PRI Y PAN consuman la canallada :

Los medios en su misma tesitura , tratando de ocultar que sólo los diputados del PT y del PRD más allegado a Andrés Manuel López Obrador , hicieron hasta lo imposible para evitar que se consumara este atraco al pueblo de México .

Hoy , ante lo inevitable , los merolicos de los noticieros a pesar de su "enojo" , empiezan a justificar el alza de impuestos con la misma monserga del PRIAN , alegando que no había alternativa si queriamos que el gobierno federal fuera viable económicamente hablando ; en su cobardía no se atreven adecir que sí había alternativa y esta era simple y llanamente obligar a las 422 mega empresas de este país a pagar impuestos . ¿por que ? pues por la simple y sencilla razón de que ellos trabajan para esos mega empresarios , como es el caso de los merolicos de televisa y azteca y otros por que esos megaempresarios son los máximos anuncianetes en sus medios de comunicación , es un circulo vicioso .

Tanto PRD como PT presentaron sus iniciativas para el presupuesto de ingresos del 2010 , donde ambos partidos aseguraban que si los megaempresarios pagaran impuestos conforme a la ley y no el 1.7 % que han pagado durante los últimos 10 o 15 años , se recaudarían 300 mil millones de pesos y si el gobierno federal recortara sus gastos al 50 % , incluyendo los salarios de los altos funcionarios , se recaudarían otros 200 mil millones de pesos anuales y si el boquete fiscal ocasionado por la voracidad e incompetencia de Calderón y sus cuates es de 380 mil millones , esto quiere decir que todabía sobrarían 120 mil millones para impulsar actividades productivas que reactiven la economía . Pues no , que se chingue la gente , prefirieron aumentar el IVA al 16 % y el ISR al 30 % . Las iniciativas del PT y del PRD ni siquiera fueron dictaminadas , nada más por que al PRI y al PAN no se les pegó la gana ; es decir , absolutamente nadie se enteró de su existencia .

Incisto , esto que comento se está tratando de ocultar en todos los medios ; en las crónicas , los reporteros sólo dicen : " sin tomas de tribunas se aprobó la ley de ingresosos ".......CANALLAS .

Por lo anterior mucha gente no se dará cuenta que una vez más fueron traicionados por el PRI y por el PAN gracias , repito , a la complicidad de los medios de comunicación que a toda costa están tratando que la gente no se de cuenta que absolutamente todo lo que AMLO dijo acerca de por que se robaron la presidencia en el 2006 está sucediendo a pié juntillas y por ende evitar también a toda costa que su movimiento crezca como la ha venido haciendo desde hace mucho tiempo ya .










Grandes contribuyentes sólo pagarán 25% de los impuestos que adeudan desde 2004

Diputados confirman alzas a IVA e ISR y beneficios a empresarios


Pese a que se retrae del debate, la aplanadora del PRI, PAN y Verde impone el paquete

Es obvio que los hombres del dinero renovaron su alianza con el tricolor, afirma Ricardo Monreal








Josefina Vázquez Mota, César Nava y otros integrantes de la bancada panista en la Cámara de Diputados votan durante la sesión sabatina en San Lázaro en la que se discutió el paquete económicoFoto Francisco Olvera




Roberto Garduño y Enrique Méndez

Como en sus mejores tiempos, la aplanadora legislativa que integran PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados ratificó el incremento en las tasas de IVA e ISR, que afectarán el consumo y el salario, y confirmó los beneficios fiscales a los grandes contribuyentes, que en 2010 sólo pagarán 25 por ciento de los impuestos que adeudan desde 2004.

El costo político de las decisiones hacendarias que han asumido en días recientes condujo a esos tres partidos a retraerse del debate. Desde la reunión vespertina de la Comisión de Hacienda, en la que se dictaminó la minuta del Senado, hasta la noche en el pleno, la discusión fue conducida por PRD, PT y Convergencia, que reprocharon con dureza “el nuevo golpe al bolsillo de millones de ciudadanos”.

“Noche de zopilotes”

La aprobación de los impuestos fue reprochada por el vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Zambrano (PRD): “este día parece terminar como un día amargo y triste para el país. Y termina como una noche de traiciones o, como dijo uno de los personajes de la Decena Trágica: es una noche de zopilotes. Con su decisión se puede estar prendiendo la chispa que incendie mañana las praderas de la patria”.

Su compañero de bancada Adán Augusto López Hernández pintó la actitud del presidente Felipe Calderón ante los empresarios. “El ciego que vegeta en Los Pinos un día casi les suplica que paguen impuestos. Al siguiente les dijo que está bien su Teletón, su redondeo y su filantropía, pero que deben pagar impuestos y, finalmente, con la complicidad de ustedes, termina pidiéndoles perdón”.

Aun así, la mayoría desechó las propuestas de no gravar más consumo y salarios y, en cambio, ratificó las modificaciones que el Senado hizo a la Ley del ISR en torno a la consolidación fiscal de las empresas, el incremento de ese gravamen de 28 a 30 por ciento para personas físicas y morales, que se votó por 338 votos en favor, 103 en contra –de éstos, 23 de priístas– y cinco abstenciones, mientras el IVA queda en 16 por ciento.

El debate, que se inició a las 19 horas en el pleno, dio como resultado la devolución a Xicoténcatl de cuatro artículos que a su vez fueron modificados por los senadores en su sesión del viernes:

Uno de ellos es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde los senadores definieron que los componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida y las aportaciones voluntarias y complementarias equivalentes a 20 salarios mínimos elevados al año son bienes susceptibles de embargo.

En el mismo artículo se define que la reserva de confidencialidad a la que están obligados los funcionarios públicos no se aplicará cuando se proporcione al Congreso información fiscal de contribuyentes para realizar estudios de evaluación económica.

De la Ley Federal de Derechos se regresaran las modificaciones del Senado a la minuta del artículo 244-E, para incluir nuevamente la exención del pago de derechos a las empresas que participen en las licitaciones del espectro radioeléctrico en telefonía celular.

En la Ley del IEPS los diputados decidieron no perjudicar a las empresas tabacaleras y suprimir la decisión del Senado de aplicar dos pesos adicionales por cajetilla. Ese sobreprecio se diferirá hasta 2014.

Y en la Ley de Ingresos de la Federación se devolvió el artículo 17, que suprime la facultad que delega el Legislativo al Ejecutivo en materia de impuestos al comercio exterior.

Esos artículos deberán ser discutidos en el Senado para modificarlos, o en su caso aceptarlos. En tanto ello ocurre, la Cámara enviará al Ejecutivo el paquete fiscal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si los senadores no aceptan los cambios, los artículos no se aplicarán en la Ley de Ingresos 2010.

Al recibir la minuta, la presidencia de la mesa directiva envió el paquete a la Comisión de Hacienda para elaborar un dictamen conjunto con las modificaciones del Senado a 17 artículos.

La inexperiencia legislativa del presidente de la comisión, Alberto Becerra Pocoroba, dificultó el desahogo del trámite porque se llegó a proponer que los artículos de todo el paquete fiscal serían reservados para su discusión ante el pleno.

Alfonso Navarrete Prida (PRI), quien no pertenece a la comisión, debió intervenir para aclarar que constitucionalmente sólo se podían dictaminar los artículos devueltos por el Senado y las reservas de los impugnados.

Antes, la Junta de Coordinación Política acordó agilizar el trámite para que en el pleno camaral cada partido fijara su postura sobre el paquete fiscal y se diera el debate en lo particular con una lista de seis oradores, tres a favor y tres en contra, por cada una de las reservas. En el caso de las alusiones personales o rectificación de hechos, no se concedería la palabra a más de seis.

El acuerdo, con las firmas de todos los coordinadores parlamentarios, garantizaba que los diputados argumentaran los artículos a discusión, y se calculó que la lista de oradores sería de más de 150, y una sesión de más de 12 horas.

Así se reinició la sesión ordinaria en el pleno, donde el procedimiento para conducir los trabajos fue objetado por el PT. Jaime Cárdenas, Laura Itzel Castillo y Porfirio Muñoz Ledo argumentaron que el acuerdo sentaría un grave precedente para la libertad de expresión de los legisladores, porque limitaba su participación y la defensa de sus argumentos.

Ante la insistencia de los petistas, los coordinadores de PRI, PAN, PRD y PVEM se retiraron del acuerdo, para que el debate se desarrollara con lo definido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en el cual se señala que el presidente de la mesa directiva someterá a consideración de los diputados si las reservas se admiten a discusión y, si es así, se abrirá una lista de tres oradores a favor y en contra.

Sin considerar la reacción del PRI y el PAN, el efecto que perseguían los petistas se diluyó porque a partir de entonces esos partidos manejaron la sesión a su medida: debatieron sólo los artículos de su interés y dejaron que PRD, PT y Convergencia expusieran los efectos perniciosos del paquete fiscal.

Antes del cierre de esta edición, Óscar González (PT) exigió a los diputados del PRI y el PAN no convertirse en rehenes de los empresarios. “Si es así, las ideologías de los partidos se agotarán. No busquen patrones, su patrón es el pueblo de México, por eso están aquí. Sus patrones no son esos señores del dinero, a menos que hayan acordado que les den para sus campañas, ¡y al pueblo de México que se lo cargue el diablo!”

Muñoz Ledo reclamó al gobierno federal que, en lugar de remediar la evasión de impuestos de los grandes contribuyentes, persiste la supremacía de la Secretaría de Hacienda “que practica el ocultismo y se niega a cumplir el deber de la transparencia” al no explicar qué empresas no pagan.

Los impuestos, alertó, no resolverán el colapso financiero que se avecina. “Nos hemos extraviado en el toma y daca entre los poderes públicos. Estamos ante la perspectiva de un Estado fallido cuando las instituciones se entregan a los poderes particulares. Vivimos una comedia de equivocaciones. ¡Este es un vil mercadeo político contrario al interés nacional!”

Ramón Jiménez (PRD) subió a tribuna con una cartulina para explicar lo que los alumnos del segundo semestre de Economía de la UNAM aprenden: más impuestos equivale a menos consumo y menos empleo. Y reprochó el binomio PRI-PAN: “como dos amantes, se enamoraron, y el enlace estuvo a cargo del obispo (Carlos) Salinas de Gortari. Se pelearon transitoriamente y ahora están en la etapa del besuqueo político. Hay que darle gracias al obispo Salinas”.

De madrugada, entre diputados somnolientos, un priísta que observó el rejuego de la protección a los grandes contribuyentes ironizó: “el que esté libre de intereses que tire el primer dictamen”.








Procede acción de inconstitucionalidad contra el aumento del IVA a 16 por ciento, aseveran diputados del FAP.

“El desaseo marcó toda la negociación del paquete fiscal”, denuncian diputados

Los perredistas Guadalupe Acosta y Alejandro Encinas en San Lázaro con los priístas Francisco Rojas y David PenchynaFoto Francisco Olvera




Enrique Méndez y Roberto Garduño

En medio de acusaciones de desaseo en el proceso legislativo, por incumplir la obligación –definida en la Constitución y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso– de presentar iniciativa para incrementar el impuesto al valor agregado (IVA), la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las cinco minutas en materia fiscal que devolvió el Senado.

El caso más relevante de violación a la ley tiene que ver con ese incremento, porque en ningún momento de la discusión del paquete fiscal el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso presentó, como establece la Constitución en sus artículos 71 y 72, la iniciativa para subir la tasa del IVA de 15 a 16 por ciento.

En el mismo caso se encuentra el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, el cual, con la introducción de un artículo transitorio, concede privilegios fiscales a las empresas que participen en la competencia para el uso del espectro radioeléctrico en telefonía celular.

Óscar González Yáñez (PT), secretario de la comisión, anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad contra el ajuste en el IVA para impedir su aplicación, y aseguró que la irregularidad en el proceso abre la puerta al derecho ciudadano de ampararse.

Facultad para iniciar leyes

El artículo 71 señala en sus fracciones I, II y III que el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente, a los diputados y senadores federales y a las legislaturas de los estados.

El segundo párrafo, además, define que “las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates”.

Mientras, el segundo párrafo del artículo 72 confirma: “aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente”.

Como este diario publicó, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, presentó a diputados priístas la propuesta de elevar el IVA en un encuentro realizado en la oficina del funcionario ubicada en avenida Constituyentes.

En ningún momento del proceso el Ejecutivo envió una propuesta por escrito que, primero, fuera conocida por el pleno de la Cámara de Diputados para que la presidencia de la mesa directiva, a su vez, la turnara a la Comisión de Hacienda para su dictamen.

El transitorio al artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos no formaba parte del cuerpo de la iniciativa presidencial, sino que el PRI lo introdujo, también sin mediar propuesta formal. Tampoco fue conocido por el pleno camaral para darle turno a la comisión.

Para confirmar la irregularidad en el aumento al IVA, el diputado Martín García Avilés (PRD) solicitó al secretario técnico de la Comisión de Hacienda, Alejandro Minor Castillo, copia de la versión estenográfica de la reunión de trabajo del 19 de octubre pasado, en la cual se aprobó el dictamen a la miscelánea fiscal.

El funcionario de la comisión respondió en un oficio: “por instrucciones del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba (presidente de la comisión), me permito comunicarle lo siguiente: la comisión aprobó la propuesta que incrementa en un punto porcentual la tasa general del IVA para quedar en 16 por ciento; sin embargo, dicha propuesta no derivó de una iniciativa presentada a esta soberanía, sino que fue el resultado de los trabajos de análisis y discusión entre los distintos grupos parlamentarios, por lo que no es posible remitir a usted la copia certificada que solicita”.

Ninguna de las adiciones se ajustó a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, porque “en la sesión en que definitivamente se vote una proposición o proyecto de ley, podrán presentarse por escrito adiciones o modificaciones a los artículos aprobados”.

Ayer, en la reunión de la comisión, González Yáñez expuso que la violación constitucional y al reglamento del Congreso permitirá que “sí proceda la acción de inconstitucionalidad contra el aumento al IVA. Los amparos interpuestos por los particulares se multiplicarán. Siempre debe haber iniciativa, y sin ésta no hay dictamen. Lamentablemente, el desaseo marcó toda la negociación del paquete fiscal”.

El despertar

El dedo en la llaga

José Agustín Ortiz Pinchetti

¡Calderón imita a AMLO! Después de décadas, el gobierno descubre que los grandes consorcios no pagan impuestos, que los pagan los causantes cautivos, las pequeñas y medianas empresas y la gente pobre. Inesperadamente, repite casi palabra por palabra lo que dijo Andrés Manuel. Es inaceptable que haya grandes corporaciones que exigen al gobierno recortar gastos y apenas paguen, en promedio, 1.7 por ciento de impuestos”.

Los “grandes consorcios”, como les llama Calderón, están irritados por su ingratitud. ¿No fueron ellos quienes lo llevaron a la Presidencia de la República mediante un fraude? ¿No son ellos quienes lo sostienen?

Calderón, a querer o no, ha puesto el dedo en la llaga. Pero, ¿por qué hasta hoy?

Podría ser porque ni él ni Agustín Carstens, ni sus equipos, han entendido la magnitud del problema. Todo esto hablaría de una ineptitud atroz. ¿Quién puede creer que no sabían que Roberto Hernández había evadido 3 mil millones en impuestos por la venta de acciones de Banamex? ¿Qué no habrán leído los informes del auditor mayor de la Federación, quien hablaba de 500 mil millones de pesos de elusión? ¿Qué no conocen las críticas del FMI, el BM y docenas de expertos sobre la situación de México?

Otra alternativa: se trata de una declaración demagógica. Intentan transferir los costos políticos de los nuevos impuestos a entes abstractos, consorcios de los cuales no hay cifras ni nombres ni se describen sus mecanismos de evasión. Si es así, ¿desaparecerán las pequeñas reformas que se iban a hacer al régimen de consolidación?

Calderón, quien es de mecha corta, se enfureció por la reacción de los magnates, quienes encontraron un formidable aliado en Manlio Fabio Beltrones, quien bloqueó la reforma que los afectaba.

Como sea, Calderón está atrapado. La gente está despertando. Nos damos cuenta que el país lleva 27 años sin crecer, que vienen años peores. No saldremos mientras la economía esté atrapada por grupos de interés, cuyos monopolios la asfixian. Esas revelaciones refuerzan la posición de AMLO, quien ha sostenido que sólo podremos salir de las dificultades financieras si se reduce el gasto corriente en 100 mil millones de pesos, si se obliga a pagar impuestos a los más ricos, quienes eluden 400 mil millones.

Excelente texto de Arnaldo Córdova , lamentablemente muchos no se toman la molestia de leer periódicos honestos y verases , y los que por alguna razón lo llegan a hacer , no creen en lo que ahí se publica , gracias al eterno linchamiento de los medios vendidos y oficialistas en su contra .

La nación, la Constitución y los trabajadores

Arnaldo Córdova

Nuestra Constitución, tan imperfecta y atrasada como es en casi todas las materias, define a la nación mexicana como una sociedad dedicada al trabajo y es por ello que en su artículo quinto consagra la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo. Por supuesto que no se revela en ello la idea de una sociedad de trabajadores, como llegó a sugerirse en los amplísimos debates en torno a este artículo en el Constituyente de 1916 y 1917. De hecho, no hay Constitución en el mundo que no haga lo mismo. Pero el artículo 123 contempla a esa misma sociedad como dividida en clases de individuos dedicados a diferentes tareas. En él no se habla de clases, desde luego, sino de factores de la producción”.

Si se le examina con atención, el 123 no sólo protege los intereses de los trabajadores asalariados, sino también los intereses de los empleadores, dadores de trabajo, empresarios, patronos o como quiera llamárseles. A los primeros, se les debe garantizar lo mínimo para desempeñar su labor como un factor de la producción; a los segundos, no se les puede exigir lo que no pueden dar, asimismo, como un factor de la producción que son. En ambos sentidos, el derecho del trabajo se ha desarrollado sin grandes contradicciones, como no sean las que surgen de la intervención de las autoridades del Estado que vienen a desequilibrar y destruir lo que en ese artículo es también esencial: el equilibrio entre ambos factores.

El problema surge cuando se trata del sector público de la economía, a cargo y bajo administración de los órganos del Estado. Se ha dicho hasta la saciedad que en el tipo de relaciones que se da en la empresa pública el Estado se convierte en “privado”, vale decir, en “patrón”. Muchos iuslaboralistas han puesto en entredicho esa noción. Al maestro Antonio Martínez Báez, otro de nuestros grandes constitucionalistas, en alguna ocasión le oí decir que ni al Estado ni a sus órganos se les podría jamás definir como “privados”. Lo público y lo privado son conceptos antinómicos, totalmente diferentes y se refieren a esferas perfectamente distintas de la actividad social.

Cuando el Estado tiene que litigar con un privado, me explicaba en algún momento, no es que deje de ser Estado, sólo se pone en igualdad de condiciones con el privado para que se haga la justicia. En un conflicto así, nunca podrá dejar de alegarse el interés público. El Estado no se equipara a la condición del privado, sólo deja de utilizar su poder para que la relación sea de igualdad. Cuando se utiliza el poder presidencial para fines arbitrarios, como los que hemos presenciado en el absurdo decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, ni siquiera hay una relación jurídica. Hay sólo un acto de fuerza ilegal y contraria al orden constitucional. En ese acto incalificable, como quiera que se le vea, se trató a los trabajadores no como un factor de la producción, sino como simples objetos desechables sin ninguna función jurídica o productiva.

La frase de ese monaguillo de sacristía que ocupa la Secretaría de Gobernación, “primero liquídense y luego veremos”, jurídicamente bastante idiota, lo dice por completo. En las relaciones de trabajo, lo supone el 123, hay derechos, responsabilidades y obligaciones. Todos ellos se echaron por la borda al “extinguir” LyFC. No se trató del estanquillo de la esquina, en el que el dueño le dice a su único empleado, pues aquí acabó todo porque ya no puedo seguir. Se trata de una empresa pública, encargada por la ley de dar un servicio público. Si la empresa ya no funcionaba el servicio seguía y los encargados de atenderlo eran sus trabajadores, al igual que sus administradores.

Hacer responsables a los trabajadores por el mal desempeño y las pérdidas de la economía es sólo un pretexto canallesco y ruin. El SME ha descarrilado esa especie al mostrar palmariamente todos los latrocinios que los gobiernos priístas y panistas consumaban a costa del erario de la compañía que era de la nación. En ello no se le tomaba opinión alguna al sindicato y, además, se le obligaba a trabajar sin los materiales adecuados para el desarrollo de su función. No hay una fracción especial del 123 que haya que citar. Todo el artículo y su espíritu jurídico y de sentido que lo informan han sido violados.

De hecho y sin fundarse en la Constitución, el gobierno panista, con su decreto, planteó un conflicto (o una diferencia) como lo señala la fracción XX del 123, sin hacer referencia a la misma y sin cumplir con lo que señala: si el sindicato era culpable de la mala marcha de la compañía, como se afirma en el decreto y fuera del mismo, debió haberse planteado ante una Junta de Conciliación y Arbitraje y esperar su resolución para dictar el decreto. La fracción XXII del mismo artículo especifica que si un obrero es despedido, el patrón, en este caso el gobierno federal (puesto que el servicio persiste y la empresa se extinguió), estará obligado a elección del trabajador a cumplir con el contrato (ya inexistente) o a ser indemnizado. En el primer caso, debió habérsele dado la opción de seguir en su trabajo.

El caso es que ni siquiera la misma Ley Federal del Trabajo fue cumplida en este atraco a las instituciones y a la sociedad desde el Estado. Alega una causa de fuerza mayor que es la incosteabilidad de la empresa, pero esa causa se alega para terminar las relaciones del trabajo según el artículo 434 de la Ley. El mismo precepto establece la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación; entonces debió haberse ventilado ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, señala la fracción III del siguiente artículo, el 435. No se puede echar a la calle a los trabajadores sin permitirles ejercer su derecho a elegir entre la indemnización o la reinstalación en el trabajo. Es su derecho, pero los gobiernos derechistas no tienen noción ninguna de lo que son los derechos de los ciudadanos.

Una nota divertida la acaba de dar el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Carlos Loperena Ruíz, al que se le ocurrió decir que la sustitución de La CFE a LyFC no es posible porque quien se quedó con los bienes de la empresa extinguida es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y que si, finalmente, se hace cargo del servicio, las relaciones de trabajo se habrán extinguido. El abogado Loperena no debe entender que aquí se trata de un servicio público y no de un inventario de cosas o bienes, como cacahuates o chiles (cosa, la verdad sea dicha, a cargo del SAE). Tal vez cree que si él desecha una computadora de su despacho también puede echar a la calle a su secretaria. Así entiende la derecha el derecho y la abogacía.

Las mentiras y la productividad en LFC

Antonio Gershenson

Las mentiras no son ninguna novedad, especialmente con el régimen actual, que empezó desde la campaña electoral ofreciendo el oro y el moro. Es más: contrastamos más esas mentiras diciendo y diciéndonos la verdad. Pero ahora se dieron vuelo, y lo vamos a ver más en detalle.

Toda la campaña contra Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se basa no sólo en decir falsedades, sino en ocultar hechos plenamente oficiales, firmados incluso por representantes directos del gobierno federal.

El 16 de marzo de 2008 se firmó un convenio de productividad entre los representantes de LFC y del SME. Firmaron también, como testigos de honor, los secretarios de Energía, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público. Esta última tienen mucha razón de ser, pues la ausencia de inversión pública en la mencionada paraestatal ha sido uno de los elementos básicos de la falta de productividad.

En este convenio se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

Si “se determinara, en su caso, que los procesos pueden ser desarrollados con un menor número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería, previa capacitación... la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante”. Esto implica una reducción gradual del personal.

“Las partes se comprometen a implementar un programa de capacitación, para que el personal desarrolle y ejecute nuevas y múltiples funciones.” Esto muestra que la afirmación, durante la campaña contra este sector de la industria eléctrica, de que si a un chofer se le baja una llanta, no va a arreglarla él solo, es de mala fe, pues ya había un proceso en marcha para cambiar esa situación.

“El sindicato se compromete a coadyuvar con LFC en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar, al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del sector eléctrico nacional.” También estaba en proceso esto, por lo que las palabras oficiales en el sentido de que había más de estas pérdidas en LFC que en el resto del sistema también ocultaban que esto estaba ya también en proceso de corrección. También, “el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a la asunción de la deuda de LFC.”

¿Por qué los funcionarios han silenciado todo esto? Y debemos agregar que se estableció, en el mismo convenio, que la ya existente Comisión Mixta Permanente de Productividad, en la que participan LFC y el SME, va a trabajar al respecto, y ha estado evaluando resultados. Según fuentes sindicales, el nivel de cumplimiento que resultó de estas reuniones y evaluaciones, y de un balance general de resultados 2008, fue superior a 90 por ciento. No he visto desmentidos ni otras versiones.

Tampoco están entre los hechos públicos anteriores a la liquidación las acusaciones de ineficiencia. Los hechos públicos van por otro lado.

Pese a que las elecciones en el SME –que fueron un hecho de la vida interna de ese sindicato– habían sido en junio de este año, el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo niega la toma de nota de los candidatos que resultaron elegidos, incluido el secretario general.

En señal de protesta, hubo una marcha del SME a Los Pinos el 8 de octubre.

Dos días después, el sábado 10 de octubre, se produce la ocupación masiva, por fuerzas policiales y militares, de los centros de trabajo de Luz y Fuerza del Centro. El día siguiente, domingo 11, se decreta y comunica en el Diario Oficial la liquidación de LFC.

Por más que, entre tantas mentiras, se dijo que no se trataba de una privatización, la mayor parte de quienes sustituyeron a los miembros del SME en su trabajo son empleados de empresas privadas de fuera del área central, todo indica que contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se habla, en lo general, de los apagones del pasado. Pero los funcionarios ocultan hasta cuándo pueden extenderse los apagones –algunos de varios días y de áreas extensas– que se han producido desde que un grupo de personas de la CFE y muchos empleados de sus contratistas privados están a cargo de la misma región.

Este es el pretendido sustento de las agresiones contra LFC y contra el SME.