Josefina: bipartidismo y polarización

Adolfo Sánchez Rebolledo


La euforia panista tras la elección de Josefina se disipó al contacto con el aire. Todo comenzó cuando el presidente Calderón mostró a los consejeros de Banamex las imágenes de una encuesta pagada por el gobierno –supongo, pues no se habría atrevido a presentarla siendo del PAN–, donde la candidata aparecía muy cerca del valido de los medios, al que ya muchos dan por seguro ganador de la próxima contienda presidencial. El Presidente quería fijar en la mente de su privilegiado auditorio la idea de que en México la competencia al final se reduce siempre a dos aspirantes y no a tres como nos indica la terca realidad del pluralismo. Y es que, a final de cuentas, la propuesta panista ha sido siempre el bipartidismo.

No sé si en los años de formación, tan afines en ciertos gestos ideológicos al falangismo católico, el ejemplo estadunidense ocupaba el lugar de privilegio que luego asumió en la mentalidad del protopanismo nacional, pero la proximidad a la empresa made in Mexico bajo el paraguas del proteccionismo (invisible para el fisco con todo y sus líderes charros), más allá de veleidades democristianas, finalmente los llevó a girar en la órbita del anticomunismo de la guerra fría. El PAN se veía en México como la vanguardia de “la defensa de la civilización occidental cristiana”, el verdadero opositor a sus enemigos jurados: el marxismo, la intervención del Estado en la economía, la influencia “socialista” en la educación pública y, por supuesto, el laicismo que en México adquiere, por conocidas razones históricas, significados fundacionales (¿alguien se extraña de que la candidata Vázquez Mota elogiara a Pinochet?). La propuesta democrática del PAN no se reducía, pues, a la exigencia de libertades políticas y a la apertura de la competencia electoral, sino que hallaba en ese programa, asumido y asimilado por los grupos patronales, su verdadera razón de ser.

Y quería el bipartidismo para México. Para conseguirlo no eludió estrechar los lazos con el Partido Republicano (EU) y los centros de poder que ya comenzaban a dar señales de insatisfacción por los rendimientos decrecientes de los gobiernos del PRI, apurados por la emergencia de la crisis y el desgaste de la estabilidad, bien supremo para el éxito de los buenos negocios con el vecino del sur. Sería muy largo recordar aquí esa historia, pero hay muy buenos trabajos de investigación que arrojan luz sobre el periodo, como los de Carlos Arriola. Sin embargo, la irrupción del cardenismo en 1988 cambió el escenario e introdujo una variable que el ancien regimen no acaba de asimilar después de casi un cuarto de siglo: la emergencia de las izquierdas (1988) impulsando la transición democrática cuando en el mundo se derrumbaba el socialismo real y las alternativas se esfumaban en el gatopardismo, lo cual sin duda marcaría el curso de la política nacional en la décadas siguientes.

Frente a la amenaza representada por la izquierda, tanto en las filas oficiales como en el PAN se dio el gran viraje que los puso en sintonía. Los panistas formados en el antigobiernismo denunciaron que su programa más radical (privatizaciones, desmantelamiento del Estado) les había sido expropiado por el gobierno. En el PRI, en cambio, se registró –tan burocráticamente como fuera viable– el sacrificio del ideario popular de la extinta Revolución en aras de un proyecto de modernización pro empresarial, aderezado con fuertes políticas compensatorias (Solidaridad), cuyo desenlace sería el paulatino “acotamiento” del presidencialismo. El tándem PRI-PAN se proyectó como columna vertebral de la reforma deseable, excluyendo hasta donde fuera posible (incluso desde la Presidencia) a las opciones “minoritarias”. Jamás creyeron que la izquierda ganaría unas elecciones presidenciales, entre otras cosas porque el bipartidismo resultaba ser incompatible con la victoria de una fuerza capaz de enarbolar otro programa, alejado de la ortodoxia derivada del consenso de Washington.

Eso es lo que persiste bajo el intento de “polarizar” las elecciones entre el PRI y el PAN. Felipe Calderón quiso darle un empujoncito a su correligionaria sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, a quien se le castiga con el ninguneo, visto como versión incruenta de la guerra sucia de otros tiempos electorales. Pero la acción presidencial suscitó otra suerte de críticas y elogios entre los analistas y, claro, entre los partidos afectados: que si el Presidente tiene derecho a la libertad de expresión; que si viola la ley, que si… Lo cierto es que el Presidente sí intervino en la contienda electoral, lo cual, como ha probado en estas páginas Arnaldo Córdova, debe juzgarse con el texto constitucional en la mano y no, digamos, a partir de la experiencia estadunidense, donde el Ejecutivo hace campaña y recolecta dinero para su partido, que es el modelo que tienen en mente algunos influyentes comentaristas.

Las cosas, empero, no son tan sencillas. El ascenso de Josefina se ensombreció por los problemas en la elección de los candidatos, donde se reflejan las heridas dejadas por la elección interna y el cambio real operado en la mentalidad del panismo forjado en la alternancia. Nada queda de los viejos doctrinarios del panismo ideológico. La derecha se hizo pragmática y, por ello, la imagen de pureza virginal que pretende evocar la sonrisa ciudadana de Vázquez Mota parece un gesto burlón ante los acarreos, las promesas de pago en efectivo y despensas, registrados en video pero no sancionados que marcaron la competencia en Chihuahua, por lo menos. Pero la realidad del PAN (que no es propia de ese partido, justo es decirlo) se muestra sin afeites cuando se premia el oportunismo y se aniquila a los aspirantes con mayor peso y legitimidad, como Javier Corral. O se la juega en Nuevo León con el presidente municipal (puesto en la picota de la opinión pública), por no hablar de Guanajuato, cuyas candidaturas las ocupa el Yunque, o en Sinaloa, donde lanzaron al hijo del Maquío a la ruta fuera del partido.

Se extrañan los expertos de que Josefina ya no sonríe como antes y apuntan el remedio: una gran campaña publicitaria al final de la veda. La pregunta es obligada. ¿Es que nadie va a pedirle a los candidatos que aclaren sus compromisos ante el país? ¿Para qué son, entonces, las campañas? A lo mejor, para consolidar el bipartidismo no se precisa mayor precisión programática. Pobre país: con la imagen digital embellecida es suficiente. El desinterés por los debates, la superficialidad como virtud, indican, paradójicamente, que todo está listo para una elección “a la americana”, aunque aquí el contexto de violencia, miseria y desencanto nuble las mejores fantasías.

Biden y López Obrador

Adolfo Sánchez Rebolledo


Durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador fijó su postura en torno a la relación con nuestro poderoso vecino del norte. Y lo hizo con mesura y cuidado, fijando sus palabras en una carta escrita con ese propósito. Gracias a eso, más allá de los ecos mediáticos del encuentro, la reunión Biden-López Obrador trasciende el encuentro privado y los argumentos adquieren relevancia pública (no podemos decir lo mismo de lo expresado por los otros dos candidatos, que se dieron por satisfechos con las entrevistas de banqueta). Creo que López Obrador hizo bien en tomarse en serio la reunión con Biden para marcar los lineamientos de lo que, en su opinión, podría ser la relación bilateral con Estados Unidos fundada sobre los viejos principios de soberanía e igualdad jurídica de los estados. Asume, como no podía ser de otro modo, la asimetría existente entre ambos países, pero con el mismo sentido de la realidad pone por delante la necesidad de la cooperación, surgida de la geopolítica pero también de la integración, vista menos como el destino fatal de la economía y más como la oportunidad para el desarrollo y el bienestar de los dos pueblos.

Debo admitir que en este punto me sorprendieron varias de las informaciones publicadas en la prensa nacional, toda vez que, so pretexto de rechazar la “pasarela” como un acto de sumisión, en ocasiones se redujeron los asuntos de la agenda al gran tema de la violencia criminal o a una visión trivial, indecorosa, de la “ayuda”, donde México aparece como un eterno e insatisfecho pedigüeño que malgasta todo lo que tiene. Creo, por el contrario, que la visita del vicepresidente Biden es la señal de que también para la Casa Blanca el ciclo electoral mexicano ha comenzado y, por tanto, la cuenta regresiva del actual presidente Calderón, cuyo peso –y los amarres de poder de este sexenio– declinará de aquí en adelante. Por eso fue importante que López Obrador obtuviera del vicepresidente Biden la promesa de que Estados Unidos no intervendría en la sucesión presidencial en curso.

El leit motiv de la carta es la necesidad de darle un giro completo a la política bilateral en consonancia con los cambios que el país requiere para salir de la situación de crisis en que se halla, y escribe: “Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que, por el bien de las dos naciones, es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar”. No obstante, algunos observadores de la política nacional, ensimismados en las encuestas, desdeñaron dichos planteamientos, sin reconocer la racionalidad que los anima, y prefirieron atacar al candidato de la izquierda conforme a los viejos prejuicios de la campaña pasada. Pero no hay en la carta viso alguno de radicalismo. Por el contrario, el planteamiento lopezobradorista es muy cuidadoso para no sembrar falsas expectativas con tintes ideológicos. La oferta de López Obrador no consiste en derribar el modelo capitalista ni se propone tampoco impulsar una reforma de gran calado para sustituir algunas de sus piezas angulares en busca de una alternativa “antisistema”. Su propuesta incluye, sin duda, nuevas estrategias y un replanteamiento general de los fines del Estado en los términos fijados por la Constitución, pero, como lo dice con toda claridad en la carta a Biden, no pretende debilitar la disciplina de las finanzas públicas ni se propone suprimir la autonomía del Banco de México. Por el contrario, reconoce que “se mantendrán los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento se alcanzará sin inflación ni endeudamiento. Tampoco habrá aumentos de impuestos en términos reales ni nuevos impuestos”.

López Obrador piensa en la economía, en la necesidad de reorientar las acciones del gobierno para favorecer el crecimiento, la creación de empleo, la justicia para los más pobres, en fin, el programa social que justifica y define a la izquierda, pero si el desarrollo es el objetivo estratégico, el acento para lograrlo está en otra parte, en la política y, particularmente, en la lucha contra la corrupción, que es el eje para un gobierno alternativo. La tesis de López Obrador se reitera con todas sus letras en la carta a Biden, cuando escribe: “El desarrollo se financiará de tres maneras: se reducirá 15 por ciento el gasto corriente, bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos y suprimiendo todo el gasto superfluo del gobierno; se combatirá a fondo la corrupción, y se eliminarán los privilegios fiscales. Con ello se podrá aumentar al doble la inversión pública, que se utilizará como capital semilla para atraer inversión privada y social, en un modelo tripartita para el desarrollo y, en particular, para el desarrollo regional”.

Esa política de austeridad republicana, apoyada en la movilización popular-ciudadana, es la clave del proyecto de gobierno lopezobradorista, pues de ella depende la restauración de la confianza de los amplios sectores hoy desencantados con la vida pública. Luchar contra la corrupción y hacer un gobierno eficaz supone, en las circunstancias actuales, desplazar grandes grupos de poder dispuestos a defender sus privilegios por los medios a su alcance, pero también darle seguridad, confianza, a la ciudadanía, para ejercer sus derechos. Para ello, se deduce, es indispensable ganar la Presidencia, pues ninguna otra instancia puede barrer de arriba abajo los obstáculos que hoy se oponen a la transformación de México, objetivo primordial de la acción lopezobradorista. Es evidente que el programa esbozado por López Obrador es el punto de partida de una reflexión que debe seguir incorporando a todos los posibles sujetos del cambio, pues a decir verdad sólo se obtendrán respuestas claras en la medida que las propuestas sirvan para crear la gran corriente que se requiere para impulsar la verdadera transformación, como gusta decir Andrés Manuel.

Tal vez el candidato no expresó todo lo que podía decir en su carta al vicepresidente de Estados Unidos, pero nadie se puede llamar a engaño en cuanto a las posturas en ellas defendidas. Veremos, en cambio, qué pueden hablar sobre la corrupción Peña Nieto y Vázquez Mota. O qué programas de gobierno proponen para romper el círculo de la pobreza. O qué de nuevo acerca de la violencia criminal o la pérdida de toda una generación de jóvenes. Mientras, el PAN, desde la Presidencia, alentará el juego del miedo, el “no nos queda de otra” que rige el fatalismo mexicano.

PD. Ver para creer. Guillermo Ortiz hila reflexiones al filo del tiempo y pide “actuar ahora, no después”, para obligar a las subsidiarias de bancos mundiales a limitar el pago de dividendos y/o cotizar en las bolsas locales”. Es la crisis que aquí no apanica.

La guerra (“sucia”) que viene

Adolfo Sánchez Rebolledo


Si usted es de los que piensan que la campaña presidencial panista será un reflejo del debate insulso entre sus aspirantes, está en un error. Las buenas maneras y el tono distante de las críticas no se mantendrán cuando se enfrenten directamente a sus verdaderos adversarios y, en particular, a quien es el verdadero objeto de su fobias: el candidato de las izquierdas. Les costará trabajo llegar a la unidad y no les será sencillo restaurar algunas de las heridas causadas, acaso innecesariamente, dada la insistencia del Ejecutivo por inclinar la balanza a favor de Cordero, pero al final lo harán y (Solá de por medio) no pararán mientes para evitar la clausura del ciclo panista a la cabeza de la República.

Es un falacia suponer que la identificación estratégica que ha favorecido la tendencia a consolidar una suerte de bipartidismo vergonzante con el PRI desestimula la necesidad del panismo de preservarse como el grupo dirigente, sobre todo cuando las mieles del poder entierran como reliquias los viejos principios doctrinarios, pero en la sociedad emerge un nuevo conservadurismo, articulado por muchos lazos a los intereses e ideales de las clases dominantes.

En buena medida, la disputa del PAN con Peña Nieto tiene que ver, en efecto, con la definición de qué fuerzas y con qué argumentos se sirve con más eficacia a los intereses de esa elite que intenta convertirse en poder superior al Estado, capaz de imponerle a la sociedad un curso de acción y a la vez que una visión del mundo, una ideología que le permita dominar.

Es verdad que los gobiernos panistas han sido ineficaces para elaborar y llevar a la práctica un programa de cambio lo suficientemente profundo como para mandar al priísmo a la historia, como ingenuamente pensaba Fox, o para rebasar “por la izquierda” al proyecto lopezobradorista, fantasía inolvidable de otros tiempos. Nada de eso ocurrió. La torpeza oficialista, en efecto, revitalizó al PRI, y la problemática social, que en rigor sostiene la potencialidad de la izquierda, lejos de atenuarse se agudizó sin remedio. Como resultado, la vida pública, que debía ser reforzada por un mayor juego democrático, se deslizó hacia un pantano que debilita objetivamente la convivencia nacional. Calderón no enfrentó la crisis nacional con argumentos políticos, pero dejó que el país se hundiera en el laberinto de la violencia criminal y en la cerrazón de una concepción atada a los prejuicios económicos que han conducido a la crisis global que también llega a nuestras fronteras.

Pese a todo, en abierta contradicción con su discurso sobre la maldad intrínseca de la clase política, los panistas le tomaron gusto al gobierno; una nueva generación se cree tocada por la gracia de los privilegiados y, por tanto, no abandonará el mando sin pelear con todas las armas a su alcance, aunque se envuelvan bajo la bandera de los “independientes”, como intenta la señora Vázquez Mota y ahora se reafirma con la inclusión tras el sello panista la señora Wallace, como reflejo de que aun los “símbolos” de la sociedad civil también toman partido, producen votos y apoyan intereses, lo cual es natural y no tiene nada de raro, salvo cuando se aparenta lo contrario.

En 2006 aprendieron a librar la guerra sucia y nada indica que esta vez no usarán los mismos (o semejantes) dardos envenenados para avanzar. Echarán de menos, eso sí, la posibilidad de saturar los medios con anuncios calumniosos, pues la ley, tan vituperada, prohíbe la compraventa de tales espacios, pero aún les queda un gran camino que recorrer. Está, por citar un caso reciente, el uso de Internet y las redes sociales para golpear sin dejar huella. Ayer mismo, en este diario, Georgina Saldierna daba cuenta de los ataques contra Josefina Vázquez Mota en You Tube, que anticipan el porvenir que nos espera.

Sin embargo, más allá de lo que hagan o dejen de hacer los publicistas incontrolados al servicio de las candidaturas panistas, no cabe duda de que la presente campaña ocurre en un contexto especialmente delicado que nadie debería soslayar. Como resultado de la guerra contra el narcotráfico emprendida por este gobierno, arribamos a las elecciones en una situación de fragilidad interna sobre la cual pesa e influye negativamente la realidad estadunidense, hundida hasta el cuello en sus propia sucesión, donde ya es costumbre hacer de las relaciones con México el blanco fijo de los peores presagios.

Es natural y casi inevitable que el tema de la violencia en México, con su trágica secuela de 50 mil muertos, esté presente en la disputa política que está en curso. Es obvio –y sería estúpido negarlo– que se corre el riesgo de que la delincuencia organizada pretenda influir en las próximas elecciones, sobre todo en algunos niveles y en ciertas regiones o con determinados candidatos de todos los partidos.

El problema, en todo caso, es cómo lo van a plantear los partidos y sus candidatos, pero sobre todo el gran asunto a saber es cuál será el uso que el gobierno le dará a la información “sensible”. Nadie está a salvo del potencial corruptor del dinero ni al margen de las amenazas que asientan la cultura del miedo, pero aun así lo peor sería abandonar el barco, es decir, eludir el ejercicio democrático, la realización de las elecciones, a cambio de un acto de salvación, asumido por alguna minoría autoproclamada como pura o intocable (ya se les ocurrió en Michoacán). “Blindar” a los partidos y a las instituciones electorales, aumentar la fiscalización institucional y ciudadana, son exigencias legítimas pero ninguna de ellas tendría utilidad si al mismo tiempo la máxima autoridad opta por instrumentalizar la acción contra la delincuencia. Si la transparencia siempre es imprescindible, ahora es vital. No podemos imaginar a escala nacional un escenario como el de Michoacán, donde la autoridad calla ante las maniobras electorales de los grupos delincuenciales cuando parece ir ganando, pero deja que su partido alce la voz a la hora de la derrota. Veremos.

López Obrador está de vuelta

Adolfo Sánchez Rebolledo


López Obrador está de vuelta. Y no me refiero a su actividad pública, que ha sido constante en los últimos años, sino al regreso del político convencido de que los tiempos han cambiado y nada le será concedido en las urnas si no es capaz de convencer a la ciudadanía, de tender puentes y ganar nuevos territorios para su causa. Un difícil, continuado esfuerzo, siempre sujeto a la mala voluntad de sus adversarios, lo trajo hasta aquí como el candidato progresista para desvanecer el sueño bipartidista de los grupos del poder. El cruce del desierto, en sí mismo un acto de resistencia, ha sido también la prueba del ácido para una corriente política (la izquierda) que forma parte integral del pluralismo del México del siglo XXI, pero a la cual se quiso diluir, invisibilizar, cuando no deslegitimar al considerarla un peligro” para la institucionalidad en crisis, pero asumida como expresión de ciertas reglas inmutables. Hoy esa corriente está de regreso. Con sus errores a cuestas, pero arraigada, sabiendo que la situación exige desplegar con eficacia organizativa un programa más maduro y complejo para un país que no tiene asegurado el futuro. Se trata de darle continuidad a los planteamientos y los valores que en 2006 ganaron la confianza de 15 millones de votantes, asumiendo que la situación general es hoy mucho peor que hace seis años y, por lo tanto, que las decisiones electorales de junio venidero serán decisivas para la supervivencia de la nación, la República y también para la izquierda como fuerza reformadora apoyada en la sociedad.

En ese sentido, puede decirse que ha terminado el ciclo de afirmación de los convencidos para entrar en la disputa por la conciencia de los votantes, apelando a la razón, a los sentimientos y emociones, identificando los problemas nacionales más ardientes y ofreciendo propuestas que no se conformen con “sonar bien” a los oídos mediáticos, sino que sean oportunas, eficaces para resolver a fondo la situación del país. La izquierda, mal que le pese a los sectarios, tiene que ser receptiva y dialogar con todos los sectores de la sociedad civil, abrirse a formas de convergencia que ayuden a construir el amplio frente progresista que el momento requiere. Pero no lo hará satisfactoriamente sin reconocerse en su propia diversidad, responsablemente (como hicieron López Obrador y Ebrard) para evitar la fragmentación que, en las condiciones objetivas de la sucesión impediría la consolidación de una estrategia de largo plazo para arraigar a la izquierda como el motor permanente del cambio. Mientras llega el día de discutir la refundación de las formaciones partidistas actuales y su destino, lo que está en el centro es la configuración de un amplio frente electoral que por definición trascienda la suma convencional de las siglas partidistas o incluso los marcos de la coalición electoral. Un frente así debería darle espacio a todos aquellos grupos e individuos que de buena fe quieran participar en la transformación de México a partir del rechazo a la herencia tóxica de la clase política dirigente, cuya vida transcurre en una burbuja alejada de los votantes, de sus causas y preocupaciones. La mayoría ciudadana no tiene partido, pero en ella hay grupos activos, afiliados a distintas causas, que están dispuestos a trabajar por el cambio, siempre y cuando sea respetada su independencia y no se le obligue a subordinarse al programa “máximo” de las fuerzas políticas. Sólo la izquierda puede ofrecer una opción de gobierno verdaderamente racional que sea popular, en el sentido de satisfacer en la proporción más deseable las expectativas de las mayorías y, en particular, de las víctimas extremas de la desigualdad. La política de la izquierda tiene que lograr la convergencia –no la unanimidad– de esa diversidad en torno a una propuesta democrática que, por su propia naturaleza, trasciende la suma convencional de siglas y movimientos, en la medida que supera la provisionalidad de las alianzas electorales para perfilar los fundamentos de un nuevo bloque histórico, dicho sea en el vocabulario gramsciano.

En ese sentido, es importante volver al punto inicial: López Obrador está de vuelta con argumentos probados pero también con novedades que han merecido aplausos y críticas, como es el caso del tema de la “república amorosa”. En mi opinión, lo más importante, según entiendo, es la decisión de enfrentar el reto electoral haciendo política sin renunciar a las señas de identidad, a los principios, pero sepultando de un tajo la mitología construida para hundirlo en una trivial caricatura recordando algo que no puede ser soslayado: el candidato tiene, al igual que los demás, su propia individualidad expresada en convicciones morales y espirituales que sólo la intolerancia negaría.

En sus primeras salidas en el Distrito Federal, López Obrador ha dado contenido a la agenda de gobierno emanada de la experiencia del Movimiento Regeneración Nacional. Se pronuncia alrededor de tres ejes; la honestidad, la justicia y el fortalecimiento de los valores, y procura que dejen de ser abstracciones para convertirse en ideas concretas, proyectos viables y argumentaciones a favor de la mayor transformación posible a las precarias condiciones del México actual.

Muy importante, clave podría decirse, es el planteamiento en torno al estado de bienestar, al que se accede mediante una estrategia que “atenderá, respetará y escuchará a todos, pero dándole preferencia a la gente más humilde y pobre”; que no intenta despojar a nadie, pero que sí implica una clara redistribución del ingreso en el marco de la ley. López Obrador plantea impulsar el crecimiento y con él la calidad de vida, el progreso y la justicia. Incluso ofrece planes concretos que teniendo como sujetos a los jóvenes relancen el ciclo de crecimiento siguiendo una lógica muy diferente, opuesta a la que predomina desde hace décadas con nefastos resultados en términos de pobreza, violencia y degradación de la vida social. Ese planteamiento es el hecho diferencial en la disputa por el poder, la que en definitiva distingue a la izquierda de los demás partidos, alineado con el pensamiento único que nos ha llevado a la peor crisis de la historia. Pero hay, más allá de las formulaciones, una preocupación que López Obrador ha planteado con fuerza: ¿cómo hacer para que el discurso y la práctica política no se divorcien de los fines éticos que, en definitiva, mueven a la gente, al ciudadano de cara a los intereses desnudos de la economía y el poder? Apostar por la honestidad en la vida pública y privada, revalorando las normas universales de la convivencia humana, los valores de respeto y tolerancia emanados a través del proceso civilizatorio es, en cierta forma, una vía para apuntalar al Estado laico como garantía de la libertad de creencias fuera de toda imposición de ningún catecismo o moral obligatoria. La lucha contra la corrupción implica una profunda reforma cultural y moral, una transformación de abajo arriba de la sociedad y el Estado. No es poca cosa. La temporada apenas comienza. Estamos en precampaña. No hay tiempo que perder.

La corrupción

Adolfo Sánchez Rebolledo

La experiencia nos demuestra –la burra no era arisca…– que debajo de las grandes tragedias colectivas, como en el caso de la guardería ABC o en el incendio del casino Royale, suele anidar la corrupción. No sabría decir si muchos de los males que aquejan a nuestra sociedad se originan en esa persistente deformación de las relaciones y las conductas morales, o si esta forma de proceder es el resultado de la imposición de un código clasista que entiende el despojo como una suerte de redistribución” que, al final, confisca el esfuerzo común a favor de las fortunas personales, pero es un hecho público, notorio y agraviante que dichas conductas, por razones éticas pero también económicas, son cada vez más intolerables para una ciudadanía que ve escurrirse la juventud o el empleo, mientras la riqueza se polariza endiosada por el individualismo de mercado.

En otras épocas se llegó a decir que en el México revolucionario hasta la corrupción era democrática, pues no se le negaba ni al pobre ni al rico, pero estas leyendas jamás disiparon la estela de cinismo que, en años de primitiva acumulación, favorecieron la aparición de una nueva clase pudiente e inmoral, anclada para medrar en la necesidad multiplicada por la desigualdad. Claro que hubo familias señoriales cuyas fortunas tenían el olor de la sangre, pero sentían cierta superioridad sobre los nuevos ricos caídos como una plaga sobre los recursos ajenos: despreciaban el plebeyismo como un estigma, pero el tiempo que todo lo borra desvaneció los linderos del dinero y reforzó, gracias a fusiones, matrimonios y ascensos meteóricos, la elite que unió a los emprendedores con los parasitarios cuyas ínfulas crecían a su paso por el erario nacional.

Por años, la gente “decente” asoció la corrupción con el Estado, con el gobierno y los políticos, al punto de desnaturalizar la idea de lo “público”, y le dio alas a la desvalorización de la vida social, a la indiferencia hacia los bienes comunes y el patrimonio nacional. En nombre de la “iniciativa privada” se dejó caer la calidad de la escuela, se atacó el libro de texto gratuito o se abandonó el rigor en la dirección de las grandes empresas del Estado: el contratismo –no el aprovechamiento racional de los recursos– pasó a ser la razón de ser de unas empresas condenadas a despilfarrar sus ingresos. México se dejó en el camino lecciones valiosas de la historia, pero no pudo dar el prometido salto a la modernidad: sus capitanes de industria eran flor de invernadero, hijos de la corrupción de “cuello blanco”. Sólo unos cuantos lograron cruzar el río de la reconversión para nadar en aguas abiertas. Los demás, crecidos bajo la sombra del poder al que despreciaban, se las arreglaron para vivir de sus rentas en el extranjero o como socios menores de los grandes capitales trasnacionales. Y a eso le llamaron confianza.

El arribo al poder de la derecha abanderada por un empresario se presentó como el fin de una época, esto es como un cambio histórico. Sin embargo, cuando Vicente Fox llega a Los Pinos, hace ya mucho tiempo que el viejo estatismo, al que el panismo adjudica todos los males materiales y espirituales de la nación, no existe como tal. En cambio, es obvia y notoria la creciente armonía entre los distintos componentes de la clase empresarial. Y no sólo eso: el gobierno (desde antes de la alternancia) ha renunciado por convicción ideológica (con la venia del Consenso de Washington) al papel que le otorga la Constitución para ejercer la rectoría del Estado. Frente al gobierno emergen los poderes fácticos, que definen buena parte de la agenda y modulan el ánimo nacional. A Fox le queda la moralina de criticar el pasado sin afrontar el presente, de modo que no hay ruptura sino reutilización de lo que va quedando del presidencialismo. La administración del cambio, como lo hará Felipe Calderón después, promueve la libertad de mercado a la vez que mantiene la alianza con los grandes sindicatos corporativos; condena la corrupción en general, como una bandera moral, pero no se advierte disposición semejante para impedir que, bajo el manto de los grandes negocios, prosperen, como siempre, las fortunas personales de los políticos que se consideraban incorruptibles.

Cuando el gobierno está en el tramo final del sexenio, ya es evidente que el panismo no le hizo el feo a la corrupción. La vieja simbiosis entre la política y los negocios mueve intereses e influencias. El dinero compra fidelidades y despierta ambiciones. La rendición de cuentas es todavía, y por desgracia, una ficción que no se cumple en amplias regiones del país. La impunidad está a la orden del día. Los casos recientes de Monterrey y la Comisión Federal de Electricidad son indicadores de por dónde van las cosas. Y todo eso contando con 50 mil muertos en las calles.

A quienes gustan de hacer cuentas alegres es difícil pedirles moderación electoral, un poco de discreción republicana. Viendo lo que hoy se gasta en propaganda, parece muy difícil que nos libremos del diluvio que nos amenaza. Pero hay algo más grave que debería alertar nuestros sentidos: si dos candidatos (panistas) a dos alcaldías pudieron recibir (según filtraciones consulares de Estados Unidos) cerca de 5 millones de dólares en efectivo y especie (un helicóptero), ¿con cuánto más se pondrán a mano tratándose de influir en la sucesión presidencial? ¿Tiene fondo la corrupción?

PRD: fin de un ciclo

Adolfo Sánchez Rebolledo

El PRD no se partió en pedazos, pero la división permanece y de alguna manera se institucionaliza. La elección de Jesús Zambrano y Dolores Padierna no es un acto de unidad, sino de sobrevivencia elemental de los grandes grupos de poder internos de cara al largo y accidentado camino hacia la sucesión de 2012. Se conjuró la fractura orgánica, pero siguen sin resolverse las controversias políticas fundamentales. Se puso a salvo la existencia del partido como aparato”, esto es, como una organización cuya permanencia legal, sin duda importante, se ha convertido en un fin en sí mismo por cuanto posibilita la realización de la agenda particular de sus “administradores”, pero sigue en el aire el tema capital del qué hacer y con quién hacerlo.

En otras palabras, está en juego la existencia del partido como un conjunto articulado de medios y fines, de ideas y propuestas, capaces de elaborar y transmitir a la sociedad en su conjunto una alternativa de izquierda que trascienda la individualidad o los intereses inmediatos, parciales, de quienes la sostienen. Las llamadas “corrientes”, que se pensaron como antídoto contra las inercias del partido centralizado y monocolor, caudillista, se transformaron en feudos permanentes, en parcelas de poder para la negociación interna de los cargos públicos y partidistas, y acabaron por rendirse al pragmatismo y otras formas de oportunismo que erosionan el debate democrático en sus filas a costa de magnificar la adjetivación, el maniqueísmo o la vacuidad discursiva. Ese ciclo, al parecer, está completamente agotado, pues donde no hay, propiamente hablando, discusión ideológica la identidad se esfuma y todo se reduce a la pugna táctica, aritmética, por el control de los órganos de dirección, a la gesticulación hacia fuera y a la disputa interna, pero el horizonte se pierde. No puede sorprender que las resoluciones se reduzcan a simples prohibiciones para amarrar las manos al adversario y no, como sería lógico, acuerdos positivos para avanzar en un curso definido de acción. Un ejemplo: el Consejo Nacional aprobó rechazar las alianzas con el PAN para las elecciones presidenciales en 2012, pero siguió adelante en lo que respecta a las estatales, incluida la del estado de México, sin explicar a nadie, menos a los ciudadanos, la incoherencia (o el oportunismo) que está implícita en esa doble vía. Pero hay más. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional del mayor partido creado por la izquierda mexicana omita toda referencia política al acto fundador del Movimiento de Regeneración Nacional y la presentación del proyecto alternativo de nación en las mismas fechas, considerando, además, que entre los nuevos dirigentes partidistas se hallan varios promotores de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta qué punto resistirá la cuerda perredista que la elección del candidato se trate como una cuestión de personalidades al margen o por encima de los planteamientos o las propuestas que se requieren para resolver los problemas del país?

Se dirá que esa desidia ante la realidad no es nueva. Sin embargo, la gran diferencia es que hoy el centro de gravedad de la política de izquierda se ha deslizado fuera del PRD, y ése es un hecho político de la mayor importancia que de ninguna manera debiera subestimarse, pues plantea una agenda nueva para hoy y para el futuro.

Para todo fin práctico, aunque los resultados se verán después de 2012, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador NO es un partido, pero en la práctica actúa como si lo fuera (por su identificación con ciertos principios, causas, fines), aunque si se quiere muy diferente a los otros. Surgido para competir en las elecciones presidenciales del año próximo, el movimiento lopezobradorista se concibe como parte de un proceso que no se agota ni comienza en las urnas, sino que habrá de proseguir hasta lograr las transformaciones que México requiere. (Al respecto, abro un paréntesis, creo que la izquierda tiene ante sí la tarea teórica y práctica de superar la idea de partido que ha prevalecido hasta hoy, pero sería insensato oponer “el movimiento” al partido, así, en general, como se hace también con la movilización popular frente a la acción parlamentaria.) Por lo pronto, el Movimiento de Regeneración Nacional ha presentado un proyecto radical que busca establecer el rumbo del país más allá de 2012. Y eso, en el erial que es la política nacional, partidista o no, es algo digno de subrayarse y de discutirse, pues un proyecto es siempre una idea que se somete a la revisión para ser mejorado, enriquecido o rechazado por sus destinatarios. Habrá que leer el texto completo que fue la base de la presentación de Andrés Manuel para opinar o criticar con conocimiento de causa, pero, insisto, el solo hecho de que un movimiento haya tomado el toro por los cuernos es altamente positivo.

Por lo pronto, se advierte que López Obrador no ha llamado a la desbandada de quienes comparten en los partidos sus mismas posiciones, pero sí exige fidelidad a una plataforma mínima que es la base de sus alianzas y eso, por fuerza, tendrá efectos sobre la correlación de fuerzas dentro de la izquierda, en especial en el partido donde todavía milita, aunque haya pedido licencia.

En los días próximos asistiremos a un segundo capítulo de la crisis del PRD: la consulta acordada con el PAN para coaligarse en el estado de México. Los resultados son previsibles; las consecuencias también. ¿Quién gana?

Encinas

Adolfo Sánchez Rebolledo

Apenas al día siguiente de que Alejandro Encinas aceptara competir por el estado de México comenzaron las intrigas mediáticas. Allí donde alguna vez se reconoció el talante negociador y tolerante del personaje, la honestidad de su historia política personal, su eficacia como servidor público, ahora se le procura presentar como un testaferro sin voluntad propia, merecedor de cuantas ocurrencias les pasan por la cabeza a ciertos opinócratas de la prensa y cuya deslealtad moral e intelectual es inconmensurable. Lamentable, pero previsible. Seguimos inmersos en el pantano en que se convirtió la vida política nacional con la americanización de las elecciones que llevaron al panismo al gobierno. La competencia surgida del pluralismo real se transformó en un juego de espejos donde la mercadotecnia suplanta las ideas y los medios a los partidos que actúan bajo su esfera de poder. Fox rompió lanzas contra el viejo régimen pero, ignorante al fin, siguió sus impulsos clasistas y acabó por confundir la necesidad de apertura democrática del Estado con las concesiones a los grupos de poder, a las camarillas regionales y estatales que se beneficiaron del impulso “modernizador” del presidente de turno. Pero la verdadera degradación alcanzó cotas imprevisibles cuando decidió excluir de la competencia electoral a una de las fuerzas, con lo cual hizo retroceder la transición a los peores momentos del pasado. Desde el punto de vista de los grandes intereses involucrados, la decisión presidencial se justificaba como un recurso de última instancia para cortar de raíz el peligro representado por la izquierda como un legítimo aspirante a gobernar la República, aunque con ello se diera un golpe brutal al pluralismo surgido de las entrañas mismas de la sociedad mexicana.

Desde entonces el fantasma del bipartidismo reaparece bajo varias caretas, aun cuando a veces se enmascara como un recurso contra la “restauración” (que, en definitiva, oculta el vaciamiento de la política, la crisis de la llamada “clase política” y la capacidad de las instituciones para representar a la ciudadanía). Si ya después de la resolución de la Corte en torno a las candidaturas comunes promovida por el mismo Peña Nieto, se veía cuesta arriba el acuerdo entre el partido del gobierno y un segmento de la izquierda, ahora se torna casi imposible, pues la aceptación de Encinas dejaría a los partidarios de la alianza en el PRD en un grado de franca debilidad para lanzarse a esa aventura. En esas circunstancias, contra lo que se decía en algunos medios, la jugada de Encinas devuelve a la izquierda al escenario de la competencia política en el estado de México y la posibilidad de ensayar una plataforma al servicio de la sociedad contrapuesta a la lógica del poder. Es sobre ese terreno donde López Obrador, Ebrard y las instancias partidistas deben ajustar sus proyectos, salir al aire libre, ventilar las diferencias con el propósito de rehacer un polo alternativo que contribuya eficazmente a construir la fuerza organizada de la izquierda, que hoy está fragmentada en irrelevantes grupos de interés.

Si Encinas supera los obstáculos que se le interpondrán para derribar su candidatura, se enfrentará no a una elección corriente sino al intento de lanzar, desde allí, al hombre providencial bajo las sombras que hoy representa al pacto oligárquico (al que no es ajeno el propio panismo). Peña Nieto es la figura visible de una suerte de neocorporativismo en construcción que no acaba de nacer. Esa es su fuerza y su debilidad, pues en el intento de subir a todos a bordo –la jerarquía católica, los medios, la clase política tradicional–, la nave resulta demasiado pesada y frágil. Si la izquierda consigue ser una opción creíble navegando en esas aguas, ofreciendo respuestas a los mil interrogantes nacionales creados por la crisis y el abandono de la política, el 2012 tendrá otro significado y el laboratorio del estado de México habrá dado resultados positivos. Hay tiempo.

El Diario de Juárez y la impunidad

Adolfo Sánchez Rebolledo

La respuesta del gobierno federal a El Diario de Juárez es inaudita: en lugar de recoger el guante para apoyar a los periodistas acosados por la delincuencia, el vocero oficial prefirió el regaño fácil, la apresurada descalificación de una voz autorizada que reclama con desesperación menos discursos y más efectividad. En pocas palabras: la autoridad no se hizo cargo de la gravedad del asunto y lo trasladó, una vez más, al esquema que le permite asegurar que el Estado está ganando la guerra a la delincuencia organizada. Al gobierno no le preocupa tanto que El Diario “pacte” una supuesta tregua informativa con los asesinos de los dos reporteros que han caído en los dos últimos años, sino la caracterización de la situación que se vive en ese estado fronterizo. Le resulta intolerable que se diga que “ustedes (la delincuencia) son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”. Y menos admisible le resulta al gobierno esta descarnada opinión: “la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada– a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país… En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control (… pues) nunca recibieron de su gobierno los ‘mecanismos de protección especial’ que subrayó como indispensables”. Como era previsible, el debate se ha centrado en el tema de la libertad de expresión, asunto vital si los hay. Pero no se trata sólo de un episodio entre otros importantes de la secular lucha por garantizar ese derecho. En rigor, para comprender mejor las razones de la valiente denuncia de El Diario, convendría recordar que estamos ante una situación límite originada en una terrible historia que, podría decirse, condiciona, determina desde hace años, la vida toda en esa región.

En la ciudad ya no hay zonas seguras (para hallarlas hay que cruzar la frontera), aunque la violencia radica y se multiplica en los barrios marginales donde años de marginación han forjado una sociedad gelatinosa, fragmentada, sin horizontes. Allí se reclutan y adiestran los “halcones”, los pandilleros-soldados de las bandas, implacable poder reinante en buena parte de la frontera: es la base “sociológica” sobre la cual se alza el imperio de la violencia que se extiende copando los cuerpos de seguridad, la justicia. Los ciudadanos de esta urbe (y otras regiones del norte) llevan años sufriendo las consecuencias de ese crecimiento exponencial del delito asociado al control de su territorio como puerta de paso hacia el gran mercado de las drogas: en Juárez se despliega el fenómeno ominoso de los feminicidios que escandalizan al mundo pero no iluminan a las autoridades, siempre lentas, descuidadas, insensibles y, al final, solapadoras. Y no fue por falta de avisos oportunos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en un amplio informe de 2002 que “desde 1993 las mujeres que viven en Ciudad Juárez tienen miedo”, subrayando “el aumento del delito” impulsado por “el crimen organizado y el narcotráfico”. Si algo se hizo para impedir la pérdida de cohesión social es obvio que no tuvo éxito, como se demuestra con la reiteración de las finalidades contenidas en el Plan Todos somos Juárez, que busca disminuir la violencia atendiendo a los jóvenes como punto de partida de la recomposición social. Pero la criminalidad no baja. En una nota reciente, El Diario de Juárez informa que “tan sólo en esta frontera, de 2 mil 236 asesinatos que se han cometido en lo que va de 2010, sólo ha judicializado 67, apenas 3 por ciento de los casos, y no todos han sido resueltos ni sentenciados”.

Este fracaso se explica por el distanciamiento del Estado respecto de la población y sus problemas. Se trata de una crisis real, pues la impunidad se sustenta en una larga historia de complicidades políticas amparadas por la corrupción y, si hemos de creer al general Carrillo Olea, colaborador de este diario, por el desmantelamiento en los años 90 de los aparatos de inteligencia, concomitante, añado, con la caída brutal de la economía y la expansión de las migraciones hacia el norte. Ese es el tema de fondo que acompaña y limita el curso de la guerra cotidiana contra los cárteles, la razón por la cual se pervierten otras formas de actuación de la justicia en general y se tambalean los supuestos estratégicos que animan a las autoridades.

El gobierno federal y las autoridades estatales y municipales siguen sumergidos en la falta de transparencia y la desinformación. La respuesta oficial a El Diario de Juárez se resiste a reconocer los hechos, menos aún a comprender el estado de ánimo de las víctimas. Pero ya son demasiados los casos de interpretación errónea como para considerarlos simples accidentes en un terreno escarpado: es la ceguera derivada del subjetivismo, la confusión entre interpretación y propaganda. De nuevo, la soledad del poder frente a la sociedad civil.

La huelga de hambre

Adolfo Sánchez Rebolledo

Todo indica que la salud de los huelguistas de hambre instalados en el Zócalo capitalino se agrava por momentos, al grado de que se teme por la vida de Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Ibarra Jiménez, ambos ex trabajadores de la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los partes difundidos por el médico Alfredo Verdiguel, cuyo profesionalismo le ha valido toda suerte de amenazas, deben ser tomados con absoluta seriedad para evitar la tragedia que podría ser inminente. La condición que se han impuesto los ayunantes para levantar la protesta es que las autoridades correspondientes les devuelvan el trabajo que el decreto de liquidación les quitó a ellos junto a varios miles de sus compañeros; en el caso de no conseguirlo, exigen que se les mantenga en el campamento hasta que el deterioro les haga perder la conciencia, entrando en estado de coma. Sólo entonces, si no es demasiado tarde, serían trasladados a un hospital para ser atendidos.

Como sea, las cosas han llegado demasiado lejos y sería una verdadera vergüenza nacional que dos hombres murieran en el corazón de la capital, a la vista de la República entera, sin que al mismo tiempo se alce una tormenta de preocupada indignación que intente impedir tal desenlace. La huelga de hambre, en efecto, es un recurso extremo, terrible, del que nadie sale indemne, pues deja secuelas físicas a veces irreversibles, pero suspender la acción es una decisión individual, intransferible, que toca asumir a quienes en libertad la decidieron. Sobra decir que la muerte evitable de un ciudadano en la defensa de sus derechos será siempre un fracaso para la sociedad entera. Pero la huelga carecería de sentido sin mediar un agravio reconocible, racional, más allá de los detalles y las cuentas esgrimidas por las partes. Su legitimidad surge de la naturaleza misma del conflicto que se trata de resolver y no sólo de la voluntad de sacrificio de los implicados, de la convicción de que hay salidas que los responsables de abrirlas no quieren ver. Es un desafío moral y político contra las falsas razones de Estado. En este caso, el despedido masivo de varios miles de trabajadores, así como la indisposición de la autoridad a reubicarlos (al menos a una parte significativa de ellos) en la empresa que los sustituye, es motivo claro, suficiente, para probar que estamos ante una gravísima injusticia, cuya significación no disminuye porque se use la ley como coartada. Una vez transitadas las instancias legales, y una vez comprobadas, diría yo, la parcialidad y la insensibilidad del Ejecutivo, la indiferencia cómplice de la mayoría legislativa y la sumisión del máximo poder judicial a una visión cercenadora de los principios constitucionales, como muy bien lo explicó en estas páginas el doctor Arnaldo Córdova, la resistencia se torna más difícil, más riesgosa y amenazante, pero no menos justa y necesaria.

Atrapada en el juego de los compartimientos estancos, la autoridad no tiene opinión fundada y difundible sobre asuntos como la anticonstitucional “toma de nota” del sindicato que está en manos no de un árbitro laboral sino de una de las dependencias informales del secretario del Trabajo. Repite el argumento leguleyo y excluye la reflexión política. Y lo peor, justifica en aras de las políticas laborales de la Comisión Federal de Electricidad el sabotaje a la conversión de dicha empresa en “patrón sustituto”, como en principio marca la ley.

Falta de sensibilidad, autocomplacencia, ceguera para interpretar las señales de la inconformidad, el gobierno siembra hoy la ingobernabilidad del futuro. Vive la realidad nacional como si en verdad nada vinculara al país de la violencia con el país de la injusticia social, el país del desencanto democrático con el horizonte de desempleo juvenil, la tragedia de un país donde lejos de proteger a la fuerza de trabajo calificada se le destruye para darle espacio al precarismo, a la beneficiencia como acto supremo de solidaridad de una sociedad volcada al egoísmo.

Habrá que hilar más fino sobre el papel de los medios en esta coyuntura, de los partidos, de las buenas conciencias atrapadas en los juegos de poder de las iglesias, sobre la irresponsabilidad clasista de los sindicatos y la distancia abismal entre las preocupaciones dizque democráticas de las clases medias más asépticas y las urgencias de una visión nacional que no acaba de sustituir a las viejas construcciones ideológicas en crisis. Tendremos, en fin, que reflexionar también sobre los resortes de la cultura política, acerca de la indiferencia como sustituto negativo de la solidaridad en un país que ha visto decaer los sentimientos comunitarios, por así decir, para reforzar el individualismo del consumidor y, en el límite, la violencia como segunda piel para una juventud sin futuro. Tendremos que hablar menos de derecho, de fórmulas y normas, para tratar de entender qué pasa en la sociedad cuando dos hombres se mueren en la plaza central sin que se venga abajo la retórica oficial, el discurso del adulador, la desértica satisfacción de los que militan en el partido de los hartos.

Miseria antisindical del régimen

Adolfo Sánchez Rebolledo

He vivido y visto lo suficiente como para saber que detrás de la represión en Cananea subyace el viejo aliento depredador de las clases dominantes mexicanas, sus temores atávicos ante todo aquello que no pueden controlar o no les beneficia en el bolsillo. Es una actitud objetiva, estructural, pero también una elección moral de corte paternalista o de plano autoritaria. Mi generación nace a la izquierda conmocionada por dos grandes acontecimientos de naturaleza muy diferente: la revolución cubana del 1º de enero de 1959 y el último coletazo de las luchas de clase emprendidas por los maestros, los telefonistas, petroleros, electricistas y, sobre todo, los ferroviarios, cuya gesta insurgente aplastada con inaudita ferocidad marcaría los años 60 mexicanos, en particular la movilización ciudadana por las libertades públicas que alcanza en 1968 el punto de no retorno en el horizonte de la transformación democrática. Vimos entonces cómo se daban la mano la histeria derechista de la Iglesia católica y el gobierno dispuesto a sacrificar, en nombre de la estabilidad y el desarrollo, el renacimiento tormentoso de la conciencia obrera, subyugada por la corrupción impuesta como política de Estado mediante el llamado charrismo sindical. Nos tocó, más adelante, ser testigos de la increíble ferocidad de la alta burocracia revolucionaria para someter a los médicos que reclamaban espacios, reconocimientos y voz en la sanidad pública, como antes lo habían intentado los maestros comandados por Othón Salazar. Calumniados por la prensa servil al poder (que era casi toda la prensa del país), sus líderes, como antes Demetrio Vallejo, Valentín Campa y muchos más padecieron cárcel sin que la sociedad creada por el capitalismo emergente, gracias a los negocios público/privados, dudara del imperio del derecho, que es la gran burla de los poderosos ante la injusticia de carne y hueso, tangible. La autocomplacencia mediática comenzaba a llenar los vacíos del discurso oficial recreando en las pantallas un México de ficción, impetuoso, folclórico y a la vez “moderno”. Por eso, la irrupción desde la nada, o eso creían los teóricos de la conjura, de un movimiento estudiantil de masas que alza entre sus reivindicaciones básicas la libertad de los presos políticos, pues eso justamente eran los dirigentes sociales recluidos en Lecumberri, sacude el principio de autoridad encarnado en la voluntad todopoderosa e incuestionable del presidente de la República.

El fin del llamado “milagro mexicano”, la crisis económica e institucional que en el 68 hace realidad visible cuáles son los límites insuperables de un régimen sustentado en el corporativismo, formalmente apoyado por una alianza con las masas trabajadoras, pero incapaz de poner al día el programa de reformas sociales y democráticas que la Constitución y el legado de la Revolución Mexicana había puesto en sus manos. Entre el charrismo y el sindicalismo blanco patronal, la clase obrera, o mejor dicho, las camarillas corruptas que la jinetean, obtendría apenas unas migajas del gran negocio llamado México, contrariando leyes, historia, sentido común.

El estallido de la llamada “insurgencia sindical” en los años 70 puso a prueba los mecanismos de control de la fuerza de trabajo que en el pasado habían permitido la expansión económica pero también la cristalización de los privilegios fiscales de una burguesía voraz, carente en lo absoluto de sensibilidad social y dispuesta a subvertir el orden así fuera mediante la prédica ideológica de la revuelta antiestatista. En esa tesitura el nacionalismo revolucionario oficial era una ideología muerta, pues la crisis ya era tan profunda y tanta la descomposición que, en los hechos, desde el poder se adoptaron uno a uno los principios de sus supuestos adversarios históricos: la iniciativa privada dispuesta a dominar la economía pero también a gobernar en nombre de la democracia sin renunciar al presidencialismo. La lucha sindical, inevitable en la sociedad capitalista, probó que las consignas de la hora a favor de la independencia y la democracia no eran otra cosa que los llamados a forjar las organizaciones de defensa de los asalariados que, en rigor, solo existían en el papel o como patrimonio de los corruptos líderes a los que las autoridades del trabajo santificaban con el ilegal procedimiento de la “toma de nota”.

La gran apuesta reformadora de los electricistas democráticos encabezados por Rafael Galván para democratizar al sindicalismo, modernizando sus desgastadas estructuras y rectificando el rumbo del sector nacionalizado, fue liquidada tras una dura, desigual batalla, a la que seguirían sin remedio nuevas derrotas en otros frentes. Era así como el Estado cancelaba la posibilidad de revitalizar la vigencia del programa social y democrático perfilado en la Carta Magna. Con ello, sin embargo, se puso de manifiesto que el viejo charrismo sindical modernizado por los contratos de protección y otras trampas nada sería sin la directa intervención del Estado en los asuntos obrero-patronales, es decir, sin la apelación a la amañada legalidad interpretada por autoridades complacientes o por el uso final de la fuerza como recurso contra la resistencia de los trabajadores. La transición democrática no incluyó la reforma de las organizaciones sociales y la simulación se hizo parte sustantiva de la nueva política presidencialista a cargo de la derecha que llega al gobierno comprometida hasta la médula con el infausto proyecto neoliberal, heredado de las tres últimas administraciones priístas. Al calor de la necesidad del cambio, el odio clasista pasó a ser pieza básica del ideario cínico, seudo liberal de las clases medias acosadas por la inseguridad y la necesidad de hallar culpables a modo por el desorden reinante. Se condena la corrupción sindical, pero no se tocan los resortes que impiden a los trabajadores deshacerse de ella. Por eso, ante la obvia ilegalidad y el uso brutal de la fuerza contra los huelguistas de Cananea, predomina entre los “críticos” cierta condescendencia cómplice. Frente al sindicalismo corrupto y corruptor como el que impera en la Secretaría de Educación o en Pemex, se alza el griterío que pide la extinción de las organizaciones de autodefensa, la simple desaparición de los mecanismos que impiden a la patronal explotar la fuerza de trabajo sin control alguno, pues de eso se trata la reforma laboral en ciernes. Este gobierno que se desgarra por la representación del ciudadano sin adjetivos, no quiere la democracia sindical; menos, la independencia de sus organizaciones. Su propuesta no significa abolir los vestigios corporativos, sino que el sindicato sea una sumisa agencia de colocaciones al servicio de los dueños del negocio. Pero algo se le olvida: en este anodino centenario de la Revolución Mexicana, Cananea es mucho más que un nombre simbólico. Veremos.

PD. Bolívar Echeverría nos trajo de viva voz a Rudi Dushke, con quien había colaborado en Berlín. Comparada con la improvisación teórica característica de los movimientos estudiantiles de nuestra época, la aportación de Bolívar fue la de un joven pensador marxista que actuaba sobre la realidad para transformarla sin concesiones a las modas ideológicas. Tenía la curiosidad política del militante, la actitud vigilante del filósofo y la disposición de ánimo para incursionar en la cultura con pasión y rigor, sin gesticulaciones sectarias En el 68, junto con Carlos Pereyra, escuchamos asombrados la propuesta de convocar al diálogo público en el Zócalo. Bolívar sabía que había llegado la hora de las grandes definiciones y ya no habría marcha atrás. Para nuestra fortuna, Bolívar Echeverría se quedó entre nosotros, en la UNAM, en el país, vinculado a sus problemas y a la esperanza del cambio. Murió como un mexicano universal. A su familia, a sus hijos, un abrazo.

Solidaridad con el SME

Adolfo Sánchez Rebolledo

La ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.

Sin embargo, como se ha podido comprobar a través de la historia del sindicalismo en México, los trabajadores son los primeros en esgrimir la ley y los últimos en abandonarla, pese a que saben de antemano que los dados suelen estar cargados, pues las grandes decisiones en materia laboral –como el despido de golpe de 40 mil asalariados– se toman en función de consideraciones políticas encubiertas, eso sí, en fantasiosas y muy discutibles argumentaciones técnicas. Apenas hace unos días, el periodista Miguel Ángel Granados Chapas contaba, a guisa de ejemplo de ese extraño maridaje entre el poder económico y el político, cómo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial presumía de su influencia sobre el presidente Calderón, a quien en cierta ocasión le pidió, justamente, ¡la extinción de Luz y Fuerza del Centro!, como prueba de su fidelidad al programa antiestatista que nutre el imaginario neoliberal de los hombres de fortuna en nuestro país.

El gobierno que a la menor provocación insiste en desbordar “por la izquierda” a sus adversarios políticos, no desperdicia la oportunidad de probar, con hechos, cuál es su particular interpretación del “estado de derecho” en cuanto se trata de tocar los grandes intereses que bajo las sombras mueven a las figuras presentes en la escena. Y cumplió. A pesar de algunos traspiés, la política hacia el SME forma parte de una estrategia general cuyos objetivos no difieren en lo esencial de la que se adoptó hace ya varias décadas para ubicar en la cabina de mando a los grandes inversionistas que, en el sector eléctrico y energético como tal, aspiran a una “reforma estructural” que los haga dueños no sólo de hecho sino de derecho de aquellas riquezas que todavía hoy la constitución reserva a la nación.

Está de moda, porque así conviene a los intereses que pugnan por la reforma laboral, una ofensiva contra el sindicalismo, disfrazada de acción “antimonopolios”. Grandes conceptos como pueden ser los de transparencia o rendición de cuentas aparecen en los labios –o en los escritos– de los nuevos modernizadores, tan preocupados por la competitividad pero tan distraídos al preguntarse de dónde viene, cómo se ha sostenido y a quién ha beneficiado la permanencia del charrismo, lo mismo en el viejo régimen corporativo que en el actual gobernado por el PAN. No deja de extrañar que el objetivo de sus obsesiones sean, por cierto, los escasos sindicatos que no sin dificultades han logrado construir opciones no asimilables a la tradición corporativa, como es el caso del SME, pero también de los mineros y otros gremios acosados por el celo de sus modernos perseguidores. Todo el mundo sabe que los peces gordos del viejo sistema comen de la mano del poder al que sirven desde siempre a cambio de las ostentosas canonjías que los líderes no ocultan ni disimulan.

Bastaría con aplicar la ley y despojar a las mafias sindicales del apoyo del poder político para que éstas comenzaran a declinar, pero en última instancia no será desde las oficinas de la Presidencia o de las empresas que el sindicalismo resurja como una fuerza genuina en defensa del interés de los asalariados. No es un camino sencillo, pues la corrupción que domina la atmósfera del mundo del trabajo no será erradicada sin la participación activa, sostenida, de los propios interesados. Y eso tiene grandes costos. Implica sufrimientos que la sociedad mediática prefiere caricaturizar hasta la ignominia. Abrir las puertas para que entre el aire fresco de la democracia al mundo sindical, como exigía Galván, es mucho más difícil y complejo que administrar la decadencia de un sistema creado para controlar a los trabajadores que, para colmo, se ha desfasado de las grandes urgencias nacionales. Pero mientras eso no se produzca, tendremos también un movimiento social sin la fuerza suficiente para interpelar a los otros jugadores, sean el gobierno, las empresas o los propios partidos políticos. En este sentido, la labor de la izquierda (entendida de forma amplia y abarcante como un movimiento político) no puede ser la de crear formaciones paralelas a las organizaciones sociales que luchan día a día por los intereses de los suyos, pero sí debe comprometerse a darles su respaldo sin sectarismo, respetando su autonomía y eludiendo como un mal mayor el cáncer del clientelismo que sólo en la superficie da fuerza y presencia en la arena pública.

Ahora mismo, ante la sordera oficial, se despliega una dolorosa huelga de hambre de los electricistas emprendida como recurso extremo para sacudir la conciencia nacional y orillar al diálogo a las autoridades que impunemente atentan contra el bien más preciado de la nación: la fuerza de trabajo calificada, hoy por hoy sujeta a la amenaza –no desmentida por el baile de cifras que niegan la recesión– del desempleo, el aumento de la pobreza, la desilusión nacional que alimenta la restauración de los viejos prejuicios autoritarios. En otras circunstancias, la huelga de hambre progresiva, a la que cada día se suman nuevos ayunantes, sería motivo de escándalo nacional. Aquí, por razones que no se explican con facilidad, subsiste la indiferencia de la mayoría, la ausencia de un debate legislativo a tono con el problema, cuando no la animadversión teledirigida que quiso vender el golpe como una venganza de las clases medias por los servicios deficientes, salvando así la cara del gobierno en la gestación de la situación que además consigue, sin reformas de por medio, abrir las compuertas al inversionismo según los dictados del catecismo en boga.

Los electricistas esperan que la Suprema Corte abra, al fin, una vía de solución para el conflicto, dejando fuera la arrogancia y la prepotencia de la parte patronal, es decir, del gobierno. ¿Será eso posible? Es hora de expresar nuestra solidaridad con los electricistas.

¿Democracia sin gobierno, sin partidos y sin ciudadanos?

Adolfo Sánchez Rebolledo

Una de las consecuencias más negativas de la crisis de credibilidad en la que se halla sumergida la llamada clase política es el desprestigio del gobierno como tal, casi con independencia de sus acciones concretas, de sus objetivos o su filiación ideológica. Se ha conseguido lo que hace algunos años parecía imposible: poner en el mismo nivel a los políticos provenientes de la izquierda o la derecha, sin que, ciertamente, entre ellos se perciba un esfuerzo mayor, sistemático, pedagógico, para negar que todos son iguales y, más importante aún, para justificar ante la sociedad la necesidad de contar con partidos e instituciones especializadas” en el arte de gobernar y no sólo en la conquista y el usufructo de las cuotas de poder. Las razones de este creciente deterioro del ideal democrático en la vida pública nacional han sido objeto de numerosas investigaciones cuyo valor no siempre se ha justipreciado, pero lo cierto es que estamos en un punto muy bajo en aquello que se da en llamar “la calidad de la democracia”. En cierta forma, por canales inesperados, ganó audiencia la contrautopía según la cual la sociedad más feliz es aquélla donde privan los impulsos concurrentes de unos ciudadanos cuyos actos están regidos por el interés egoísta ante el mercado, pero modulados por las virtudes éticas que la religión provee. Como si fuera un castigo por los años de predominio monocolor de un partido apéndice del Estado, hoy se revive, casi como una caricatura, el ideal antidespótico que ve en el gobierno a la encarnación del Mal, salvo, claro, cuando ciertos intereses se sienten amenazados y pasan sin mediación de negar a la autoridad a exigir la “mano dura” en todos los asuntos conflictivos. Es en ese clima de pura negatividad donde se afirman los poderes “fácticos”, cuyo ascenso marca esta primera década de alternancia. Son ellos los que marcan el ritmo e imponen la tonada que los partidos cantan. De su fuerza, sobre todo hablando de los medios, depende en mucho la valoración colectiva sobre las urgencias nacionales y, dada la crisis constitucional de la escuela como reproductora de valores, pretende afincar un catecismo “ideológico” que reduce y simplifica cierta visión del mundo.

De la escena nacional han desaparecido, o sólo se ven de forma intermitente, los debates de mayor aliento que podrían servir como columna vertebral para una recuperación de la esperanza, entendida como esa forma de confianza en el futuro que hoy parece haberse extinguido. La inmediatez de la mecánica electoral, tan importante para el diseño de un Estado democrático, se ha yuxtapuesto al reconocimiento esencial de que en una sociedad plural lo determinante es saber conjugar la deliberación más amplia y profunda con el respeto al principio de mayoría. Esa es la mejor garantía para mantener viva y despierta a una ciudadanía que quiere ser tratada como un sujeto adulto y responsable, y no como un “cliente” ignorante y manipulable.

El intento de reducir la pluralidad por la vía de los recortes a la representación mediante candados u otros subterfugios que garanticen mayorías automáticas, no sólo contraviene la regla democrática, sino que, al final, termina por afirmar las visiones más autoritarias sobre el gobierno. El intento de impedir que el pluralismo se exprese en los órganos de representación –el Congreso y las cámaras locales– en virtud de la más estricta proporcionalidad, como correspondería a un desarrollo lógico del régimen político que viene de formas presidencialistas autoritarias, responde a la pretensión, esa si restauradora, de darle al Presidente un poder que niega la pluralidad existente, la traduce a un bipartidismo obligado e impide la maduración de la división de poderes, cuya afirmación, lejos de ser una traba, es una de las conquistas reales, verificables de nuestra accidentada transición. En vez de buscar cómo reformar el gobierno y hacer más eficiente la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, los jefes políticos sólo piensan en cómo darle más poder al Presidente en turno (cada cual pensando en su turno), pues no han aprendido a conducir un país que es diverso y pluralista sin servirse de los viejos instrumentos que antaño resultaban funcionales. Al mismo tiempo, en vez de que los partidos se transformen en escuelas de democracia, lo que vemos es cómo se instrumentalizan para servir como correas de transmisión de los grupos de poder que en verdad definen las agendas, con lo cual la vida pública se empobrece y la ciudadanía se degrada. Se nos quiere convencer de que no hay otro camino para el progreso que el inscrito en el programa reformista de corte liberal (con aditamentos compensatorios) cuya larga historia revela la miseria política e intelectual de una “clase gobernante” incapaz de asumir los desafíos de la globalización y la problemática derivada de la creciente demografía y la desigualdad. El afán imitador, la sumisión incondicional a la idea fatalista de que “no hay otra alternativa”, se impuso en la mentalidad de los grupos de poder arrasando con toda suerte de resistencia. Cualquier otra tesis se tiró a la basura calificándola como anacrónica, conservadora, no moderna. México se graduó pronto con altos honores ante el tribunal del poder trasnacional como un país cumplidor de las recetas elaboradas en Washington, pero el sueño duró muy poco antes de convertirse en pesadilla. El presidencialismo apuró las últimas gotas con Carlos Salinas de Gortari y, luego, vino la crisis, el derrumbe de la economía, la ruptura de los equilibrios del pasado, la soledad de la “integración” a un Norte que repele la vinculación laboral, humana, la violencia desatada en todas sus expresiones, los gobiernos divididos, la alternancia presidencial y, finalmente, el impulso al cambio en 2006, sostenido –que no reconocido ni aquilatado en su significado más profundo– por millones de ciudadanos que ya no querían más de lo mismo. De esta cadena de sinrazones, los únicos que han salido vencedores han sido los poderes fácticos, en particular los grandes medios electrónicos, cuyo poder no cesa de crecer mientras muchos políticos, atrapados en sus redes, esconden la cabeza. Esta es la situación actual, agravada por la guerra contra el crimen organizado que amenaza con las descomposición total de las instituciones, incluyendo a la última salvaguarda del Estado, que es el Ejército, por no hablar ya del aparato de justicia que para ciertos efectos hace mucho es inexistente. Pese a todo, los partidos prefieren el gradualismo al paso rápido que la situación exige y se dejan hablar al oído por quienes de alguna manera se creen intocables. Las dudas planteadas en cuanto a la conveniencia de aprobar la ley de medios presentada por Javier Corral demuestran hasta qué punto existen políticos al servicio directo de las empresas, o muchos que temen desaparecer de la escena-pantalla electoral, lo cual es una completa aberración democrática. Pero también hay dudas muy serias en cuanto a la necesidad de sujetar a los militares que ilegalmente actúan como policías a los tribunales civiles. Y esto, a estas alturas, es muy preocupante. Si los políticos no son capaces de hacer aquí y ahora las reformas necesarias dictadas por la realidad, no por un fantasioso manual de buena conducta universal, México seguirá en riesgo.

PD: A Pepe Woldenberg y a los suyos a la hora de la dolorosa travesía.

POR ESO , MEJOR AMLO 2012

Decadencia

Adolfo Sánchez Rebolledo

El increíble enredo en el que se han visto involucrados el secretario de Gobernación, el presidente del PAN, el gobernador del estado de México y la presidenta del PRI sería ridículo si no fuera porque desnuda la miseria real, concreta, intransferible de los políticos bajo cuya responsabilidad actúan los partidos nacionales, considerados en la ley como entidades de interés público”. Ni la huera autodefensa de Beatriz Paredes en la tribuna; ni la exigua, tardía y pedestre autocrítica de César Nava, el burlador burlado; ni las expresiones caballerescas que marcan el tono peculiar del cantinflismo gomezmontiano, acallan la sensación de que estamos ante la representación plástica, en vivo y directo, del final moral (pero también operativo) del grupo dirigente en el poder.

No entraré en los jugosos detalles de un escándalo que no deja títere con cabeza, pues, a querer o no, perjudica en grado superlativo al Presidente, pero también a los demás partidos que denuncian la injustificable coalición antidemocrática impulsada por Peña Nieto con la venia del gobierno federal y, al mismo tiempo, se rinden al cálculo de las alianzas sin principios con aquellos que desde el comienzo quisieron “ahogarlos en la cuna”, antes de competir siquiera.

No deja de tener cierto simbolismo que a la hora de comenzar la discusión en torno a la reforma política, los jefes de los dos mayores partidos nacionales se encierren a decidir sin testigos incómodos, sin la vigilancia de la ciudadanía o la de sus propios órganos directivos, el destino de los impuestos y las alianzas electorales, temas cruciales para aclarar la empantanada agenda nacional. Pero ésa es la realidad que define el autoritarismo, aunque Gómez Mont edulcore lo sucedido hablando de “espacios honorables” y “acuerdos honrados” para evitarle futuras molestias a Peña Nieto, hombre fuerte de la Gran Coalición que, en definitiva, ha gobernado al país durante los últimos tiempos y ya, a estas alturas, no puede negar el alcance de sus compromisos.

Qué increíble democracia es ésta donde la bancada del partido oficial se entera por la prensa de los acuerdos con la oposición y donde se especula sobre si el Presidente estaba o no informado de las negociaciones, como si, en efecto, a la crisis institucional sucediera un estado de peligrosa anarquía que ya muy pocos identifican con la “normalidad” del juego que algunos aún nombran “democracia”.

En fin. Estamos ante la decadencia de una forma de hacer política que ha sobrevivido al régimen que la engendró. Lo increíble es que los encargados de resucitarla en parte vengan, justamente, de la oposición histórica y, por tanto, de una generación que nació a la vida pública educada en la fobia al PRI, a sus métodos y rutinas.

Los jóvenes políticos panistas involucrados en este penoso affaire ya se olvidaron por completo de las ilusiones doctrinarias que los guiaron a la militancia (desde la derecha) y ahora se esfuerzan en ser y parecer dueños del oficio que antes detestaban, en figurar como los primeros expertos en el arte del oportunismo que no hace más de una década decían repudiar. Se dirá que no hay nada nuevo, pues el PAN descubrió ese camino con Salinas y al parecer se siente satisfecho con dos sexenios de alternancia, pero éste, abandonado a sus propias fuerzas, no puede solo y depende, le guste o no, de los reflejos más rápidos de sus aliados que quieren volver a la posición dominante. ¿Quién iba a decir que el PRIAN, más que la caricatura inventada por sus detractores, sería la puesta en escena del ideal soñado por la política cupular y los intereses fácticos, aceitado por el declive de toda aspiración ética superior?

Es probable que una vez apagado el ruido mediático de las declaraciones, el asunto quede archivado, tal vez hasta que se vean cómo funcionan las alianzas en los comicios venideros. Pero una cosa resalta y se suma al arcón de las decepciones nacionales: los partidos, imprescindibles para la construcción de un régimen democrático, viven de la pelea pasada, son el legado de la larga marcha hacia la transición que la defensa de los grandes intereses convirtió en la odisea del gradualismo con su estela de conservadurismo.

El malestar que no siempre por las buenas razones se esgrime contra la clase política, sin distinciones, en parte tiene que ver con el inmovilismo y la voracidad –el hambre de cargos y recursos– que hizo crecer a los partidos, desarrollarse bajo la mirada complaciente del Estado y con la comprobación de que éstos no quieren cambiar, ajustarse a las necesidades de una sociedad en continua transformación. Pero el ciclo ha terminado y no hay esperanza de que las cosas vuelvan atrás. Se plantean grandes cambios, pero, ¿qué reforma puede esperarse de quienes han sido incapaces de impulsar su propia renovación? ¿Por qué habríamos de esperar la afirmación de nuevos valores democráticos allí donde cuatro personas con poder pueden decidir por sí mismos, conforme a su intereses y responsabilidades qué le conviene al país? ¿Son los partidos irreformables?

Adolfo alude en su texto a la izquierda en su conjunto y pues bueno , ya que nadie lo hace , aqui va de nuez : en este megrero NO está involucrado el Lopezobradorismo , tanto del PRD como del PT y de Convergencia .

¿Alianzas?

Adolfo Sánchez Rebolledo

Uno de los más graves problemas de la izquierda partidista, en particular del PRD, ha sido su imposibilidad de hacer corresponder la visión estratégica con los desarrollos tácticos o, si se quiere, la debilidad de la visión de conjunto hacia el futuro frente a la absolutización de los segundos.

La pregunta es si las alianzas electorales con otros partidos ajenos al campo ideológico de la izquierda son viables cuando se afirma que el Estado, la economía y los medios están dominados y dirigidos por una reducida oligarquía que también detenta el poder político valiéndose por igual del Revolucionario Institucional que del Partido Acción Nacional. ¿Es legítimo aliarse a uno de ellos bajo ciertas condiciones para frenar al otro?

Hasta ahora la respuesta ha sido negativa, pues al subrayarse el arreglo esencial entre ambas formaciones, la aceptación de los acuerdos electorales, incluso en las elecciones locales, se convierte en un elemento distorsionador del papel que cada partido juega (o se atribuye) en el ámbito nacional, dándole credibilidad a la imagen pública de tolerancia de la pequeña minoría que es responsable de la terrible situación de México.

Esta caracterización, sin embargo, tiene algunos problemas, pues al subrayar como primordial la identidad de intereses entre el PRI y el PAN, sin hacer un análisis sistemático de lo que son y representan dichas fuerzas en el contexto de la sociedad y la historia mexicana, podría inducirse la falsa creencia de que la naturaleza y el funcionamiento del régimen, las formas políticas institucionales son irrelevantes, pues a la hora de proteger sus intereses la minoría dominante, agazapada en las instituciones, la economía y, en general, tras los aparatos ideológicos y los partidos, puede echar mano a voluntad de varias opciones, vengan del viejo monopartidismo autoritario o del bipartidismo en ciernes.

Pero no es tan fácil, pues no todos en la izquierda piensan que las cosas debieran ser de ese modo y actúan conforme a otras consideraciones “tácticas”. Buscan a cualquier precio el “diálogo”, como si la moderación en política fuera una variable independiente de la visión estratégica, de los fines y objetivos que se pretenden alcanzar. Sin embargo, nada explica la razón por la cual –lo mismo en el PRD que en otros partidos como el PT y Convergencia– los que no ven con malos ojos la búsqueda de una alternativa en este asunto no han dado la batalla ideológica y política para marcar con transparencia el terreno de las alianzas posibles, sin traicionarse a sí mismos, afinando la crítica, sin renunciar a los principios, pero evitando la inevitable confusión a la que remiten las “excepciones tácticas” surgidas en varios estados bajo la inspiración del llamado “pragmatismo”, enfermedad de vieja data y muy contagiosa en la historia del perredismo.

¿Cómo se puede justificar sin mayor examen la alianza entre el PRD y el PAN en Oaxaca con los representantes del gobierno “ilegítimo”, cuando la derecha pone como condición que no se postulen candidatos “lópezobradoristas”, apostando a la división del PRD o a presentarlo, una vez más, como inflexible e intolerante si no se pliega a sus deseos?

¿Cómo se explica siquiera la pretensión de airear –sin respeto hacia las consideraciones éticas más elementales– la candidatura de Lino Korrodi, el estratega del fraude cometido por Fox para ganar la Presidencia con dinero sucio? ¿O el intento de caminar junto con el PRI en Zacatecas ante la incapacidad de las fuerzas progresistas para arribar a un acuerdo lógico que les aseguraría el triunfo?

¿Se ha olvidado hasta qué punto la pugna entre izquierda y derecha marca el presente y, por tanto, el futuro de México? ¿A qué vienen los intentos de deslavar los límites de una crisis, cuyo desenlace aún no está resuelto?

Aunque Jesús Ortega declare que la alianza con el PAN permitirá en Oaxaca –y en otras entidades– “ampliar y consolidar las libertades políticas y la democracia; consolidar gobiernos que reflejen pluralidad, así como gobiernos que garanticen el bienestar de la ciudadanía”, a la vista está que se trata sólo de un buen deseo, pues en el plano federal el panismo no ha hecho nada de eso ni parece dispuesto a rectificar, como se ha encargado de machacarlo el jefe del PAN. Tampoco la declaración de Andrés Manuel López Obrador en contra de las alianzas frenará automáticamente los acuerdos de conveniencia de hecho con el PRI en unos casos, con el panismo en otros.

Y es que la política de alianzas de la izquierda en general está corroída por sus contradicciones internas, por la falta de candidatos, por el hambre de votos, por la anemia de propuestas y la debilidad organizativa, que mezclados integran un coctel bastante tóxico. ¿Cuál es la prioridad en todo esto, la consolidación de una corriente política nacional definida por sus objetivos programáticos o el crecimiento circunstancial de la fuerza prestada por un candidato “popular” con cierto arrastre electoral?

En todo caso, no es igual postular a una personalidad “ciudadana”, apoyada por una pluralidad de fuerzas que aliarse al partido del gobierno para derrotar al tercero en discordia, olvidándose de las diferencias que en el plano nacional trascienden las cuestiones de última hora en torno a las libertades individuales, el respeto al Estado laico, pues, en definitiva, la izquierda promueve (o debería) un proyecto nacional que incluye por definición la equidad social, la reducción de los privilegios, en fin, una ruta de reformas democráticas que permita superar la pobreza, elevar la calidad de vida, proteger el medio ambiente, la cultura y la dignidad de las personas.

¿Se discutirán estos temas antes de suscribir las alianzas?