EDITORIALISTAS DE LA JORNADA

Luis Hernández Navarro

Primero de septiembre: la herida no cierra


Este primero de septiembre se libró una batalla central para el futuro de Felipe Calderón: el de su legitimidad como mandatario. El hombre de Los Pinos no pudo evitar el pleito. No tuvo la fuerza para hacer lo que hacen los que mandan: fingir que este asunto no forma parte de la agenda política nacional.

Para ganar esta pelea, el jefe del Ejecutivo necesitaba que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus aliados aceptaran que es legítimo, o, al menos, reventarlos internamente para que una parte lo reconociera. Quiso, pero no pudo hacerlo.

Este “Día del Presidente” no fue del presidente. Felipe Calderón entró al Palacio de San Lázaro, pero no pudo pronunciar el tradicional mensaje ritual. Apenas si emitió unas breves palabras. Una parte muy significativa del Congreso de la Unión, que representa 15 millones de votos, no estuvo allí cuando el hombre de Los Pinos entregó su Informe. Le hizo el vacío.

La fuerza simbólica de esa ausencia no puede despreciarse. Una importante coalición política institucional, con capacidad para descarrilar iniciativas legislativas, le dijo a Felipe Calderón que no lo reconoce como jefe legítimo del Ejecutivo. En el momento de la verdad, el PRD no se dividió. Con disciplina, todos sus legisladores abandonaron la sesión. Los Pinos perdió esa partida.

En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador ganó. Desde Presidencia se dijo que el primer mandatario “rebasó por la izquierda” al sol azteca. Se apostó a que Nueva Izquierda lo reconocería sin ambigüedad alguna y el Peje quedaría aislado. Nada de eso aconteció. Los únicos que se creyeron lo del “rebase por la izquierda” fueron los encargados por Los Pinos de propalar la especie. Nueva Izquierda se quedó sin capacidad para maniobrar en este round y debió plegarse –al menos por el momento– al mandato que miles de ciudadanos fijaron durante la constitución de la Convención Nacional Democrática.

Para poder presentarse en el Congreso de la Unión, el panista michoacano debió pagar un precio muy alto. Su presencia fue uno de los componentes de un paquete de negociación del que forman parte las reformas hacendarias y electoral. Para sacarlas adelante ha debido acceder al recambio de consejeros y magistrados de los órganos electorales que le otorgaron su impugnado triunfo. Las cabezas rodando de la nomenclatura electoral federal son, como se ha dicho hasta la saciedad, la evidencia de la suciedad de las elecciones del 2 de julio de 2006.

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Jorge Camil

El informe que no fue…


En política las decisiones equivocadas son usualmente irreversibles. Ahí está la gorra militar con cinco estrellas. Pero en esta ocasión Felipe Calderón, con mucho tino, desautorizó a su partido y salvó a su gobierno en el último minuto. La invitación original, un tarjetón cursi, bordeado por un mosaico de colores con supuesto membrete de Felipe Calderón, y por supuesto de Acción Nacional, circuló hasta el día anterior al evento invitando a panistas y simpatizantes a celebrar el primer Informe de gobierno en el Auditorio Nacional, convertido por obra y gracia del señor Vicente Fox en recinto oficial del panismo nacional. Al desautorizar a su partido Calderón, que continúa ganando espacios y buena voluntad, se salvó milagrosamente del síndrome de “presidente panista”, una situación que le hubiera arrebatado el beneficio de la imparcialidad, y que es inconsistente con el cargo de Presidente de la República.

De haber festejado el Informe en la ¿cómoda? compañía de sus correligionarios hubiera continuado atado, como muchos de sus simpatizantes, a la sombra del que fue por 71 años el gran partido político nacional. El síndrome es difícil de sacudir, porque los panistas no hicieron la Revolución ni fundaron el sistema político generado por el movimiento armado que habría de lanzar a México a la modernidad. Así que les está costando mucho trabajo cambiar el sistema, inaugurar nuevas rutas y evitar errores del pasado. Y como aún no fundan nada, como no sea la confusión, se encuentran incómodos en la silla del águila, la misma que ocuparon por breves instantes de nuestra historia patria Francisco Villa y Emiliano Zapata. (Hablando de revolucionarios Ramón Beteta, uno de los más inteligentes ideólogos y estrategas del PRI, solía decir que, como los “revolucionarios” habían ganado el poder a balazos, los panistas solamente se los podrían arrebatar de la misma manera: ¡a balazos!) Eso explica quizá por qué en 2000, cuando obtuvieron la Presidencia más por rechazo al PRI que por méritos propios, y hoy, que accedieron por segunda ocasión al Poder Ejecutivo, aunque inmersos en una nube de sospecha, siguen comportándose como políticos minoritarios. Los marcó para siempre la “brega de eternidad”, el esfuerzo estéril de luchar denodadamente por una meta inalcanzable. Vivían felices en esa tarea de sufrimiento, como sus antecesores vivieron con resignación franciscana el martirologio de la Cristiada. Lo suyo, hasta que vayan apareciendo actos institucionales de gobierno como el de Felipe Calderón, continuará siendo el pasado, la derrota electoral, el confesionario. La persecución religiosa. No se les quita el alma de santos, pero tampoco acaban de adquirir la de presidentes de la República.

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Rolando Cordera Campos

El pacto y el tiempo


Con la reforma constitucional presentada el jueves, algún optimista podría invitar a entonar los salmos de la restauración democrática que viene, pero la verdad es que lo que toca hoy son los responsos por una reforma electoral que en su momento el ex presidente Ernesto Zedillo osó calificar de definitiva. Que no lo era lo sabíamos los mortales y lo confirmaron los primeros consejeros electorales designados por la Cámara de Diputados, cuando al dejar su puesto advirtieron sobre la necesidad de revisar lo hecho y legislado y, en particular, sobre lo que más tarde se probaría letal para el sistema: la relación emponzoñada entre dinero y política, y su inevitable derivación en la emergencia de un poder alternativo en los grandes consorcios de los medios electrónicos.

Los partidos y los legisladores del momento no hicieron caso del pliego de mortaja de aquellos consejeros y optaron por el ahí se va, que el año pasado nos puso al borde del abismo de la confrontación intestina. Esa historia está aún por escribirse, pero no deja de sorprender que a estas alturas todavía haya almas puras del departamento de puntos de vista que insistan en que quien nos puso en peligro fueron el PRD y el abanderado de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Si algo pasará a la historia jurídica y política de la época será el dicho del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que el ex presidente Vicente Fox y los grupos del dinero habían puesto en peligro la elección por su intervención en ella. En el pie de página del relato, tal vez quede establecido que a pesar de sus dichos el Tribunal decidió declarar presidente electo a Felipe Calderón, dejando a los hermeneutas de ocasión o vocación el resto del enredo. Hoy, la majestad del derecho que según algunos por definición portaba el presidente en turno de la Suprema Corte ha quedado al desnudo, como ha ocurrido con la credibilidad del Consejo General del IFE que muchos veían a prueba de kriptonita gracias a la solidez de la norma. Por su parte, el PAN olvidó, por fortuna momentáneamente, que Felipe Calderón es presidente constitucional, y dejó atrás su show dominical en el Auditorio, mientras que el gobierno anuncia que habrá un mensaje a la nación desde Palacio.

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Antonio Gershenson


Informe, IFE y reforma electoral


Los sucesos recientes nos recuerdan a varios del año pasado. El Informe presidencial tendrá que ser entregado sólo por escrito a la Cámara de Diputados. Con toda una campaña para convertir este primero de septiembre en una especie de reconocimiento, no lograron su objetivo como sucedió también hace un año.

Primero, el PAN anuncia un acto del domingo 3 de septiembre en el Auditorio. Luego, el gobierno federal lo anuncia ese mismo día pero en Los Pinos. Y se publican protestas porque ese día hay elecciones locales y el discurso difundido en escala nacional se haría durante las horas de votación.

Mientras esto sucede, se refleja por varios lados que, en el marco de la reforma electoral, quedará fuera el actual Consejo del Instituto Federal Electoral (IFE). El presidente de ese consejo echa espuma por la boca. Creo que es necesario, en esta situación, recordar por lo menos algunos de los principales elementos que permitieron el fraude de 2006, de modo que la mencionada reforma los elimine.

Nos referimos primero a una etapa previa al periodo electoral, cuyo objetivo fue reducir significativamente la ventaja, del orden de 10 por ciento, que las encuestas habían adjudicado a López Obrador durante un largo periodo. Varias de estas medidas fueron conocidas en su conjunto como “la guerra sucia”.

Las mismas incluyeron mensajes promocionales y en general anuncios denigrantes, mentirosos. El Consejo del IFE, que debía por ley parar esta campaña, se hizo de la vista gorda. Y quedaron impunes quienes pusieron el dinero también. Además de las reformas legales que van desde el uso indebido de la televisión hasta la misma legislación electoral, es obvio que si el supuesto juez favorecía a la derecha, la nueva legislación debe dejar fuera a los que ya desde ese periodo violaron la ley.

Si echan espuma por la boca, que sus dueños los vacunen, pero es claro que se tienen que ir. Y les va bien que no van a la cárcel como correspondería a sus actos. La manipulación de las encuestas también jugó su papel. Y, por supuesto, los videos y la forma como fueron utilizados.

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José Antonio Rojas Nieto
rojasags@yahoo.com.mx


De informes a informes


El estudio cotidiano del mercado petrolero, de la dinámica energética mundial, de la marcha de la economía –mundial y nacional– conduce obligadamente al estudio del delicado asunto de la disponibilidad de recursos para impulsar el desarrollo, nuestro desarrollo. Atrás de él está no sólo nuestra viabilidad energética plena y sustentable. También el delicado –delicadísimo– problema del empleo, tanto en el área energética como en el resto de la economía. Sí, el problema del financiamiento de la expansión, petrolera, eléctrica y, en general, económica conduce al delicado asunto de la disponibilidad de recursos financieros para sostener la inversión.

Y siguen los textos oficiales (del PRI y del PAN, desde luego, que en este caso son lo mismo, a pesar de la demagogia priísta reciente): “reforma laboral”. Y acoto una vez más, para flexibilizar la contratación, el salario y la jornada; condicionar aún más el derecho de huelga y controlar el diezmado derecho a la organización sindical autónoma. También se ha hablado de la reforma financiera. Pero ésta –como bien se indica en el apartado 2.3 (Sistema Financiero Eficiente) se orienta a “democratizar” (sic) el sistema financiero (el de los bancos ingleses, españoles, estadunidenses, acoto) sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto”, para lograr que todos los estratos de la población (principalmente ese 80 por ciento que percibe menos de cinco salarios mínimos, me permito agregar) ahorre.

No se entiende –de veras que no se entiende– por qué tanta insistencia del Ejecutivo en pronunciar un mensaje para señalar estas terribles realidades, reconocidas en las mismísimas cifras oficiales, pero manejadas en el discurso con una veleidad realmente vergonzosa. ¿Cómo entender esto? ¿Hacia dónde se quiere llevar al país?¿A quiénes se quiere engañar? No se vale. De veras.

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José Agustín Ortiz Pinchetti