El costo de la venganza

La Opiniòn
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Por largo tiempo Vicente Fox seguirá dando de qué hablar, pues lo que no se sabe de su gobierno aún está por conocerse, en particular sus nexos con el crimen organizado.

Ya lo dijo el extitular de la PGR y exrector de la UNAM, Jorge Carpizo: Fox tiene “una gravísima responsabilidad” al haber permitido que avanzara tanto el crimen organizado y poner en riesgo la soberanía del país. Incluso, pidió a las autoridades jurídicas y a los partidos políticos que revisen si el ex mandatario incurrió en algún tipo de responsabilidad y, en caso de ser así, se le sigan los procesos correspondientes.

Para ejemplificar la situación tan grave en que dejó Vicente Fox al país, simplemente retomo las palabras del presidente Felipe Calderón de que esta es una lucha por la soberanía de México, en la cual no se puede claudicar.

“Él mismo nos está diciendo el estado tan grave en que le dejaron el país en este campo, en la administración anterior”, dijo el también exsecretario de Gobernación.

Si Fox permitió que creciera de modo tan desmesurado y fuera de todo control el crimen organizado, ¿se puede suponer razonablemente que no haya dicho lo que le atribuye el gobernador Humberto Moreira?. De ningún modo. En el marco de referencia moral del expresidente pedirle a un gobernador que detuviera a un líder sindical y le inventara cargos era -es- peccata minuta, pues para él la ley se hizo no para respetarla sino para manejarla a su entera conveniencia política.

El caso más ilustrativo fue el largo proceso de desafuero de López Obrador. Con el perverso propósito de eliminarlo como posible contendiente presidencial, Fox y su camarilla -Marta Sahagún, Ramón Muñoz, Diego Fernández- inflaron a un nivel político sin precedentes un asunto administrativo que se reducía a la construcción de una carretera para dar acceso a un hospital. En manos de Fox este asunto derivó en un “crimen de Estado” que sólo podía penalizarse con el desafuero del presunto culpable y -sobre todo- su inhabilitación política.

Pero además esa perversa camarilla fue la que ideó el escándalo de Carlos Ahumada, con el único propósito de reducir los niveles de popularidad del entonces jefe de gobierno del D.F. ya que en sus planes estaba lanzar a Marta Sahagún como candidata presidencial de su partido y como ella se ubicaba muy por debajo del tabasqueño era indispensable golpear a éste con los escándalos de René Bejarano, su exsecretario particular, y de Ponce, su tesorero, para lo cual contaron con la abierta complicidad de Televisa, por eso esta empresa no sólo recibió miles de millones de pesos del foxismo en sus campañas promocionales sino también una ley a la medida de sus intereses -la llamada Ley Televisa- que garantiza y perpetúa el duopolio televisivo, aprobada por los mismos que ahora se declaran indignados por la acusación de Moreira a Fox.

Cuando la candidatura de Martita no funcionó, entonces Creel surgió como el candidato del foxismo. Por eso al salir en defensa de Fox éste calificó de mentiroso al gobernador Moreira y lo retó a probar las acusaciones que recientemente lanzó contra el expresidente Vicente Fox, de lo contrario, advirtió, procederán al juicio político en su contra. Vaya catadura moral de este personaje, que amenaza al gobernador de Coahuila con un procedimiento que sus congéneres se negaron a poner en marcha en Oaxaca con Ulises Ruiz, y todo por el ‘incalificable delito’ decir lo que ocurrió en una plática con Fox y que costó a la entidad nada menos que 200 millones de pesos.