TV y Congreso, de poder a poder


Álvaro delgado

Proceso

México, D.F., 12 de septiembre (apro).- El incipiente debate sobre la ley de medios en la Cámara de Diputados, en 1998; la ejecución de Paco Stanley, en 1999; la marcha contra la inseguridad, en 2004; la ley Televisa, en 2006, y la protesta poselectoral de la oposición, son algunos ejemplos de cómo los concesionarios de la radio y la televisión se atrincheran para defender sus intereses, como lo hacen ahora ante la inminente reforma electoral.

Aunque por primera ocasión utilizan transmisiones en cadena nacional por propia decisión, como ocurrió ayer y hoy, el modelo de la embestida es el mismo: los propios dueños de las concesiones hacen escuchar su voz, a menudo manipulando la información y echando mano de los histéricos conductores “estrella” de los programas noticiosos, de espectáculos y deportes, en su papel de emergentes defensores de la libertad de expresión.

Ahora conductores como Paty Chapoy, de Televisión Azteca, y Raúl Orvañanos, de Radio Fórmula, incorporaron en su alegato contra la reforma electoral señalamientos hacia Cuba y Venezuela. “Los senadores son asesorados por Hugo Chávez”, acusó el conductor deportivo.

Pero así ocurrió hace casi una década, a principios de octubre de 1998, después que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Javier Corral, organizó un foro para discutir y eventualmente crear la Ley de Comunicación Social, reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución, con el fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

La reacción de los dueños de los principales medios de radio y televisión, así como varios de los escritos, fue denunciar que se trataba de una “ley mordaza”, y con ello se puso en marcha una “campaña de descalificación anticipada a partir de una desinformación total”, como reviró Corral en su momento.

Al mismo tiempo que en los noticieros de radio y televisión se generó, a partir del 30 de septiembre, una campaña para advertir sobre la supuesta “ley mordaza”, los periódicos El Universal, La Afición, El Heraldo, El Sol de México, La Prensa, Excélsior y Ovaciones dedicaron sus primeras planas al presunto intento de los diputados de “controlar los medios”.

El que mayor empeño puso en oponerse a la reglamentación fue el empresario José Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal y La Afición, en cuyos diarios se reprodujeron opiniones de legisladores y académicos que deploraban “la intentona de diputados por controlar a medios de información”, y ese mismo directivo pronunció entonces un encendido discurso:

“Hay diputados que consideran prioritario crear controles sobre la prensa, ya sea impresa, ya sea electrónica. No corresponde al Estado fijar normas éticas a los medios, a riesgo de coartar la libertad de expresión de las ideas y socavar la pluralidad que hoy nos nutre.

”El embate de la radio y la televisión contra el proyecto de reforma incluyó la censura a los diputados federales que promovían la discusión y que pretendieron, infructuosamente, aclarar que justamente se trataba de darle certidumbre jurídica a los concesionarios y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

En esa ocasión, el diputado panista Corral acusó:

“El gobierno (de Ernesto Zedillo) alienta y promueve estas resistencias y estas inopinadas y hasta irracionales oposiciones a todo intento por dar cauce a estas garantías individuales.

”Campaña contra Cárdenas

En 1999, el 7 de junio, se produjo la ejecución a balazos de Paco Stanley, y entonces se desató una campaña contra el jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, en la que intervino Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, empresa de la que era empleado el cómico.

Televisa, a través de Jacobo Zabludovsky, y Televisión Azteca, con Javier Alatorre, así como Pedro Ferriz de Con, entonces de Multivisión, competían en el propósito de demoler el gobierno de Cárdenas, y, con ese afán, transgredieron diversas disposiciones legales, actos de los que salieron impunes.

La estrategia informativa de esas cadenas consistió en dejar de lado el aspecto informativo y, en cambio, abrieron los micrófonos a ciudadanos a los que incitaron a clamar por la instauración de la pena de muerte ante la inseguridad en la Ciudad de México, y a cantantes y actores que –histéricos-- pedían justicia.

En la pantalla apareció Salinas Pliego, quien lanzó el siguiente mensaje:

“¿Dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? En esta ciudad, como en muchas otras ciudades de México, la impunidad, la ineptitud de la autoridad, y también la indiferencia de los ciudadanos, ya llegó al límite.

”La histeria de los comentaristas y de los entrevistados por las dos televisoras contagió también a periodistas de prensa escrita.

Uno de ellos, Fidel Samaniego, inclusive ofreció su sangre para conjurar más crímenes, que atribuyó también a la irresponsabilidad del gobierno capitalino.

Escribió en su columna “Carrusel”, del diario La Crónica de Hoy:

¿Ya están contentos?

¿Qué sigue?

¿Quién sigue?

¿Yo?

¿El consentido Salinas?

¡Búsquenme!

¡Aquí estoy!

¿Les sirvo?

No. No mucho. Ocurre que no soy ni Ramírez, ni Alemán, ni Arriola (sic), ni Ealy... en términos de sangre no les sirvo mucho.

Pero... ¿sirve de algo mi sangre?

¡Tómenla!

¡Pero ya párenle! ¿O no? Digo.

El único medio y conductor que se mantuvo al margen de la embestida, y aun la censuró, fue José Gutiérrez Vivó, presidente de Infored y conductor de Monitor de Radio Red, y quien había abierto sus micrófonos a Javier Corral.

Gutiérrez Vivó criticó la “supina irresponsabilidad” en la cobertura televisiva de la ejecución del comediante, y la consideró un “capítulo muy triste de la comunicación en México (que) no puede quedar impune, se necesita hacer un escarmiento, no tanto por lo que ya pasó, sino porque es necesario que no quede en el expediente nacional que se puede, con tanta ligereza, mentir a ese grado”.

Corral dijo a su vez que la actitud de las dos empresas representaba el fracaso de la autorregulación ética de los medios que impulsaba el gobierno de Ernesto Zedillo y reabrió el debate sobre la necesidad de actualizar el marco legal de éstos.

“A diferencia de otros presidentes de la República, que por lo menos se han comprometido con el derecho a la información como el reconocimiento que tiene el Estado de tutelar las necesidades sociales, Zedillo abona a la confusión sobre ética y derecho, y ha contribuido, como nadie, a ampliar la ya vasta zona de impunidad en esta materia.

”Fue Corral uno de los pocos legisladores panistas que rechazó el decreto de Vicente Fox que regaló a Televisa 12.5% de tiempo fiscal, en octubre del 2001, y también repudió la ley Televisa, aprobada al calor de las campañas presidenciales, en el 2006, y que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) avalaron con la complacencia de Fox y de Felipe Calderón.

La radio y la televisión impusieron censuras y aun campañas contra Corral, el priista Manuel Bartlett, así como contra los senadores perredistas, por su oposición a la ley que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en varios de sus artículos.

Pero en otro capítulo que no tenía nada que ver con afectaciones directas a las concesiones de medios electrónicos, pero que los hermanó en una campaña en la que intervinieron los miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), así como las cúpulas empresariales, fue la marcha contra la inseguridad, en junio del 2004.

Los dueños y conductores de radio y televisión, así como varios medios escritos, se unificaron para convocar histéricamente a la marcha, enfocada sobre todo contra la administración del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que había sido exhibido en los videos transmitidos por Televisa y contra el que ya se instrumentaba el desafuero, el que se concretaría un años después.

Tiempo después la radio y la televisión regalaron tiempo para que Sociedad en Movimiento, patrocinada por los organismos patronales, transmitiera spots contra la demanda del recuento “voto por voto, casilla por casilla” después de las elecciones del 2 de julio del 2006.

Finalmente, Televisa y Televisión Azteca transmitieron spots --cuyo costo jamás se dio a conocer-- contra el mega-plantón que entonces encabezó López Obrador en el Paseo de la Reforma…