RAYUELA


A los diputados y senadores del PRIAN sólo les falta decir que subieron los impuestos por el bien del pueblo, al que dicen representar.

Transparencia de partidos

John M. Ackerman

Tanto César Nava como Manlio Fabio Beltrones buscan sacar provecho de la crisis económica y el rechazo a los partidos políticos para consolidar su poder. Nava ha propuesto triplicar el financiamiento privado para los partidos y reducir a la mitad el financiamiento público. Beltrones se ha pronunciado en favor de la reducción de la cantidad de diputados y senadores de representación proporcional. Si bien ambas propuestas se adornan con ropajes ciudadanos” y de “austeridad”, su efecto real empuja al fortalecimiento del control sobre el espacio público por los políticos profesionales y poderes fácticos de siempre.

Cierto es que año tras año los partidos derrochan grandes cantidades de dinero público. La Constitución ordena que en 2010 los partidos en su conjunto reciban más de 3 mil millones de pesos. En 2012, este monto rebasará los 5 mil millones de pesos. Frente a la ausencia de un verdadero régimen de transparencia para los partidos, el típico desaseo administrativo interno de estos institutos políticos y una actitud francamente omisa de las autoridades electorales, este dinero muchas veces termina utilizándose más para fines personales y clientelares que en función del interés público.

Pero la respuesta no se encuentra en mayor financiamiento privado o necesariamente en la reducción del público, sino en el establecimiento de un riguroso sistema de rendición de cuentas. En las próximas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sería fundamental que se incluyera a los partidos como plenos “sujetos obligados” de la ley, tal como ocurre en la mayoría de las entidades federativas del país. Los ciudadanos deben tener el mismo derecho a saber en qué gastan los partidos que a tener información sobre las compras gubernamentales. Como “entidades de interés público” y receptores de financiamiento con cargo al erario, no existe pretexto alguno para que los partidos se mantengan alejados de la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Sin embargo, en lugar de ello, el actual presidente de Acción Nacional ha presentado una propuesta profundamente engañosa y eminentemente populista que se orienta a que los grandes empresarios del país legalicen las enormes cantidades de dinero que ya de por sí entregan de manera “indirecta” a las campañas electorales de su partido.

Contribuye a la confusión el hecho de que grupos como la Asociación Nacional Ciudadana, surgida del movimiento por el voto nulo, impulsen una iniciativa paralela para reducir la cantidad de financiamiento público a los partidos. Si bien la propuesta “¡Ya bájenle!” no propone explícitamente aumentar el financiamiento privado, en los hechos empuja en ese sentido. Ante la drástica reducción de sus ingresos, a los partidos no les quedaría otra que buscar con desesperación patrocinadores legales e ilegales (la delincuencia organizada, por ejemplo) en el sector privado.

En palabras de los impulsores de esta iniciativa, el aumento colateral del financiamiento privado sería positivo, ya que la búsqueda de nuevos patrocinadores obligaría a los partidos a “acercarse a la ciudadanía”.

Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha dicho que “en la medida en que subsidiamos a los partidos políticos, les damos muy pocos incentivos para que se mantengan cerca de la ciudadanía”. Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que “hay que buscar un equilibrio que haga que los partidos se acerquen a la sociedad a fin de buscar recursos para hacer sus campañas de acuerdo con las causas que defienden”.

Queda claro que la “ciudadanía” de la que hablan los expertos no se refiere a la población en general, sino únicamente a las personas más adineradas. Pero lo que necesitamos son mecanismos no para consolidar el de-sequilibrio estructural de la desigualdad económica, sino para revertirlo y obligar a los partidos a velar por las necesidades de las grandes mayorías del país, quienes no tienen para alimentar a sus hijos, y mucho menos para realizar donaciones a los partidos.

La propuesta de Beltrones para reducir la cantidad de diputados y senadores plurinominales también esconde la agenda. El senador busca mermar la actual pluralidad del Congreso y regresar a los tiempos de predominio total del PRI. Lo que sí tendría sentido sería la modificación de la forma en que se otorgan estas curules. Por ejemplo, el destacado jurista Diego Valadés ha propuesto asignar estos lugares a los candidatos uninominales que hayan recibido la mayor cantidad de votos en sus correspondientes distritos electorales, pero no les hayan alcanzado para ganar el distrito correspondiente por la vía uninominal. Así, absolutamente todos los representantes populares tendrían que hacer campaña y acercarse a la población.

P. D. Una cordial invitación al foro Opacidad y rendición de cuentas: el desafío del Estado mexicano, que tendrá lugar este miércoles 4 de noviembre, de las 9 a la 14:30 horas, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el cual contará con la participación de destacados políticos, analistas y funcionarios públicos.

http://www.johnackerman.blogspot.com/

Fuera máscaras

León Bendesky

Dejemos fuera de plano toda pretensión de que hoy en México pueden instrumentarse buenas políticas económicas. Ni el gobierno ni el Congreso, ni los grandes empresarios y tampoco muchas de las organizaciones sociales con más poder están ya en posibilidad de reorientar esta economía y esta sociedad.

La esclerosis política está tan avanzada, el entramado de intereses es tan improductivo, y el entorno institucional tan disfuncional, que sólo se pueden hacer propuestas con horizontes cada vez más chatos y aplicar medidas de políticas más ineficaces y costosas.

La fiscalidad es la expresión más brutal de esta situación de cuasi parálisis en la que estamos metidos hasta el cuello. Es la esencia de los conflictos que invariablemente marcan el desenvolvimiento de la economía política.

Eso se sabe desde hace siglos, no finjamos. El colapso de las teorías económicas y de las acciones de gobierno que se están viviendo por todas partes del mundo no pueden ignorarse sin riesgos grandes. El país no resiste mucho más. La gota que desborde el vaso no está muy lejana.

Hoy es muy patente esta situación en México. La grave crisis actual y –dejémonos de falacias– aún habiéndose importado, lo que ha hecho es exponer de manera abierta la enorme fragilidad de esta economía y el límite absoluto de las reformas que se han denominado como estructurales, pero que han estado lejos de serlo verdaderamente.

Las empresas públicas, las formas de su gestión y la planeación que debería haber en ese sector son clave en la crisis. Igualmente lo son las repercusiones de las privatizaciones que se hicieron con bombo y platillo. La estructura de los mercados está distorsionada y la mayor competencia es un ingrediente de discursos gastados.

La única manera en que políticamente desde el gobierno y “técnicamente” desde Hacienda se ha sabido enfrentar la actual restricción fiscal, que es producto de la misma debilidad estructural del aparato productivo y de las cuentas públicas, es tapando un hoyo por aquí y otro por allá. El Congreso carece de miras para ir más allá, es parte integrante del perverso juego que todos juegan.

El debate sobre los impuestos de las semanas recientes no sólo pone en evidencia la incapacidad de pensar y hacer “buenas políticas”, sino que resulta muy ilustrativo de la pequeñez política de los partidos y la distancia cada vez más grande que tienen con los ciudadanos.

Un punto o dos de aumento del IVA, dos puntos al ISR, gravámenes a la telefonía, cambio del régimen de consolidación –pero, claro, sin “cancelar los beneficios de ese régimen”, dice el secretario Carstens (ver página de Internet de SHCP), gravámenes al tabaco o la gasolina. Tal desorientación a veces da la impresión de que los criterios pudiesen llevar a poner una carga fiscal a todos aquellos que usen zapatos color café sin agujetas.

Las limitaciones de una ley de ingresos como la que se va a aprobar son claras, ni siquiera va a lograr el objetivo político enmascarado y con miras a las elecciones de 2010, que es provocar otra recuperación espuria.

Esta política fiscal de hoyo por hoyo con impuestos desarticulados es una mala política, no hay más. Es lesiva para el consumo de la mayoría de la gente, no alienta la inversión, el ahorro y el empleo, tampoco la confianza. Lo que preocupa en el Banco de México, que es una estabilidad cada vez menos servible y la valoración de las agencias calificadoras tampoco aporta ya nada positivo.

Lo que se logrará es destruir más riqueza, cancelar oportunidades y agrandar costos en términos intergeneracionales.

El trabajo legislativo es insulso. Cómo se evalúa económica y financieramente un déficit fiscal esperado el año entrante de 2.5 por ciento del PIB, cuando en otras naciones este año ha llegado a proporciones varias veces superiores como medio de contener la recesión.

¿Dónde está el análisis de las distintas facetas de la crisis fiscal que padecemos? Estas no se reducen a una falta coyuntural de ingresos, es mucho más profunda. ¿Dónde quedaron las afirmaciones no muy lejanas de la salud fiscal de la economía mexicana? ¿Quién responde por eso?

Si alguien piensa que la incipiente recuperación en Estados Unidos nos va a jalar para librar la debacle de este gobierno, que lo considere otra vez. Basta ver con cuidado la evolución reciente de la actividad económica en ese país (informe del BEA del Departamento de Comercio de la semana pasada). Cualquier recuperación que haya en la economía mexicana va a ser débil, con mayor desempleo y subempleo, y de corta duración. (Véase el indicador adelantado de la actividad económica que produce el Inegi y que en agosto vuelve a ser negativo 6.9 por ciento). La irresponsabilidad política es enorme.

No podemos caer en este juego de modo miope. La ley de ingresos será onerosa y si el presupuesto de ingresos demuestra otra vez las pautas políticas que se han seguido los últimos 20 años el escenario será mucho más conflictivo. Gobierno y Congreso están alejados. La reforma política e institucional no funciona y el presupuesto federal de 2010 es una muestra del callejón sin salida en el que estamos metidos.

leon@jornada.com.mx

Revolucionarios y contrarrevolucionarios

Gustavo Esteva

Según Gianfranco Pasquino (Diccionario de política), una depresión económica, injertada en una disminución de legitimidad y una crisis de representatividad, crea las condiciones objetivas de una revolución. Y cuando ésta logra producirse, porque un grupo aprovecha esas condiciones para intentarla, la revolución misma consiste, según Pasquino, en la sustitución de las autoridades políticas existentes y en la realización de cambios profundos en las relaciones políticas, la Constitución, las leyes y la esfera socioeconómica.

En eso estamos. Todo empezó con un golpe de Estado incruento. Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión desplazó a la antigua clase política y puso en su lugar a un grupo tecnocrático que desde entonces está en el poder, al servicio de los llamados poderes fácticos.

Lo que parecía un simple reacomodo en la cúpula se transformó pronto en un empeño de cambiar a fondo el régimen político. Se trataba de remover los obstáculos a la dominación capitalista que caracterizaban al híbrido peculiar que emanó de la Revolución de 1910, con un ajuste sustancial del sistema. Poco a poco, particularmente en la gestión de Salinas, se desmontaron los pilares fundamentales del antiguo régimen y se produjeron cambios sustantivos en las relaciones políticas, el ordenamiento jurídico-constitucional y la situación socioeconómica. Por eso, a pesar de su signo conservador, es un empeño de alcance revolucionario.

Como es obvio, el funcionario De la Madrid, el gerente Zedillo o el ilegítimo Calderón no son líderes de esta revolución. Se trata de simples personeros de intereses específicos y grupos mafiosos, los cuales intentan cambiarlo todo para que nada cambie, es decir, tratan solamente de mantener sus posiciones de poder y el predominio de las relaciones sociales capitalistas.

Calderón está apresurando la venta del país y necesita entregar la mercancía. Por su debilidad e ineptitud políticas, sin embargo, y por la creciente resistencia que enfrenta, sólo puede profundizar la “revolución neoliberal” mediante el uso de la fuerza y la violación sistemática de la Constitución, las leyes y los derechos humanos. A medida que la gente se moviliza ante el empobrecimiento general, el continuo despojo y la cooptación o desmantelamiento de sus organizaciones, el aparato gubernamental se ve obligado a recurrir cada vez más a la violencia.

Sólo en los años recientes la resistencia a la iniciativa neoliberal se convirtió en oposición política, que en el contexto resultó contrarrevolucionaria: sería reacción a la “revolución neoliberal”. Esta corriente política tiene un objetivo de corto plazo: impedir que concluya el desmantelamiento del antiguo régimen, y otro de largo plazo: restaurarlo. Se trata de reconquistar el poder político por la vía electoral, a fin de restablecer y actualizar lo que los neoliberales han liquidado. En esta posición han estado casi todas las tribus, mafias y corrientes del PRI, el PRD y la morralla, que a menudo entran en complicidad abierta con los neoliberales, aunque así contradigan el evangelio socialdemócrata que pretenden impulsar.

Estas dos corrientes políticas parecen abarcar la totalidad del horizonte político y concentran la atención pública y experta, pero desde 1994 surgió una tercera opción. Los zapatistas, que se vieron a sí mismos como mera antesala de la revolución, intentaron convertir las condiciones objetivas de ésta en auténtico proceso de cambio radical. A lo largo de 15 años han subrayado que su empeño es pacífico y democrático y que no busca la mera sustitución de las autoridades políticas ni reformas cosméticas. Plantean abiertamente que se trata de modificar la estructura de clases del país para poner fin a las relaciones sociales capitalistas, con la conmoción simultánea de ideologías e instituciones, mediante la reorganización de la sociedad desde su base –desde abajo y a la izquierda– al tratar de reconstruir un país que a estas alturas sufre una devastación peor que la de una guerra.

La lucha actual tiene lugar en medio de creciente polarización, que a menudo se acerca al clima de guerra civil que caracteriza generalmente los procesos revolucionarios. Por la medida en que Calderón multiplica sus provocaciones, consolida sus alianzas formales e informales y su base social y acelera el establecimiento del régimen autoritario, aumenta continuamente la violencia y se vuelve indispensable tomar posición.

En esta coyuntura, persistir en la obsesión electoral, con la ilusión de que por esa vía será posible evitar la amenaza autoritaria –que está ya cumpliéndose– y revertir la destrucción neoliberal, se está volviendo contraproducente. Quienes están resultando meros compañeros de viaje de los neoliberales descubrirían demasiado tarde la manera en que contribuyeron a fortalecer la gestión del grupo al que pretenden oponerse –antes de que ambos desaparezcan, en medio de fuerte olor a azufre.

gustavoesteva@gmail.com

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS LEGISLADORES QUE APOYAN A AMLO , ES DECIR , LOS DEL PT , LOS DE CONVERGENCIA Y ALGUNOS DEL PRD NO APOYARON TALES ATROCIDADES . UTILIZARON CUANTA ESTRATEGIA ESTUVO A SU ALCANCE PARA IMPEDIRLO : ARGUMENTARON EXTRAORDINARIAMENTE , INCISTÍAN EN DEBATIR , CABILDEARON , ETC. , AL FINAL , LAMENTABLEMENTE LA APLANADORA DEL PRI Y DEL PAN SE IMPUSO.

NO TODO SE PERDIÓ , PABLO GÓMEZ EN LA CÁMARA DE SENADORES CON SU GRAN EXPERIENCIA Y ÚNICAMENTE CON 6 VOTOS DE DIFERENCIA A FAVOR , LOGRÓ POR LO PRONTO QUE NO SE EXCENTARA A LA EMPRESA QUE GANE LA LICITACIÓN PARA COMERCIALIZAR LA FIBRA ÓPTICA [todabía , se supone que no se sabe quién va a ganar esta licitación (todos sabemos que televisa) y ya la quieren excentar por dos años para que no paguen impuestos ; esta iniciativa se la debemos a Francisco Labastida del PRI ; de verdad , el colmo .] . LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA VOLVIÓ A MODIFICAR PARA QUE SI SE LE EXCENTE Y SI AHORA QUE REGRESE A LA CÁMARA DE SENADORES NO SE LOGRAN VOLVER A REUNIR LOS VOTOS NECESARIOS , ENTONCES SI YA VALIÓ MADRE , UNA VEZ MÁS TELEVISA SE SALDRÁ CON LA SUYA .

SIGO SIN ENTENDER COMO ES QUE LA GENTE NUEVAMENTE EL PASADO 5 DE JULIO LES DIÓ SU VOTO A ESTOS CORRUPTOS PRIANISTAS , NO IMPORTA QUE LES HAYAN DADO DESPENSAS O DINERO COMO EN REALIDAD OCURRIÓ ; TOTAL , CON DECIRLE A LOS QUE LES PAGARON QUE HABÍAN VOTADO POR QUIEN LES DIJERON ERA SUFICIENTE .





Garantizan PRI-PAN el secreto de consorcios

Cobijan a grupos privilegiados por Hacienda

Eximen a empresas inmobiliarias de pagar el ISR

En banda ancha, la tv dobló a diputados: Corral

Por la exención no se recaudarán $6 mil millones

Ni siquiera los legisladores podrán requerir los nombres a Hacienda

Anonimato a empresas que no pagan impuestos

La asociación entre PRI y PAN incrementó sus beneficios fiscales



Enrique Méndez y Roberto Garduño

La asociación entre el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados no sólo incrementó en la ley de ingresos 2010 los beneficios fiscales a las grandes empresas, sino también aseguró que los nombres de las que no pagan impuestos se mantengan en secreto, al definirse que ni siquiera los legisladores podrán requerir las razones sociales a la Secretaría de Hacienda.

En contraste con el aumento a 16 por ciento en la tasa del IVA al consumo general, y de 28 a 30 por ciento en la del ISR, se exentó del pago de este gravamen a las desarrolladoras inmobiliarias, pero no a quienes compren una vivienda.

Si bien la Cámara de Diputados avaló no gravar con 3 por ciento de IEPS a Internet, la medida se aplicará sólo si ésta no forma parte de un paquete en el que los usuarios tengan además servicio de voz e imagen. Y si se incluye con el servicio de telefonía y televisión restringida, la exención del impuesto especial será de sólo 30 por ciento.

También, ante la presión de las tabacaleras, se redujo el IEPS a cigarros a dos pesos por cajetilla; inclusive, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) defendió la reducción del impuesto, con el argumento de que aplicarlo afectaría a los más pobres y no contribuiría a reducir el tabaquismo. “Si siguiéramos esa lógica todos los vicios, todos los males del país los combatiríamos subiendo el precio de los productos”, alegó.

Desde la medianoche del sábado, y hasta las 6:10 horas de este domingo, el debate más ácido se centró en el privilegio que se otorgará a las empresas que participen en la licitación por el uso de banda ancha en el espectro radioeléctrico para telefonía celular.

Al calor de la discusión, Javier Corral (PAN) exclamó: “Aquí vemos una combinación ilógica de actores e intereses políticos, que lo único que discuten es quién se constituye y se erige en factótum de la relación con la televisión”.

El también presidente de la Comisión de Gobernación objetó que no sólo el PRI, sino su partido, Acción Nacional, negociaron volver a incluir el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, para exentar a las empresas concesionarias de esa banda del pago por el uso del espectro. Corral Jurado sostuvo que los diputados se doblegaron ante el poder de la televisión, específicamente de Televisa, para favorecerla y que no pague 5 mil 800 millones de pesos por el aprovechamiento de un bien público.

“Los poderes fácticos son especialistas en blandir la amenaza de que el que se mete a legislar, a regular o a tratar de oponerse a sus intereses no sale en la televisión. Y el que no sale ahí no existe en política. Y esa lógica de chantaje ha llevado a una dinámica de cesión extraordinaria en detrimento de la política”, acusó.

Ante las críticas, el diputado Jorge Alberto Cano Vélez (PRI) terminó por reconocer que él es el autor del transitorio, y de inmediato Jaime Cárdenas (PT) dijo: “Cano Vélez es el prestanombres de Manlio Fabio Beltrones, que es el impulsor de esta iniciativa, y el autor intelectual es Televisa”.

Cano Vélez, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Sonora, le exigió respeto. “Lo que usted dice aquí es ofensivo. Es tanto como si yo le dijera que cada que usa la tribuna todo se lo dicta (Andrés Manuel) López Obrador”. Cárdenas aprovechó el lance y entre los gritos de “¡títere del peje!”, que le endilgaron desde el Bronx priísta, reviró que sus opiniones no se las dicta el ex candidato presidencial del PRD, pero si así fuera, para él sería un honor. “¡No soy ningún títere, no soy ningún títere! ¡Títeres, ustedes! ¡Títeres de los poderes fácticos!”

Luego, Corral insistió en que la banda ancha constituye un negocio sin igual para los concesionarios. “No por algo se ha dicho, en el mismo gobierno, que el que esté fuera de la banda de 1,700 megahercios estará fuera del mercado por los siguientes 20 años. Y por eso es algo tan apetecible, tanto en México como en el mundo”, afirmó.

A pregunta de la diputada Enoé Uranga (PRD), aseguró que la figura de vacatio legis, incluida por el PRI para argumentar el no cobro del derecho, constituye “un abuso porque en realidad es un plazo de gracia a los más ricos de este país en materia de telecomunicaciones. Acá le han llamado eufemísticamente vacatio legis, porque no había manera alguna de enfrentar la realidad y decir que se trata de un plazo de gracia”.

Francisco Burelo (PRD) aseguró que la exención tendrá un impacto de 6 mil 800 millones de pesos anuales en los ingresos del gobierno federal. “Esta medida sólo beneficiará a los grandes monopolios de la comunicación. Esto va con los atentos saludos de los partidos mencionados para Televisa. ¿Qué se transó a cambio de estos casi 7 mil millones?”

La diputada Laura Itzel Castillo (PT) denunció que la mayoría de PRI y PAN en el Senado acordó no gravar con ISR las operaciones de las grandes empresas inmobiliarias, cuando los diputados habían suprimido ese privilegio fiscal.

“Si cuando el inmueble enajenado no es la casa habitación del contribuyente, y se trata del negocio de las desarrolladoras y financieras de vivienda (no se grava). La reforma que ustedes votaron eliminaba este privilegio. El Senado volvió a concederlo con el pretexto de que es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica. Si embargo, el negocio de las Sofoles creció de junio de 2008 a junio de 2009 en 3 mil millones de pesos, mientras que la cartera vencida aumentó en más de 50 por ciento.” La mayoría ratificó la modificación del Senado con 392 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones.

La defensa para que ni siquiera el Congreso de la Unión conozca a las empresas que no pagan impuestos estuvo a cargo de Sebastián Lerdo de Tejada (PRI), quien consideró “un avance relevante” la adición de un transitorio al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para mantener esa información en secreto.

Dicho artículo define que las autoridades fiscales deberán proporcionar a la Cámara de Diputados la información que les solicite por actividad económica, sin nombre o dato alguno que permita la identificación individual del contribuyente, hasta que se establezcan las instancias de la propia cámara que garanticen la confidencialidad de los datos.

“Debemos garantizar a los contribuyentes la secrecía (sic) de sus datos de identificación y de localización, para su propia seguridad”, sostuvo. Los panistas alegaron el mismo principio.

Jaime Cárdenas reprochó que panistas y priístas “defiendan el mismo punto de vista, lo cual resulta sospechoso”. El petista afirmó que detrás de ese transitorio “está proteger a las grandes empresas”, y preguntó: “¿Quién gobierna a México? ¿Acaso los ciudadanos? No, es gobernado por los poderes fácticos, por las 422 empresas que no pagan impuestos y que no desean informarle a la Cámara”. Emilio Serrano (PRD) punzó: “¿Por qué ocultan más la verdad? ¿Por qué protegerlos más? ¿Son acaso socios y parte del negocio jugoso?”

Su compañero de bancada Armando Ríos Piter definió que con el aumento de los impuestos a la sociedad y las facilidades a los empresarios, la Cámara se convirtió “en un poder cada vez más débil”.

Como corolario, el PRI defendió que no le aprobó a Felipe Calderón su propuesta de gravar todo el consumo con 2 por ciento y que, si avaló el aumento al IVA, fue “para no poner en riesgo las tareas básicas del Estado”.

POR ESO LOS LEGISLADORES QUE APOYAN A AMLO DENTRO DE LAS CÁMARAS INCISTIERON HASTA EL CANSANCIO CON TODOS LOS MEDIOS QUE ESTUVIERON A SU ALCANCE , PARA QUE FUERAN ESTOS CONSORCIOS LOS QUE ASUMIERAN SU RESPONSABILIDAD Y SIMPLEMENTE SE LES OBLIGARA A PAGAR TODO LO QUE LE DEBEN AL FISCO ; LAMENTABLEMENTE DE NUEVA CUENTA EL PRI Y EL PAN PREFIRIERON QUE FUERA LA GENTE DE A PIE LA QUE ASUMIERA LOS COSTOS ........POR VIDA DE DIOS , YA NO LE CREAN A ESTOS PARTIDOS QUE EN CAMPAÑA SON CAPACES DE PROMETER LO QUE SEA , DESPIERTEN , ANALICEN , LEEAN , BUSQUEN FUENTES ALTERNATIVAS PARA INFORMARSE . CHINGAO .

Son parte del “boquete” de 300 mil millones para 2010; 45% son “controvertidos”

El sector privado adeuda $453 mil millones por créditos fiscales

Significan 1.5 veces las deudas que personas morales y físicas tienen en impuestos

Se incrementaron 44% en un trimestre los juicios contra el SAT, que pierde 40.5% de ellos

Víctor Cardoso

El sector privado del país adeuda al gobierno federal casi 453 mil millones de pesos por concepto de “créditos fiscales”, derivados particularmente de la actividad de grandes corporativos empresariales.

En momentos en que el gobierno federal busca encontrar fuentes de ingresos que cubran el “boquete fiscal” de 300 mil millones de pesos calculado para 2010, los “créditos fiscales” representan 1.5 veces los adeudos que personas morales y físicas tienen con el fisco.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda, un número no determinado de “créditos fiscales” se encuentra clasificado como controvertido, pero su monto se eleva a 258 mil 700.9 millones de pesos, lo que representa 45 por ciento del total.

Casi una cuarta parte de esos “créditos fiscales”, que suman más de 110 mil 127 millones, están declarados como “de baja probabilidad de cobro”. De éstos, casi 60 mil 705 millones de pesos están clasificados, de plano, como “insolventes”.

Paralelamente los contribuyentes ganaron en tribunales litigios en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que les permitieron evitar el pago de 31 mil 223.6 millones de pesos.

En su último reporte sobre las finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaría de Hacienda hizo notar que el número de contribuyentes con algún tipo de “crédito fiscal” creció 6.67 por ciento durante el tercer trimestre del año respecto del mismo periodo anterior de este mismo año. Esto significa que el número de casos con algún tipo de “crédito fiscal” aumentó 98 mil 626 trimestre a trimestre. No obstante, el monto de ese mecanismo disminuyó en el mismo lapso en 15 mil 953.9 millones de pesos.

Según la versión oficial, “las actividades de auditoría a los contribuyentes continúan con el propósito, por una parte, de identificar conductas o prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales, y por otra, crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento, mediante el fortalecimiento de la presencia fiscal”.

Hacienda expuso que de enero a septiembre de este año se alcanzaron indicadores de recaudación satisfactorios. En los tres meses del reporte se realizaron, según la dependencia, 67 mil 640 actos de fiscalización y se obtuvieron ingresos procedentes de la aplicación de multas fiscales por 3 mil 282.5 millones de pesos.

Por ejemplo, menciona que se logró una “rentabilidad de fiscalización” de 37.7 pesos recuperados por cada peso invertido en actos de verificación fiscal, lo que representó un retroceso de 3.3 por ciento respecto del trimestre inmediato anterior, cuando la rentabilidad era de 39. Otro indicador señalado por la dependencia federal es la “efectividad de la fiscalización”, en la cual, de cada 10 casos, poco más de nueve resultaron con observaciones determinadas por los auditores.

Vivir en tribunales

Pero los contribuyentes cada vez menos se cruzan de brazos frente a las observaciones de los auditores fiscales, y cada vez más recurren a tribunales para evitar tanto la aplicación de multas como el pago de impuestos. Los registros de Hacienda dan cuenta de que los juicios contra el SAT aumentaron 44 por ciento de un trimestre a otro, al pasar de 17 mil 873 juicios entre abril y junio de este año a 25 mil 705, esto es, 7 mil 832 litigios más.

Pero no sólo eso: la efectividad de los abogados de la Secretaría de Hacienda no se demuestra, pues de esos juicios han perdido en primera instancia 10 mil 404, es decir, 40.5 por ciento del total. En la segunda instancia la situación no muestra mejoría, pues obtuvieron resultados negativos en 4 mil 279 casos.

Peor aún, el número de casos perdidos en primera instancia creció en 3 mil 206 entre el segundo y el tercer trimestres del año, esto es, un aumento de 44.5 por ciento. En la segunda instancia el crecimiento de los reveses a la autoridad fiscal fue de 40 por ciento, es decir, mil 219 casos perdidos más.