Un pacto para rescatar al campo... o seguir resistiendo



Víctor M. Quintana S.


Al cumplirse 93 años del asesinato de Zapata, el Caudillo del Sur fue conmemorado por los candidatos presidenciales del PRI-PVEM y del Movimiento Progresista en sendos actos el martes 10. Fueron actos muy diferentes: el encabezado por Peña Nieto, en el estado de México, se distinguió por el alarde de logística y los altisonantes discursos sobre la soberanía alimentaria. Quién sabe qué entenderán por ella el candidato y las huestes de la CNC. Porque esta organización fue ajuste-estructuralista cuando Miguel de la Madrid se lo mandó; fue defensora del TLCAN cuando Salinas se lo ordenó, y ahora es defensora de los transgénicos, tal vez porque Monsanto se lo pagó. No pueden salvar al campo quienes fueron perpetradores de su hundimiento. Acordándose tal vez de eso, buena parte de los campesinos asistentes al acto fueron vaciándolo antes de terminar.

El acto que López Obrador presidió en Torreón, más allá del discurso fue la lectura por una mujer campesina del documento de las organizaciones agrarias, el Plan de Ayala para el siglo XXI y la firma del Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México. A pesar del inclemente sol del desierto lagunero, aumentado por el reflejo de los cerros calizos y pelones, el contingente campesino aguantó completo hasta la firma del documento.

El Plan de Ayala para el siglo XXI surge de un proceso iniciado en noviembre pasado en Ayoxuxtla, Puebla, lugar de la promulgación del Plan de Ayala zapatista, hace 100 años. Las organizaciones que apoyan el Movimiento Regeneración Nacional acordaron con AMlLO iniciar toda una serie de reuniones de trabajo y de consulta con campesinos, campesinas, productores empresariales, jornaleros agrícolas, académicos, técnicos, para elaborar una propuesta de pacto que recogiera las demandas básicas e históricas del campesinado y otros actores rurales y a fin de entregárselo para que lo asuma como un compromiso y plan de gobierno para el sector agropecuario.

Inicialmente se pensó construir el pacto mediante foros a celebrarse en tres o cuatro regiones del país, pero fue tanto el interés que terminan realizándose seis foros, desde Yucatán hasta Baja California, desde el sur indígena hasta el norte árido, y también un foro binacional con los jornaleros oaxaqueños en Los Ángeles, California.

El resultado es un documento bastante esencial, asequible, que recoge las demandas centrales de cada región y tipo de productores. Se va a las cuestiones esenciales y no se enreda en políticas y medidas secundarias En una breve introducción explica cómo fue confeccionado, siguen 11 apartados en que se exponen las cuestiones centrales: el primero de ellos hace un diagnóstico de la ya muy conocida situación de devastación y violencia en el medio rural y ubica sus raíces en los 30 años de políticas antiagrarias del PRI y del PAN.

Enseguida se deja muy claro que las mujeres y los hombres del campo se asumen como un sujeto de la salvación de México y no como sólo objetos o beneficiarios de políticas. Y luego se plantean sus demandas y compromisos en ocho apartados desde una perspectiva de derechos: derecho a la tierra; a la alimentación y a la soberanía alimentaria; derechos del trabajo rural, asalariado o por cuenta propia; derecho a una vida buena y a servicios sociales de calidad; al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; a una naturaleza sana; derechos de los sectores postergados: mujeres, indios, jóvenes. Y se termina con un derecho clave en un mundo donde ha imperado el corporativismo: el derecho a la libertad política y a la verdadera democracia.

Un López Obrador asoleado y entusiasmado firmó el Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México teniendo como fedatarios públicos a miles de campesinas, campesinos y hasta empresarios agrícolas, y puso fecha para que el país logre la plena soberanía alimentaria: a mitad del próximo sexenio, a fin de que “ningún mexicano padezca hambre”. Por parte de las organizaciones campesinas suscribieron el pacto 94 de ellas, de carácter nacional y regional.

El Plan de Ayala para el siglo XXI y el Pacto para el rescate del campo son esfuerzos de inclusión no sólo de las demandas campesinas, sino también de los productores empresariales, de todos aquellos homogeneizados por la crisis productiva inducida por los neoliberales. Asumen la responsabilidad no sólo de los productores, sino también de los consumidores de alimentos. Marcan hasta ahora la única vía para rescatar la agricultura y la alimentación de México con justicia y sustentabilidad. Es notable que de los cuatro candidatos a la Presidencia, López Obrador sea el único que propicie, acepte y luego suscriba sin condiciones un documento elaborado desde abajo, desde la pluralidad de organizaciones y de gente estudiosa y preocupada por el agro nacional.

Un esfuerzo así no debe desperdiciarse. Ha de compartirse, discutirse, enriquecerse con el aporte de más y más organizaciones. Si López Obrador gana, será la guía de exigencia y evaluación a su gobierno en materia agropecuaria. Si no, será la bandera de lucha, el ideario que sostenga otro largo ciclo de resistencia campesina.

Presidente... de la muerte

Víctor M. Quintana S.

Ciudad Juárez es noticia continua y piedra de toque para el gobierno de Felipe Calderón. Es el sinodal cotidiano de la segunda y eterna administración federal panista. Piedra con la que tropieza en cada viaje.

Al cumplirse un mes de la primera visita calderoniana a esta frontera y a dos semanas de completarse los dos años de la primera versión de los “operativos conjuntos”, Calderón y su comitiva organizan reuniones de trabajo y anuncios de nuevos programas para el martes 16.

La delincuencia organizada prepara el ambiente para recibir a la comitiva presidencial: el sábado 13, un comando asesina a la funcionaria del consulado estadunidense en la ciudad Lesley Enriquez, y a su esposo Arthur Redelf. En acción casi simultánea se acribilla al esposo de otra empleada del consulado, Jorge Alberto Salcido. Dos días antes secuestran a Pablo Cuarón Fernández, hijo del empresario Pablo Cuarón Galindo, precandidato del PAN a la gubernatura del estado. El lunes 15, un comando transportado en 15 camionetas aterroriza y asesina cuatro personas en San Juanito y otras cuatro en Creel, localidades del municipio de Bocoyna. El crimen organizado cambia cualitativamente su ofensiva: no sólo se matan entre ellos, también pueden asesinar ciudadanos estadunidenses para provocar un conflicto internacional, o secuestrar a personas inocentes ligadas con la clase política, o sembrar el terror no sólo en la frontera sino en la sierra, 600 kilómetros distante.

A pesar del cambio cualitativo en la coyuntura, el gobierno de Calderón reincide en sus errores. En lugar de abrirse más al diálogo con la sociedad, restringe enormemente el acceso a la reunión de las diferentes mesas de trabajo de la sociedad juarense, iniciadas hace mes y medio. Y, para documentar su miedo a la crítica y a la disidencia, vuelve a convertir en un búnker el hotel sede de la reunión y sus alrededores. Los policías federales vuelven a reprimir a los jóvenes que protestan ante la visita y exigen justicia para sus muertos; los pisotea, los empuja y detiene por varias horas a cuatro mujeres de las organizaciones no gubernamentales.

Todo este proemio debería haber sido suficiente para generar un cambio en la sesión de trabajo, con los representantes sociales fronterizos. Todo lo contrario, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, el chihuahuense Arturo Chávez Chávez, tratan de convencer de que, a pesar de las percepciones, hay claros avances en la “guerra”, su guerra, contra el crimen organizado, y que el número de homicidios tiende a descender en los últimos meses.

No contaban con los juarenses que representan a las diferentes mesas de trabajo. Médicos, empresarios, académicos y activistas sociales refutan de inmediato las cuentas alegres del gabinete. Las cosas han empeorado los últimos meses; desde la primera visita de Calderón, el 12 de febrero, la situación se torna más violenta. Tan sólo de enero a lo que va de marzo, el número de homicidios dolosos en esta ciudad asciende a 500, cuando en 2009 llegaba a 433 y en 2008 a menos de la mitad. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Juárez señala que los asesinatos de mujeres, que en 2007 llegaban a 30 en esta ciudad, ascendieron a 96 en 2008 y hasta 163 en 2009. Afirma también que en 2009 Juárez encabezó la lista de las ciudades más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, por arriba de la muy violenta favela Jacarezinho, de Río de Janeiro, con una tasa de 173.6.

Todos concluyen: la presencia del Ejército y de la Policía Federal, lejos de disminuir, ha disparado los guarismos de la muerte y del delito –afirmación que casi al mismo tiempo repite la jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano–; es más, si no se controla la violencia, de poco van a servir las millonarias inversiones en desarrollo social que anuncia la Federación.

Ante tales golpes de realidad Calderón no tiene más que balbucear su esbozo de filosofía del conocimiento. Reconoce que “… es pésimo que se tenga una percepción de que las cosas están bien cuando están mal, pero también que es malo tener una percepción diferente de la realidad…“

Aun así, la estrategia de Estado no cambia un ápice, si no es aceptar la presencia de agentes de la FBI para investigar las muertes relacionadas con el consulado. A ver quién investiga los otros cientos de asesinatos de jóvenes, de mujeres, de periodistas, de derechohumanistas. Aquí siguen reinando el crimen y la impunidad.

Calderón vino por tercera vez a la frontera. Y ni con su visita, ni con sus discursos podrá extirpar una muy difundida y terrible percepción: para muchas familias juarenses, él no ha sido el presidente del empleo, ni el presidente de la valentía, sino el presidente de la muerte.

Democratización secuestrada

Víctor M. Quintana S.

Lo volvieron a hacer. Como lo hicieron para nombrar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo están operando para la postulación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia: voltean la espalda a las propuestas ciudadanas. Los grupos dominantes siguen siendo los grandes autores de las malas noticias en este país: crisis económica, violencia, atropello a los derechos de los trabajadores, secuestro del proceso de democratización.

Decenas de organizaciones sociales de todos tipos y de ciudadanos en lo particular nos pronunciamos por que en la terna para elegir nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, que habría de presentar Felipe Calderón, figurara Jorge Fernández Souza. Abogado, académico, administrador público, investigador, luchador con la ley en la mano al lado de los movimientos populares, de los trabajadores. No fue por amiguismo o por espíritu de grupo, aunque sí, tal vez, por espíritu de clase.

Y es que no creemos en que la ley funcione igual para todos y para todas. Por más que su letra sea la misma, su interpretación depende mucho del lugar social desde donde se lea, se juzgue y se aplique. Por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera variado mucho su resolución en el sentido de que “sólo hubo un poquito fraude” en las elecciones de 2006, si ese proceso electoral no lo hubieran leído magistradas y magistrados desde el poder establecido, desde el miedo de los poderosos a López Obrador. Cuando la ley se lee desde el poder es como tratar de ver un bosque teniendo una gigantesca sequoia enfrente. Porque pensamos que juzgar desde abajo, que ver la ley desde la perspectiva de los trabajadores es un punto de vista mucho más adecuado para emitir cualquier tipo de juicio, por eso propusimos a Jorge Fernández Souza para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, con resolutivos como el que la Corte acaba de emitir ratificándole a la Cofetel –controlada por Televisa– la facultad de otorgar y retirar concesiones de radio y televisión, lo que menos revela la propia Corte es su carácter de suprema: por encima de todos los grupos e intereses, sólo subordinada al interés general.

Con esta elección de quien será nuevo ministro de la Corte se consolida un modo de construir los poderes públicos y los organismos autónomos que sabotea la transición a la democracia. Si bien el pueblo de México luchó fuerte y derramó sangre por tener un sistema republicano, de división de poderes; si bien luego volvió a luchar para darle sustancia y extirpar la simulación de ese sistema y por construir nuevos organismos como los de derechos humanos, los electorales y los de transparencia, esas luchas se están viendo traicionadas en la manera cupular, gremialista como se elige a quienes formarán parte de ellos.

Lo vimos con el Consejo del IFE en 2003: el reparto bipartidista de consejerías dio al traste no sólo con el prestigio del instituto, sino también con la confiabilidad de las elecciones de 2006. Lo acabamos de ver con la elección del presidente de la CNDH: el continuismo, el patrimonialismo del presidente saliente, las presiones clericales se impusieron sobre las propuestas de las organizaciones sociales y derechohumanistas.

No hay verdadera transición y la democracia no se consolida porque lo más que se ha logrado en los poderes públicos es una rotación acotada de elites. Hace casi un cuarto de siglo François Xavier-Guerra realizó un espléndido trabajo de reconstrucción de la estructura de privilegio, compadrazgo y compromiso que sostenía el antiguo régimen porfirista. Habría que actualizarlo ahora con la estructura –no mucho mayor cuantitativamente– de poder que hace posible el atascamiento de la democracia en nuestro país.

Así, los gremios, los grupos de poder, las cúpulas partidistas secuestran nuestra incipiente democracia, le ponen grilletes, la sustraen a la participación y al escrutinio ciudadanos. Pasamos de la postulación por dedazo presidencial a la postulación por dedazo de los conciliábulos de interés. La ciudadanía rescata la democracia de las garras presidencialistas para que luego se la arrebaten los tentáculos de las mafias.

No por nada soplan en la República entera vientos de insubordinación. No de las izquierdas contra las derechas ni de unos partidos contra otros. Sí de una sociedad agobiada y agraviada contra los grupos de privilegio fundados en el dinero, en el poder político o en el manejo mafioso de los organismos que, se supone, deben ser pilares de la democracia.

In memoriam, Irma Campos Madrigal, mujer, luchadora, feminista, izquierdista, por tautológico que parezca

Damnificados de la valentía

Víctor M. Quintana S.

Si las guerras” salinistas contra Jonguitud y La Quina arrojaron como resultado final a Elba Esther y Romero Deschamps, Dios nos agarre confesados ante el resultado de las “guerras” calderonistas contra los sindicatos y el crimen organizado.

El esquema de la ofensiva de Salinas para legitimarse ha sido repetido, con su asesoría o por mimetismo de dictadorzuelo, por el afán también de legitimarse del actual inquilino de Los Pinos. Fuerte y seriamente cuestionado su triunfo electoral, Salinas asestó golpes decisivos a los caciques de los sindicatos de educación y petrolero para mostrar a la ciudadanía su afán de cambio desde la raíz, a la vez que dejar muy claro quién tenía el poder en la mano. Ya conocemos los resultados.

Aquí no podemos decir –parafraseando a Marx– que Calderón revive en tragicomedia lo que había sido una tragedia, porque lo que sufrimos es un deterioro al mínimo nivel de lo que ya era una tragicomedia. Ansioso de mostrar que sabe usar el poder que arrebató, Calderón se lanzó a una guerra más absurda y letal –15 mil muertos ya– que la de 1847. No contento con eso, la emprende ahora contra Luz y Fuerza del Centro y contra sindicatos como el SME, el de los mineros y vaya usted a saber cuántos más van a seguir.

Seguramente algún mercadólogo le dijo a Felipe que la valentía vende bien. Y a falta de los empleos que ofreció, a falta de la tranquilidad que garantizó, lleva ya casi tres años recetándonos solamente valentía. Bueno, si valentía se puede llamar a disparar decisiones que a uno mismo lo afectan poco y sin considerar sus consecuencias en el resto de la sociedad. Hágase mi valentía en los bueyes de mi compadre.

No sólo es el decidir por aparentar que se tienen el control y la valentía lo cuestionable en las guerras filipinas. Es asimismo dudosa la orientación no sesgada de dichas batallas. Tomemos por ejemplo la famosa guerra contra el crimen organizado: ¿realmente se combate por igual a todos los grupos delincuenciales? ¿Por qué entonces en Chihuahua más de 90 por ciento de las aprehensiones por parte de las fuerzas federales son de miembros de uno solo de los cárteles en disputa?

Lo mismo dice la sabiduría callejera de la ofensiva calderonista contra los sindicatos. Si con los arrestos que se emprende la cruzada contra el charrismo de Napoleón, o que se combate a la directiva del SME, que no apoyó el asalto a Los Pinos de quien desde ahí manda ahora, si con esos arrestos se persiguieran la antidemocracia, la corrupción, las aviadurías, de Elba Esther o Romero Deschamps, entonces sí estaríamos pensando que Calderón se comprometía y no lanzaba otro desplante el pasado primero de septiembre.

Porque se habla con hipocresía de las inmensidades monetarias con que se subsidia a Luz y Fuerza del Centro, y de su machacada ineficiencia, pero no se evalúa la eficiencia de una secretaría como la de Educación Pública, botín de la maestra y los suyos. O en el peso de la corrupción que lastra a Pemex más que el agotamiento de Cantarell. ¿Por qué no contempla ahora el implacable Lozano la terrible ineficiencia de su secretaría, la tardanza promedio de tres años para resolver un juicio en que un pobre anciano demanda que le devuelvan el dinero de su Afore?

¿Y los “colaterales”, como le llaman quienes conducen los operativos conjuntos a los efectos perversos de su cojo combate al crimen organizado? Habría que contar cuántos robos de vehículos, cuántos secuestros, cuántos asaltos a mano armada, cuántas extorsiones, cuántas violaciones a los derechos humanos padece la población inerme por cada presunto criminal que se encarcela. Así como habrá que contar los desempleados directos e indirectos, los echados a la calle en un momento en que lo que menos hay en ella es lo que más prometió Calderón en su campaña.

Así son las guerras de Felipe Calderón: guerras sesgadas en los adversarios que inventan. Guerras que tienen oligo-beneficiarios, como las organizaciones criminales no combatidas, o la empresa del triple play que aprovechará las líneas de transmisión de Luz y Fuerza del Centro. Guerras con pocos beneficiarios y miles de víctimas civiles, inocentes. Por ese camino, pronto el país entero será damnificado de su valentía.