Delincuencia electoral, enriquecimiento inexplicable, traición a la patria…

Después de reiteradas peticiones, en la Cámara de Diputados se presentó por fin la solicitud de juicio político contra el expresidente Vicente Fox, en la que se le acusa de traidor a la patria, delincuente electoral, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias y otros delitos contra los intereses de la nación, expone la edición 1620 de Proceso.

La denuncia –presentada por la diputada perredista Claudia Cruz el jueves 15 de noviembre– es hasta el momento la más grave acusación contra Fox, puesto que dejó muy atrás a las anteriores, que se limitaban a achacarle delitos de carácter patrimonial o electoral.

De prosperar la denuncia, el Poder Legislativo se transformará en el tribunal que sentará a Fox en el banquillo de los acusados, ya que la Cámara de Diputados se erigirá en su órgano acusador, mientras que la de Senadores será el órgano que le dicte sentencia.

El abogado Jesús González Schmal, quien participó destacadamente en la elaboración de la denuncia, afirma:

“Anteriormente, a Vicente Fox sólo se le había denunciado penalmente por delitos de carácter patrimonial y por intervenir en las pasadas elecciones presidenciales de 2006. La comisión legislativa que ahora lo está investigando también centra sus pesquisas en lo patrimonial.

“Pero el juicio político va mucho más allá; está encaminado a revisar los delitos del Poder Ejecutivo contra las instituciones democráticas del país, sus violaciones a la Constitución. No deben quedar impunes las licencias que se dio Fox para transgredir las leyes, pues atentó contra los intereses públicos de la nación. Este es el aspecto más importante del juicio político, que incluirá de paso el inexplicable enriquecimiento de Fox y su familia”, explica en la edición 1620 de Proceso.

Aunque el PRI y el PAN pudieran coludirse para impedir el juicio político contra Vicente Fox, existen todas las pruebas documentales y los fundamentos jurídicos necesarios para sentenciarlo no sólo por delitos de carácter patrimonial, sino también por traición a la patria, delitos electorales y el mantenimiento de una red de impunidad. La demanda respectiva, presentada por el PRD, está ya en la Cámara de Diputados. Sólo falta la voluntad política de hacer justicia.