Otra señal ominosa: ¿cuántas más?
Magdalena Gómez
La ratificación del nombramiento de Arturo Chávez Chávez por el Senado como procurador general de la República, si bien con las excepciones de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, constituye una jugada de varias pistas. En primer lugar se incrementa el espacio de poder para el auténtico PRIAN, ése que algunos analistas niegan a partir de que ambos partidos a la hora de las elecciones se conducen bajo el lema de “cada quien sus siglas”. Sin embargo, más allá de los eventos de “autonomía relativa”, en asuntos estratégicos caminan juntos y, en el caso de la PGR, la dupla Diego-Salinas se fortalece. Ésa es la mafia que López Obrador insiste en denunciar y buena parte de los medios se empeña en negar. Resultó pueril el argumento del representante del priísmo para avalar la propuesta donde Felipe Calderón le prestó el nombre de la Presidencia de la República a un connotado despacho de abogados. Vaya manera de “razonar”: votamos por Arturo Chávez Chávez para que Calderón pague los costos sobre su actuación. ¿La ratificación del Senado no entraña responsabilidad? ¿Es una oficialía de partes?
Lo cierto es que las balandronadas priístas de los días previos, insinuando que negarían el voto a la ratificación de Chávez, sólo eran una finta para presionar en las muy secretas y oscuras negociaciones. Por suerte, esta vez al PRD no le dio por mostrar su “vocación de poder”.
Por otra parte, la hegemonía en el Senado también mandó un claro mensaje de rechazo a las organizaciones no gubernamentales que mostraban evidencias sobre la nula vocación en materia de derechos humanos del ahora procurador y su pésima actuación en el mismo cargo en su estado natal. Mientras las madres de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, junto a numerosas organizaciones de derechos humanos y en especial de las mujeres, exigían un rechazo del Senado a la propuesta presidencial, el ombudsman nacional, a la vez que prepara sus maletas, habló de que Chávez Chávez merecía una “segunda oportunidad”, pues en el caso de Juárez no era el responsable principal. La lógica elemental suele esconderse cuando de intereses y búsqueda de nuevos acomodos se trata: un ombudsman nacional que no habla de las responsabilidades en el servicio público ni considera que las hay no sólo por acción, sino también por omisión. Lo mínimo en que incurrió el abogado chihuahuense cuando estuvo al frente de la procuraduría estatal fue en el delito de discriminación, al emitir opiniones difamatorias hacia las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y señalar que eso les pasó por salir de noche y provocar las agresiones de tal o cual manera. ¿Una segunda oportunidad para qué? Ahora puede impactar a escala nacional con sus sexistas valoraciones y su indolencia para enfrentar investigaciones cuyo esclarecimiento es una demanda nacional e internacional.
Así las cosas, un solo despacho de abogados ocupa ahora espacios tan importantes como la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Por esa vía, el gabinete será en poco tiempo un corporativo más. En esa óptica, poco importa la sociedad civil organizada y más graves aún son las condiciones para encaminar la procuración de justicia con criterios acordes a un estado democrático de derecho.
Mal y de malas para tan utópicas consideraciones en un contexto tan complejo donde día con día aparecen señales de descomposición social, fundamentalismos “ecologistas”, salvadores de la humanidad ligados a la generación de un clima de miedo que justifique el incremento de la criminalización a movimientos sociales, mientras en paralelo se amplía la campaña en torno a “la inminencia del estallido social”. Estos temas y sobresaltos, centrados prioritariamente y no casualmente en el Distrito Federal, han motivado que pase a segundo plano el fracaso de “la guerra” contra la delincuencia organizada, el masivo involucramiento del Ejército en tareas que no le están formalmente asignadas, los cabildeos y negociaciones en torno a la imposición de cargas fiscales generalizadas donde nuevamente el PRI está anunciando su rechazo al 2 por ciento del impuesto al valor agregado generalizado.
La respuesta a esta crisis debe organizarse desde los movimientos sociales, sindicales, indígenas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el movimiento encabezado por López Obrador, que a estas alturas resulta difícil ubicarlo como partidario, todos con el rasgo común de la reivindicación de la vía pacífica, porque esta manipulación del llamado “estallido social” lleva el mensaje implícito de la vía de la violencia.
El camino para la formación de un movimiento nacional de unidad no parece claro. Sin embargo, tendrá que explorarse; de lo contrario se impondrá el peor de los escenarios, que pareciera estar en preparación desde los aparatos de inteligencia y seguridad nacional, perfilando un horizonte autoritario donde “el estallido” sea estatal y se dé sobre los restos de nuestras garantías fundamentales.
Lo cierto es que las balandronadas priístas de los días previos, insinuando que negarían el voto a la ratificación de Chávez, sólo eran una finta para presionar en las muy secretas y oscuras negociaciones. Por suerte, esta vez al PRD no le dio por mostrar su “vocación de poder”.
Por otra parte, la hegemonía en el Senado también mandó un claro mensaje de rechazo a las organizaciones no gubernamentales que mostraban evidencias sobre la nula vocación en materia de derechos humanos del ahora procurador y su pésima actuación en el mismo cargo en su estado natal. Mientras las madres de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, junto a numerosas organizaciones de derechos humanos y en especial de las mujeres, exigían un rechazo del Senado a la propuesta presidencial, el ombudsman nacional, a la vez que prepara sus maletas, habló de que Chávez Chávez merecía una “segunda oportunidad”, pues en el caso de Juárez no era el responsable principal. La lógica elemental suele esconderse cuando de intereses y búsqueda de nuevos acomodos se trata: un ombudsman nacional que no habla de las responsabilidades en el servicio público ni considera que las hay no sólo por acción, sino también por omisión. Lo mínimo en que incurrió el abogado chihuahuense cuando estuvo al frente de la procuraduría estatal fue en el delito de discriminación, al emitir opiniones difamatorias hacia las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y señalar que eso les pasó por salir de noche y provocar las agresiones de tal o cual manera. ¿Una segunda oportunidad para qué? Ahora puede impactar a escala nacional con sus sexistas valoraciones y su indolencia para enfrentar investigaciones cuyo esclarecimiento es una demanda nacional e internacional.
Así las cosas, un solo despacho de abogados ocupa ahora espacios tan importantes como la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Por esa vía, el gabinete será en poco tiempo un corporativo más. En esa óptica, poco importa la sociedad civil organizada y más graves aún son las condiciones para encaminar la procuración de justicia con criterios acordes a un estado democrático de derecho.
Mal y de malas para tan utópicas consideraciones en un contexto tan complejo donde día con día aparecen señales de descomposición social, fundamentalismos “ecologistas”, salvadores de la humanidad ligados a la generación de un clima de miedo que justifique el incremento de la criminalización a movimientos sociales, mientras en paralelo se amplía la campaña en torno a “la inminencia del estallido social”. Estos temas y sobresaltos, centrados prioritariamente y no casualmente en el Distrito Federal, han motivado que pase a segundo plano el fracaso de “la guerra” contra la delincuencia organizada, el masivo involucramiento del Ejército en tareas que no le están formalmente asignadas, los cabildeos y negociaciones en torno a la imposición de cargas fiscales generalizadas donde nuevamente el PRI está anunciando su rechazo al 2 por ciento del impuesto al valor agregado generalizado.
La respuesta a esta crisis debe organizarse desde los movimientos sociales, sindicales, indígenas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el movimiento encabezado por López Obrador, que a estas alturas resulta difícil ubicarlo como partidario, todos con el rasgo común de la reivindicación de la vía pacífica, porque esta manipulación del llamado “estallido social” lleva el mensaje implícito de la vía de la violencia.
El camino para la formación de un movimiento nacional de unidad no parece claro. Sin embargo, tendrá que explorarse; de lo contrario se impondrá el peor de los escenarios, que pareciera estar en preparación desde los aparatos de inteligencia y seguridad nacional, perfilando un horizonte autoritario donde “el estallido” sea estatal y se dé sobre los restos de nuestras garantías fundamentales.
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