Los medios y los miedos para 2009

JENARO VILLAMIL

MEXICO, D.F., 30 de diciembre (apro).- El panorama para los medios de comunicación en 2009 no es nada alentador, pero tampoco para el ejercicio de las libertades de prensa y de derecho a la comunicación.

El retroceso en ambas materias, vivido desde esta especie de restauración autoritaria que se registra de 2004 a la fecha, se enfrentará en 2009 a cuatro tendencias principales: a) la crisis financiera y económica; b) el repliegue en materia de reforma electoral; c) la indefinición jurídica que afectará, sobre todo, a los medios electrónicos concesionados; d) los riesgos ante el crimen organizado.

Veamos estas cuatro grandes tendencias:

La crisis financiera y económica.-Inevitable, el proceso de recesión mundial que se agudizará en 2009 afectará en tres áreas fundamentales a los medios de comunicación: la contracción del mercado publicitario (que algunos calculan entre 10 y 15 por ciento); el incremento de las deudas debido al proceso de devaluación y crisis financiera (en especial, de aquellos medios que le apostaron a proyectos de expansión apalancadas en créditos financieros); el incremento de los insumos, en especial, el papel, cuyo precio se incrementó en más de 20 por ciento en los últimos meses de 2008.

Los medios dependientes de grandes corporativos globales -como en el caso de Time Warner y las publicaciones del Grupo Expansión o el de NBC-Telemundo y el español Grupo Prisa--, tendrán un impacto inmediato en el panorama de los medios mexicanos. Por lo pronto, se espera un fuerte recorte de las inversiones de estos grandes conglomerados.

En el caso de Televisa, la principal empresa de comunicaciones del país, 2008 cerró con una contracción del 14 por ciento en sus utilidades netas, en comparación con el mismo periodo de 2007. La contracción del mercado publicitario afectará, sobre todo, a aquellos medios periféricos o impresos. La concentración se agravará en 2009.

Recordemos que, según los estudios recientes de agencias de publicidad, la televisión abierta acapara entre el 57 y 60 por ciento del mercado publicitario; la radio, entre el 8 y 10 por ciento; el internet, el 2 por ciento; la televisión restringida, el 4 a 5 por ciento, y los medios impresos, el 10 por ciento. Sin embargo, mientras en la televisión son sólo dos grandes empresas (Televisa y TV Azteca) que se reparten un pastel de 27 a 30 mil millones de pesos, en el caso de los medios impresos, existen más de 760 empresas, entre periódicos estatales y regionales, nacionales y revistas.

El Repliegue de la Reforma Electoral.-En 2007 el Congreso mexicano aprobó una ambiciosa reforma constitucional en materia electoral para evitar que "el dinero dominara las campañas", pero en 2009, año de contienda federal, este fenómeno volverá a hacerse presente, aun con las prohibiciones expresas para que terceros financien propaganda, para que los partidos inviertan en tiempo-aire o los gobernadores utilicen el erario para su promoción telegénica.

Entraremos al terreno del cinismo mediático-electoral. Las fórmulas para darle la vuelta a las prohibiciones de la legislación electoral están a la vista. La concentración publicitaria en la televisión abierta y el proceso desatado de precampañas para 2012 se agudizará en 2009. Ahí está la millonaria campaña de inversión de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y la mala copia, pero también dispendiosa que está aplicando el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, así como otros gobernadores que han encontrado en la pantalla un sustituto de las "bases reales". Los políticos competirán por la canalización de sus figuras, a costa de muchos millones de pesos del erario, maquillados como "programas de espectáculos" o "campañas filantrópicas".

Incertidumbre Jurídica.-El compromiso del Senado de una reforma integral para democratizar los medios electrónicos y las telecomunicaciones no se cumplió en 2008. En 2009 esto será prácticamente imposible. La tendencia es a restaurar las partes más polémicas de la Ley Televisa, a través de privilegios a modo para los concesionarios, tal como lo demostraron las dos iniciativas del senador priista Manlio Fabio Beltrones (para dotar de FM a las estaciones de AM y para garantizar el refrendo automático), así como el polémico acuerdo de las combos que el Ejecutivo federal publicó el 15 de septiembre y que ha resultado un auténtico fiasco.

El problema fundamental es que la ausencia de una reforma jurídica agravará la indefinición jurídica que existe en el sector, así como el grosero pleito que protagonizan los entes reguladores (Cofetel vs. SCT, principalmente).

Un dato da la idea de la indefinición jurídica que afecta a todo el sector: en 2008, la SCT sólo pudo refrendar 131 concesiones vencidas y en 2009 se vencerán 101, la mayoría de estaciones de radio. Para 2012, esta cantidad se elevará a 281. Prácticamente el 30 por ciento de la radiodifusión estará en un proceso de vulnerabilidad jurídica. Esto facilita la discrecionalidad y afecta la certidumbre y la libertad de expresión.

Por si fuera poco, los enroques entre Cofetel y SCT no han ayudado a un mejor entendimiento entre ambos entes reguladores. Al contrario, los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones compiten por "capturar" a estos organismos y presionar a favor de sus intereses.

Los Riesgos ante el Crimen Organizado.-El panorama profesional se agravará en 2009, sobre todo, por las amenazas, la autocensura, la corrupción, y los atentados contra periodistas que se han transformado en objetivos fundamentales de los cárteles de la droga y de los propios organismos ministeriales, militares y policiacos que supuestamente están a cargo de combatirlos.

El reciente y brutal recuento que la revista Zócalo y la organización Reporteros sin Fronteras ha realizado sobre la situación de indefensión y de crímenes en contra de los periodistas, sólo confirma la tendencia que se ha agravado desde 2004 a la fecha: la impunidad absoluta para matar a periodistas, silenciar medios, permitir abusos a cambio de mantener el estado de guerra y desinformación que priva en estos momentos. En 2008, asesinaron en México a cuatro periodistas por motivos profesionales. El crimen más reciente, el de Armando Rodríguez, en Ciudad Juárez, es un mensaje de intimidación para toda la comunidad periodística de esta ciudad fronteriza.

Los organismos gubernamentales encargados de investigar y prevenir los delitos contra periodistas se han transformado en agencias burocráticas para encubrir y favorecer la impunidad. El caso más grave es el elefante blanco en que se ha convertido la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, nombre abreviado de una mascarada que no ha logrado ni siquiera detener a uno solo de los asesinos materiales de periodistas mexicanos.

En 2009 esta tendencia se agravará porque la lucha por el reparto de territorios entre los cárteles se enlazará con la corrupción en las campañas electorales y la impunidad.
jenarovi@yahoo.com.mx

Rayuela

A nuestros lectores, a quienes aprecian nuestro trabajo, a quienes nos alucinan. A todas y a todos ¡gracias y buena suerte para el 2009!

Si bien es cierta la caida del PRD y el repunte del PRI , es importante mencionar las razones , y una de ellas es el constante ataque de los medios hacia la ùnica y verdadera oposiciòn que existe en Mèxico y que encabeza Andrès Manuel Lòpez Obrador , los demàs , incluyendo al PRD de los chuchos son vulgares paleros al servicio de Calderòn .


Y en un paìs como el nuestro , donde la inmensa mayorìa no tiene acceso a diversas fuentes de informaciòn , televisa y azteca se convierten en la ùnica verdad a su alcance . Un paìs donde el 90 % de la poblaciòn se informa a travès de estos dos medios , y que pedirles que busquen fuentes alternativas resulta màs bien un insulto , cuando muchos de ellos apenas completan para el kilo de tortillas . Esto es una verdad , pero tambièn lo es que gran nùmero de mexicanos son apàticos y no se interesan en la polìtica de su paìs ; otro tanto escogieron partido polìtico como escoger equipo de foot boll y lo defenderàn hasta la muerte asì los esten undiendo en la peor de las desgracias .

Esta cantaleta de que el PRD se esta undiendo por culpa de AMLO , no es otra cosa màs que parte de la campaña que han emprendido en contra del Peje los poderes fàcticos , el PRI y el PAN , desde el 2006 para acabar con el tabasqueño .

Diariamente en todos los noticieros repiten hasta el cansancio que las preferencias en la intenciòn de voto a favor del PRD estan por los suelos y que se trata de un castigo del electorado , màs que hacia el PRD hacia AMLO , por no aceptar que le hayan robado las elecciones del 2006 .

Para los medios , lo politicamente correcto hubiera sido que AMLO aceptara el fraude electoral y se callara el hocico . Pero precisamente por que AMLO no se calla el hocico es que muchos lo seguimos , desgraciadamente muchos otros si compran las campañas de desprestigio que orquestan en su contra , unos con conocimiento de causa , por el temor que les ocasiona la posibilidad de una revuelta social , otros , como ya lo hemos dicho por no tener todos los elementos a su alcance , de lo cual se encarga diariamente el duopolio televisivo y muchos otros medios de comunicaciòn , con muy , muy pocas y honrosisimas excepciones .

Llega a su fin un año que será recordado por haber sacudido a México en todas sus estructuras. En estos 12 meses se registraron movimientos políticos y sociales, pero también creciente violencia, ejecuciones, decapitados, secuestros, en el contexto de una crisis económica que comenzó como ‘‘catarrito’’ y terminó como pulmonía fulminante, amén de un elevado desempleo y una inocultable devaluación del peso. La Jornada documentó noticias como los bombazos en el DF y Morelia, la tragedia del News Divine y el accidente donde perdieron la vida Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y 14 personas más, por citar sólo tres casos relevantes. En pocas horas todo esto será historia y la siguiente página comenzará a escribirse el día de mañana Foto Roberto García Ortiz

¡¡ ADIOS 2008 !!


Destaca en lo político el repunte del PRI y la caída de AN y PRD

El año 2008, a la historia por el incremento de la violencia


La economía padece los primeros chicotazos de la crisis: más desempleo

Rosa Elvira Vargas


Diversos acontecimientos en México durante 2008 dejarán huella en varios sectores sociales y políticos, porque hubo múltiples movilizaciones, violencia creciente, tragedias humanas y, gravitando, la crisis económica, que se anunció sólo como un “catarrito” pero hoy, sin empezar 2009 –cuando se prevé ocurrirá lo más agudo de la recesión financiera mundial–, ya se resiente uno de sus peores efectos: el desempleo.

Los profesores recordarán este año como en el que les fue impuesta –el 15 de mayo– la Alianza por la Calidad de la Educación, signada como pacto por el gobierno federal y los líderes sindicales, por la cual, durante el segundo semestre, hubo protestas y paros magisteriales en varios estados. En Morelos, donde el repudio alcanzó niveles de suspensión general de actividades, se llegó inclusive al uso de elementos del Ejército y la Policía Federal Preventiva contra la población civil el 8 de octubre.

Atentado en la capital del país

Además, los habitantes del Distrito Federal enfrentaron tres sucesos impactantes: el 15 de febrero estalló un artefacto en avenida Chapultepec, que dejó saldo de un muerto. El atentado, se dijo, estaba dirigido contra mandos policiacos capitalinos.

A mediados del año, el 19 de junio, durante un operativo fallido de la policía en la discoteca News Divine, murieron 12 personas –la mayoría jóvenes– por asfixia. Se inició una investigación sobre los hechos, renunciaron los jefes de las corporaciones involucradas y fue detenido el comandante Guillermo Zayas, quien estaba al frente de los agentes que realizaban el desalojo.

En noviembre, el día 4, en Lomas de Chapultepec, cayó el avión Learjet en que viajaban el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, y los funcionarios de esa dependencia Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría y Norma Angélica Díaz, así como la tripulación de la aeronave: César Ramírez Dávalos, Álvaro Sánchez Jiménez y Giselle Carrillo. Todos fallecieron. A la fecha suman 16 víctimas, incluyendo a las personas que se encontraban en tierra al momento del percance.

Sin embargo, la capital del país no fue la única en resentir hechos violentos. Entidades como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Durango, Guerrero, estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, entre otras, fueron sacudidas a lo largo del año por una imparable ola de violencia derivada de actividades criminales, enfrentamientos entre bandas y acciones del Estado para combatirlas.

Aunque las evidencias y el discurso oficial se enfocaron a identificar a las víctimas de esos hechos como sicarios de las organizaciones delincuenciales y uniformados tanto del Ejército como de las policías locales y federal, el 15 de septiembre, en plena celebración del Grito de Independencia, en el zócalo de Morelia, Michoacán, estallaron dos granadas de fragmentación, dejando saldo –que se incrementó al paso de los días– de siete muertos. Esa acto, calificado inmediatamente de terrorista y que mereció la condena unánime de la sociedad mexicana, se atribuyó a las bandas del narcotráfico asentadas en ese estado.

Hacia finales del año, en octubre, el arraigo y posterior detención de altos jefes policiacos puso al descubierto lo que el propio gobierno federal bautizó como Operación Limpieza.

Si bien ésta se puso en marcha en julio tras una delación y entre los implicados hay algunos comandantes que colaboraban con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el 23 de noviembre, en Lima, Perú, el presidente Felipe Calderón Hinojosa deslindó al funcionario de toda responsabilidad y declaró que su probidad estaba fuera de toda duda, con lo cual prácticamente lo exoneró de cualquier imputación que pudiera surgir durante la indagatoria.

En otra vertiente de la criminalidad, el secuestro, también se documentaron numerosos casos. Sin embargo, el plagio y asesinato –casos distintos– de los jóvenes Fernando Martí y Sylvia Vargas Escalera tuvieron enorme repercusión. Al adolescente, hijo de un empresario del ramo deportivo, sus captores lo interceptaron en un falso retén policiaco cerca de Ciudad Universitaria. Su cadáver fue encontrado el primero de agosto en la cajuela de un coche abandonado en la colonia Villa Panamericana.

En el caso de la joven, hija de un ex funcionario y hombre de negocios también del rubro deportivo, Nelson Vargas, su rapto ocurrió en 2007. La familia hizo público el hecho casi un año después, y el cadáver fue hallado el 5 de diciembre en el patio de la casa donde estuvo retenida. Los resultados periciales para su identificación se dieron a conocer el 11 de ese mes.

Fue este, además, el año en que la izquierda fue luz y sombra de su propio sino político: encabezó e impidió de hecho la aprobación un proyecto privatizador del petróleo. Al mismo tiempo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) protagonizó uno de los más convulsos, largos y complicados procesos de renovación de dirigentes de que haya registro.

El debate sobre la reforma petrolera

El 9 de marzo el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hizo públicos varios contratos firmados por Petróleos Mexicanos en favor de la empresa familiar Ivancar de Juan Camilo Mouriño cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. A partir de ahí el ambiente político en el tema energético comenzó a enrarecerse, sobre todo ante la inminente presentación de una iniciativa en la materia de Calderón Hinojosa.

En efecto, el 7 de abril el jefe del Ejecutivo envió al Senado un proyecto de reforma petrolera que de inmediato fue tachado de privatizador. La resistencia, previamente organizada por López Obrador con 10 mil brigadistas (a los cuales había tomado protesta dos días antes), se inició de manera abrumadora.

La movilización callejera fue acompañada el 9 de abril con la toma de las tribunas de las cámaras de Diputados y de Senadores por legisladores del Frente Amplio Progresista. Aun así, Calderón Hinojosa declaró que ese mes se iba a aprobar su iniciativa. Pero ello no ocurrió y los legisladores abrieron un amplio periodo de debates. El 22 de octubre, con notables enmiendas, se aprobó por mayoría en Xicoténcatl.

Mientras el PRI se alzó con la mayoría de los triunfos electorales, el PAN y el PRD resintieron el castigo de los votantes. Acción Nacional argumentó que su “tropezón” se debió a la intervención de los gobernadores del tricolor en los comicios, y aseguró que en 2009 se recuperará presentando los “logros” de Felipe Calderón. El partido del sol azteca terminó 2008 con la difusión, en medios electrónicos, de disculpas por el desaseo de su elección interna y pidiendo que se le considere opción política responsable.

Para los movimientos estudiantiles y populares también fue un año de dolor y evocación.

El primero de marzo, durante un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Sucumbíos, Ecuador, murió Raúl Reyes, vocero de la guerrilla. En ese lugar se encontraban también varios estudiantes mexicanos. Cuatro fallecieron: Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo, Sorén Ulises Avilés Ángeles y Verónica Natalia Velázquez. Sobrevivió Lucía Morett, quien luego de una larga convalecencia y estancia en Nicaragua regresó a México este mes.

En octubre –aunque los actos conmemorativos se iniciaron meses atrás– se cumplieron 40 años de la masacre de Tlatelolco. Hubo marchas, debates y gran interés por mantener viva en la memoria esa trágica página de la historia mexicana reciente.

Mientras unos no dejan de comer, otros no dejan de tomar

Mario Di Costanzo Armenta

Si bien es cierto que el título de esta colaboración para muchos podría significar alguna escena de estas fiestas decembrinas, para otros resume la estrategia adoptada por el gobierno para enfrentar la tremenda crisis que ha llegado a nuestra economía.

Y lo señalo porque, a pesar de todas las declaraciones hechas por Felipe Calderón en torno de su programa económico y financiero, el hecho es que cada día que pasa los indicadores económicos (crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, poder adquisitivo del salario y empleo) revelan un importante deterioro.

Sin embargo, por parte del gobierno no se observa la menor intención de corregir el rumbo y cambiar la “receta económica” aplicada por el doctor Agustín Carstens.

Así, se observa que durante el año que se aproxima las dependencias gubernamentales continuarán gastando nuestros impuestos en conceptos verdaderamente inútiles, como lo muestran ya sus Programas Anuales de Adquisiciones y Arrendamientos (PAAAS-09). Y aunque muchas dependencias del gobierno “han dejado mucho qué desear” en cuanto a los objetivos para los que fueron creadas, persisten en mantener elevados gastos innecesarios.

De hecho, si revisamos algunos conceptos de “gasto” en los que incurrirán los principales organismos que tienen que ver con la supervisión del sistema bancario y financiero, podemos observar el tremendo dispendio de los recursos públicos en conceptos que nada tienen que ver con los objetivos para los que fueron creados.

En el caso del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), por ejemplo, se observa que durante el próximo año destinará 7 millones 727 mil pesos para el pago de renta de tres pisos (seis, siete y ocho) para las oficinas de sus funcionarios de alto nivel, en un edificio ubicado en la calle de Hamburgo 213.

En ese mismo sentido, destacan gastos de 10 millones 795 mil pesos para el “arrendamiento de computadoras”; 54 millones 151 mil pesos para “servicios de asesorías externas”; un millón 519 mil pesos por concepto de pago de estacionamiento para los funcionarios de alto nivel; 3 millones de pesos para la difusión de mensajes; 5 millones 237 mil pesos para “servicios de administración”, y más de 2 millones 500 mil pesos para pasajes internacionales.

En materia de gastos médicos mayores para los funcionarios de alto nivel, se estima que el IPAB erogará 55 millones de pesos, en virtud de que el “seguro” de sus funcionarios les otorga una cobertura de hasta 66 salarios mínimos por concepto de honorarios para el médico; 30 por cien to de los honorarios que cobre el anestesista cuando se trate de intervenciones quirúrgicas; así como hasta 35 por ciento de los honorarios de los ayudantes del anestesista, más los honorarios de tres turnos diarios de ocho horas de personal de enfermería, los alimentos y una habitación tipo “suite de hospital”, una cama extra y las consultas del médico.

Pero por si todo esto falla, el seguro de gastos médicos mayores también les otorga una “ayuda funeraria” hasta de 20 mil pesos.

En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se observa que destinará 712 mil 670 pesos para la oficina del presidente de ésta, con dulces, extracto de café, refrescos, desayunos, etcétera.

Y para el pago de telefonía celular de los funcionarios de alto nivel destinará un millón 416 mil pesos; al arrendamiento de vehículos terrestres le corresponderán un millón 166 mil pesos; y para servicios de asesoría y gastos médicos se destinarán aproximadamente 60 millones de pesos.

Por su parte, la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros destinará, entre otros gastos, 246 mil pesos para la adquisición de galletas, refrescos, café, agua mineral, refrescos de naranja, manzana, etcétera.

Para el arrendamiento de inmuebles se destinarán 24 millones 391 mil pesos; para el arrendamiento de computadoras 14 millones 196 mil pesos, y por concepto de vales de gasolina, mensajería y pasajes internacionales se erogarán más de 3 millones 500 mil pesos.

Por si esto fuera poco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha proyectado adquirir, entre otras cosas, un extenso surtido de materiales y suministros para el trabajo, donde destacan los siguientes artículos: Aspirinas, Melox, Alka Seltzer, Neomelubrina, Pepto Bismol, Buscapina, Desenfriol, así como otros muchos antigripales y ungüentos para torceduras, como Lonol.

A lo anterior se añaden cafeteras, ollas, cacerolas, abrelatas, rayadoras, batidoras, rebanadoras, platos, tazas, vasos, cubiertos, así como vasijas de porcelana y barro.

Figuran también los lotes de productos alimenticios y gastos de alimentación para funcionarios; refrigeradores de diversas capacidades; hornos de microondas; aire acondicionado y ventiladores.

Todo esto mientras Felipe Calderón se ufana de los “programas de austeridad” que implementa su administración y los “grandes ahorros” que éstos generan.

Lo verdaderamente absurdo es que el gobierno continúe diciendo que no tiene recursos para aplicarlos a la inversión productiva y social cuando, de acuerdo con la propia SHCP, al mes de octubre del año que finaliza las finanzas públicas registraron un superávit de 200 mil millones de pesos.

Esto quiere decir que los señores del gobierno tienen en sus manos 200 mil millones de pesos que podrían gastar el próximo año en programas de construcción de infraestructura o de apoyo al campo, como los que propuso Andrés Manuel López Obrador cuando, en noviembre, acudió a la Cámara de Diputados a presentar su programa de defensa de la economía popular.

Estos programas generarían empleo, contribuyendo así a la generación de crecimiento económico, a la vez que mitigarían el efecto de la crisis en los bolsillos de los mexicanos. Sin embargo, difícilmente en el gobierno harán caso de las propuestas realizadas por el presidente legítimo, porque al final de cuentas en el gobierno se han dividido en dos equipos: los que no quieren dejar de comer, y los que no quieren dejar de tomar y son la gente y la planta productiva del país quienes pagaran las consecuencias.

John M. Ackerman

Carpetazo con moño navideño

Los organismos electorales del país terminan el año igual de deslegitimados, débiles y parciales que como lo iniciaron. A comienzos de 2008 anhelábamos construir una nueva institucionalidad democrática a partir de la histórica reforma electoral y la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, a unas cuantas semanas del inicio de las precampañas de 2009, ahora tenemos ante nosotros un IFE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) doblegados a los partidos políticos y los poderes fácticos.

Durante todo el año que hoy ve su ocaso, los consejeros y magistrados electorales fueron preparando el terreno para que la señora impunidad camine con paso firme.

Sus resoluciones respecto a los 281 mil espots huérfanos, los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial y las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, así como la impericia en la investigación del financiamiento de las campañas de 2006, constituyen una inconfundible muestra de que los actores políticos no serán sancionados por violar la ley durante 2009.

Las más recientes resoluciones que ambas instituciones han generado no hacen más que ratificar su alta tolerancia a la ilegalidad.

El pasado 22 de diciembre, el IFE se deshizo de golpe de 374 quejas en una sola sesión. Desesperados por irse ya de vacaciones, los consejeros dedicaron un promedio de 1.6 minutos por asunto para “analizar” cada querella y no emitieron una sola sanción. Así, de nueva cuenta exculparon a Vicente Fox por su intervención en las elecciones de 2006 y desecharon casi todas las quejas interpuestas contra servidores públicos por personalizar la propaganda institucional en violación al artículo 134 constitucional. El carpetazo fue un gran regalo de navidad con todo y moño para la clase política de parte de la autoridad electoral.

En la misma sesión, los consejeros electorales no se atrevieron a aprobar los necesarios cambios al reglamento de fiscalización que hubieran facilitado el blindaje contra el narcotráfico. También se quedaron en el tintero los nuevos reglamentos para prevenir la utilización de recursos públicos en las campañas, así como para regular el contenido de los mensajes de los candidatos.

Todas estas imperdonables omisiones se justificaron bajo el argumento de que no alcanzaba el tiempo para su análisis. Pero habría que recordarles a nuestros funcionarios electorales que la ley señala sin titubeos que durante el proceso electoral, iniciado desde octubre pasado, absolutamente todos los días y horas son hábiles. Los consejeros, por lo tanto, no tendrían por qué descuidar sus obligaciones constitucionales con tal de irse unos días a la playa.

Por su parte, los magistrados del TEPJF en lugar de irse de vacaciones se quedaron en el Distrito Federal para inaugurar el puente a la impunidad que cuidadosamente han venido construyendo a lo largo del año. Para ponerse a tono con las ofertas de temporada, el pasado 26 de diciembre los magistrados nos ofrecieron su propio “dos por uno” al validar las elecciones municipales de Acapulco, y simultáneamente, perdonarle a Tv Azteca la multa de 5.2 millones de pesos a que se había hecho acreedora por haberse negado a transmitir los mensajes de los partidos políticos.

En el caso de Acapulco, tal como ocurrió con la calificación de la elección presidencial de 2006 y con la resolución de las elecciones internas del PRD, los magistrados mostraron su pasividad al negarse a investigar a fondo y ponderar los alegatos de la parte acusadora. Así, de nuevo negaron la “determinancia” de las irregularidades sin ir más allá de los documentos que se encontraban “en el expediente”. La nueva “causal abstracta de validez”, que ya hemos analizado en estas páginas (La Jornada, 17 de noviembre), va tomando forma.

En el caso de Tv Azteca, a los magistrados simplemente les inundó el espíritu navideño al obsequiar a Ricardo Salinas un jugoso presente de fin de año. “Todos estamos de acuerdo que es una sanción excesiva, toda vez que se va al máximo, siendo que se incumple con esta obligación en una primera ocasión”, explicó la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.

Pero la generosidad confunde a la magistrada, ya que la violación de la televisora fue sistemática y recurrente, no simplemente “una primera ocasión”. Durante los dos meses de incumplimiento, la televisora se negó en por lo menos tres ocasiones a recibir los anuncios. Asimismo, la sanción del IFE no “se va al máximo”, ya que una multa es apenas una de las primeras herramientas al alcance de la autoridad electoral. En caso de reincidencia, el IFE podría ordenar la suspensión del tiempo comercializable e incluso pedir a las autoridades correspondientes la cancelación de la concesión de un medio de comunicación. Una multa es simplemente una de las primeras medidas que la autoridad electoral tiene a su alcance.

Parece que cómo tantas otras veces en la historia de México, el pueblo mexicano de nueva cuenta tendrá que ser el encargado de encontrar una salida a la crisis política, económica y social que caracterizará el próximo año, pues las autoridades electorales y los dirigentes políticos brillan por su ausencia, como esferitas de navidad.

"UN GOBIERNO DE , POR Y PARA LOS EMPRESARIOS" Y....PUES COMO NO , SI FUERON TODOS ELLOS LOS QUE IMPUSIERON AL CHAPARRITO .

Y TODABÌA HAY QUIENES DUDAN DE LO QUE HA ESTADO PASANDO EN MÈXICO DESDE 2006 Y DEFIENDEN A MANSALVA AL HOMBRESITO DE LOS PINOS , UNOS A CAMBIO DE JUGO$O$ PRIVILEGIO$ , (VERDAD CIRO GÒMEZ , VERDAD LÒPEZ DÒRIGA , VERDAD VICTOR TRUJILLO , VERDAD PEPE CARDENAS , VERDAD BETETA , VERDAD FERRIS DE CON)..... OTROS A LO PENDEJO .



A partir del próximo año incrementarán cada mes las tarifas para el servicio doméstico

Retiran subsidio al consumo de luz a viviendas y lo ceden a la IP


Los grandes industriales contarán con mejores condiciones de pago para que no les afecten las “variaciones inflacionarias”

■ Podrían contar incluso con un esquema de cargos fijos, señala el SME

Patricia Muñoz Ríos


En forma subrepticia, el gobierno federal modificó en el último bimestre de este año las tarifas del servicio eléctrico para beneficiar a los grandes industriales y mayores consumidores del país y darles mejores condiciones de pago, e incluso está trasladando a los empresarios subsidios que tenían los usuarios domésticos, mientras para los ciudadanos en 2009 las tarifas de luz se incrementarán en forma mensual.

Además, a partir de febrero y marzo del próximo año cambiará radicalmente el esquema de cobro de energía eléctrica en el Distrito Federal y estados colindantes, y entrará en operación un nuevo sistema que incluye la instalación de cajeros automáticos en los que se podrá pagar el servicio las 24 horas del día, así como tres call centers, o centros de atención telefónica, en los que se podrán realizar trámites y quejas sobre el servicio, según detalló el líder Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores.

En cuanto a la modificación de las tarifas a escala nacional, información de las secretarías de Hacienda y Energía revela que desde la última semana de noviembre se cambió el esquema tarifario para “eliminar el efecto de la volatilidad de los precios de los combustibles y (evitar) que las variaciones inflacionarias” afectaran a los industriales del país que tienen elevados consumos.

Según Hacienda, se trata de “atenuar” el impacto del mayor costo de la energía para los grandes productores del país –tanto nacionales como extranjeros–, ampliar las opciones de pago y adoptar un esquema de cargos fijos para los usuarios industriales de alta tensión.

Para el líder del SME, Martín Esparza, de nueva cuenta se trata de beneficiar a las empresas privadas y darles mejores condiciones de pago, e incluso se trasladan subsidios que tenían los usuarios domésticos a los industriales. Sin embargo, para los consumidores domésticos durante 2009 seguirá incrementándose el costo de la energía eléctrica, ya que los cobros se determinan tomando como referente el costo de la unidad de medición del gas internacional y no el costo de producción nacional.

Asimismo se modificará el recibo de pago y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que realizan la tarea de tomar las lecturas del servicio portarán equipos electrónicos especiales para procesar en tiempo real los consumos y emisión de recibos de luz y hacer más eficientes los cobros.

En entrevista, el dirigente señaló que desde finales de noviembre el gobierno federal modificó una serie de tarifas eléctricas para favorecer a los industriales, darles mejores condiciones de pago e incluso apoyarlos con subsidios. En tanto, para los usuarios domésticos continuará incrementándose el costo del servicio durante todo el próximo año, porque las tarifas aumentan prácticamente cada mes.

En cuanto al nuevo esquema que Luz y Fuerza del Centro establecerá a partir de febrero o marzo de 2009 para aplicar el cobro, realizar la toma de lecturas y atender al público, el líder del SME indicó que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla el modelo, que modificará desde las gestiones para la solicitud de contratos hasta la verificación de lecturas, facilidades para los pagos y demás.

Este programa está muy avanzado e incluye modificaciones a las estructuras del sindicato y algunas cuestiones administrativas, ya que, por ejemplo, los tres call centers que se van a instalar darán servicio para que los usuarios vía telefónica realicen reclamos de por qué llegó alto el costo del servicio en el recibo y se pidan visitas de trabajadores para verificar instalaciones. Los cajeros automáticos se instalarán en establecimientos comerciales.

Las sucursales también van a contar con máquinas touch screen, o sea con pantallas táctiles que darán información a los usuarios. Los tomadores de lectura van a contar con pantallas portátiles, en las que ingresarán los datos del consumo desde los domicilios de los usuarios, y procesarán en línea las facturas o recibos; incluso vía Internet se podrán realizar consultas sobre el servicio.

Según informó Esparza Flores, también se va a cambiar la factura, el recibo tradicional de luz, el cual se hará más amplio y contendrá información sobre el historial del consumo, el costo real del servicio y los subsidios que se reciben.

Agregó que incluso ya se cuenta con recursos para iniciar el programa de licitación de compras, y los trabajadores van a comenzar un plan de capacitación para poner en marcha este nuevo sistema de gestión comercial.

Editorial

Crisis, insensibilidad y descontento

En el último bimestre de este año el gobierno federal ajustó las tarifas de los servicios eléctricos para beneficiar a las grandes empresas y a los consumidores industriales de luz –tanto nacionales como extranjeros–, brindarles más y mejores opciones de pago, y “atenuar”, en esa medida, los efectos de la volatilidad en los precios de energéticos y de las variaciones inflacionarias, según información oficial.

La medida mantiene la línea anunciada el pasado 1º de noviembre por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien afirmó, durante el Foro Nacional de la Industria Química, que los grandes consumidores de energía eléctrica podrían acceder a una tarifa preferencial por periodos anuales, así como adquirir contratos de cobertura para protegerse de las fluctuaciones abruptas en las cotizaciones internacionales del gas natural. Por su parte, en una reunión con representantes del Consejo Coordinador Empresarial, el 5 de diciembre, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, confirmó que parte de la estrategia del gobierno federal ante la crisis económica era “bajar todos los insumos de las empresas, principalmente de energía eléctrica”, según versión del presidente del organismo, Armando Paredes.

En un escenario como el actual, marcado por un severo desorden financiero de alcances globales y por el colapso del modelo neoliberal y sus dogmas, nadie en su sano juicio pondría en duda la pertinencia de la intervención del sector público para paliar los efectos de la crisis y reactivar los motores de la economía y el mercado internos. Sin embargo, la medida que se comenta da cuenta de una actitud sesgada e insensible del gobierno, pues se combina con una política constante de retiro de subsidios de los servicios eléctricos para los usuarios domésticos, que se ha reflejado, en los últimos meses, en incrementos exorbitantes en los recibos de luz –hasta 200 por ciento en un solo bimestre–, ante los cuales los pequeños consumidores no tienen manera de defenderse.

El doble rasero con que se conduce el grupo gobernante en el cobro de los servicios eléctricos es indicativo, por lo demás, de que prevalecen en la actual administración las inercias características de los gobiernos neoliberales, propensos a rescatar, en tiempos de crisis, a los grandes consorcios financieros, comerciales e industriales en aprietos y dejar a la deriva a los asalariados, las clases medias, los pequeños empresarios, los sectores populares, los ciudadanos de a pie.

Los aumentos desproporcionados en las tarifas eléctricas –a los que habrá que sumar los que se han dado en los precios del gas y la gasolina, que este año se incrementaron en 33 ocasiones–, en sí mismos ofensivos para millones de familias, constituyen un agravio adicional para la población en un escenario en que convergen índices crecientes de desempleo, caídas en las remesas desde Estados Unidos, inflación y carestía, amén de las desigualdades económicas y sociales de siempre.

Hasta ahora el gobierno federal no ha atinado a articular un discurso mínimamente congruente con esta realidad. Se ha limitado a emitir balbuceos y alegatos inverosímiles en torno a la pretendida “solidez” de la economía mexicana y a emprender acciones como las que se comentan, orientadas al beneficio de unos cuantos. En cambio, se muestra ajeno al creciente descontento popular que se genera por el sombrío panorama económico y por sus consecuencias en los bolsillos de las mayorías. Urge, por tanto, que aparezcan indicios de un nuevo rumbo económico, con medidas, sentido y sensibilidad sociales.

CARTONES DE LA JORNADA :

El ‘músculo’de AMLO quita el sueño al PRD

La posible renuncia del tabasqueño es el tema que ocupa a los perredistas por estos días; tanto, que Jesús Ortega , dirigente nacional de ese partido, busca un encuentro con él para discutir éste y otros asuntos

SALVADOR FRAUSTO CROTTE politica@eluniversal.com.mx
El Universal
Domingo 28 de diciembre de 2008

Las oficinas del gobierno legítimo eran un hervidero. Los teléfonos no dejaban de sonar y la gente iba y venía por los pasillos. Todos querían saber si, en efecto, Andrés Manuel López Obrador había decidido renunciar al PRD para construir su apuesta política a través de la alianza que integran los partidos del Trabajo y Convergencia.

En la sede nacional del PRD la preocupación no era menor. “Los jefes sacaron la calculadora de inmediato”, nos cuenta un asesor del partido. Y es que en los comicios del 5 de julio de 2009 las fuerzas de izquierda no sólo se disputarán alrededor de 25% de los votos, sino también unos 750 millones de pesos del financiamiento público para 2010. Con López Obrador apoyando a los candidatos de la coalición PT-Convergencia, ¿cuánto de ese dinero dejaría de recibir el PRD?

La posible renuncia del tabasqueño es el tema que ocupa a los perredistas por estos días; tanto, que Jesús Ortega, dirigente nacional de ese partido, busca un encuentro con él para discutir éste y otros asuntos.



Que Pío no lo dijo

La mecha del caldero fue encendida por un comunicado de prensa emitido la tarde del lunes 15 de diciembre desde el despacho de Pío López Obrador, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP) en Chiapas:

“Estamos estableciendo nuestra separación con la cúpula del PRD, más no con las bases perredistas, cuyo sector mayoritario es parte del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, del Petróleo y de la Soberanía Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.

En una sesión del consejo del PT chiapaneco, el hermano del ex candidato presidencial había dicho que esta decisión sería dada a conocer el 25 de enero, durante una asamblea informativa en el Zócalo del Distrito Federal.

Horas después, tras reunirse con Andrés Manuel, Pío señaló que no dijo lo que el comunicado decía que había dicho. Y aclaró que su hermano no iba a dejar el partido.



El divorcio, ¿ahora o después?

Jesús Zambrano, líder de Nueva Izquierda, asegura que quienes comandan PT y Convergencia “están en la apuesta de que el PRD se fracture para que Andrés Manuel los apoye en las elecciones del 5 de julio, pues sólo así creen que pueden salvar el registro”. El pulso de otros integrantes de esta corriente es que el tabasqueño está coqueteando con la posibilidad de irse “con ellos” si no le dan más espacios dentro del PRD. Y más espacios significa, dicen Los Chuchos, al menos un tercio de las candidaturas para los comicios del año próximo.

Ricardo Ruiz Suárez, brazo operador de Alejandro Encinas, advierte que es momento de llamar a la mesura. “He estado cerca de Andrés Manuel en estos días, y él tiene una posición muy clara, nos dice que no hay que confrontarnos con otras corrientes del partido, que hay que centrar nuestros esfuerzos en combatir la carestía, la crisis económica, en hacer crecer el FAP, un movimiento social que cuenta con una estructura de 2 millones 200 mil ciudadanos y 900 comités municipales”.

El ex secretario de Gobierno del Distrito Federal cuenta que en el Consejo Político del partido los lopezobradoristas han dejado en claro que jugarán con el PRD en los comicios del próximo año. “Hemos dicho que después de la elección de 2009 debemos tener una discusión fuerte sobre la posibilidad de seguir juntos, o no, en la estructura partidaria. Si encontramos un modo de tener un espacio de participación en el que no tengamos que declinar a nuestros puntos de vista, pues seguiremos todos juntos, pero si no, pues entonces hay que entrarle a esa discusión, pero sólo entonces, no ahora”.

El principal peligro, dice el también ex presidente del PRD en el DF, es que alguna corriente acapare los espacios sin pensar en quiénes pueden ser los mejores candidatos. En este escenario, los inconformes podrían terminar compitiendo bajo el cobijo de la coalición PT-Convergencia.

A finales de noviembre, durante una gira de trabajo por San Luis Potosí, López Obrador había fijado su punto de vista sobre su supuesta renuncia: “Vamos a esperarnos, ya se decidirá qué es lo que se va a hacer, porque todavía no estamos en los tiempos electorales”.

Y a mediados de este mes, justo cuando ardía la discusión sobre su permanencia en el partido del sol azteca, el tabasqueño anunció que suspendía sus actividades y que no reaparecería en la escena pública sino hasta el 8 de enero.

Esta tregua de fin de año, nos dicen chuchos y lopezobradoristas, servirá para bajar la temperatura al conflicto, aunque nadie duda que las hostilidades se reanudarán a principios del próximo año: el 17 y 18 de enero se reunirá el Consejo Político del PRD para discutir la estrategia electoral y los términos concretos en que se distribuirán las candidaturas para los comicios del 5 de julio, y poco después, el 25 de enero, Andrés Manuel estará con los suyos en el Zócalo capitalino. Antes de estos dos eventos podría darse el encuentro privado entre Ortega y López Obrador.



“Tengo estructura, ¿quién la quiere?”

El conflicto entre los dos polos dominantes dentro del partido surgió en marzo de este año, cuando Jesús Ortega y Alejandro Encinas se enfrentaron en un desaseado proceso electoral por la presidencia del PRD.

El encono se ha extendido a lo largo de nueve meses y, según Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón e integrante de Movimiento por la Democracia, una de las corrientes que no se forma ni con melón ni con sandía, sólo revela las ambiciones de poder de ambos grupos. “No es verdad que el pleito sea porque unos quieren negociar reformas con el gobierno y sean moderados, y los otros sean radicales y apuesten por la movilización social, lo que ocurre es que con la decisión del Tribunal Electoral federal una facción se impuso sobre la otra, y ahora necesitamos generar mecanismos para que ambas fuerzas puedan convivir dentro del partido”.

El diputado Juan Guerra, también integrante del Movimiento por la Democracia, recuerda que el partido logró sobrevivir al pleito entre Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. “Históricamente, en el PRD han convivido estos dos polos. Siempre ha habido radicales y moderados, la diferencia es que ahora, lamentablemente, no hay una figura que concilie, que medie. Andrés Manuel fue quien sirvió de mediador en el conflicto entre Cuauhtémoc y Porfirio. Ahora no veo que nadie esté haciendo esa tarea”.

Y es que con la llegada de Jesús Ortega a la presidencia del partido ocurrió un realineamiento de fuerzas. Los grupos de Amalia García y Dolores Padierna, que apoyaron la candidatura de Encinas, se han acercado a Ortega para buscar posiciones dentro de la estructura del partido y con miras a obtener la mayor cantidad de candidaturas en los comicios de 2009.

René Bejarano, esposo de Padierna, reapareció para exhibir que aún jala multitudes en la presentación de su Movimiento por la Esperanza. “Es como si hubiera salido a decir ‘aquí tengo 30 mil personas, tengo estructura. ¿Quién la quiere, tú Marcelo, tú Jesús, tú Andrés?’”, nos dice un asesor de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro.



Los otros

Lo que muchos perredistas se preguntan es cómo terminará jugando Marcelo Ebrard, quien ha reconocido que le interesa ser candidato presidencial en 2012. Por un lado mantiene buena comunicación con Ortega.

“Se llaman por teléfono para discutir asuntos de la agenda nacional y de la agenda del DF”, dice Zambrano. Y, por otro lado, sostiene un diálogo fluido con el movimiento lopezobradorista, sobre todo a través de Alejandra Barrales, dirigente del PRD en el DF, y activa promotora de las labores del FAP. “Es el único gobernador que mantiene su apoyo decidido al movimiento social que encabeza Andrés Manuel”, explica Barrales.

Cuauhtémoc Cárdenas mantiene su respaldo a Ortega aunque, matizan los perredistas, ya está moviendo hilos en busca de espacio para su hijo Lázaro Cárdenas Batel, a quien algunos ven disputando con Alejandro Encinas la coordinación de los diputados perredistas.

El Movimiento por la Democracia está integrado por Javier El Güero González Garza, Juan Guerra, Saúl Escobar, Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar, entre otros, quienes en la campaña por la presidencia del partido declinaron colocarse del lado de alguno de los polos dominantes. Ellos, dicen en los pasillos de San Lázaro, estarían buscando mediar en el conflicto entre chuchos y lopezobradoristas.

En el otro polo se mueven por fuera del partido: Andrés Manuel tiene el apoyo del PT y Convergencia, y ha logrado construir una base social integrada por grupos sindicales, campesinos y obreros. También llama la atención que algunos de sus cercanos le hayan pintado la raya al PRD de Ortega. Gerardo Fernández Noroña renunció al partido, el senador Ricardo Monreal se pasó a la bancada del PT y Mario Di Costanzo, secretario de Hacienda del “gobierno legítimo”, anunció que no militaría más en el partido del sol azteca.

Jesús Zambrano y Ricardo Ruiz, entrevistados por separado, coinciden en que las decisiones cruciales se tomarán entre enero y marzo, cuando se definan las candidaturas. Por lo pronto, ambos se ven luchando juntos para ganar unas 100 diputaciones en los comicios del 5 de julio.

PLAZA PÚBLICA
Los cómplices del Presidente
Miguel Ángel Granados Chapa
28 Dic. 08

En la información publicada por Anabel Hernández sobre García Luna destaca un grupo de 10 funcionarios que han acompañado al secretario de Seguridad Pública en cargos de importancia sin pasar por los controles de seguridad requeridos

Por vacaciones, esta columna dejará de publicarse la semana que entra y aparecerá de nuevo el 4 de enero de 2009.


En el año que acaba de terminar aparecieron libros clave para entender la situación política mexicana de hoy. Uno fue escrito con el rigor analítico que proveen las ciencias sociales: 2006: hablan las actas, en que José Antonio Crespo expone, como reza el subtítulo, "las debilidades de la autoridad electoral mexicana", fórmula suave para señalar el fraude cometido por el Tribunal Electoral, cuyos magistrados basaron su declaración de validez en un torcimiento del contenido de las actas. Otro, el de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, es un testimonio subjetivo publicado con la pretensión de justificar su papel en el proceso electoral de 2006, como presidente del IFE. Uno más, Señal de alerta es el alegato de un militante de la ultraderecha, Manuel Espino, convertido en jefe de la oposición panista al gobierno de Calderón. Y otro, el que da título a la columna de hoy, cuya autora es Anabel Hernández, que lo entiende como una contribución a que "el periodismo en México sea el reflejo de lo que los mexicanos merecemos y queremos: un país libre de impunidad, en el que la corrupción ya no sea más una conducta institucionalizada del Estado".

La autora, que recibió el Premio Nacional de Periodismo por sus reportajes, publicó en 2005 La familia presidencial, escrito en coautoría con la también reportera Arelí Quintero; y al año siguiente Fin de fiesta en Los Pinos, ninguno de los cuales fue impugnado por sus protagonistas ante los tribunales, como hicieron en cambio Marta Sahagún y sus hijos con otras obras que los describían. En su nueva obra, que reúne y amplía materiales aparecidos en la revista electrónica Reporte Índigo, dirigida por Ramón Alberto Garza, la periodista documenta la relación de Juan Camilo Mouriño y Genaro García Luna con Felipe Calderón. El libro, terminado de imprimir en noviembre pasado, justo en los días en que, muerto el secretario de Gobernación su deceso fue tenido como funeral de Estado, no perdió por ello vigencia. Al contrario, su contenido explica la desproporción del duelo manifestado por el presidente de la República, quien respondiendo a una pregunta sobre el peor momento de su gestión no se refirió, por ejemplo, al atentado terrorista en Morelia, sino a la pérdida de su colaborador, lo que subraya la convicción generalizada de que acaso sea un muy buen amigo pero está lejos de ser un estadista.

La portada del libro (una fotografía de Guillermo Perea, de la agencia Cuartoscuro) muestra a los tres protagonistas sonrientes, a bordo de un vehículo descubierto de la Policía Federal. García Luna a la derecha y Mouriño a la izquierda, flanquean al Presidente. El primero oculta casi por completo al procurador Medina Mora y al secretario de Marina, almirante Francisco Saynez. Mouriño, a su vez, cubre con su rostro el del general Guillermo Galván, colocado en la foto en un segundo plano.

La periodista dice que los funcionarios que lo flanquean "son hoy por hoy los dos hombres más cercanos al Presidente Felipe Calderón, que cada día paga un alto precio por mantenerlos en sus cargos y cada día que pasa nos hace pagar una parte de ese costo a todos.

"Mouriño es un funcionario muerto desde que se hicieron públicos sus contratos con PEMEX. No es interlocutor, ni tampoco le interesa serlo. Sigue más ocupado en sus negocios que en servir al país. Ahí están los nuevos contratos en el sexenio y las nuevas franquicias de gasolina que su familia obtuvo. Sigue más ocupado en manipular los asuntos internos del PAN para satisfacer sus ambiciones para 2012 que en atender los asuntos internos del Estado. Su viejo estilo corrupto de hacer política y negocios, envuelto en un traje de Ermenegildo Zegna y con un rostro joven hoy no engaña a nadie.

"García Luna es más peligroso aún. Ni Calderón ni Mouriño han caído en la cuenta del perfil del secretario de seguridad pública. Es un hombre cuya biografía prueba que fue creado en las cañerías del viejo sistema del PRI, el sistema represor, el sistema en el que hombres como Miguel Nazar Haro, Luis de la Barreda, Jesús Miyazawa, Arturo El Negro Durazo, Jorge Carrillo Olea, Francisco Quiroz Hermosillo y José Antonio Zorrilla, por citar algunos, tenían el poder para hacer y deshacer".

El libro de Anabel Hernández abunda en documentos y testimonios sobre la inconfiabilidad de García Luna, lo cual obliga a preguntarse sobre el motivo de que Calderón no solamente lo mantenga en su cargo sino que lo avale reiteradamente. Con base en un relato de Espino, la autora sugiere que el secretario de Seguridad Pública lo es y seguirá siéndolo porque posee información que de ser divulgada comprometería a Calderón.

Esa información versa sobre un sistema de escucha telefónica organizado desde la oficina del candidato presidencial panista para hostigar a sus adversarios, entre ellos el propio presidente del PAN entonces. El procurador Daniel Cabeza de Vaca confirmaría el hecho a Espino: le contó que la Agencia Federal de Investigación, AFI, dirigida por García Luna en aquel entonces "dio con el domicilio donde se hacía el trabajito" y que "el expediente de esa investigación... lo conservaba García Luna". Un asesor de la PGR dijo a Anabel Hernández que el director de la AFI "fue con Juan Camilo y la gente de Calderón a prevenirlos sobre lo que habían descubierto y se puso a sus órdenes", de lo que la reportera infiere:

"Eran momentos muy delicados. Calderón y su equipo estaban en la cuerda floja. Nadie sabía a ciencia cierta si lograría tomar posesión o no. Si el caso del espionaje a Josefina Vázquez Mota, a López Obrador y a Espino Barrientos se ventilaba, hubiera sido su fin... La complicidad permitió la toma de protesta. Y esa complicidad le ha salido muy cara al gobierno de Felipe Calderón. Ha tenido que pagar comprometiendo la propia estabilidad del país al mantener a dos funcionarios que en el sexenio de Vicente Fox fracasaron en sus tareas, Medina Mora y García Luna. A los dos se les dispensa todo, incluso la corrupción y la ineptitud".

El libro traza las biografías de Mouriño y de García Luna y dibuja las redes de su poder. Es notoria la formación de un grupo de 10 funcionarios que han acompañado al secretario de Seguridad Pública desde sus días del Cisen y ante los cuales han fallado los filtros y el control de confianza. Algunos de esos funcionarios han sido asesinados. Por lo menos uno de ellos, Édgar Millán, fue ultimado por miembros de la Policía Federal Preventiva, de la que era jefe. Otros miembros de ese equipo actúan en la cúpula de la seguridad pública federal. Ése es el caso de Facundo Rosas, recientemente removido de la subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial (para dejar en su lugar al general de división Javier del Real) pero mantenido en otra posición de semejante nivel. Y es el caso de Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención del Delito, cuya firme amistad con el secretario lo hace inamovible y no investigable pese a claros señalamientos en su contra. Hace tres meses, el 2 de octubre de 2008, la autora presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja contra Cárdenas Palomino, por amenazas que le ha dirigido "a raíz de las investigaciones que he publicado sobre su grupo".

Son varias y contundentes las denuncias de los vínculos de García Luna y los suyos con grupos delincuenciales. El presidente Calderón las conoce pero desestima sus alcances. El propio general secretario de la Defensa Nacional lo ha hecho (y acaso por ello un hombre de su confianza reemplaza en el cargo número dos de la SSP a uno de los secuaces de García Luna).

Tras su investigación (publicada por Grijalbo, como sus libros anteriores), Anabel Hernández concluye que Mouriño y García Luna "no son la enfermedad sino el síntoma de un problema más grave: Felipe Calderón (puesto que) el presidente es el único responsable de mantener a JC y a Genaro en sus puestos. Es el presidente de la república quien los tolera y mantiene a pesar de todo. ¿Lo hace voluntaria o involuntariamente? Hay incluso quienes se preguntan si en vez de jefe es rehén de los dos. De ese tamaño es el nivel de complicidad de lo ocurrido en la campaña de 2006 y en lo que va del presente gobierno...".

Senadores: laguna legal permite a concesionarios litigar para desoír disposiciones del IFE

Televisoras anulan en los hechos reformas a la Carta Magna en materia electoral

Cabildeo de esas firmas ha provocado opiniones confrontadas en Xicoténcatl, señala el PRD

Andrea Becerril

La reforma constitucional en materia electoral aprobada en 2007 se ha visto nulificada en los hechos por la presión de las televisoras para impedir que en el Congreso se realicen las modificaciones a leyes secundarias para sancionar, por ejemplo, a las estaciones que incumplan con las nuevas normas en materia de propaganda, señalaron legisladores.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo, y el panista Ricardo García Cervantes coincidieron en que “hay una laguna legal” que ha permitido a los concesionarios acudir a litigios para pasar por alto disposiciones del Instituto Federal Electoral (IFE).

En entrevistas por separado, y en relación con el fallo reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la sanción a Televisión Azteca que le había impuesto el IFE por negarse a transmitir espots de los partidos en tiempos del Estado, ambos legisladores coincidieron en que la raíz del problema es que el Congreso no ha legislado.

Desde hace un año, dijeron, tiene pendiente la modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), con el fin de que sea supletoria del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en lo que se refiere a las nuevas disposiciones sobre la publicidad y propaganda de partidos y candidatos en medios electrónicos, y las sanciones a los concesionarios que violen las normas.

Sotelo explicó que ése es uno de las cambios fundamentales para cumplir con las disposiciones contenidas en la Constitución que comenzaron a discutirse desde inicios de 2008 en el Senado, sin que se pudiera llegar a un acuerdo en el periodo que terminó en abril, aunque se habló de la posibilidad de llevar el tema a un periodo extraordinario.

Inclusive, dijo, el propio García Cervantes, en ese momento integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presentó ante la Comisión Permanente –en junio pasado– la iniciativa para que la LFRT permita la aplicación supletoria de las disposiciones del Cofipe que tienen que ver con los tiempos oficiales en medios electrónicos.

El perredista agregó que él, en su calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, elaboró un proyecto de dictamen, con miras a que la iniciativa del panista se aprobara en ese periodo extraordinario, pero ni siquiera se pudo discutir el proyecto, ya que las televisoras habían presionado lo suficiente para frenarlo.

La razón es que la iniciativa de García Cervantes faculta a las autoridades competentes en materia de radio y televisión a que, a falta de disposiciones expresas en la LFRT, apliquen las contenidas en el Cofipe, entre ellas la revocación de las concesiones en radio y televisión por “incumplimientos graves y reiterados” en la divulgación de campañas sucias o la contratación de espacios para espots en los medios, que está prohibida.

El cabildeo de las televisoras ha provocado, resaltó Sotelo, “que haya opiniones diferenciadas y hasta confrontadas y es la causa de que no se haya podido construir en todo 2008 una mayoría que respalde el dictamen de la Comisión de Radio y Televisión para que continúe el proceso iniciado con la reforma constitucional electoral”.

También desde hace un año está pendiente de dictaminar la nueva Ley de Derechos de Réplica, que se desprende de las nuevas reglas en la Carta Magna.

“Rentabilidad”

El senador García Cervantes consideró que la causa es que todas las fuerzas políticas privilegian “la rentabilidad y el cálculo electoral”, por lo cual las iniciativas relacionadas con los medios electrónicos, fundamentalmente con la televisión, ni siquiera se han discutido.

A su juicio, los coordinadores de PAN, PRI y PRD en el Senado comparten la responsabilidad de no haber impulsado las modificaciones al marco jurídico que rige a televisión y radio, a pesar de que desde el año pasado el tema quedó a su consideración.

Gustavo Leal F.*

Pensionissste: segundo referendo en contra

Como se esperaba, y desdeñando la millonaria campaña dilapidada por Yunes, el Pensionissste se derrumbó. Fue arrastrado por una “reforma” que, naciendo muerta, aguarda ya en el umbral de su propia y más que urgente reforma.

Las cifras de Yunes no dejan dudas: la casi totalidad de los trabajadores al servicio del Estado optaron por el esquema pensionario de la Ley del ISSSTE 1983 “modalizado”, como lo bautizó la sentencia de la SCJN. Con ello, los ocho de cada 10 trabajadores que se ampararon y otorgaron el primer referendo en su contra volvieron a decirle –todavía con más fuerza– NO a esa “reforma” calderonista.

Pero para quienes la impulsaron o le apreciaron “beneficios”, las expectativas eran promisorias y del todo diferentes.

Calderón: “con la reforma del ISSSTE los mexicanos tomamos una decisión correcta y desactivamos a tiempo una situación de riesgo que hubiera hecho crisis tarde o temprano en las finanzas públicas del país” (14/11/08).

M. A. Yunes: “no se trata de un referendo; de considerarlo así habría que oponer el argumento de que nueve de cada 10 derechohabientes que tuvieron expedita la vía del amparo no acudieron a ella. No, no es referendo” (13/6/08).

Senador Creel (PAN): “dejemos que esta reforma se instrumente durante un tiempo y si vemos que requiere mejoramientos, lo vamos a hacer sin duda alguna, pero hoy vamos a proceder a su operación” (29/3/07).

Senador Madero (PAN): “lo primero que hará esta reforma es frenar la bola de nieve que crece día con día. A partir de la próxima administración, en 2012, se prevé que el déficit comience a disminuir poco a poco” (27/3/07). “No se le cambiará ni una coma a la ley. ¿Cómo vamos a capitular? De ninguna manera, primero muertos que dar la vida” (31/5/07).

Senador Anaya (PAN): “la nueva Ley del SAR garantiza una menor comisión” (15/12/08).

Senador Beltrones (PRI): “los legisladores hicimos modificaciones que no se pensaban posibles, para consolidar el ahorro interno y darles a los trabajadores del Estado nuevas reglas para que puedan realmente vigilar y controlar sus cuentas para el retiro, así como resolver un hoyo negro de las finanzas públicas. Hicimos lo que no se hizo en 1997” (2/6/07).

Diputado Estefan Chidiac (PRI): “el número de recursos presentados no rebasa 6 por ciento del total de los trabajadores. Esto quiere decir que 94 por ciento de ellos está de acuerdo con la ley” (11/6/07).

Diputado Samuel Aguilar (PRI, quién leyó ante el pleno camaral la iniciativa de “reforma” del ISSSTE el 15 de marzo de 2007): “es para que los diputados les expliquen en sus estados de qué se trata esto”, mientras distribuía a otras fracciones parlamentarias un “decálogo” con los “beneficios” de la “reforma” (17/3/07).

Respecto al diputado Gamboa (PRI): “en el interior de la bancada –se reveló– persiste un notable malestar contra el coordinador, Gamboa Patrón, a quien algunos de sus compañeros acusaron de ‘traidor’ por ‘avalar un atraco a los trabajadores y estar al servicio del gobierno federal’. Legisladores del tricolor inconformes dijeron: ‘se trató de una maniobra orquestada por Emilio; el documento nos pasó de noche. No tuvimos oportunidad de leerlo y nos sorprendieron por una candidez de nuestra parte. ¿Acaso no se dan cuenta de que los grandes perdedores seremos los priístas?, porque una iniciativa tan impopular le corresponde a Calderón, o en todo caso al PAN. ¿Se ha percatado Emilio que la negociación no está por encima de los intereses del pueblo?” (La Jornada, 16/3/07).

Ministra Margarita Luna Ramos: “rechazó riesgos por el sistema de cuentas individuales, por la eventual contratación de una pensión con una aseguradora, pues las leyes de ahorro para el retiro contemplan candados y salvaguardas” (18/6/08).

Ministro Salvador Aguirre: “rechazó los derechos creados de los trabajadores y cuestionó el Estado paternalista, sobre todo cuando no tiene posibilidades económicas para ello” (17/6/08).

Ministro Salvador Azuela: “con la reforma, todo está siendo favorable a los trabajadores” (17/6/08).

Presidente de la Consar, Moisés Schwartz: “las Afore son negocios rentables. Mientras un afiliado requiere 44 meses para obtener rendimientos, en sólo 22 meses los dueños recuperan su inversión” (23/4/07).

Ex director de la Afore XXI J. Beristáin Iturbide: “ninguna de las Afore puede garantizar pensiones dignas para los futuros jubilados (14/8/06).

Alejandro Villagómez (CIDE): “la reforma al ISSSTE fue un paso en la dirección correcta” (13/4/07).

Rosendo Galíndez (SNTE): “la iniciativa tiene el sello de la dirigente Elba Esther Gordillo” (22/3/07).

Consultora Moodys: “a 20 días de su promulgación, manifestó que resultaba ‘extraño’ que su aprobación no tuviera ‘mayor aceptación social’ y sugirió algunos ‘requisitos’ para la ‘aprobación’ de otras reformas calderonistas. En primer término debe cursarse ‘un trabajo político de mayor calidad’ porque ‘un mayor consenso social’ en torno a las reformas necesariamente demanda ‘tres ingredientes fundamentales’ por parte del gobierno: mejor poder de convencimiento, mayor sensibilidad política y social, así como un intenso trabajo de promoción y comunicación de sus ‘beneficios’” (20/4/07).

Sergio Sarmiento: “quizá el mayor triunfo fue la ley de pensiones del ISSSTE, que pone freno a una tendencia que habría acabado con el tiempo con el propio Estado mexicano” (1/12/08).

Mientras en diciembre de 2008, médicos, enfermeras y familiares de pacientes del Hospital Darío Fernández del ISSSTE bloqueaban la avenida Revolución en demanda de medicamentos y materiales, sólo la CNTE observó: “el Pensionissste fracasó, porque el maestro lo quebró”.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Me adhiero a los deceos de año nuevo de Feliciano al 1000 %

Felipe, ¿y los privilegios ofensivos?

Feliciano Hernández
felicianohg@yahoo.com.mx

El año 2009 estará marcado por la mayor inequidad que se haya visto en las últimas décadas, con todos los riesgos que esto implica. La devaluación de al menos 30 por ciento de la moneda nacional, hacia mediados de noviembre, conjugada con la incontrolable inflación en los precios de productos básicos, hasta en más del 100 por ciento, ubica a los asalariados del país en una posición de máxima fragilidad. Todo esto agravado por el alto desempleo y el bajo poder adquisitivo de las clases populares, mientras los responsables del manejo económico duermen impunemente.
En el extremo de tal situación, la alta burocracia del país seguirá gozando de muy elevados sueldos y privilegios, como resultado de la insensibilidad de los legisladores para escuchar las demandas populares y adoptar en consecuencia programas compensatorios.
La propuesta de defensa de la economía popular, de Andrés Manuel López Obrador, para responder a esta crisis, planteada a los diputados con oportunidad durante la discusión del presupuesto 2009, sencillamente fue ignorada. Esto a pesar de que, analizada con objetividad, era totalmente viable al poner la atención en una distribución más equitativa de los recursos y en el combate a los excesos de los gobernantes de ahora y de ayer y de los tres niveles: federal, estatal y municipal.
Sin embargo, ante el probable empeoramiento de la crisis es preciso exigirle a Felipe Calderón, y a todos quienes ostentan alguna responsabilidad de gobierno, que sólo con medidas radicales podrán revertir el deterioro económico y social.
Hay que insistirles a todos los liderazgos sociales que sólo mediante la presión popular y la movilización, los legisladores y el Ejecutivo se verán empujados a tomar medidas de rescate social. Hoy, hoy, hoy.
Por eso resulta pertinente reconsiderar las propuestas de López Obrador, alejados del dogmatismo que persiste en seguir por el mismo camino a pesar del rotundo fracaso del fanatismo neoliberal.
Algunas de las medidas urgentes que propone López Obrador adquieren peso porque son totalmente racionales en la circunstancia mexicana plagada de abusos contra los más desposeídos.
De manera específica López Obrador propone un plan de austeridad presupuestaria que podría arrojar la reducción de 230 mil millones de pesos en el gasto gubernamental. Esto se podría lograr reduciendo a la mitad los sueldos de la alta burocracia, desde el presidente hasta los directores generales adjuntos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, diputados y senadores, jueces y ministros, comisionados y funcionarios de los organismos autónomos y descentralizados, como el Banxico, la CNDH, el IFAI, INEGI, Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, IMSS, ISSSTE, etcétera.
También propone que se supriman los privilegios abusivos, como seguros de vida, de separación, de gastos médicos mayores, y que se cancele la entrega de bonos discrecionales de fin de año y similares.
Por supuesto, sigue en pie la propuesta de que se cancelen las pensiones a expresidentes por 310 millones de pesos al año o, podría agregarse aquí, que al menos se les reduzcan a la mitad.
Otra más es que se elimine la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de espacios alternos de los servidores públicos superiores, boletos de primera clase y gastos de vestuario.
Como puede apreciarse estas propuestas son de elemental racionalidad. Igualmente muchas otras que por motivos de espacio resulta difícil mencionar, pero que sólo reflejan la montaña de abusos que durante décadas cometieron los gobiernos del PRI y ahora los del PAN y, hay que reconocerlo, algunos del PRD. Pero, claro, a los legisladores les parecieron inconvenientes, por decir lo menos. Por eso, debe insistirse, sólo mediante la presión popular habrán de terminarse estos privilegios ofensivos.

Aplausos y abucheos

Aquí van algunos deseos de año nuevo, que seguramente comparten muchos mexicanos: que los legisladores ya se pongan las pilas y apliquen medidas drásticas contra los bancos saqueadores y las autoridades complacientes; que ya despierten Carstens, Guillermo Ortiz y Ruiz Mateos; que el IFE sea imparcial y esté muy vigilante de las elecciones este 2009; que la CNDH desquite un poco el enorme presupuesto que devora, hay presos políticos en México y Soberanes no lo denuncia; que los dirigentes partidistas y sus candidatos ya no dilapiden tanto dinero en campañas televisivas inútiles; que los legisladores hagan algo con la Secretaría de la Función Pública, que cuesta mucho y no hace nada contra la corrupción; que los empresarios no se hagan los occisos y paguen sus impuestos, aguinaldos y utilidades; sobre todo, que Santa Claus se olvide totalmente de alimañas como Deschamps, Gordillo, Hernández Juárez y otros; y que se apruebe alguna ley para la asignación equitativa y plural de publicidad gubernamental a los medios independientes y críticos como . A pesar de todo, feliz año nuevo a los lectores de La Hora Cero.

Luis Javier Garrido

La orden

El hallazgo de ocho militares decapitados en las inmediaciones de Chilpancingo (Guerrero) el domingo 21 ha sido el detonador de una nueva crisis en las fuerzas armadas mexicanas y en el gobierno de facto de Felipe Calderón, que parece hundido en la más absoluta incapacidad ante la situación de violencia que él mismo ha generado y ahora ante las amenazas de Washington.

1. La primera constatación que tiene que hacerse al analizar el escenario de violencia institucional con el que culmina 2008 en México es que éste ha sido generado por el gobierno de facto calderonista y que la responsabilidad por lo que acontece debe ser asumida plenamente por quien es el principal culpable: Felipe Calderón.

2. Los hechos son irrefutables. La estrategia de lucha contra el narco del gobierno panista en acatamiento a la Iniciativa Mérida impuesta por la Casa Blanca ha fracasado por completo y en el plano institucional sólo ha conducido a debilitar al Ejército al utilizarlo como fuerza policiaca en contra de los dispuesto por la Constitución: obligándolo a someterse a la DEA y a otras agencias estadunidenses, mermándolo con decenas de miles de deserciones, penetrándolo cada vez más por el narcotráfico, haciéndolo cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, y ahora exhibiéndolo en su fracaso en una tarea para la cual no está preparado.

3. Los discursos de Felipe Calderón en La Ciudadela y del general Enrique Alonso en las exequias de las víctimas el lunes 22 hablando con amenazas son, por lo mismo, inadmisibles y sólo evidencian el desastre institucional de la administración panista. ¿Venganza contra quién? ¿Contra las decenas de miles de campesinos empobrecidos por las políticas de los gobernantes y que se dedican a esas actividades ilícitas como única salida?

4. El airado boletín de prensa enviado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a los medios, publicado el miércoles 24, lamentándose de la forma en que los medios informaron de las ejecuciones en Guerrero, no hace por otra parte más que evidenciar el malestar de la cúpula militar. La alta oficialidad no puede, sin embargo, ignorar que el Ejército Mexicano está cumpliendo un papel anticonstitucional al actuar como Ministerio Público y policía ministerial o judicial, que si su papel lo entendieron, equivocadamente, como “una guerra”, la están perdiendo; que han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos, y, lo más grave, que han sufrido más de 100 mil deserciones por lo que la lucha contra el narco es en buena medida una serie de absurdos enfrentamientos armados entre militares y ex militares ahora al servicio de los capos.

5. Los grupos más activos de la extrema derecha mexicana se hallan en tanto en la más absoluta desazón. No pueden exigirle nada a Calderón en materia de seguridad pública porque ellos lo impusieron y son corresponsables de todo, de ahí su extravío y que ahora anhelen una mayor fascistización del gobierno y vean a Colombia como su modelo sin entender lo que está pasando. La locutora Denise Maerker del Canal 2 de televisión se quedó por eso pasmada cuando el martes 23 preguntó en su programa a Ingrid Betancourt si el gobierno de Uribe podía ser “un ejemplo para México” y la recién liberada le contestó tajante, para vergüenza de Televisa: “el gobierno de Colombia no puede ser un ejemplo para nadie”.

6. La entrevista dada por George W. Bush a The Washington Times el 22 de diciembre, reproducida parcialmente por El Universal del día siguiente, no deja, sin embargo, lugar a dudas. A menos de un mes de abandonar la Casa Blanca, el gobernante más turbio que ha tenido Estados Unidos y cuya familia ha sido vinculada desde el gobierno de su padre con los grandes intereses del narcotráfico, hace una advertencia al futuro gobierno de Barack Obama que más parece ser una tétrica advertencia a la administración de facto de Calderón. Obama, dice Bush, “tendrá que enfrentar a los cárteles del narcotráfico en el propio vecindario”, y “la primera línea de esa guerra debe ser México”.

7. La sumisión del gobierno de facto de Calderón al plan de la administración republicana de llevar a cabo una supuesta “guerra contra el narco” ha llevado, en consecuencia, no sólo a instaurar una violencia generalizada en distintas zonas del país, a quebrantar el orden jurídico atentando contra las instituciones, a violentar los derechos humanos fundamentales y a dañar la convivencia social y la economía nacional, sino que entraña además otra consecuencia muy grave: comprometer seriamente la soberanía de la nación. Una semana después de que el gobierno estadunidense declarara a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza del crimen organizado contra Estados Unidos”, Bush exige que las políticas que él instauró sean permanentes, y abre la vía para que la intervención de Washington sea cada vez mayor en México.

8. El futuro gobierno de Obama no va a ser tan diferente en su política exterior como muchos están empeñados en creer y es previsible que en esta materia, gracias en buena medida a las políticas erróneas del gobierno panista, va a continuar viendo a México como un peligro para su país y, en función de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos impuesta por Bush –que ya es institucional–, a hacer valer el privilegio que Washington se otorga a sí mismos para intervenir en cualquier país donde exista una supuesta amenaza a sus intereses.

9. La supuesta “guerra contra el narco” de Calderón, vista desde Washington como una vía para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado mexicano, y entendida por Calderón como una pantalla para ocultar su ilegitimidad y su incompetencia, así como sus políticas antinacionales y antipopulares –que tanto están dañando al pueblo de México–, no ha conducido a los objetivos que vislumbraron los ambiciosos panistas. El narco se ha fortalecido y armado como nunca antes en su historia, y Calderón no sólo no se ha legitimado, sino que su incompetencia y venalidad se han hecho cada vez más evidentes con un saldo patético para México en el que el desprestigio y la crisis gravísima por la que atraviesan las fuerzas armadas como consecuencia de haber transgredido su papel constitucional, no son más que un ejemplo.

10. El dilema por el que atraviesa el gobierno de facto es muy claro, pues de negarse a retirar ya al ejército de esas tareas y persistir en su sometimiento a las políticas dictadas por las agencias estadunidenses, el narco se fortalecerá aún más y se seguirá armando sin límites, la crisis interna de las fuerzas armadas mexicanas continuará ahondándose y el país irá cada vez más a un despeñadero de violencia y a una mayor crisis social y económica, y desde luego institucional.