13 sep 2007

Remonta el Senado la embestida de la TV: aprueba reforma electoral


jenaro villamil


Proceso.

*Avalan el dictamen 111 legisladores y se oponen 11; cero abstenciones

* Atiende reclamo de minoría: visto bueno a candidaturas independientes


México, D.F., 12 de septiembre (apro).- Con 111 votos en favor y sólo once en contra, sin ninguna abstención, las tres principales fuerzas políticas del Senado aprobaron esta noche el dictamen de reforma electoral, en un hecho considerado “histórico” por los coordinadores de PAN, Santiago Creel; PRI, Manlio Fabio Beltrones, y PRD, Carlos Navarrete.


Ni la última andanada de los concesionarios de la radio y televisión, que amagaron con un “referéndum por la libertad” ni las transmisiones continuas en contra del dictamen doblegaron la decisión de los senadores.


Así, concretaron la reforma de nueve artículos de la Carta Magna, incluyendo una nueva y amplia redacción del 41 constitucional, el que crea “un nuevo modelo de comunicación social” que prohíbe a partidos, funcionarios y terceros contratar tiempo-aire con fines político-electorales.


Antes de entrar a la discusión en lo particular, la Mesa Directiva anunció que se eliminaba la prohibición de las candidaturas independientes, con lo cual se avanzaba en uno de los reclamos más persistentes de los partidos minoritarios.


“La reforma representa un cambio de raíz en el modelo electoral”, subrayó Beltrones, coordinador del PRI e identificado como uno de los principales artífices de estas modificaciones.


Durante su intervención, Beltrones negó que las reformas atenten contra la libertad de empresa o la libertad de expresión, en clara respuesta a las andanadas de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Consejo Coordinador Empresarial y Concamin.


“Ha habido fuertes reacciones de algunos concesionarios de medios, y aun de políticos, que suponen que sus carreras se verían comprometidas”, afirmó Beltrones.


Sin embargo, el priista advirtió que ni en Brasil, Chile, Francia o Alemania –en que existen modelos similares-- los ciudadanos han estado en contra de estos cambios.

Y en un verdadero mea culpa, el presidente de la Mesa Directiva del Senado y coordinador del PAN, Santiago Creel, admitió que las reformas modificarán la relación entre concesionarios y clase política.


Con un esbozo de sonrisa, el exsecretario de Gobernación durante el gobierno foxista, advirtió:


“Por cierto, una relación en la que nadie o casi nadie puede arrojar la primera piedra, y hay que decirlo con claridad, y yo por delante, en la que los políticos, pero también los medios, somos corresponsables”.


Creel hizo referencia así a los múltiples favores, adjudicación de permisos y contratación de spots que empujó desde Bucareli, y después como precandidato presidencial del PAN, en una relación otrora privilegiada con Televisa y ahora en un camino de franca animadversión.


Durante su discurso de posicionamiento, Creel criticó el embate de los concesionarios alegando la “defensa de la libertad de expresión”, al tiempo que arremetían contra “la exposición de uno de nuestros compañeros, el senador Ricardo García Cervantes”.


“Cuando el día de ayer se hablaba de bienes públicos, parecía como si se tratara de bienes privados”, recordó Creel Miranda.


Puntualizó que estos cambios constitucionales impedirán a los partidos comprar espacios de radio y de televisión, así como “anuncios de publicidad disfrazados de información o coberturas noticiosas favorables”, en clara referencia a las gacetillas electrónicas que se recetan a la audiencia como si se tratara de imparciales “notas” periodísticas.


“El que vota manda y no manda el que paga”


A manera de eslogan o frase de spot que nunca será transmitido en radio y televisión, Creel sintetizó que “con la reforma que vamos a votar: el que vota manda y no manda el que paga”.


Por su lado, el perredista Carlos Navarrete subrayó que estas reformas constituyen una respuesta a los fenómenos que se produjeron durante la elección del 2006, ya que en adelante se prohibirá la “guerra sucia” en spots, o propaganda negra. Así mismo, se reforma el Instituto Federal Electoral (IFE), se contiene el financiamiento privado y se proscriben las campañas de terceros.


En una de las intervenciones más festejadas, Navarrete sintetizó que “se trata ni más ni menos de impedir que, a partir del 2009, el poder del dinero legal esté por encima de lo que el IFE le entrega a los partidos políticos.


“Pero también (se prohíbe) el dinero ilegal que llega por debajo de los escritorios en efectivo a las oficinas y a las empresas de radiodifusión y de televisión; que el poder del dinero de origen incierto, el poder del dinero, sea expulsado de la lucha por el poder en México”.


El perredista subrayó que la reforma tiene como objetivo “parar en seco” a los intereses fácticos de los medios concesionados.

Incluso durante su intervención hizo una revelación:


En agosto de 2006, él y Javier González Garza, coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, presentaron una demanda pública ante la Procuraduría capitalina contra unos spots “calumniosos y agresivos contra el PRD”.


La PGJDF le pidió a Televisa las facturas y el monto del contrato, que fue de varios millones de pesos. Y “¡oh sorpresa!, la sede de la empresa contratante era un despacho vacío en Monterrey.


“No existía tal empresa ni tales contratantes, solamente era tangible el dinero entregado y la facturación para sacar a una fuerza política de manera terrible y pública”.

Sólo el coordinador de Convergencia, Dante Delgado, y el del Verde Ecologista (PVEM), Arturo Escobar, expresaron su oposición al dictamen. Reclamaron un trato inequitativo en contra de los partidos minoritarios, aunque el propio PT exteriorizó que respaldaba la reforma.


El senador perredista Arturo Núñez, coordinador del grupo de trabajo que realizó desde abril de este año encabezó las consultas y negociaciones para la redacción de la reforma, sintetizó en cinco objetivos fundamentales la reforma:

--Establecer el derecho de réplica para todos los mexicanos, y en todo tiempo, en el artículo 6º constitucional.

--La prohibición en todo tiempo a los partidos políticos para contratar propaganda en radio y televisión. No realizar campañas negativas y acceder en forma gratuita a esos medios electrónicos a través de los tiempos que corresponden al Estado, que suman 48 minutos diarios en todas las estaciones de radio y televisión.

--La prohibición a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para realizar propaganda, “bajo cualquier modalidad de comunicación social, durante las campañas electorales, salvo las excepciones de la ley”; y la prohibición en todo tiempo de que dicha propaganda “sea utilizada para la promoción personalizada de cualquier servidor público”.

--La prohibición a personas físicas o morales para “contratar propaganda pagada, que influya en las preferencias electorales en favor o en contra del partido político o candidato”.

--El establecimiento de un procedimiento administrativo expedito con garantías procesales y un régimen de sanciones aplicables, a cargo del IFE.

Y al cierre de esta edición el pleno del Senado aún discutía la reforma electoral en sus asuntos particulares. Una vez aprobada por el Senado, toca a la Cámara de Diputados discutir y votar la minuta este jueves 13 de septiembre.

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