Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición.
Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”.
No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo.
Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.
MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- El decálogo de reforma política presentado por Felipe Calderón la semana pasada implica más continuidad que cambio. Con su iniciativa, el presidente de la República no hace más que repetir la vieja tradición establecida durante el largo reino del partido de Estado de presentar periódicamente grandes “reformas políticas” que, si bien aparentan cierta apertura democrática, en los hechos buscan inclinar a su favor la balanza del poder político.
Habría que aplaudir que después de nueve años de gobiernos de la alternancia, un presidente panista finalmente se haya atrevido a proponer importantes reformas al Estado mexicano. Con ello se abre una coyuntura muy positiva para establecer un debate nacional sobre el tema. Sin embargo, el paquete de reformas presentado por Calderón es una propuesta coyuntural, parcial y cortoplacista.
El texto de la iniciativa proclama que sus dos objetivos centrales son “fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político” y “consolidar nuestras instituciones”. Pero en realidad los principales fines son el fortalecimiento del vínculo entre “los votantes” y el “PAN”, la destrucción de las bases de apoyo del PRI y del PRD y una compensación institucional por la falta de legitimidad e influencia pública con la que cuenta el actual presidente. En suma, el partido en el gobierno busca lograr por medio de reformas legales lo que no ha podido conseguir ni en las urnas y ni con el cotidiano ejercicio del poder.
El presidente sabe muy bien que el establecimiento de la reelección legislativa y las candidaturas ciudadanas favorecerían a su partido y a los poderes fácticos que lo respaldan. Con una perspectiva de 12 años en el poder para los legisladores, y ante la desidia del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de fiscalización, las televisoras y los grandes empresarios del país podrían cobrar mucho más caro su apoyo a las campañas electorales.
Es falso que la reelección funcione como una especie de llave mágica obligando a los legisladores a acercarse a la ciudadanía. Al contrario, la experiencia en Estados Unidos demuestra que con la reelección los legisladores se convierten en rehenes de sus patrocinadores y otros grupos de presión. En lugar de comunicarse con sus bases, buscan aprovechar sus mandatos extendidos para consolidar los pactos cupulares.
Por su parte, con la aprobación de las candidaturas ciudadanas cualquier empresario o medio de comunicación lanzará a su actor o cuñado favorito para representar sus intereses en el Congreso de la Unión. Gracias a Calderón, por fin tendríamos una gran diversidad de personajes como el doctor Simi, Ross Perot y Jorge Castañeda, entre los cuales podremos elegir a nuestro nuevo “líder máximo de la revolución ciudadana”.
Esta figura aparentemente “progresista” también podría convertirse fácilmente en el pretexto perfecto para desmantelar el sistema de financiamiento público que nos hemos dado en México. La iniciativa de Calderón dice que cualquier persona con el respaldo de 1% del electorado correspondiente podrá registrarse como candidato a algún cargo de elección popular. Pero surgen algunas preguntas obligadas: ¿Qué controles habría sobre el financiamiento de la “precampaña” necesaria para conseguir estas firmas? ¿Una vez inscrito, el candidato tendrá derecho a financiamiento público o podrá financiar su campaña de su propio bolsillo o con patrocinadores externos? De manera irresponsable y sospechosa, la iniciativa del presidente no dice nada con respecto a estos puntos centrales.
Llama la atención que mientras el presidente busca abrir el espacio para las “candidaturas ciudadanas”, simultáneamente intenta eliminar la pluralidad que ofrecen los partidos chicos al elevar el umbral para mantener el registro de 2% a 4%. Esta propuesta tiene una evidente dedicatoria hacia los partidos obradoristas, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia, cuya presencia legislativa ha implicado una constante piedra en el zapato para Calderón. Antes, bajo el régimen del partido del Estado, se hacían reformas políticas para fomentar la creación de los “partidos satélite” que terminarían por respaldar al partido del gobierno. Ahora que estos partidos ya no le son útiles al régimen en el poder, la gran “reforma política” se propone su desaparición.
Con respecto a la iniciativa ciudadana de leyes, esto tampoco implicaría un acercamiento real de la ciudadanía a la población, ya que las propuestas que resultaran se quedarían en meros llamados a misa. Si realmente se quiere fortalecer el poder ciudadano, habría que contemplar otras figuras de participación ciudadana, como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.
Otro elemento sumamente problemático de la propuesta de Calderón es la drástica expansión de poderes legislativos que se busca adjudicar al presidente. Las “iniciativas preferentes” con su “positiva ficta” que automáticamente convertirían en ley una iniciativa presidencial, la facultad de veto presidencial tanto al presupuesto como a la ley de ingresos, y la posibilidad de vetar parcialmente desde frases y cláusulas específicas de cualquier ley (el famoso “veto de bolsillo” o line-item veto) convertirían al presidente de la República en el “Gran Legislador de la Federación”.
No hay duda de que urge cambiar radicalmente el sistema político, pero lo que propone Calderón no es una ambiciosa agenda de reformas estructurales que necesita nuestro país, sino una serie de propuestas parciales diseñadas más para distraer la atención mediática y beneficiar a los poderes fácticos que para articular un debate profundo.
Algunas reformas de mayor calado serían, por ejemplo, someter a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a un estricto régimen de transparencia, establecer una nueva Ley de Partidos, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría General de la República, facultar al Congreso de la Unión para aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como aprobar los nombramientos del gabinete legal, entre otras numerosas propuestas que han sido desarrollados por académicos, políticos y líderes de la sociedad civil en las últimas dos décadas. La buena noticia es que el debate apenas se inicia.
Miguel Carbonell y la izquierda que México necesita
Federico Arreola
Voy a debatir, en tuiter, con Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del área de derecho constitucional del mismo. A partir de las 10:00 AM intercambiaremos puntos de vista en ese entretenimiento de internet bajo el lema #IzqMx.
El doctor Carbonell es un abogado joven que posee muy buen prestigio. Estudió su carrera en la UNAM y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005, “siendo uno de los más jóvenes científicos del país en alcanzar ese nivel”, dice su biografía oficial en la red.
Al margen de si un jurista debe ser considerado científico (pienso que no), la parte por lo menos exagerada de su currículum es la siguiente: “Autor de 33 libros y coordinador o compilador de otras 38 obras… Ha publicado más de 330 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay… Ha dictado más de 570 cursos y conferencias en México y otros países”.
Con respeto para el doctor Carbonell, debo decirle que eso puede ser útil para impresionar a universitarias impresionables, pero yo no me la creo, lo que afirmo solo para equilibrar el debate: No quiero ser aplastado por el prestigio gigantesco de alguien con tanta obra publicada.
Si Carbonell fuese un hombre de más 100 años de edad, eso podría ser creíble: pero él tendrá unos 40 años de vida o menos aún. Así las cosas, las cuentas no salen. Y lo reto a que las haga.
Escribir un buen libro, en un promedio bajo de sentido común, implica trabajar en él durante un año completo prácticamente sin hacer otra cosa. Insisto, un buen libro. Es decir, para creer lo que dice su currículum habría que pensar que él en los últimos 33 años de su existencia solo ha escrito libros. Digo, si va a suponerse, como supongo yo, que se trata de libros excelentes, no solo de obrillas realizadas a la carrera o de recopilaciones de artículos.
Ahora bien, el doctor Carbonell ha compilado otras 38 obras. Pues sí. Digamos que para compilar correctamente una obra se requiere trabajar unos seis meses en promedio de sentido común también bajo. O sea que ha pasado 19 años de su vida compilando trabajos de sus colegas juristas. Digo, porque debe tratarse de compilaciones serias, de las que exigen un gran esfuerzo.
En resumidas cuentas, ha dedicado 52 años que no ha vivido todavía a escribir y compilar libros complejos. Y aparte ha redactado más de 300 artículos profundos para revistas especializadas (no columnas periodísticas, que estas se escriben en un ratito) y ha dictado más de 500 cursos y conferencias en México y en el extranjero.
O sea que el doctor Carbonell ha vivido unos 15 años más de los que tiene y, desde luego, no ha tenido tiempo para ir al cine, al futbol, de pesca, a caminar en el parque, a la borrachera, con la novia, con los cuates.
Y ya no agrego que, en promedio de sentido común, por cada libro académico que alguien escribe debe haber leído unos diez. Digo, si se trata de que el nuevo libro de verdad aporte algo. O sea que, para escribir 30 Carbonell tuvo que leer 300. Pero un libro académico se lee, en promedio muy bajo, en dos meses sin hacer otra cosa. Así que ha leído 600 meses. Y bueno, 600 meses son 50 años de vida.
Todo esto lo comento para destacar que, como buen académico, el abogado Carbonell es muy exagerado al hablar de sus méritos.
No dudo que haya escrito y compilado tantos libros. Lo que creo es que unos deben ser simples repeticiones de los otros. Casi podría exagerar que sus artículos y conferencia integran sus libros, lo que no está mal, pero ya se habla de entonces de otro nivel de obras. Si no fuese así, insisto, las cuentas no saldrían. Y yo le tengo mucho respeto a la aritmética.
Es típico del intelectual tener en su casa o en su oficina miles de libros perfectamente acomodados. Esos libros son reales, pero no todos han sido leídos. Es imposible.
Un hombre que viviera 80 años y que durante 77 hubiese leído un libro al mes, habría podido terminar la lectura de 924 obras, y se está hablando de una exageración, ya que si bien es posible leer una novelita en una semana, una novelota requiere meses de paciente lectura, y ya no se diga de profundos textos jurídicos, como los que se ve obligado a estudiar el doctor Carbonell, que requieren mucho tiempo de duro trabajo para ser leídos.
Voy a debatir con un académico inteligente y prestigiado, que ha escrito varios libros muy buenos, sin duda, pero necesariamente unos son repeticiones de otros (el clásico la misma gata pero revolcada); un académico que ha leído bastante, pero mucho menos de lo que el público pensaría; un intelectual, en fin, que para hablar de la izquierda cita a otros intelectuales, como en el video que me envió por tuiter y cuyo contenido resumo enseguida:
Dice Carbonell que un país como México, marcado por las desigualdades y los atrasos, requiere de una izquierda fuerte. Estoy de acuerdo con él.
Dice Carbonell, citando a Sartori, que la izquierda es la ética. Estoy de acuerdo con Carbonell y con Sartori, pero yo añadiría que en la derecha también hay ética.
Por cierto, yo no soy de izquierda, sino de derecha (sobre todo en lo referente a la política económica), aunque apoyo ahora a un político y a un movimiento de izquierda. Ya diré por qué.
Dice Carbonell, citando a Norberto Bobbio, que el propósito fundamental de la izquierda es conseguir la igualdad. Agregaré que el propósito fundamental de la derecha es conseguir la eficiencia productiva. El reto sería conciliar los dos objetivos.
Dice Carbonell, entonces, que el futuro de la izquierda mexicana pasa por observar estos dos valores: el absoluto respeto a la ética, y su capacidad para proponerle a la nación un proyecto de igualdad que combata a la pobreza, la discriminación y los problemas del medio ambiente. Estoy de acuerdo con él.
Dice Carbonell que, por desgracia, en la izquierda ha habido casos de corrupción que han mermado su base electoral y su credibilidad. Es cierto, pero no han sido ni tantos ni tan grandes. En mi opinión, han sido magnificados por los medios masivos de propaganda, más que de difusión, que controlan el PRI, el PAN y los grandes empresarios mexicanos. Y, por cierto, no minaron en exceso la base electoral y la credibilidad de la izquierda. Le recuerdo al doctor Carbonell que, a pesar de los escándalos, la izquierda ganó las presidenciales de 2006. Si el PAN gobierna (muy mal, por cierto) es por el fraude electoral probado por muchas personas, entre otras científicos de la institución en la que él trabaja.
Dice Carbonell que la izquierda mexicana debería articularse en una oferta partidista seria, que aporte al debate, proponga y no solo reaccione. De acuerdo con él.
Dice Carbonell que numerosos intelectuales estuvieron en la formación del PRD, pero que el autoritarismo y el escaso diálogo que hay en este partido los han alejado. Eso ha ocurrido, sin duda, pero también es un hecho que desde los tiempos de Carlos Salinas los gobiernos federales han comprado a no pocos intelectuales dándoles proyectos de investigación, asesorías, patrocinios para libros, etcétera.
Dice Carbonell que el espacio del PRD debería dar lugar a un debate intelectual, de ideas, no solo de corrientes, de facciones, y aquí cita sin venir mucho al caso a James Madison. Estoy de acuerdo con Carbonell y con Madison.
En resumidas cuentas, dice el doctor Carbonell, es esencial para México y para el futuro de su democracia, una izquierda democrática y robusta. De acuerdo.
Como en casi todo estamos de acuerdo el doctor Carbonell y yo, tal vez no debería haber debate. Pero prometimos debatir, así que habrá que buscar los puntos de discrepancia. Creo que el fundamental es el papel de Andrés Manuel López Obrador, es decir, el movimiento que encabeza y que va mucho más allá del PRD y de los otros partidos, PT y Convergencia, que apoyaron en 2006 a la Coalición por el Bien de Todos.
No soy de izquierda, pero fui uno de los coordinadores de la campaña de AMLO en 2006. ¿Por qué creo en este personaje? Por honesto. En casi 30 años de oficio periodístico he conocido a numerosos políticos importantes, de medio pelo y de la tercera división. Todos viven como ricos, es decir, con lujos que no podrían pagar con sus sueldos. López Obrador, a diferencia de ellos, vive muy modestamente, esto es, no ha tomado un solo centavo de los enormes presupuestos que ha manejado como presidente nacional del PRD y como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En mi opinión, a México lo que más le hace falta es un gobernante honesto que no tenga el gusto por los buenos vinos, las comidas caras, los aviones privados, los yates, los viajes a todo lujo. Este es López Obrador, un político al que no seducen el dinero y lo que el dinero puede pagar.
Por otra parte, el único político que conozco que se ha tomado la molestia de visitar todos los pueblos de México, absolutamente todos, los más pobres, los más abandonados, es López Obrador. Eso le ha permitido estar cerca de la gente a la que nadie escucha. Es lo que México necesita: alguien que sepa lo que verdaderamente pasa allá abajo. Los otros políticos, inclusive en campaña, pasan por esos pueblos en helicóptero y solo llegan, por unos minutos, a las comunidades mayores.
Por lo demás, no veo en López Obrador ninguna intención de ir contra lo mejor que tiene la derecha en todo el mundo: su capacidad empresarial. No expropiará ni nacionalizará nada. Eso sí, obligará a los grandes empresarios mexicanos, tan protegidos por el gobierno, a abrirse a la competencia.
Empresas como Televisa o Telmex no pueden operar con el tamaño que tienen, simplemente porque no hay posibilidad real de que nadie les compita. Compañías como Televisa y Telmex tendrán que ser partidas en varias empresas para que la economía mexicana pueda funcionar en un ambiente de sana competencia.
Si ese fuera el caso, habría problemas con el “estado de derecho”, ya que los empresarios afectados denunciarían que sus derechos de propiedad no han sido respetados. El problema es hasta dónde llega la propiedad. Porque, es un hecho, los monopolios en México están prohibidos. Y se debe acabar con ellos. Son lo que más impide el desarrollo.
Creo que solo un presidente enfrentado a los grandes grupos empresariales, como López Obrador, los podrá poner en orden. Insisto, no para expropiarles o nacionalizarles nada, sino solamente para ponerlos a competir. Y de paso exigirles que paguen correctamente sus impuestos. Porque no lo hacen ahora. La verdad de las cosas es que el distanciamiento enorme que hay entre AMLO y los mayores empresarios sería, si Andrés Manuel llegara a la Presidencia, su principal ventaja: gobernaría sin pagarles favores y sin deudas de amistad con ellos.
En fin, vamos al debate. Y, por anticipado, le doy las gracias a Miguel Carbonell, un gran intelectual que no debería salir con el rollo de que ha escrito tantos libros y compilado más. Porque esto suena, más que a trabajo intelectual, a mercadotecnia.
Dinero
Se necesitan más de nueve salarios para vivir
Un sector dice que se conformaría con seis
El aumento de dos pesos es ofensivo
Un sector dice que se conformaría con seis
El aumento de dos pesos es ofensivo
Enrique Galván Ochoa
¿Cuánto dinero necesitas cada mes para vivir? Es obvio que el salario mínimo (55.92 pesos en promedio) es insuficiente; el aumento para el año próximo, dos pesos y centavos, resulta ofensivo. Cuarenta y seis por ciento de los participantes de nuestra encuesta de esta semana estima que para satisfacer las necesidades de su vida requiere más de nueve salarios diarios. A 31 por ciento le serían suficientes nueve. A 20 por ciento le parecerían aceptables seis salarios mínimos. Y 2 por ciento cree que le bastarían tres.
Metodología
Enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico a miembros de El Foro México tomados al azar. Hasta ayer en la tarde había contestado 76 por ciento. En seguida reproducimos algunos fragmentos de las opiniones con que acompañaron sus votos. Los textos completos pueden leerse en el foro. Suscríbanse para que participen en la encuesta de la semana próxima. Tratará sobre los matrimonios gay y su derecho a la adopción.
Opiniones
La realidad es que con menos de nueve salarios mínimos se vive en la inopia, en el sótano de calidad de vida, en la insolvencia como condición existencial. El asunto de los salarios y su relación con la inflación debiera de replantearse con la importancia del caso, es decir, como emergencia nacional.
Daniel Arredondo López / Hermosillo
El salario mínimo se puso como medida que garantizara cubrir las necesidades básicas de una familia: comida, vestido, educación, vivienda y servicios (agua, luz, gas), transporte y diversión. Con el actual salario mínimo no alcanza para la comida de una familia de cinco miembros. No hay conciencia en las autoridades para ver por las necesidades de las mayorías (70 por ciento de pobres).
Mario Romero Ruiz / Matamoros
Ya ni qué decir, muchos de nosotros sólo vamos pagando deudas que nunca terminan.
Héctor Muro Ortega / Zacatecas
Es una magnífica idea que todos los sueldos, salarios, dietas, etcétera de los funcionarios se fijen no en pesos, sino en salarios mínimos. ¿Soportarían que se hiciera público que los magistrados perciben más de 500 salarios mínimos?
Salvador Alvarado Gil / Distrito Federal
Si tomamos en cuenta el precio de gasolina, agua, electricidad, impuestos y demás cosas, apenas con más de 10 salarios mínimos podríamos existir.
Jesús Vargas Flores / Distrito Federal
Metodología
Enviamos 2 mil 500 cuestionarios por correo electrónico a miembros de El Foro México tomados al azar. Hasta ayer en la tarde había contestado 76 por ciento. En seguida reproducimos algunos fragmentos de las opiniones con que acompañaron sus votos. Los textos completos pueden leerse en el foro. Suscríbanse para que participen en la encuesta de la semana próxima. Tratará sobre los matrimonios gay y su derecho a la adopción.
Opiniones
La realidad es que con menos de nueve salarios mínimos se vive en la inopia, en el sótano de calidad de vida, en la insolvencia como condición existencial. El asunto de los salarios y su relación con la inflación debiera de replantearse con la importancia del caso, es decir, como emergencia nacional.
Daniel Arredondo López / Hermosillo
El salario mínimo se puso como medida que garantizara cubrir las necesidades básicas de una familia: comida, vestido, educación, vivienda y servicios (agua, luz, gas), transporte y diversión. Con el actual salario mínimo no alcanza para la comida de una familia de cinco miembros. No hay conciencia en las autoridades para ver por las necesidades de las mayorías (70 por ciento de pobres).
Mario Romero Ruiz / Matamoros
Ya ni qué decir, muchos de nosotros sólo vamos pagando deudas que nunca terminan.
Héctor Muro Ortega / Zacatecas
Es una magnífica idea que todos los sueldos, salarios, dietas, etcétera de los funcionarios se fijen no en pesos, sino en salarios mínimos. ¿Soportarían que se hiciera público que los magistrados perciben más de 500 salarios mínimos?
Salvador Alvarado Gil / Distrito Federal
Si tomamos en cuenta el precio de gasolina, agua, electricidad, impuestos y demás cosas, apenas con más de 10 salarios mínimos podríamos existir.
Jesús Vargas Flores / Distrito Federal
El embajador de Estados Unidos en tiempos de Santa Anna le decía que en su país los esclavos eran mejor tratados que los trabajadores “libres” aquí en México. Seguimos igual.
Julio César Raya Pérez / Uruapan
Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos ( CNSM), que cobra caro, gasta y despilfarra recursos públicos, como todas las múltiples comisiones que mantenemos. La CNSM no sirve para maldita la cosa, lo mínimo sería que renunciaran, con una CNSM desierta se lograría lo mismo que lo que ahora se logra pero sin costos exorbitantes.
Luis Sierra Campuzano / Distrito Federal
Es cosa de hacer números para saber cúal debería ser el salario mínimo justo. Sumemos el 16 por ciento de IVA, el impuesto a las telecomunicaciones, el ISR, el aumento al predial, al agua, sin faltar la sorpresita navideña del gobierno federal con el alza a la gasolina más el resto de incrementos que nos esperan en enero. Así que, señores, ¿cúal es el salario mínimo justo?
Raúl Arévalo López / Distrito Federal
Conozco familias aquí en Veracruz en las que, tres de cuatro ganan el mínimo, pero, resulta que no tienen casa propia y pagan una renta de entre 2 mil 500 y 3 mil pesos mensuales. Quisiera que algún funcionario de este gobierno o alguno de los grandes empresarios que no pagan impuestos vivieran con esos ingresos. Por eso es que los jóvenes de estas familias terminan siendo parte del tráfico y consumo de drogas.
Álvaro Mora Pérez / Veracruz
Los PANazis tratan por todos los medios de agotar la resistencia de los sindicatos independientes, y terminar las protestas por esta clase de “aumentos”. Quieren sindicatos a modo –como la CTM, el SNTE, los petroleros, etcétera– que no protesten, aunque sigan robándose las cuotas de los trabajadores, llegando a acuerdos cupulares con los patrones y autoridades en detrimento de las prestaciones y salarios de sus “representados”.
Miguel Ángel Bustamante / Cd. Victoria
Creo que seis salarios es algo que permitiría tanto “vivir mejor” como mover la economía, ya que de nada sirve mantener salarios bajos si éstos no van a permitir que la gente pueda comprar y pagar más impuestos. Mientras la riqueza no se distribuya de mejor manera, nuestro país no tendrá futuro más que la desesperanza y la frustración de la gente.
Joel Flores Carro / Tlaxcala
Los textos completos aparecen en el foro.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/
Julio César Raya Pérez / Uruapan
Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos ( CNSM), que cobra caro, gasta y despilfarra recursos públicos, como todas las múltiples comisiones que mantenemos. La CNSM no sirve para maldita la cosa, lo mínimo sería que renunciaran, con una CNSM desierta se lograría lo mismo que lo que ahora se logra pero sin costos exorbitantes.
Luis Sierra Campuzano / Distrito Federal
Es cosa de hacer números para saber cúal debería ser el salario mínimo justo. Sumemos el 16 por ciento de IVA, el impuesto a las telecomunicaciones, el ISR, el aumento al predial, al agua, sin faltar la sorpresita navideña del gobierno federal con el alza a la gasolina más el resto de incrementos que nos esperan en enero. Así que, señores, ¿cúal es el salario mínimo justo?
Raúl Arévalo López / Distrito Federal
Conozco familias aquí en Veracruz en las que, tres de cuatro ganan el mínimo, pero, resulta que no tienen casa propia y pagan una renta de entre 2 mil 500 y 3 mil pesos mensuales. Quisiera que algún funcionario de este gobierno o alguno de los grandes empresarios que no pagan impuestos vivieran con esos ingresos. Por eso es que los jóvenes de estas familias terminan siendo parte del tráfico y consumo de drogas.
Álvaro Mora Pérez / Veracruz
Los PANazis tratan por todos los medios de agotar la resistencia de los sindicatos independientes, y terminar las protestas por esta clase de “aumentos”. Quieren sindicatos a modo –como la CTM, el SNTE, los petroleros, etcétera– que no protesten, aunque sigan robándose las cuotas de los trabajadores, llegando a acuerdos cupulares con los patrones y autoridades en detrimento de las prestaciones y salarios de sus “representados”.
Miguel Ángel Bustamante / Cd. Victoria
Creo que seis salarios es algo que permitiría tanto “vivir mejor” como mover la economía, ya que de nada sirve mantener salarios bajos si éstos no van a permitir que la gente pueda comprar y pagar más impuestos. Mientras la riqueza no se distribuya de mejor manera, nuestro país no tendrá futuro más que la desesperanza y la frustración de la gente.
Joel Flores Carro / Tlaxcala
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México SA
Crece extranjerización en sector eléctrico
México, paraíso para las trasnacionales
México, paraíso para las trasnacionales
Carlos Fernández-Vega
Agentes de la Policía Federal retiran el logotipo de Luz y Fuerza del inmueble ubicado en Marina Nacional y Circuito Interior, en la ciudad de MéxicoFoto La Jornada
Tal como sucedió con la banca que opera en el país, la creciente extranjerización del sector eléctrico, otrora mexicano (autorizada por el gobierno zedillista, promovida por el foxista y acelerada por el calderonista), ha generado un jugoso mercado paralelo de compraventa de permisos” y “concesiones” para producir energía eléctrica de forma “independiente”, en el que las condiciones y precios se pactan entre trasnacionales, con la alegre complacencia (léase complicidad) de los organismos públicos supuestamente encargados de “vigilar” el cumplimiento de la ley, que no es otra que la Constitución, aunque en realidad funcionen como oficialía de partes y se limiten a notificar sobre hechos consumados.
En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó ayer que “el día de hoy la empresa Gas Natural (trasnacional española) firmó un acuerdo con las empresas Mitsui & Co. y Tokyo Gas (trasnacionales japonesas) para la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México, que incluye las centrales de generación de ciclo combinado Río Bravo II, Río Bravo III, Río Bravo IV, Altamira II y Saltillo, que son operadas en nuestro país bajo la modalidad de Productor Externo de Energía (PEE). Las centrales involucradas en la transacción tienen una capacidad conjunta de generación de 2 mil 233 megawatts y son las que anteriormente eran operadas por la empresa Electricitè de France (EDF, trasnacional francesa)”. Eso sí, reconoce la CFE, las trasnacionales involucradas en esta operación, que involucra mil 225 millones de dólares, tuvieron la cortesía de “avisar oportunamente a las autoridades mexicanas sobre sus negociaciones (…) para realizar esta transacción”.
En tan sólo dos años las centrales mencionadas de generación eléctrica cambiaron de manos francesas a españolas y de éstas a japonesas con una rapidez y sencillez digna del juego del monopolio. De todas maneras, la trasnacional Gas Natural –también distribuidora y comercializadora de este combustible, que se ha convertido en el terror de sus consumidores cautivos, incluidos los de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal– “seguirá teniendo presencia en el sector eléctrico mexicano con las centrales de generación de ciclo combinado que opera como PEE en nuestro país, que son Hermosillo, Naco Nogales y Tuxpan III y IV, con una capacidad conjunta de generación de mil 570 MW, así como con la entrada en operación de 500 MW adicionales en 2010”, puntualiza la CFE.
El negocio entre particulares (léase trasnacionales) no altera en lo más mínimo los “contratos”, “convenios” y conexos originalmente otorgados y firmados por el supuesto gobierno mexicano para que particulares le claven el diente al sector eléctrico otrora nacional, 40 por ciento del cual, a estas alturas, pertenece al capital privado, fundamentalmente extranjero, cedido mediante la entrega de alrededor de 700 “permisos” de generación (de Zedillo a Calderón).
La urgencia de vender no es debido a que el “negocio mejicano” sea malo. Por el contrario, cada día es más atractivo. El quid es que la trasnacional Gas Natural requiere liquidez para terminar de pagar la adquisición de otra trasnacional española, Unión Fenosa (95.22 por ciento de las acciones), a su vez propietaria de centrales generadoras de electricidad en México, lo que convierte en la operación de compraventa con Mitsui & Co. y Tokyo Gas en un doble ingreso, mientras la CFE se da tiempo para contar chistes: “la transacción (española con japonesas) está pendiente de aprobación por las autoridades mexicanas”.
A estas alturas, de los casi 700 “permisos” otorgados por el gobierno mexicano 24 son los más jugosos (sin que ello implique que los otros no lo sean) y se concentran en cuatro trasnacionales, de las cuales dos son españolas (Gas Natural, Unión Fenosa incluida, e Iberdrola). Así, alrededor de 40 por ciento de la generación eléctrica en el país está en manos privadas.
Así, en dos años otro negocio redondo sin beneficio para el país. El 25 de octubre de 2007 la trasnacional Gas Natural anunció su “desembarco” en el mercado mexicano de generación eléctrica: compró cinco plantas de ciclo combinado (con 2 mil 233 megavatios de capacidad instalada) y un gasoducto de la trasnacional francesa EDF y la japonesa Mitsubishi, con lo que, en automático, se convirtió en el segundo operador privado de generación eléctrica y el único con dos vertientes de negocio energético otrora mexicano: gas y electricidad. Por la adquisición de cinco plantas habría pagado alrededor de mil 450 millones de dólares; dos años después, por la venta de dos, obtendrá mil 225 millones de billetes verdes. México, paraíso de los negocios trasnacionales.
En octubre de 2007, el anuncio de la adquisición de cinco plantas generadoras por parte de Gas Natural se hizo no en México, sino en Barcelona. ¿Y la autoridad mexicana?, preguntábamos en este mismo espacio por aquellas fechas. “Desmintiendo” informaciones dadas a conocer por la prensa, como aquella publicada en La Jornada (14 de octubre, 2007), que precisaba: “sin ningún cambio aparente en la ley o en la política energética, resulta asombroso el crecimiento de la propiedad privada en el sector eléctrico de México, al grado que durante el sexenio pasado (Fox) la generación privada se incrementó mil 600 por ciento, mientras la pública sólo creció 7 por ciento”, advirtió el Observatorio de Multinacionales en América Latina. El organismo calificó de ejemplo paradigmático la política sobre la generación eléctrica adoptada por los últimos gobiernos mexicanos para beneficio de las trasnacionales españolas… Frente a la oposición que se generó en todo el mundo por las privatizaciones frontales e impunes, se optó por seguir “una muy hábil táctica del sigilo, seguida por gobiernos que abren la puerta de atrás a las grandes corporaciones”. Y como ya es costumbre, lo que el gobierno federal “desmiente” en público prácticamente en automático se confirma en privado, es decir, lo que algunos sutilmente llaman “privatización silenciosa”.
Las rebanadas del pastel
Además, Gas Natural acapara “permisos” (originalmente otorgados a “empresarios mexicanos”) para la distribución y comercialización de ese energético en Nuevo Laredo, Saltillo y Toluca (desde 1997); Monterrey (1998), más los municipios conurbados de San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García, Pesquería y Juárez; Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao, en Guanajuato, y las ciudades de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí (1999), y las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal (2000). ¿Y los consumidores? Cautivos y felices con sus precios cada día más elevados.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Es un honor ser ciudadano del DF
Gustavo Gordillo
“Nosotros, el obispo Eamonn Walsh y el obispo Raymond Field, hemos informado (el jueves por la noche) al arzobispo Diarmuid Martin que hemos presentado nuestra dimisión el papa Benedicto XVI como obispos auxiliares del arzobispado de Dublín”, precisaron en un comunicado publicado en la página de Internet de la diócesis de la capital irlandesa. “Mientras celebramos la fiesta de Navidad, el nacimiento de nuestro Señor, el príncipe de la paz, nuestra esperanza es que nuestra acción pueda ayudar a devolverles la paz y la reconciliación de Jesucristo a las víctimas/supervivientes de estos abusos sexuales”, añadieron a la vez que reiteraron sus excusas a los afectados. Ya Soledad Loaeza se ha referido a este tema el jueves pasado aquí en La Jornada. Así, mientras un escándalo más explota en el seno de la Iglesia católica –otros muchos han estalla en varias iglesias y en varias partes del mundo–, Norberto Rivera, Onésimo Cepeda –ese increíble síndrome de la mezcla entre lo público y lo privado– y la CEM se permiten darnos clases de moral a los habitantes de esta ciudad.
Las modificaciones aprobadas en la Asamblea Legislativa al Código Civil del DF constituyen un evento histórico por partida doble. La más inmediata y significativa en la vida de muchas y muchos homosexuales y lesbianas es la posibilidad de cristalizar su amor a través de una convivencia que, legalizada como ahora será, pueda hacer uso de los derechos que existen para las parejas, incluyendo la adopción, que hasta el momento les han sido negados. La “unión libre entre dos personas” no hace apología de ninguna forma específica de preferencia sexual, de amor o de convivencia. Como la despenalización del aborto y la lucha por el derecho a decidir no aboga por el aborto. En ambos casos lo que se tiene en común es el propósito de extender derechos y libertad a quienes por discriminación o desigualdad han sido privados de ésta y de aquéllos.
La manera soez con que se refirieron a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo tanto el cardenal Rivera como otros dignatarios de la Iglesia católica y la campaña que han instrumentado en muchas entidades federativas contrarias al derecho a decidir sólo confirma la tendencia histórica de esta institución a apoyar sistemáticamente las causas iliberales. Es este núcleo duro de la restauración conservadora el que se mueve activamente para asegurarse de que el próximo Presidente de la República en 2012 sea tan conservador y regresivo como los últimos dos, pero quizás con un sentido de eficiencia de la cual han carecido.
La presencia del gobernador Enrique Peña Nieto en el Vaticano, acompañado por un enorme séquito de obispos y patrocinado por un grupo significativo de empresarios, expresa plásticamente, como señaló Sánchez Rebolledo en estas páginas, una potencial coalición que tiene en común el uso del estado de derecho para favorecer intereses particulares, el ataque frontal al Estado laico y la exclusión de derechos fundamentales para diferentes minorías y, en el caso de las mujeres, mayorías.
Desde ese continente conservador, la difuminación de las fronteras entre lo público y lo privado lo mismo se expresa en los intentos sistemáticos por meterse en las sábanas ajenas dictando reglas de buena moral –mismas que algunos en sus congregaciones violan brutalmente– que en refundar un Estado confesional bajo el velo encubierto de una pretendida defensa de la libertad religiosa.
De ahí que al mismo tiempo que celebramos una libertad recobrada en lo que respecta a los matrimonios de personas del mismo sexo, debemos apreciar la importancia que para la configuración de un polo progresista representa contemporáneamente el tema del Estado laico.
Por lo pronto, como regalo de fin de año y premonición del que viene, quiero decir con orgullo: es un honor ser ciudadano del DF.
http://gustavogordillo.blogspot.com/ • http://twitter.com/gusto47
Las modificaciones aprobadas en la Asamblea Legislativa al Código Civil del DF constituyen un evento histórico por partida doble. La más inmediata y significativa en la vida de muchas y muchos homosexuales y lesbianas es la posibilidad de cristalizar su amor a través de una convivencia que, legalizada como ahora será, pueda hacer uso de los derechos que existen para las parejas, incluyendo la adopción, que hasta el momento les han sido negados. La “unión libre entre dos personas” no hace apología de ninguna forma específica de preferencia sexual, de amor o de convivencia. Como la despenalización del aborto y la lucha por el derecho a decidir no aboga por el aborto. En ambos casos lo que se tiene en común es el propósito de extender derechos y libertad a quienes por discriminación o desigualdad han sido privados de ésta y de aquéllos.
La manera soez con que se refirieron a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo tanto el cardenal Rivera como otros dignatarios de la Iglesia católica y la campaña que han instrumentado en muchas entidades federativas contrarias al derecho a decidir sólo confirma la tendencia histórica de esta institución a apoyar sistemáticamente las causas iliberales. Es este núcleo duro de la restauración conservadora el que se mueve activamente para asegurarse de que el próximo Presidente de la República en 2012 sea tan conservador y regresivo como los últimos dos, pero quizás con un sentido de eficiencia de la cual han carecido.
La presencia del gobernador Enrique Peña Nieto en el Vaticano, acompañado por un enorme séquito de obispos y patrocinado por un grupo significativo de empresarios, expresa plásticamente, como señaló Sánchez Rebolledo en estas páginas, una potencial coalición que tiene en común el uso del estado de derecho para favorecer intereses particulares, el ataque frontal al Estado laico y la exclusión de derechos fundamentales para diferentes minorías y, en el caso de las mujeres, mayorías.
Desde ese continente conservador, la difuminación de las fronteras entre lo público y lo privado lo mismo se expresa en los intentos sistemáticos por meterse en las sábanas ajenas dictando reglas de buena moral –mismas que algunos en sus congregaciones violan brutalmente– que en refundar un Estado confesional bajo el velo encubierto de una pretendida defensa de la libertad religiosa.
De ahí que al mismo tiempo que celebramos una libertad recobrada en lo que respecta a los matrimonios de personas del mismo sexo, debemos apreciar la importancia que para la configuración de un polo progresista representa contemporáneamente el tema del Estado laico.
Por lo pronto, como regalo de fin de año y premonición del que viene, quiero decir con orgullo: es un honor ser ciudadano del DF.
http://gustavogordillo.blogspot.com/ • http://twitter.com/gusto47
24 dic 2009
Astillero
¿Peones expiatorios?
Ligerezas inoportunas
Partidizar la seguridad
Gracias y hasta el 11-E
Ligerezas inoportunas
Partidizar la seguridad
Gracias y hasta el 11-E
Julio Hernández López
En sus peores momentos, el marinamente indiscreto Calderón se ha confeccionado una especie de peón expiatorio. Luego de haberlo sacado de un largo retiro de la actividad pública, dedicado a prestar sus servicios especializados de seguridad y espionaje a poderosos particulares, Jorge Tello Peón ha dejado la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en momentos en los que pareciera que así se le adjudica algún tipo de responsabilidad por los graves sucesos recientes de impericia combativa gubernamental, única ficha caída mientras se sostienen el ciego, sordo y manco gobernador de Morelos, Marco Adame, los jefes operativos de la Armada que permitieron el tapizado con billetes del cuidadísimo trofeo de Cuernavaca, los propagandistas que autorizaron el funeral televisado del marino muerto y la exposición de sus familiares a la narcovenganza que cualquier neófito habría previsto y los intrigantes de Los Pinos que alientan confrontaciones entre Ejército, Marina, PGR y ahora el citado SNSP.
Sospechosamente errática la conducta del comandante Calderón en momentos en que las pifias, caprichos y debilidades tienen consecuencias sociales peligrosas y daños individuales y familares inocultables. Cuando más necesita dar apariencia de unidad y proyecto, se permite la ligereza de quitar a un funcionario de larga carrera en asuntos de inteligencia y seguridad nacionales, constructor del Cisen, con oficio político y capacidad de interlocución con los gobernadores (sobre todo los priístas), que son la esencia del citado Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluso, según se alegaba cuando se convenció a Tello Peón de dejar su retiro, de establecer comunicación eficaz y deshacer nudos de pleito entre el vicepresidente ejecutador, Genaro García Luna; el general secretario de la Defensa Nacional y la PGR entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, que no llevaba la tonada de García Luna.
El colmo de la insensatez lo constituye el perfil del designado para relevar al ya mencionado Tello Peón. Un panista de larga trayectoria partidista al que Calderón consideró como posible procurador a la salida de Medina Mora pero que no tuvo respaldo en las bancadas legislativas no panistas. Ahora, Felipe lo rescata para habilitarlo como enlace con gobernadores y la sociedad civil en materia de seguridad pública, partidizando una función delicada en momentos críticos. Ya llevó FC a Ernesto Cordero a Hacienda, pretendiendo frenar o impedir desde allí la materialización de los arreglos que para favorecer a los gobernadores priístas hicieron en materia de presupuesto los legisladores del tricolor. Ahora imprime los colores del PAN a un ente coordinador de esfuerzos y recursos en materia de seguridad pública. Como si en el fondo lo único que le importara al señor de Los Pinos fuera lo electoral, la partidización, el control a través de los amigos, los cercanos, los manejables como Juan Miguel Alcántara Soria, al que de inmediato devalúa al reasignarlo a la secretaría de Liposucción, perdón, de bypass, a cargo de otro litigante pretencioso, Fernando Gómez Mont, que ahora quiere ganar candidaturas presidenciales a base de reducciones de peso (Carstens cuida el peso, en términos de banca central; Gómez Mont lo combate, en función de improbable estética futurista).
Y, sin embargo... Felipe se mueve, escalando su guerra personal contra ciertos segmentos del narcotráfico, envuelto en rumores y especulaciones incluso acerca de las presuntas razones aéreas de sus conductas desbordadas, cada vez más enojado y aislado, y construyendo un país de posibles víctimas circunstanciales o chivos expiatorios. Ya ha sido demostrado con insistencia el grado de corresponsabilidad que al calderonismo propagandístico le pertenece por haber dado a conocer la identidad del marino asesinado al que luego acompañaron en la muerte sus familiares cercanos. Ahora se pone el dedo sobre los miembros del Servicio Médico Forense de Morelos que supuestamente habrían tenido tanta inventiva y poder como para permitirse juegos macabros con un cadáver al que todavía en su entierro vigilaban celosamente cuerpos militares de elite. Y mañana se culpará de todo a todos, menos a los “patriotas” resguardados tras murallas armadas.
El ejercicio despótico del poder presidencial (del “haiga sido como haiga sido” a las fanfarronerías de belicismo sesgado) no tiene en estos momentos un contrapeso social organizado, diluida como está la capacidad de respuesta en las aguas del electorerismo e inexistente una plataforma eficaz de análisis y razonamiento que pudiera plantear vías y alternativas a las pretensiones dictatoriales que podrían incluso dar por anulados esos procesos electorales. En el horizonte sólo parecen estar la violencia grupal (2010 es una fecha cabalística) y la desesperación colectiva inmovilizada, potenciado todo por el inicio de año con el fantasma de la inflación y el ahondamiento de la crisis.
Astillas
Las fiestas de temporada tienen sus detalles grotescos: Vicente Fox hace posadas y se asoma al ventanal de lo político como si nada, como si el asentamiento del narcotráfico no se hubiera consolidado durante su sexenio de redituable irresponsabilidad, como si la riqueza pública no hubiese sido saqueada durante su gobierno; por otro lado, el personaje tragicómico del año, Guanito, patina judicialmente con el asunto de sus documentos falsificados... En otra farsa, el IFE insiste en las bondades de las urnas electrónicas (¿marca Hildebrando?)... Y mueven a Luis H. Álvarez a una oficina similar, luego de que durante largos años no hizo nada importante, sino consumir recursos al frente de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas... Y, mientras este tecleador se pone solemne y les da las más sinceras gracias a quienes lo han acompañado a lo largo del año en estas líneas astilladas, y se dispone a festejar hoy un año más con el inicio de unas vacaciones que terminarán el 11 de enero, ¡feliz Navidad y, gulp, próspero año nuevo!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
En sus peores momentos, el marinamente indiscreto Calderón se ha confeccionado una especie de peón expiatorio. Luego de haberlo sacado de un largo retiro de la actividad pública, dedicado a prestar sus servicios especializados de seguridad y espionaje a poderosos particulares, Jorge Tello Peón ha dejado la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en momentos en los que pareciera que así se le adjudica algún tipo de responsabilidad por los graves sucesos recientes de impericia combativa gubernamental, única ficha caída mientras se sostienen el ciego, sordo y manco gobernador de Morelos, Marco Adame, los jefes operativos de la Armada que permitieron el tapizado con billetes del cuidadísimo trofeo de Cuernavaca, los propagandistas que autorizaron el funeral televisado del marino muerto y la exposición de sus familiares a la narcovenganza que cualquier neófito habría previsto y los intrigantes de Los Pinos que alientan confrontaciones entre Ejército, Marina, PGR y ahora el citado SNSP.
Sospechosamente errática la conducta del comandante Calderón en momentos en que las pifias, caprichos y debilidades tienen consecuencias sociales peligrosas y daños individuales y familares inocultables. Cuando más necesita dar apariencia de unidad y proyecto, se permite la ligereza de quitar a un funcionario de larga carrera en asuntos de inteligencia y seguridad nacionales, constructor del Cisen, con oficio político y capacidad de interlocución con los gobernadores (sobre todo los priístas), que son la esencia del citado Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluso, según se alegaba cuando se convenció a Tello Peón de dejar su retiro, de establecer comunicación eficaz y deshacer nudos de pleito entre el vicepresidente ejecutador, Genaro García Luna; el general secretario de la Defensa Nacional y la PGR entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, que no llevaba la tonada de García Luna.
El colmo de la insensatez lo constituye el perfil del designado para relevar al ya mencionado Tello Peón. Un panista de larga trayectoria partidista al que Calderón consideró como posible procurador a la salida de Medina Mora pero que no tuvo respaldo en las bancadas legislativas no panistas. Ahora, Felipe lo rescata para habilitarlo como enlace con gobernadores y la sociedad civil en materia de seguridad pública, partidizando una función delicada en momentos críticos. Ya llevó FC a Ernesto Cordero a Hacienda, pretendiendo frenar o impedir desde allí la materialización de los arreglos que para favorecer a los gobernadores priístas hicieron en materia de presupuesto los legisladores del tricolor. Ahora imprime los colores del PAN a un ente coordinador de esfuerzos y recursos en materia de seguridad pública. Como si en el fondo lo único que le importara al señor de Los Pinos fuera lo electoral, la partidización, el control a través de los amigos, los cercanos, los manejables como Juan Miguel Alcántara Soria, al que de inmediato devalúa al reasignarlo a la secretaría de Liposucción, perdón, de bypass, a cargo de otro litigante pretencioso, Fernando Gómez Mont, que ahora quiere ganar candidaturas presidenciales a base de reducciones de peso (Carstens cuida el peso, en términos de banca central; Gómez Mont lo combate, en función de improbable estética futurista).
Y, sin embargo... Felipe se mueve, escalando su guerra personal contra ciertos segmentos del narcotráfico, envuelto en rumores y especulaciones incluso acerca de las presuntas razones aéreas de sus conductas desbordadas, cada vez más enojado y aislado, y construyendo un país de posibles víctimas circunstanciales o chivos expiatorios. Ya ha sido demostrado con insistencia el grado de corresponsabilidad que al calderonismo propagandístico le pertenece por haber dado a conocer la identidad del marino asesinado al que luego acompañaron en la muerte sus familiares cercanos. Ahora se pone el dedo sobre los miembros del Servicio Médico Forense de Morelos que supuestamente habrían tenido tanta inventiva y poder como para permitirse juegos macabros con un cadáver al que todavía en su entierro vigilaban celosamente cuerpos militares de elite. Y mañana se culpará de todo a todos, menos a los “patriotas” resguardados tras murallas armadas.
El ejercicio despótico del poder presidencial (del “haiga sido como haiga sido” a las fanfarronerías de belicismo sesgado) no tiene en estos momentos un contrapeso social organizado, diluida como está la capacidad de respuesta en las aguas del electorerismo e inexistente una plataforma eficaz de análisis y razonamiento que pudiera plantear vías y alternativas a las pretensiones dictatoriales que podrían incluso dar por anulados esos procesos electorales. En el horizonte sólo parecen estar la violencia grupal (2010 es una fecha cabalística) y la desesperación colectiva inmovilizada, potenciado todo por el inicio de año con el fantasma de la inflación y el ahondamiento de la crisis.
Astillas
Las fiestas de temporada tienen sus detalles grotescos: Vicente Fox hace posadas y se asoma al ventanal de lo político como si nada, como si el asentamiento del narcotráfico no se hubiera consolidado durante su sexenio de redituable irresponsabilidad, como si la riqueza pública no hubiese sido saqueada durante su gobierno; por otro lado, el personaje tragicómico del año, Guanito, patina judicialmente con el asunto de sus documentos falsificados... En otra farsa, el IFE insiste en las bondades de las urnas electrónicas (¿marca Hildebrando?)... Y mueven a Luis H. Álvarez a una oficina similar, luego de que durante largos años no hizo nada importante, sino consumir recursos al frente de la Comisión Nacional de Derechos Indígenas... Y, mientras este tecleador se pone solemne y les da las más sinceras gracias a quienes lo han acompañado a lo largo del año en estas líneas astilladas, y se dispone a festejar hoy un año más con el inicio de unas vacaciones que terminarán el 11 de enero, ¡feliz Navidad y, gulp, próspero año nuevo!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Juegos de poder en Roma
Adolfo Sánchez Rebolledo
Ayer leímos en estas mismas páginas tres magníficos artículos dedicados a la incursión vaticana del gobernador Enrique Peña Nieto con sus implicaciones sobre el estado del laicismo en México. No es para menos, pues la representación que comenzó en la Vía de la Conciliación, so pretexto de inaugurar la exposición fotográfica Espíritu y arte mexiquense en el Vaticano, fue un acto calculado para fijar una postura de cara al ya no tan lejano 2012, en un lugar inusual y ante un auditorio insospechado. Según las informaciones oficiales, el gobernador estuvo acompañado por “nueve obispos de la entidad, el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, (presidente de la Conferencia Episcopal), y de Girolamo Prigione, quien fuera nuncio apostólico de El Vaticano en nuestro país” y, sin duda, el principal promotor de la reforma al artículo 130 constitucional lograda bajo el mandato presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Según esas mismas fuentes, Peña Nieto obsequió al Papa “un árbol navideño decorado por artesanos mexiquenses”, un Nacimiento con figuras de barro de tamaño natural, así como de otras piezas de arte popular. Tanto la exposición como las obras de artesanía, precisa la información, fueron patrocinadas por un grupo de empresas entre las cuales están la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), el Grupo GEO, dedicado a la vivienda, el Grupo Homex, Humberto Guzmán Ciudad Bicentenario, el Club Deportivo Toluca y, por supuesto, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Durante el encuentro con el Papa, Peña Nieto recibió el calor de sus paisanos que en gran número se hallaban en la plaza, justo para escuchar, en el clímax del evento con olor a telenovela, cuando el gobernador confió al Papa: “Pronto me casaré”.
Me he detenido en repasar estos detalles porque en su aparente simplicidad ilustran plásticamente cómo se anudan los intereses políticos, empresariales, eclesiásticos y mediáticos para crear la ilusión de que la única realidad digna de tomarse en cuenta es la que ellos fabrican, así para ello se pasen por alto las normativas electorales relativas a la propaganda en los medios o se escamotee la rendición de cuentas. Sin embargo, ya se ha señalado, el mayor daño causado está en la erosión deliberada del laicismo entendido un componente sine qua non del Estado nacional mexicano. La novedad de la campaña de Peña Nieto no estriba en que él se declare católico practicante o en el hecho de visitar al Papa, sino en el rechazo a mantener separadas las esferas de lo público y lo privado propiciando su confusión, como ocurre cuando el gobernante deja de distinguir entre el jefe del Estado vaticano y el padre espiritual del catolicismo. Al igual que Vicente Fox en su momento, Peña Nieto actúa en esa relación con la jerarquía católica como si estuviera ante un “error histórico” que debe y puede rectificarse. La remodelación del laicismo figura entre los objetivos de la Iglesia, pero también forma parte del proyecto acariciado durante décadas por amplios sectores del empresariado, asociados al antiguo presidencialismo autoritario. En ese sentido, la presencia de Girolamo Prigione junto a los obispos mexiquenses tiene el valor de un símbolo, pues fue gracias a sus gestiones y, sobre todo, a la actitud de Juan Pablo II hacia México, que la Iglesia católica recuperó buena parte del terreno que había perdido como resultado de la secularización. A partir de entonces, multiplica sus esfuerzos para rescribir la historia oficial, canonizando a los cristeros y fomentando el voto a favor del partido católico por excelencia, el PAN. Tuvo éxito. Sin embargo, no le basta, pues a pesar de los avances logrados, la Iglesia constata, no sin cierto desaliento, que los gobiernos de la derecha, más afines a sus postulados, no han sido capaces de ofrecer una salida coherente a la ya muy grave crisis mexicana ni de hallar “remedio” ante las crecientes expectativas de una población que ya no pasa por el aro de las “tradiciones” ante los dilemas que su propia vida le ofrecen. Y eso los afecta como institución que quiere proyectarse al futuro. Las experiencias de Fox y Calderón demuestran que la apuesta por las figuras políticas de la derecha convencional no sirve si éstas son débiles o carecen de legitimidad o de visión de Estado para lidiar con un complejo de intereses que los desbordan, de tal modo que, no obstante la comunidad doctrinaria, éstas podría resultar inoperantes para dar las batallas que la Iglesia considera decisivas, sobre todo aquellas que tiene que ver con la educación pública y, desde luego, con los valores, es decir, con la esencial conservación de la hegemonía moral que se le escapa entre los dedos. (Iniciativas como la recién aprobada por la Asamblea se consideran declaraciones de guerra.)
En esas condiciones, la derecha asociada a otros poderes fácticos, en particular los mediáticos, han decidido que lo mejor es adoptar una fórmula que en el futuro permita la restauración del principio de autoridad del gobierno, devolviendo al César lo que es del César, pero asegurándose de que en el orden moral la última palabra la dicte la Iglesia católica, que ya ha recorrido un largo trecho para definir la libertad religiosa como un derecho humano que el Estado debe promover. En esa ruta, son posibles y necesarias las alianzas directas entre las fuerzas políticas que se alejen del laicismo convencional, vale decir, constitucional, al que identifican como expresión transnochada del jacobinismo liberal.
En esa gran operación, la relación con el PRI –que también busca restaurar su propio poder (exprimiendo el realismo hasta la claudicación ideológica)– es indispensable. Peña Nieto es para al menos un sector de la jerarquía un aprovechable garbanzo de a libra: formado en la universidad del Opus Dei, heredero de un poderoso grupo del sistema vinculado a los grandes negocios, ofrece la imagen que la mercadotecnia puede modelar a su antojo: la de un político gatopardiano, joven, moderno, dispuesto a ejercer el poder en el estilo y las formas del viejo presidencialismo, pero también a defender una visión de la identidad nacional que mucho le debe a la idea guadalupana de la nación. Habrá que preguntarle a la sociedad qué piensa de éstos juegos de poder.
Me he detenido en repasar estos detalles porque en su aparente simplicidad ilustran plásticamente cómo se anudan los intereses políticos, empresariales, eclesiásticos y mediáticos para crear la ilusión de que la única realidad digna de tomarse en cuenta es la que ellos fabrican, así para ello se pasen por alto las normativas electorales relativas a la propaganda en los medios o se escamotee la rendición de cuentas. Sin embargo, ya se ha señalado, el mayor daño causado está en la erosión deliberada del laicismo entendido un componente sine qua non del Estado nacional mexicano. La novedad de la campaña de Peña Nieto no estriba en que él se declare católico practicante o en el hecho de visitar al Papa, sino en el rechazo a mantener separadas las esferas de lo público y lo privado propiciando su confusión, como ocurre cuando el gobernante deja de distinguir entre el jefe del Estado vaticano y el padre espiritual del catolicismo. Al igual que Vicente Fox en su momento, Peña Nieto actúa en esa relación con la jerarquía católica como si estuviera ante un “error histórico” que debe y puede rectificarse. La remodelación del laicismo figura entre los objetivos de la Iglesia, pero también forma parte del proyecto acariciado durante décadas por amplios sectores del empresariado, asociados al antiguo presidencialismo autoritario. En ese sentido, la presencia de Girolamo Prigione junto a los obispos mexiquenses tiene el valor de un símbolo, pues fue gracias a sus gestiones y, sobre todo, a la actitud de Juan Pablo II hacia México, que la Iglesia católica recuperó buena parte del terreno que había perdido como resultado de la secularización. A partir de entonces, multiplica sus esfuerzos para rescribir la historia oficial, canonizando a los cristeros y fomentando el voto a favor del partido católico por excelencia, el PAN. Tuvo éxito. Sin embargo, no le basta, pues a pesar de los avances logrados, la Iglesia constata, no sin cierto desaliento, que los gobiernos de la derecha, más afines a sus postulados, no han sido capaces de ofrecer una salida coherente a la ya muy grave crisis mexicana ni de hallar “remedio” ante las crecientes expectativas de una población que ya no pasa por el aro de las “tradiciones” ante los dilemas que su propia vida le ofrecen. Y eso los afecta como institución que quiere proyectarse al futuro. Las experiencias de Fox y Calderón demuestran que la apuesta por las figuras políticas de la derecha convencional no sirve si éstas son débiles o carecen de legitimidad o de visión de Estado para lidiar con un complejo de intereses que los desbordan, de tal modo que, no obstante la comunidad doctrinaria, éstas podría resultar inoperantes para dar las batallas que la Iglesia considera decisivas, sobre todo aquellas que tiene que ver con la educación pública y, desde luego, con los valores, es decir, con la esencial conservación de la hegemonía moral que se le escapa entre los dedos. (Iniciativas como la recién aprobada por la Asamblea se consideran declaraciones de guerra.)
En esas condiciones, la derecha asociada a otros poderes fácticos, en particular los mediáticos, han decidido que lo mejor es adoptar una fórmula que en el futuro permita la restauración del principio de autoridad del gobierno, devolviendo al César lo que es del César, pero asegurándose de que en el orden moral la última palabra la dicte la Iglesia católica, que ya ha recorrido un largo trecho para definir la libertad religiosa como un derecho humano que el Estado debe promover. En esa ruta, son posibles y necesarias las alianzas directas entre las fuerzas políticas que se alejen del laicismo convencional, vale decir, constitucional, al que identifican como expresión transnochada del jacobinismo liberal.
En esa gran operación, la relación con el PRI –que también busca restaurar su propio poder (exprimiendo el realismo hasta la claudicación ideológica)– es indispensable. Peña Nieto es para al menos un sector de la jerarquía un aprovechable garbanzo de a libra: formado en la universidad del Opus Dei, heredero de un poderoso grupo del sistema vinculado a los grandes negocios, ofrece la imagen que la mercadotecnia puede modelar a su antojo: la de un político gatopardiano, joven, moderno, dispuesto a ejercer el poder en el estilo y las formas del viejo presidencialismo, pero también a defender una visión de la identidad nacional que mucho le debe a la idea guadalupana de la nación. Habrá que preguntarle a la sociedad qué piensa de éstos juegos de poder.
¿Y el estado de derecho?
Octavio Rodríguez Araujo
El secretario de Gobernación declaró el viernes pasado que la Marina-Armada de México se enfrentó a “presuntos delincuentes del llamado cártel del Pacífico” (las primeras cursivas son mías). En el párrafo siguiente de su declaración, registrada por este diario el sábado 19 de diciembre, dijo que “resultaron muertos siete integrantes del cártel del Pacífico”. ¿Antes eran presuntos y luego integrantes del cártel del Pacífico? Si eran presuntos, ¿quién giró las órdenes de cateo? ¿Hubo órdenes de aprehensión o simplemente la orden de “mátenlos en caliente”? Gómez Mont señaló también que las operaciones de los últimos días en Cuernavaca realizadas por la Marina son resultado de tres años de labores de inteligencia; sin embargo, la misma noche de los sucesos el vocero de la Secretaría de Marina dijo, ante los medios, que la narcoposada del viernes 11 de diciembre fue en “Limones” (sic) en Tepoztlán (sic) en lugar de decir Los Limoneros, en Ahuatepec, Cuernavaca. ¿Así funcionan los órganos de inteligencia de la Marina? ¿Qué otras imprecisiones habrá a pesar de tres años de labores de inteligencia? El vocero dijo también que habían muerto civiles no identificados, y varios periódicos ya habían señalado que la señora Patricia Terroba de Pintado, quien salía de su casa en la madrugada para atender una emergencia familiar, fue asesinada de un balazo. Se presume, por el lugar de su domicilio y los agujeros en su carro, que las balas tuvieron su origen en las filas de los marinos y no de los narcotraficantes pachangueros. ¿Ya se investigó este asesinato, o simplemente se trata de un “lástima Margarito, la señora estaba en el lugar y el momento equivocados”? ¿Su esposo y sus hijos se conformarán con eso? ¿A quién recurren para demandar justicia y contra quién?
¿Se trata de verdad de una guerra? Si es el caso, ¿se cumplen los requisitos estipulados internacionalmente para las guerras? Aun aceptando que realmente es una guerra, ¿el trato dado al cadáver de Arturo Beltrán Leyva (semidesnudarlo y cubrirlo de billetes y un rosario ensangrentados) es propio de militares con sus víctimas? ¿La golpiza que recibieron los presentados en la televisión, uno de ellos detenido por el cuello por un soldado o marino, para que no se derrumbara, es parte del protocolo de guerra? El secretario de Gobernación, en su declaración del viernes pasado, sugiere que lo del cuerpo cubierto con billetes fue responsabilidad de los servicios forenses de Morelos. Puede ser, ¿y dónde estaban los marinos encargados de la operación? Según las fotografías publicadas, ahí estaban mientras unos individuos vestidos de civil manipulaban los cadáveres como para enviarles un mensaje a otros narcotraficantes, igual que hacen éstos con sus víctimas, sean civiles, policiacas o militares. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos?
Según entiendo de leyes, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado no es legal, por muy justificada que pueda ser desde el punto de vista de seguridad nacional o de protección de la salud de los mexicanos (que por cierto no ha funcionado pues ha aumentado el número de consumidores de drogas). Pero, además, si se trata de presuntos delincuentes tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que actuara, un juez el que dictara las órdenes de cateo y, desde luego, un juicio para establecer si son culpables y, en caso de serlo, meterlos en la cárcel y no dispararles como si las fuerzas del orden fueran otro cártel de drogas o sicarios contratados por la CIA para actuar en un país del cuarto mundo.
Los narcotraficantes son indefendibles desde cualquier punto de vista, pero lo que está haciendo el gobierno de Calderón no tiene justificación. Se está violando el estado de derecho, se está militarizando el país, la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, se le da al almirante Wilfrido Robledo, encargado en el estado de México de la operación contra los de Atenco en mayo de 2006, y lo que han logrado es que veamos como casi normal (y con miedo) que los soldados, del Ejército o de la Marina, patrullen nuestras calles, detengan nuestros automóviles y que puedan acribillarnos si, gracias a las labores de “inteligencia”, descubren o suponen que enfrente hay presuntos delincuentes que serán tratados como soldados enemigos, es decir, dispararles a matar en lugar de detenerlos y entregarlos a la PGR, como debería de ser, es decir si actuaran como coadyuvantes de esta dependencia. Ni las formas se respetan.
Cuando el secretario de Gobernación señaló que con el personal de la Armada de México se “preservó el secreto y evitó la filtración de información”, lo que está diciendo, entre líneas, es que las otras fuerzas militares o policiacas no son confiables, pues si hay riesgo de que se filtre información esto significa que hay infiltrados de los cárteles o personal comprado por éstos en los ámbitos de gobierno. Proceso (número 1729), en nota de Ricardo Ravelo, reseñó que “el día del ataque el llamado Jefe de jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca”. La pregunta que me brinca de inmediato es ¿por qué el gobierno no comenzó “su guerra” depurando sus filas y luego, ya limpias y con personal de confianza, perseguir a los delincuentes?
La primera plana de La Jornada Morelos del sábado pasado señalaba con letras grandes: “Psicosis en Morelos” y tenía razón. Lo primero que se encontraban los paseantes de fin de semana que entraban a Cuernavaca eran retenes militares, y la gente teme balaceras, más operativos, retenciones arbitrarias (no apegadas a derecho), violación de varios artículos constitucionales, comenzando con el 16 y el 20, y sustitución de la policía por la milicia, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura o en un Estado de excepción (no aprobado por el Congreso de la Unión, por cierto).
Sería conveniente que Calderón entienda que, gracias a él y su guerra, ahora da miedo salir a la calle y ya no sabemos en quién confiar como supuestos protectores de la sociedad.
PD: ¿Por qué mataron a la familia del marino Angulo Córdova? Porque dieron su nombre y subestimaron la capacidad de reacción de los narcos. Otro efecto de una guerra sin planeación.
¿Se trata de verdad de una guerra? Si es el caso, ¿se cumplen los requisitos estipulados internacionalmente para las guerras? Aun aceptando que realmente es una guerra, ¿el trato dado al cadáver de Arturo Beltrán Leyva (semidesnudarlo y cubrirlo de billetes y un rosario ensangrentados) es propio de militares con sus víctimas? ¿La golpiza que recibieron los presentados en la televisión, uno de ellos detenido por el cuello por un soldado o marino, para que no se derrumbara, es parte del protocolo de guerra? El secretario de Gobernación, en su declaración del viernes pasado, sugiere que lo del cuerpo cubierto con billetes fue responsabilidad de los servicios forenses de Morelos. Puede ser, ¿y dónde estaban los marinos encargados de la operación? Según las fotografías publicadas, ahí estaban mientras unos individuos vestidos de civil manipulaban los cadáveres como para enviarles un mensaje a otros narcotraficantes, igual que hacen éstos con sus víctimas, sean civiles, policiacas o militares. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos?
Según entiendo de leyes, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado no es legal, por muy justificada que pueda ser desde el punto de vista de seguridad nacional o de protección de la salud de los mexicanos (que por cierto no ha funcionado pues ha aumentado el número de consumidores de drogas). Pero, además, si se trata de presuntos delincuentes tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que actuara, un juez el que dictara las órdenes de cateo y, desde luego, un juicio para establecer si son culpables y, en caso de serlo, meterlos en la cárcel y no dispararles como si las fuerzas del orden fueran otro cártel de drogas o sicarios contratados por la CIA para actuar en un país del cuarto mundo.
Los narcotraficantes son indefendibles desde cualquier punto de vista, pero lo que está haciendo el gobierno de Calderón no tiene justificación. Se está violando el estado de derecho, se está militarizando el país, la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, se le da al almirante Wilfrido Robledo, encargado en el estado de México de la operación contra los de Atenco en mayo de 2006, y lo que han logrado es que veamos como casi normal (y con miedo) que los soldados, del Ejército o de la Marina, patrullen nuestras calles, detengan nuestros automóviles y que puedan acribillarnos si, gracias a las labores de “inteligencia”, descubren o suponen que enfrente hay presuntos delincuentes que serán tratados como soldados enemigos, es decir, dispararles a matar en lugar de detenerlos y entregarlos a la PGR, como debería de ser, es decir si actuaran como coadyuvantes de esta dependencia. Ni las formas se respetan.
Cuando el secretario de Gobernación señaló que con el personal de la Armada de México se “preservó el secreto y evitó la filtración de información”, lo que está diciendo, entre líneas, es que las otras fuerzas militares o policiacas no son confiables, pues si hay riesgo de que se filtre información esto significa que hay infiltrados de los cárteles o personal comprado por éstos en los ámbitos de gobierno. Proceso (número 1729), en nota de Ricardo Ravelo, reseñó que “el día del ataque el llamado Jefe de jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca”. La pregunta que me brinca de inmediato es ¿por qué el gobierno no comenzó “su guerra” depurando sus filas y luego, ya limpias y con personal de confianza, perseguir a los delincuentes?
La primera plana de La Jornada Morelos del sábado pasado señalaba con letras grandes: “Psicosis en Morelos” y tenía razón. Lo primero que se encontraban los paseantes de fin de semana que entraban a Cuernavaca eran retenes militares, y la gente teme balaceras, más operativos, retenciones arbitrarias (no apegadas a derecho), violación de varios artículos constitucionales, comenzando con el 16 y el 20, y sustitución de la policía por la milicia, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura o en un Estado de excepción (no aprobado por el Congreso de la Unión, por cierto).
Sería conveniente que Calderón entienda que, gracias a él y su guerra, ahora da miedo salir a la calle y ya no sabemos en quién confiar como supuestos protectores de la sociedad.
PD: ¿Por qué mataron a la familia del marino Angulo Córdova? Porque dieron su nombre y subestimaron la capacidad de reacción de los narcos. Otro efecto de una guerra sin planeación.
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