La campaña de Felipe Calderón

Magdalena Gómez


La presentación de una encuesta apócrifa con sus vaticinios electorales es el más reciente de los elementos para sostener de manera fundada que Felipe Calderón está lejos de respetar los más elementales principios de la democracia constitucional que formalmente rige en nuestro país. Las posteriores aclaraciones no pedidas se suman al preocupante ambiente generado por quien parece dispuesto a retener para su partido la Presidencia de la República bajo la lógica que hizo pública en 2006: haiga sido como haiga sido”. Ciertamente preocupa, antes que tranquilizar, que el ocupante de Los Pinos declare que en las elecciones del 1º de julio próximo actuará como “demócrata”, “respetará” el resultado de los comicios y al vencedor, y evitará expresiones o acciones que provoquen “recelo” entre los actores políticos. Y cual cereza del pastel su candidata Josefina Vázquez Mota señaló que no habrá una “elección de Estado” en su favor operada desde la casa presidencial.

Este episodio es un pálido reflejo frente al significado del discurso del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, pronunciado no el día del Ejército, sino el día en que se conmemoraba un aniversario más de la gesta que culminó con el asesinato del auténtico demócrata Francisco I. Madero. Ese día se confirmó la transmutación del Ejército que ha participado, ¿siguiendo instrucciones?, en la llamada “guerra” contra la delincuencia organizada, cuyo saldo de más de 50 mil víctimas tiene tal peso que deberá someterse a un riguroso escrutinio jurídico dentro y fuera del país. No se puede asumir que el general habló sin consultar previamente con Felipe Calderón. ¿Cuál es la intencionalidad de intimidar a la ciudadanía en tiempos electorales con el “parte de guerra”, señalando que el problema de la delincuencia organizada ya no es un asunto de seguridad pública?; en algunas “latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado. Es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra severamente amenazada”. Y agregó que en algunas regiones del país “la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado”. Con tal diagnóstico pasó a justificar la intervención del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, anotando de manera trivial que esta institución respeta los derechos humanos; “que ha habido errores”, y concluyó con la tesis clásica sobre casos que llamó tendenciosos para desprestigiarlos y favorecer a “los delincuentes”. Todo ello en la lógica de apego a “la lealtad” ¿a quién?, preguntamos.

Si a raíz de su intervención directa en la masacre estudiantil de 1968 habían planteado que no aceptarían más este tipo de responsabilidades, hoy han sellado su unión a toda costa con quien los sacó de los cuarteles.

¿Estamos ante el estado que guarda la nación?, ¿ante la confesión de que la “guerra” ha fracasado por su origen de “tantos” años? Salta a la vista que la misma ha cubierto de opacidad “las otras guerras” que expresan los resultados de la política económica, la falta de empleos, de acceso a la educación y al conjunto de derechos sociales, la enajenación de la cuarta parte del territorio nacional mediante concesiones mineras, la criminalización practicada contra los movimientos sociales.

Felipe Calderón sí es un peligro para México. No sabemos de qué puede ser capaz los próximos meses quien igual se viste de militar, graba comerciales turísticos, habla en Davos de las bazukas y cortafuegos para la economía, que se monta en un caballo rodeado de cadetes pretendiendo encarnar al demócrata Francisco I. Madero. Sin veda alguna, se dispone a participar en la contienda electoral, con el poder y aliados de que dispone, para impedir a toda costa que su partido entregue la Presidencia y menos aún a quien propone modificar el rumbo del país.

No parece promisorio el entorno nacional para garantizar una contienda democrática y equitativa, si consideramos que de nueva cuenta está en curso la campaña contra el favorito de los enconos del PRIAN. López Obrador enfrenta la guerra sucia para excluirlo de manera anticipada; lo más reciente es lo que el propio Andrés Manuel llamó “el desafuero médico”, con los medios masivos del duopolio en contra a pesar de su estrategia de contraste con el discurso de 2006. Mientras, los partidos políticos en el Congreso se consumen en “puntos de acuerdo”, y todos dan mayor prioridad al pleito por sus empleos próximos antes que contribuir a sanear el clima democrático necesario para que el Instituto Federal Electoral haga su tarea. No sabemos si la ciudadanía logrará emitir un voto que abra la posibilidad de cambio o se irá por la lógica de más de lo mismo que con matices representa el PRIAN. Así que, con mínimos y casi simbólicos contrapesos, la estela del calderonismo aparece más densa aún de la que ejemplifica el monumento a la corrupción.

2010: las alianzas útiles y el movimiento social

Magdalena Gómez

El año del centenario y el bicentenario ha sido reducido por un amplio sector de la clase política partidista al año de las alianzas útiles con la misma argumentación que en 2000 les resultó para que el PAN se hiciera de la Presidencia de la República.

A estas alturas bien podríamos saber que las estrategias mediáticas de este corte probablemente logren “triunfos” electorales, pero ello no camina de la mano con la urgencia de transformar al país. Preocupación ajena en los hechos a la suerte de endogamia en que viven los partidos políticos. Lo más alarmante de esta oleada aliancista es que la llamada izquierda partidista ha decidido expedirse el acta de defunción. Díficil pensar que algo defendible quede en partidos que olvidan el más elemental compromiso de mantener un perfil ideológico y luchar para lograr la adhesión de la ciudadanía a sus postulados.

Bajo la lógica de que todo se vale, me temo que están cruzando la línea, tan frágil ya de por sí, que les daba un perfil propio y por el cual habían luchado históricamente, sobre todo antes de que el Estado asumiera que no lo pondrían en riesgo y les otorgó reconocimiento legal. Alguna vez se les consideró, y la doctrina lo sustenta ampliamente, como el medio para lograr una democracia social, no electorera, por la vía pacífica.

Que el PRD se aliara con variantes de izquierda era entendible, pero que lo haga con el PAN o lo llegue a hacer con el PRI, con la lógica pragmática de que todo se vale, no resiste la justificación con la que nos quieren convencer de que se alían, “pero poquito”. Por lo pronto se están olvidando de externar la supuesta preocupación por evitar “el inminente estallido social”, por el impacto de la política fiscal y del aumento de precios, el destino de los trabajadores electricistas.

¿Ya se olvidaron de que desde 2006 hay un Presidente ilegítimo emanado del partido que les hizo fraude, ése que será su aliado en 2010? ¿También de que el PRIAN estratégico sólo se separa en tiempos electorales para luego acuerpar los mismos intereses? Si con postulaciones “perredistas” como en Guerrero o Chiapas les han resultado unos buenos gobernadores prianistas, ¿qué esperan para estas alianzas útiles? Díficil situación para políticos como Andrés Manuel López Obrador, quien no aprueba este tipo de alianzas donde están todos los partidos con los que se relaciona, o con los que formalmente hace parte, porque no estamos hablando de medidas coyunturales: las leyes del mercadeo político están en plena vigencia y su secuela rebasa 2010.

Mientras transcurre la danza de las alianzas electorales el movimiento social busca fortalecerse y promueve y comparte análisis sobre los graves problemas nacionales, y a su manera muestra que el centenario y el bicentenario en lógica de “celebración” no les dicen nada, si en convicción de que hoy como ayer les toca continuar las movilizaciones y aprender de las lecciones de unos movimientos donde históricamente lo pusieron todo y hoy por hoy, cual saldo implacable, las grandes mayorías empobrecidas dan cuenta de que la justicia brilla por su ausencia.

Con ese espíritu se realizará el Encuentro Nacional Preparatorio hacia un Congreso Social los días 5 y 6 de febrero de 2010, en la ciudad de Querétaro y el día 7 en la ciudad de México. Con ello dará inicio un “proceso nacional de construcción de consensos y participación popular para avanzar en el desarrollo de esta iniciativa”.

Las organizaciones y frentes que promueven son la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Diálogo Nacional, Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y Pesqueras, Servicios para la Paz, Paz con Democracia, Frente Nacional Democrático de Organizaciones Sociales y Productivas, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, Movimiento Nacional para la Unidad Progresista Democrática y de Izquierda.

De alguna manera todas ellas agrupan a buena parte del movimiento social y si bien el propósito que anuncian de avanzar hacia un constituyente social es muy complejo, y no de inmediata realización, lo importante es que fijan una noción de horizonte que entraña la convicción de que nuestro país requiere de un nuevo proyecto de nación que rescate lo que aún queda en pie del constituyente de 1917 y retome y reformule las propuestas necesarias para darle viabilidad en función de lograr la igualdad, justicia, democracia, asunción plena de un Estado pluricultural que vaya acorde con la naturaleza de la nación mexicana. Valores que se han pervertido en aras del espejismo neoliberal que el salinismo le vendió al país. Y en la base de la resistencia organizada están las comunidades indígenas. Para acosarlos e imponerles proyectos ecoturísticos o de “desarrollo” no hay distinción partidaria. Así de útiles les resultan los proyectos electoreros.

López Obrador: tres años de resistencia

Magdalena Gómez

El pasado domingo se realizó en el Zócalo capitalino una asamblea informativa del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este encuentro tuvo mensajes políticos dignos de análisis. En primer lugar, se dice fácil pero el reporte de que en tres años se visitó el total de los municipios del país implica que la persistencia del otrora candidato presidencial constituye una experiencia que pocos políticos de este país tienen.

Sabemos que además se ha organizado este movimiento, tanto mediante la llamada credencialización de representantes del gobierno legítimo, como a través de la creación de comités a lo largo y ancho del país. Construir esa estructura con recursos escasos y una campaña permanente en contra del movimiento y de su liderazgo entraña un desafío cuyos resultados aún no se perciben del todo. Ha quedado claro que la organización de la resistencia civil pacífica, si bien ligada a partidos, es ante todo un movimiento que promueve un nuevo proyecto de nación y que en efecto se plantea la disputa del poder por la vía pacífica y electoral.

Una de las batallas estratégicas que se llevaron a cabo en este periodo fue la defensa del petróleo, cuyos resultados, si bien no fueron óptimos, sí contribuyeron a detener de manera importante los afanes de los grupos de interés a los que el calderonismo presta las siglas presidenciales.

Por otra parte, en la asamblea del tercer aniversario se mandaron mensajes claves con la participación del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, quien manifestó su reconocimiento al movimiento que encabeza AMLO, y éste a su vez lo hizo “contra la infamia –como la llamó– cometida por el calderonismo al dejar sin empleo a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.

Es conveniente anotar que este intercambio de adhesiones se expresa pública y tajantemente después de que el príismo puso fin a sus tácticas dilatorias y negó el apoyo al SME para interponer una controversia constitucional, pero no sólo eso: contribuyó además para que el presupuesto 2010 dejara fuera los recursos relativos a la operación de LFC, con lo cual se corresponsabilizó de la decisión gubernamental que está siendo cuestionada en tribunales.

Con todo ello, los elementos para configurar la desviación de poder están perfectamente delimitados con la serie de actos sucesivos y encadenados tendientes a privar de su empleo a los trabajadores afiliados al SME, ofreciendo justificaciones aparentemente “legales” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso del general José Francisco Gallardo. Informe No. 43/96 del 15 de octubre de 1996).

Tanto en el discurso del líder del SME como en el de AMLO quedó planteado que son los mismos intereses, ante todo económicos, que están detrás de las decisiones que se tomaron en 2006 para orquestar el fraude electoral y los que decretaron “la extinción” de LFC.

Aparte de la solidaridad con el SME se reivindicaron las demandas centrales respecto a desaparecidos, los presos de Atenco, la agresión a comunidades como la de San José del Progreso, en Oaxaca, que se oponen a una minera; el basurero de Zimapán, en Hidalgo; la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, destacando la cifra poco conocida de que a partir del régimen de Carlos Salinas hasta hoy se han concesionado 24 millones de hectáreas a compañías trasnacionales mineras, esto es, el equivalente a la extensión del estado de Chihuahua.

Finalmente, para abundar en las razones del movimiento, el líder tabasqueño explicó los 10 grandes temas que se estarán debatiendo los próximos meses y que entrañan el perfil del nuevo proyecto de nación: rescatar al Estado, democratizar los medios masivos de comunicación (aclarando que no se trata de expropiación), una nueva economía con desarrollo acorde al interés nacional antes que al de organismos internacionales y trasnacionales; combatir prácticas monopólicas, abolir privilegios fiscales, recuperar la política como imperativo ético y con austeridad republicana, fortalecer el sector energético, recuperar soberanía alimentaria (mencionando el rechazo al maíz transgénico), Estado de bienestar, reiterando que “por el bien de todos, primero los pobres” y fomentar una nueva corriente de pensamiento basada en los principios de tolerancia, respeto a los derechos humanos, diversidad y respeto al medio ambiente.

Fue también significativo que no se mencionara ningún partido ni participara algún representante como orador, pues hasta hoy no se ve claro que las llamadas “refundaciones” caminen por la agenda de la transformación democrática del país, más bien se les ve refuncionalizando sus cuotas y cotos.

Ojalá se construya un consenso entre todas las fuerzas sociales de oposición pacífica. La dura realidad que estamos viviendo puede ser la mejor maestra para descartar sectarismos.

SME: paro nacional en defensa de la Constitución

Magdalena Gómez

El paro nacional que se realizará mañana será clave para el rumbo que tome el movimiento social y político en defensa tanto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como de la Constitución, que ha sido afectada en uno de sus pilares fundamentales, como es el artículo 123.

La contundencia del paro, y la que seguramente tendrá la marcha de ese mismo día, expresarán un Ya basta al gobierno federal, al tiempo que implicarán un serio llamado a los otros dos poderes para que asuman en sus respectivos ámbitos de competencia las acciones necesarias para restablecer el orden constitucional vulnerado por el despido masivo de 44 mil trabajadores a partir de un viciado decreto presidencial de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El SME ha orientado su defensa jurídica por conducto del juicio de amparo contra el decreto presidencial referido y 35 mil demandas por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). En el plano estrictamente político han desplegado un amplio abanico de relaciones solidarias con fuerzas sociales y sindicales que en justa reciprocidad a la trayectoria de este emblemático sindicato han hecho suyas las demandas de sus trabajadores.

En el caso de los partidos han sido el de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia los que se han pronunciado en defensa del SME, mientras el PRI se mueve en su pragmática y aparente indefinición jugando al análisis jurídico y sigue sin pronunciarse en torno a la promoción de una controversia constitucional de la Cámara de Diputados. En tanto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de mayoría perredista, ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto de extinción de LFC. Sin embargo, y por suerte, el SME no depende solamente de la postura de los partidos políticos.

Con su estrategia en ambos terrenos, jurídico y político, han logrado avances significativos. Prueba de ello es la suspensión provisional primero y ahora definitiva que la juez federal Guillermina Coutiño Mata le otorgó para que la JFCA se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el SME. Habrá que esperar su resolución de fondo en torno a la inconstitucionalidad del decreto impugnado.

Por lo pronto, esa decisión ha puesto un freno a la JFCA para que realice la audiencia donde declararía concluida la relación laboral, así como para que detenga la aprobación de los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo. Con ello el Ejecutivo federal ve afectada su principal estrategia para debilitar al SME y promover la división entre los trabajadores que acepten liquidarse, y los que prefieren o están en condiciones de resistir. Lo increíble fue el discurso del secretario del Trabajo en torno a su “preocupación” porque la suspensión definitiva afectará a los trabajadores por liquidarse; no le nació tal “sentimiento” cuando hizo parte del plan para despedirlos.

Por el lado de las fuerzas sociales movilizadas en torno al paro nacional se encuentran las principales universidades y sus sindicatos, así como el de telefonistas, cuyo líder se ha mostrado particularmente activo en defensa del SME, como también el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, encabezado por López Obrador.

Hay plena conciencia de que no se puede dejar pasar un golpe de tal magnitud, pues el orquestado contra el SME anticipa el plan integral para desarticular el sentido de las conquistas sociales plasmadas en la Constitución de 1917, lo que queda de ellas, y avanzar en las llamadas reformas estructurales. De manera que el desafío para impedir su ejecución es mayúsculo.

Por otra parte, con todo y los promisorios avances y el significado del paro nacional y la marcha del 11 de noviembre, el SME tiene varias zonas de riesgo: una, e inminente, es el rumbo que tome la modalidad de hacerse presentes en las instalaciones de la empresa LFC, resguardadas por la Policía Federal, terreno peligroso tanto por el natural desbordamiento de la indignación de los trabajadores como por la infiltración de provocadores. Aunada a ella está la relativa al tiempo que se prolongue el conflicto, ya que es de esperarse que el Ejecutivo impugne la decisión de la juez Coutiño en torno a la suspensión definitiva, lo cual implicará un retraso en la solución de fondo, la cual también es previsible que será impugnada por la parte que no resulte favorecida. Lo mismo se puede señalar en el caso de que la SCJN acepte la controversia de la ALDF. Por ello es tan importante la fuerza política que sea capaz de obligar al Ejecutivo federal a dar marcha atrás en el golpe al SME, si recuerda la responsabilidad de gobernar.

El SME y las conciencias tranquilas

Magdalena Gómez

Resulta difícil entender las conciencias tranquilas” del calderonismo, así como su concepción estrecha de la legalidad. Ambas son altamente cuestionables; las primeras porque no resisten el mínimo análisis ético: ¿qué valor intrínseco puede observarse en el hecho de colocar en la calle a más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por obra y gracia del uso de la policía y la emisión posterior del llamado decreto de extinción?

Está visto desde 2006 que no es la ética lo que campea en Los Pinos. Por lo que se refiere a la legalidad del decreto referido, tendrá que revisarse en el ámbito laboral y constitucional. Ojalá en estos espacios se amplíe la visión y sus decisiones transiten por el camino que Habermas ha referido: no hay derecho sin validez, pero tampoco hay derecho sólo con validez, y así da entrada al principio de legitimidad para destacar que es la suma de ambos conceptos lo que construye el derecho. Y no se trata de una mera disquisición teórica, sino de abrir horizontes democráticos y de justicia en el actual conflicto, que siendo laboral no lo es únicamente.

Así planteado podemos preguntarnos: ¿en aras de qué valor superior se pasó por encima de los derechos constitucionales de los trabajadores?, que por cierto van más allá de sacar las cuentas de una liquidación y “copetearlas”, diría Fox, a fin de promover divisiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cual variante de aquello de sacar el agua al pez. ¿Cuáles son los fundamentos para que sin haber sido oídos ni vencidos en juicio los trabajadores resultaran “culpables” a los ojos del calderonismo de la supuesta deficiencia de la compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Por qué resultan los trabajadores los únicos responsables de la conducción de una empresa pública que tiene una dirección oficial y un órgano de gobierno?, porque no estamos hablando de una cooperativa.

Antes que en tribunales, el gobierno prefirió “litigar” en los medios y ha promovido la satanización del SME y pretende explotar en su favor las divisiones internas del sindicato sin que siquiera a ese nivel informe sobre las implicaciones de “traspasar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los gravísimos problemas atribuidos a “la extinta”, la concentración en una sola empresa del servicio de energía eléctrica o los planes de promover o concesionar, no lo sabemos, el uso de fibra óptica en el centro del país.

¿La CFE, según el gobierno, está libre de riesgos? ¿Esa empresa sí es eficiente y cuenta con la capacidad de absorber de un día a otro una ampliación de los servicios que prestaban más de 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? Pero algunos medios y formadores de opinión repiten sin cuestionar el discurso de la ominosa campaña oficial.

Mientras el calderonismo reafirma que tiene “su conciencia tranquila” con la lógica fundacional del haiga sido como haiga sido, afuera de los locales del SME están los trabajadores en asamblea permanente escuchando por altavoces la información de sus dirigentes, ya que el auditorio es insuficiente para darles cabida.

Se pueden observar las miniasambleas de grupos de trabajadores que comentan entre ellos lo que está sucediendo. Por ejemplo, la semana pasada preguntaban a Martín Esparza cuánto duraría el conflicto y él les respondió con entereza que no tenía la respuesta, y les refirió que los mineros duraron dos años y que Ruta 100 lleva 14. La angustia y la indignación se reflejaban en los rostros de quienes han dedicado su vida a laborar en Luz y Fuerza del Centro o quienes creían que contaban con un empleo seguro.

En los pequeños grupos alguien tomó aire y valor y comentó: “hay que aguantar”. ¿Conciencias tranquilas? ¿Podemos imaginar las interrogantes de las familias de los trabajadores a quienes arbitrariamente se les quitó la fuente de trabajo?

Así que sólo la dimensión humana es motivo suficiente para inquietar la conciencia, si se tiene. Sin embargo, el significado de la medida que se tomó es más expansivo: atañe al rumbo del país, a la tensión por avanzar en lo que el salinismo abrió como “reformas estructurales”, tocando uno de los pilares del pacto social, como fue el contenido del artículo 27 constitucional; entonces también se habló de la ineficiencia de los campesinos y ya vemos en qué situación está el campo.

Lo que el calderonismo colocó con su atrabiliaria decisión es una prueba de fuego y una bomba de tiempo para el conjunto del movimiento social. La movilización extraordinaria del pasado 17 de octubre solamente sirvió para que el gobierno hablara de diálogo sin negociación –y sin sentido, agregaría–, por ello el escenario de la resistencia civil pacífica y el impacto nacional de la misma es indispensable sin dejar de lado el frente jurídico, de lo contrario se avanzará hacia un Estado sin responsabilidades sociales que implante el autoritarismo antes que la democracia. La guerra contra el SME es sólo un paso más en esa ruta.

La nueva “guerra” de Felipe Calderón

Magdalena Gómez

El desafío al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los amplios sectores sociales que lo respaldan con la extinción” de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no le depara a Felipe Calderón mejor suerte que la lograda en su combate a la delincuencia organizada. Su primer fracaso es que no resultaron los preparativos del golpe a uno de los sindicatos emblemáticos, como fue la negativa de la “toma de nota” para su dirigencia a fin de profundizar la división: de manera ejemplar, y pese a los conflictos intrasindicales, la primera decisión de asamblea, a unas horas de la toma policiaca de las instalaciones de LFC fue que enfrentarían en unidad la agresión gubernamental.

La decisión calderonista se anunció con la incursión policiaca horas antes de que se publicara el decreto, cuestión que habrá de analizarse en la defensa jurídica, pues resulta inadmisible el dicho del secretario de Gobernación: “El secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones (de su parte) para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y preservar la integridad de personas y de instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto”. Y el mérito de ello es que no “hubo costo humano que lamentar”. Sacaron a los empleados de LFC de su centro de trabajo, ocuparon las instalaciones sin que existiera fundamento jurídico.

La patética decisión, tomada sin medir las consecuencias, se refleja en el boletín 184 leído primero por Gómez Mont a los medios hacia el mediodía del domingo y reproducido casi textualmente, horas después, por Felipe Calderón en cadena nacional. Esto de las jerarquías de cargos de plano no les resulta.

Para convencer a la ciudadanía del despropósito financiero de LFC señalaron ambos que “tan sólo en 2009, el subsidio al organismo es equiparable a casi la totalidad del presupuesto anual del Programa Oportunidades, el principal programa de combate a la pobreza y que beneficia a más de 25 millones de mexicanos; o dos veces el presupuesto de la UNAM, que conforma una comunidad de más de 350 mil personas. Esto equivale a lo que se requeriría para construir un millón 200 mil viviendas de interés social. Mantener estas transferencias hubiera implicado elevar las tarifas de manera desproporcionada y pedir más impuestos a los contribuyentes”. Les faltó informarnos a cuánto equivalen los altísimos sueldos y prestaciones en la Suprema Corte, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal con su alta burocracia.

Para justificar la afectación de LFC a la economía nacional se anotó que “las cadenas de autoservicio en el valle de México han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias en el suministro eléctrico”.

Por fortuna tenemos las evidencias del boletín de prensa en Bucareli y luego el mensaje en cadena nacional; de lo contrario se pensaría que abusamos de la ironía o el humor negro. Porque, aparte de que con la “extinción” decretada la economía se reactivará, “se fomentará el establecimiento de más centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que redundará en la creación de más y mejores empleos”.

Luego vinieron las aclaraciones, no pedidas, por aquello de las acusaciones manifiestas: “Esta medida no implica la privatización del servicio eléctrico. La prestación de dicho servicio seguirá a cargo del Estado, como lo ordena la Constitución y la ley en la materia”. Y después se aclaró que las modalidades de operación de un nuevo organismo se definirán en el futuro.

Con todas estas razones “fundadas”, según su lógica la ciudadanía saldrá a las calles a felicitar al gobierno, seguida de los trabajadores, porque a ellos se les respetarán todos sus derechos, menos el principal: el empleo. Y no quedan ahí los ofrecimientos: cual vendedores de enciclopedias “con el objeto de hacer mucho más tersa la transición”, les ofrecen un bono extra si aceptan en un mes la liquidación y además los orientarán para que con su jugosa liquidación pongan un changarro (perdón, ése era el proyecto foxista)e inviertan en proyectos de autoempleo. Parece inocente y no lo es: apuestan nuevamente a dividir a los trabajadores.

La cuestión de fondo es dar un paso más en la cadena de privatización, de momento manteniendo el servicio por conducto de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que ya se tendrá que aclarar el uso que pretenden dar a los recursos de la empresa.

Seguramente el SME ya está preparando la estrategia jurídica, políticamente se está moviendo con rapidez y con suma precaución para evitar un enfrentamiento con la policía federal. Si se deja pasar esta nueva agresión nadie los detendrá para avanzar en otros espacios. Todos los sectores estamos expuestos al veredicto de la “improductividad”.

Otra señal ominosa: ¿cuántas más?

Magdalena Gómez

La ratificación del nombramiento de Arturo Chávez Chávez por el Senado como procurador general de la República, si bien con las excepciones de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, constituye una jugada de varias pistas. En primer lugar se incrementa el espacio de poder para el auténtico PRIAN, ése que algunos analistas niegan a partir de que ambos partidos a la hora de las elecciones se conducen bajo el lema de “cada quien sus siglas”. Sin embargo, más allá de los eventos de “autonomía relativa”, en asuntos estratégicos caminan juntos y, en el caso de la PGR, la dupla Diego-Salinas se fortalece. Ésa es la mafia que López Obrador insiste en denunciar y buena parte de los medios se empeña en negar. Resultó pueril el argumento del representante del priísmo para avalar la propuesta donde Felipe Calderón le prestó el nombre de la Presidencia de la República a un connotado despacho de abogados. Vaya manera de “razonar”: votamos por Arturo Chávez Chávez para que Calderón pague los costos sobre su actuación. ¿La ratificación del Senado no entraña responsabilidad? ¿Es una oficialía de partes?

Lo cierto es que las balandronadas priístas de los días previos, insinuando que negarían el voto a la ratificación de Chávez, sólo eran una finta para presionar en las muy secretas y oscuras negociaciones. Por suerte, esta vez al PRD no le dio por mostrar su “vocación de poder”.

Por otra parte, la hegemonía en el Senado también mandó un claro mensaje de rechazo a las organizaciones no gubernamentales que mostraban evidencias sobre la nula vocación en materia de derechos humanos del ahora procurador y su pésima actuación en el mismo cargo en su estado natal. Mientras las madres de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, junto a numerosas organizaciones de derechos humanos y en especial de las mujeres, exigían un rechazo del Senado a la propuesta presidencial, el ombudsman nacional, a la vez que prepara sus maletas, habló de que Chávez Chávez merecía una “segunda oportunidad”, pues en el caso de Juárez no era el responsable principal. La lógica elemental suele esconderse cuando de intereses y búsqueda de nuevos acomodos se trata: un ombudsman nacional que no habla de las responsabilidades en el servicio público ni considera que las hay no sólo por acción, sino también por omisión. Lo mínimo en que incurrió el abogado chihuahuense cuando estuvo al frente de la procuraduría estatal fue en el delito de discriminación, al emitir opiniones difamatorias hacia las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y señalar que eso les pasó por salir de noche y provocar las agresiones de tal o cual manera. ¿Una segunda oportunidad para qué? Ahora puede impactar a escala nacional con sus sexistas valoraciones y su indolencia para enfrentar investigaciones cuyo esclarecimiento es una demanda nacional e internacional.

Así las cosas, un solo despacho de abogados ocupa ahora espacios tan importantes como la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Por esa vía, el gabinete será en poco tiempo un corporativo más. En esa óptica, poco importa la sociedad civil organizada y más graves aún son las condiciones para encaminar la procuración de justicia con criterios acordes a un estado democrático de derecho.

Mal y de malas para tan utópicas consideraciones en un contexto tan complejo donde día con día aparecen señales de descomposición social, fundamentalismos “ecologistas”, salvadores de la humanidad ligados a la generación de un clima de miedo que justifique el incremento de la criminalización a movimientos sociales, mientras en paralelo se amplía la campaña en torno a “la inminencia del estallido social”. Estos temas y sobresaltos, centrados prioritariamente y no casualmente en el Distrito Federal, han motivado que pase a segundo plano el fracaso de “la guerra” contra la delincuencia organizada, el masivo involucramiento del Ejército en tareas que no le están formalmente asignadas, los cabildeos y negociaciones en torno a la imposición de cargas fiscales generalizadas donde nuevamente el PRI está anunciando su rechazo al 2 por ciento del impuesto al valor agregado generalizado.

La respuesta a esta crisis debe organizarse desde los movimientos sociales, sindicales, indígenas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el movimiento encabezado por López Obrador, que a estas alturas resulta difícil ubicarlo como partidario, todos con el rasgo común de la reivindicación de la vía pacífica, porque esta manipulación del llamado “estallido social” lleva el mensaje implícito de la vía de la violencia.

El camino para la formación de un movimiento nacional de unidad no parece claro. Sin embargo, tendrá que explorarse; de lo contrario se impondrá el peor de los escenarios, que pareciera estar en preparación desde los aparatos de inteligencia y seguridad nacional, perfilando un horizonte autoritario donde “el estallido” sea estatal y se dé sobre los restos de nuestras garantías fundamentales.