Cofipe, la reforma apantallada
jenaro villamil
México, D.F., 27 de noviembre (apro).- La reforma constitucional en materia electoral aprobada en septiembre pasado, vivirá en los próximos días la prueba definitiva. El riesgo manifiesto es que quede “apantallada” y pierda fuerza ante las presiones de los concesionarios y los singulares acuerdos de sus promotores con los dueños del dinero y de la televisión.
De entrada, el proceso de discusión y negociación para la redacción de un nuevo Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) se ha convertido en un round de sombras. Opacidad, falta de claridad, presiones de concesionarios –como la muy abierta y frontal de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, la semana pasada--, y acuerdos copulares entre las dos figuras que concentran la operación política: Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y orgulloso representante de sus amigos de la televisión; así como Manlio Fabio Beltrones, coordinador del mismo partido en el Senado, quien promueve la recuperación orgánica del aparato electoral para una red muy singular en la cual él es el eje.
Por lo pronto, algunas presiones y cabildeos han rendido frutos. Para empezar los llamados “partidos pequeños”, que fueron marginados de la negociación por los partidos mayoritarios garantizaron una “cláusula de vida eterna”, como ellos mismos la denominan, para continuar viviendo en función no de los votos obtenidos, sino de los convenios de coalición y alianzas con algunos de los tres “grandes”: PAN, PRD o PRI.
Del otro lado, los concesionarios presumen haber logrado dos puntos fundamentales: eliminar sanciones que incluyan la suspensión de transmisiones de la señal hasta por 10 días, y salvar los horarios de mayor rating de la difusión de publicidad electoral y política que no les redituará en términos económicos, como sucedió en 2006 con el despilfarro y los convenios millonarios entre partidos y televisoras.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, confirmó este martes que las sanciones sólo afectarán a la publicidad difundida entre la programación. Su explicación fue la siguiente:
“Los ciudadanos no tienen la culpa de si una radiodifusora o una televisora viola la legislación de manera reiterada, como para ser merecedora de una sanción de esta naturaleza, a dejar de ver su programa favorito, su novela preferida o su partido de béisbol o futbol.”
¿Realmente eso es lo importante? ¿Desde cuándo el Congreso se confunde con TV Notas o se dedica a cuidar la programación difundida en los canales concesionados? ¿Realmente de esta manera se puede inhibir que partidos, empresarios y concesionarios le den la vuelta a las prohibiciones de compra de tiempo-aire para mercantilizar los procesos electorales?
La reducción de los ciudadanos a audiencias televisivas que ven telenovelas o partidos de futbol pertenece al discurso demagógico de la telecracia. Lo preocupante es que lo reproduzca quien es identificado como el principal artífice y operador de las reformas. Estas palabras sugieren un acuerdo no muy claro entre el verdadero duopolio que tiene atenazada la reforma electoral: la partidocracia y la mediocracia. Pero éste es apenas un botón de muestra. Otros puntos conflictivos reflejan que los logros de la reforma constitucional, como la redacción de un nuevo artículo 6 que incluye el derecho de réplica, pueden diluirse o simplemente ignorarse en las reformas al Cofipe. Las últimas versiones en el Senado mencionaban que todo lo relacionado con el derecho de réplica se quitará de la ley electoral para hacer una ley reglamentaria específica en esta materia.
El “apantallamiento” de la reforma es resultado de la inexistencia de mecanismos de debate y deliberación abiertos sobre las nuevas atribuciones del IFE, el alcance de organismos nuevos como la Contraloría, la Unidad de Fiscalización y las atribuciones para el futuro secretario ejecutivo que, de acuerdo con el anteproyecto conocido, se puede convertir en el verdadero poder tras el trono en el IFE.
No se han discutido los alcances de las reformas para los 300 consejos distritales, las instancias donde finalmente la ciudadanía tiene una posibilidad de acceso a las decisiones de la organización electoral y a la estructura de un IFE que se pretendió ciudadano. Por el contrario, el anteproyecto que ha circulado coloca a los consejos distritales en una condición precaria, subordinados al poder de la contraloría y a las decisiones centralizadas que adopte el Consejo General del IFE.
Los medios se han encargado de convertir la reforma al Cofipe en una reedición de su pleito con la clase política en aras de la “defensa de la libertad de expresión”. En realidad, defienden el acceso privilegiado a las decisiones de poder político y al negocio que esto representa. Si el duopolio partidocracia y mediocracia pactan al margen de muchas de las demandas ciudadanas y minimizan lo establecido en la reforma constitucional, volveremos a la república de pantalla y no a la república de los ciudadanos.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
De entrada, el proceso de discusión y negociación para la redacción de un nuevo Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) se ha convertido en un round de sombras. Opacidad, falta de claridad, presiones de concesionarios –como la muy abierta y frontal de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, la semana pasada--, y acuerdos copulares entre las dos figuras que concentran la operación política: Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y orgulloso representante de sus amigos de la televisión; así como Manlio Fabio Beltrones, coordinador del mismo partido en el Senado, quien promueve la recuperación orgánica del aparato electoral para una red muy singular en la cual él es el eje.
Por lo pronto, algunas presiones y cabildeos han rendido frutos. Para empezar los llamados “partidos pequeños”, que fueron marginados de la negociación por los partidos mayoritarios garantizaron una “cláusula de vida eterna”, como ellos mismos la denominan, para continuar viviendo en función no de los votos obtenidos, sino de los convenios de coalición y alianzas con algunos de los tres “grandes”: PAN, PRD o PRI.
Del otro lado, los concesionarios presumen haber logrado dos puntos fundamentales: eliminar sanciones que incluyan la suspensión de transmisiones de la señal hasta por 10 días, y salvar los horarios de mayor rating de la difusión de publicidad electoral y política que no les redituará en términos económicos, como sucedió en 2006 con el despilfarro y los convenios millonarios entre partidos y televisoras.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, confirmó este martes que las sanciones sólo afectarán a la publicidad difundida entre la programación. Su explicación fue la siguiente:
“Los ciudadanos no tienen la culpa de si una radiodifusora o una televisora viola la legislación de manera reiterada, como para ser merecedora de una sanción de esta naturaleza, a dejar de ver su programa favorito, su novela preferida o su partido de béisbol o futbol.”
¿Realmente eso es lo importante? ¿Desde cuándo el Congreso se confunde con TV Notas o se dedica a cuidar la programación difundida en los canales concesionados? ¿Realmente de esta manera se puede inhibir que partidos, empresarios y concesionarios le den la vuelta a las prohibiciones de compra de tiempo-aire para mercantilizar los procesos electorales?
La reducción de los ciudadanos a audiencias televisivas que ven telenovelas o partidos de futbol pertenece al discurso demagógico de la telecracia. Lo preocupante es que lo reproduzca quien es identificado como el principal artífice y operador de las reformas. Estas palabras sugieren un acuerdo no muy claro entre el verdadero duopolio que tiene atenazada la reforma electoral: la partidocracia y la mediocracia. Pero éste es apenas un botón de muestra. Otros puntos conflictivos reflejan que los logros de la reforma constitucional, como la redacción de un nuevo artículo 6 que incluye el derecho de réplica, pueden diluirse o simplemente ignorarse en las reformas al Cofipe. Las últimas versiones en el Senado mencionaban que todo lo relacionado con el derecho de réplica se quitará de la ley electoral para hacer una ley reglamentaria específica en esta materia.
El “apantallamiento” de la reforma es resultado de la inexistencia de mecanismos de debate y deliberación abiertos sobre las nuevas atribuciones del IFE, el alcance de organismos nuevos como la Contraloría, la Unidad de Fiscalización y las atribuciones para el futuro secretario ejecutivo que, de acuerdo con el anteproyecto conocido, se puede convertir en el verdadero poder tras el trono en el IFE.
No se han discutido los alcances de las reformas para los 300 consejos distritales, las instancias donde finalmente la ciudadanía tiene una posibilidad de acceso a las decisiones de la organización electoral y a la estructura de un IFE que se pretendió ciudadano. Por el contrario, el anteproyecto que ha circulado coloca a los consejos distritales en una condición precaria, subordinados al poder de la contraloría y a las decisiones centralizadas que adopte el Consejo General del IFE.
Los medios se han encargado de convertir la reforma al Cofipe en una reedición de su pleito con la clase política en aras de la “defensa de la libertad de expresión”. En realidad, defienden el acceso privilegiado a las decisiones de poder político y al negocio que esto representa. Si el duopolio partidocracia y mediocracia pactan al margen de muchas de las demandas ciudadanas y minimizan lo establecido en la reforma constitucional, volveremos a la república de pantalla y no a la república de los ciudadanos.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
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