23/12/2010


Corte de caja




José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Los últimos días de este año han sido una muestra de lo que el país ha resentido en las dos últimas administraciones: una incapacidad de gobernar preocupante que tiene como saldo más de 30 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico, miles de desaparecidos y una impunidad reinante que privilegia a quines cometen crímenes tan escandalosos como el cometido contra Marisela Escobedo, en Chihuahua.

La impudicia con la que vienen actuando los distintos grupos del crimen organizado en todo el país sólo refleja la incapacidad con la que el gobierno de Felipe Calderón, y los gobernadores y ediles de todo el país vienen actuando. Igualmente refleja que el poder de la delincuencia ha rebasado, por mucho, a todas las instituciones, al grado de convertirse en verdaderos grupos de poder cuyas acciones inciden en las decisiones del Estado.

La noche del jueves pasado Marisela Escobedo fue ejecutada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Durante años Marisela había buscado que se castigara al asesino de su hija Rubí Marisol, Sergio Rafael Barraza, a quien no sólo había identificado, sino que, incluso, logró que lo detuvieran y llevaran a un juicio en el que fue liberado por los encargados de impartir justicia.

Marisela sufrió un doble embate: la desilusión y rabia que le provocaron los jueces y el gobernador César Duarte, que no la escucharon para que el asesino de su hija fuera castigado con todo el peso de la ley; y el de la impunidad con la que dejaron que el mismo asesino llegara hasta su camioneta convertida en su refugio, la correteara y la ejecutara frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El país aún no salía del azoro que provocó este caso de injusticia e impunidad cuando en San Martín Texmelucan, Puebla, explotó un oleoducto de combustible de Pemex que era ordeñado por saqueadores y ocasionó el siniestro que costó la vida de 29 personas, 52 heridos y daños a decenas de propiedades en un rango de 50 hectáreas.

El crimen organizado ha encontrado en la extracción ilegal de combustible un negocio millonario. Es tanto el poder de Los Zetas que ni el Ejército ha podido impedir que extraigan combustible de la Cuenca de Burgos y lo vendan en Tamaulipas y Veracruz.

La existencia de una enorme cantidad de tomas clandestinas de gasolina de los oleoductos de Pemex en todo el país, no se puede explicar sin la participación de funcionarios y trabajadores de la paraestatal, quines reciben mucho dinero por solapar a quienes durante décadas la han saqueado.

Según cifras de la paraestatal las ganancias generadas por este negocio ilegal podrían superar los 20 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Sólo en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos, ha reconocido Pemex en el boletín 149/2009, en cual señala que de esa cifra “3 mil 500 millones correspondieron a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no asociado, y 5 mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina), mediante tomas ilícitas en la red nacional de ductos”.

Fue en una de estas tomas clandestinas donde se originó la fuga de combustible que posteriormente se incendió afectando, además, al río Atoyac, una de las afluencias acuíferas más importantes de la zona.

Hasta el momento el gobierno federal no ha logrado detener este negocio del cual se aprovechan grupos del crimen organizado, funcionarios y trabajadores sindicalizados de Pemex.

Pero estos dos hechos que cobraron vidas y que pudieron haberse evitado con acciones de gobierno efectivas, fueron opacadas por un show mediático que fue diseñado desde Televisa y el gobierno federal: la liberación de Diego Fernández de Cevallos.

La liberación del panista no pudo ser más oportuna para el gobierno federal. Con ropa deportiva, la barba blanca crecida y su clásica actitud prepotente y soberbia Fernández de Cevallos apareció en su residencia de lujo afirmando que había sido liberado horas antes, como lo anuncio en exclusiva el principal conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga.

Los telones de abrieron y el panista se presentó ante las cámaras de televisión, los micrófonos de radio y las grabadores de la prensa escrita. Desfiló por los principales programas afines a su causa y atrajo la atención de la opinión pública.

El ánimo con el que se presentó causo sospechas, pues no era el de una persona que estuvo secuestrada 220 días, desde el pasado 14 de mayo. Los comunicados de sus plagiarios reivindicando una causa social tampoco convencieron. Sin embargo, el jefe panista dio muestras de su poder; y sin que la PGR interviniera logró su libertad con la ayuda de sus amigos empresarios, obispos, cardenales, banqueros, legisladores y expresidentes de la República.

Ofreció una señal más de la impunidad, la corrupción y la ineficacia con la que el país sigue siendo gobernado y que al final del año sólo deja una sensación de fragilidad en toda la sociedad.





No hay comentarios.: