Cananea
Arnaldo Córdova
Las instituciones del derecho del trabajo que se expandieron por el mundo en el siglo XX, que la Revolución Mexicana adoptó, adaptó y consagró en su Constitución y que luego florecieron en el derecho internacional, pasando a formar parte esencial del conjunto de los derechos humanos, a decir verdad, nunca han funcionado plenamente en nuestro país, ni con la eficacia que era deseable. Derechos como el de la libre contratación, el de huelga, el de asociación libre y voluntaria, el del salario remunerador y suficiente, el tiempo máximo de trabajo al día, una seguridad social que proporcione oportunamente servicios de salud, educación y vivienda digna, así como un sistema de justicia imparcial y equitativo, amén de muchos otros, la mayoría de las veces han sido una entelequia.
En los tiempos que corren hay, además, signos ominosos que nos muestran que esas instituciones que hicieron entrar a México en el mundo moderno andan moribundas o son ya cadáveres insepultos. Los gobiernos priístas y sus antecesores revolucionarios, con la luminosa excepción del de Cárdenas, jamás se distinguieron por proteger las relaciones del trabajo, y en ello ni los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, se escaparon. Los gobernantes panistas, por su modo de actuar, si no es que incluso por sus palabras, nos vienen demostrando que, para ellos, el mejor derecho del trabajo es el que no existe. Los hechos de Cananea en los dos años recientes lo muestran sin ningún género de duda.
El 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo. La empresa de Germán Larrea, Grupo México, obtuvo sin problemas y en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarando inexistente la huelga y en otras tantas la justicia federal amparó a los trabajadores. El 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección amañada para verificar las condiciones de las instalaciones de la mina. Se hizo en un lugar donde sólo había maquinaria de desecho y basura industrial y los alcahuetes de Economía certificaron que la mina no estaba en condiciones de seguir operando.
En un solo día, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía produjo una resolución asentando el resultado de la inspección, notificó a la empresa de la misma y ésta presentó una demanda ante la Junta que fue admitida y, a la vez, se fijó audiencia para el 14 de abril. Pasada la medianoche de este día, la Junta declaró la terminación de la relación laboral. Pocos días después, al interponer una demanda de amparo, el sindicato minero obtuvo la suspensión del acto reclamado y la huelga sigue su curso. Al mismo tiempo, los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento y que la "inspección" era una farsa.
Lo que deberá tenerse siempre en cuenta es que la continua agresión a los mineros de Cananea implica, abiertamente, la conculcación en los hechos de las instituciones del derecho del trabajo. La "causal" que la Junta admitió sobre la base de la inspección de Economía no entra, como lo ha hecho ver Néstor de Buen, en los supuestos que se establecen en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo para levantar una huelga: acuerdo entre las partes; aceptación del patrón a lo que se le demanda; laudo de árbitro que ambas partes decidan o laudo de la Junta si los huelguistas someten el conflicto a su consideración. Tampoco está entre las causales de inexistencia de la huelga y, ante todo, la resolución de la Junta es violatoria de los derechos que produce el contrato de trabajo y los términos de la ley, aparte de que es un golpe brutal al derecho de huelga.
La terminación de la relación o contrato de trabajo es un concepto jurídico que no ofrece ningún problema: quiere decir simplemente que ya no existe. Los hechos, sin embargo, son necesarios para decidirlo y la ley los fija. Aquí el problema es que la huelga, derecho establecido por la ley (y la Constitución) y reivindicado y aceptado en el contrato de trabajo, forma parte de la relación y es una necedad afirmar que es algo independiente de ésta. Sí hay huelga y, además, ha sido amparada cuatro veces por el Poder Judicial federal la relación existe. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, debería dedicarse a chicanear en otra parte y no decir idioteces como aquella de que "no habiendo contrato colectivo, entonces no hay huelga".
Si la huelga y las condiciones en que se podía realizar se preveían como condiciones para el cumplimiento del contrato, es lógico que mientras haya huelga la relación subsiste y la ley lo impone. Las instalaciones de la empresa quedan a cargo de los huelguistas y su deterioro, por lo demás, fue meramente inventado por la empresa y la Secretaría de Economía. Mientras haya huelga subsisten también las condiciones para negociar; si se recurre mañosamente a otro expediente, no se está negociando y, ya desde aquí, se está violando el derecho de huelga y el mismo contrato de trabajo.
No es posible saber cómo es que a Don Roque se le pudo venir a la cabeza que "todo lo que hace la STPS en cuanto al conflicto minero es para resolverlo y no para agravarlo"; según él, la resolución de la Junta ahora permitirá "restablecer la normalidad en un sector clave de nuestra economía, aumentar la productividad, la generación de riqueza, el ingreso de los trabajadores, establecer la normalidad de las relaciones laborales, la paz laboral". Pues sí: destruyendo el contrato colectivo de trabajo, declarado por sus gatos "inexistente"; echando a mil 200 trabajadores con una miserable liquidación y, si se resisten, desalojarlos con 400 policías que al mismo tiempo se instalaron en las inmediaciones. Es la solución panista a los conflictos de trabajo.
¿A quién defiende el gobierno panista? Pues a Germán Larrea, dueño, junto con algunos socios menores, de Grupo México. Larrea defraudó a la Asarco (antigua propietaria de la mina de Cananea en tiempos del porfirismo) por miles de millones de dólares y en Estados Unidos se sospecha que el narcotráfico utiliza Ferromex, también de su propiedad, junto con la Union Pacific, su socia; pero es uno de los hombres más acaudalados de México, de esos a los que el gobierno panista cuida y protege para permitirles enriquecerse sin medida. De ello depende que el país produzca más para que unos cuantos dueños de la riqueza se embolsen todo lo que queda.
En los tiempos que corren hay, además, signos ominosos que nos muestran que esas instituciones que hicieron entrar a México en el mundo moderno andan moribundas o son ya cadáveres insepultos. Los gobiernos priístas y sus antecesores revolucionarios, con la luminosa excepción del de Cárdenas, jamás se distinguieron por proteger las relaciones del trabajo, y en ello ni los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, se escaparon. Los gobernantes panistas, por su modo de actuar, si no es que incluso por sus palabras, nos vienen demostrando que, para ellos, el mejor derecho del trabajo es el que no existe. Los hechos de Cananea en los dos años recientes lo muestran sin ningún género de duda.
El 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo. La empresa de Germán Larrea, Grupo México, obtuvo sin problemas y en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarando inexistente la huelga y en otras tantas la justicia federal amparó a los trabajadores. El 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección amañada para verificar las condiciones de las instalaciones de la mina. Se hizo en un lugar donde sólo había maquinaria de desecho y basura industrial y los alcahuetes de Economía certificaron que la mina no estaba en condiciones de seguir operando.
En un solo día, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía produjo una resolución asentando el resultado de la inspección, notificó a la empresa de la misma y ésta presentó una demanda ante la Junta que fue admitida y, a la vez, se fijó audiencia para el 14 de abril. Pasada la medianoche de este día, la Junta declaró la terminación de la relación laboral. Pocos días después, al interponer una demanda de amparo, el sindicato minero obtuvo la suspensión del acto reclamado y la huelga sigue su curso. Al mismo tiempo, los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento y que la "inspección" era una farsa.
Lo que deberá tenerse siempre en cuenta es que la continua agresión a los mineros de Cananea implica, abiertamente, la conculcación en los hechos de las instituciones del derecho del trabajo. La "causal" que la Junta admitió sobre la base de la inspección de Economía no entra, como lo ha hecho ver Néstor de Buen, en los supuestos que se establecen en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo para levantar una huelga: acuerdo entre las partes; aceptación del patrón a lo que se le demanda; laudo de árbitro que ambas partes decidan o laudo de la Junta si los huelguistas someten el conflicto a su consideración. Tampoco está entre las causales de inexistencia de la huelga y, ante todo, la resolución de la Junta es violatoria de los derechos que produce el contrato de trabajo y los términos de la ley, aparte de que es un golpe brutal al derecho de huelga.
La terminación de la relación o contrato de trabajo es un concepto jurídico que no ofrece ningún problema: quiere decir simplemente que ya no existe. Los hechos, sin embargo, son necesarios para decidirlo y la ley los fija. Aquí el problema es que la huelga, derecho establecido por la ley (y la Constitución) y reivindicado y aceptado en el contrato de trabajo, forma parte de la relación y es una necedad afirmar que es algo independiente de ésta. Sí hay huelga y, además, ha sido amparada cuatro veces por el Poder Judicial federal la relación existe. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, debería dedicarse a chicanear en otra parte y no decir idioteces como aquella de que "no habiendo contrato colectivo, entonces no hay huelga".
Si la huelga y las condiciones en que se podía realizar se preveían como condiciones para el cumplimiento del contrato, es lógico que mientras haya huelga la relación subsiste y la ley lo impone. Las instalaciones de la empresa quedan a cargo de los huelguistas y su deterioro, por lo demás, fue meramente inventado por la empresa y la Secretaría de Economía. Mientras haya huelga subsisten también las condiciones para negociar; si se recurre mañosamente a otro expediente, no se está negociando y, ya desde aquí, se está violando el derecho de huelga y el mismo contrato de trabajo.
No es posible saber cómo es que a Don Roque se le pudo venir a la cabeza que "todo lo que hace la STPS en cuanto al conflicto minero es para resolverlo y no para agravarlo"; según él, la resolución de la Junta ahora permitirá "restablecer la normalidad en un sector clave de nuestra economía, aumentar la productividad, la generación de riqueza, el ingreso de los trabajadores, establecer la normalidad de las relaciones laborales, la paz laboral". Pues sí: destruyendo el contrato colectivo de trabajo, declarado por sus gatos "inexistente"; echando a mil 200 trabajadores con una miserable liquidación y, si se resisten, desalojarlos con 400 policías que al mismo tiempo se instalaron en las inmediaciones. Es la solución panista a los conflictos de trabajo.
¿A quién defiende el gobierno panista? Pues a Germán Larrea, dueño, junto con algunos socios menores, de Grupo México. Larrea defraudó a la Asarco (antigua propietaria de la mina de Cananea en tiempos del porfirismo) por miles de millones de dólares y en Estados Unidos se sospecha que el narcotráfico utiliza Ferromex, también de su propiedad, junto con la Union Pacific, su socia; pero es uno de los hombres más acaudalados de México, de esos a los que el gobierno panista cuida y protege para permitirles enriquecerse sin medida. De ello depende que el país produzca más para que unos cuantos dueños de la riqueza se embolsen todo lo que queda.
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