02/12/2010




La legalidad criminal






Javier Sicilia


MÉXICO, D.F., 1 de diciembre (Proceso).- Cada vez se hace más claro que lo único que distingue a la clase política del crimen organizado es la impunidad. Mientras que al criminal se le asesina o –en el caso de que el Ministerio Público y el juez cumplan con su tarea– se le procesa y sentencia, el político no sólo puede cometer durante su estancia en el poder todo tipo de ilícitos, sino que a su salida queda tan impoluto como una virgen. Nadie, a pesar de la documentación en su contra, osa destituirlo; nadie tampoco osa hacerlo comparecer ante la justicia cuando ha dejado el encargo. Se trata del ancestral método que señoreó la vida política del país cuando la revolución se institucionalizó y procedió como una dictadura, sólo que ahora de manera cínica y cobijada bajo el argumento de la democracia, el fuero y la “salud” de la vida partidista.

Donde volvamos el rostro, sea al PAN (Calderón, Molinar Horcasitas, por nombrar sólo a quienes tienen evidencias claras en su contra), al PRI (Mario Marín, Eduardo Bours, Arturo Montiel, Salinas de Gortari) o al PRD (Amalia Hernández, Zeferino Torreblanca), vemos con profundo horror que el poder y sus intereses están por encima de la ley y que sus actores son tan criminales como los políticos que los cobijan.

El caso más claro, por las evidencias documentadas en su contra, es el de Ulises Ruiz. Durante su gobierno, como lo ha mostrado Pedro Matías (Proceso 1776), se asesinó a 200 personas, entre “luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas”, se realizaron “600 detenciones” ilegales, “siete desapariciones forzadas”, innumerables secuestros, 380 torturas y una creciente espiral de violencia. Ahora que lo deja –en medio de spots apologéticos con cargo al erario, es decir, a la ciudadanía que tanto agravió, y un informe de gobierno triunfalista– se agregan a esos delitos el no cumplimiento de las “mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros”, “nueve solicitudes de juicio político [y] 40 controversias constitucionales por la destitución de funcionarios [y] discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios”. Ulises Ruiz, como muchos de nuestros políticos, gobernó como un criminal impune y se va como tal.

Lo más grave de todo es que Ruiz no es –como la Iglesia ha tratado de hacer con Marcial Maciel– un criminal solitario. Detrás de su impunidad está la complicidad de los funcionarios de su partido que no lo llaman a cuentas, de los partidos opositores que, tratando de evitar lo que a los suyos les corresponde, callan y del Poder Judicial que, en estos casos, siempre mira hacia otra parte. En suma, detrás de Ruiz está el contubernio mafioso de todos para mantener el cascarón roto y vacío de la vida institucional. Su rostro entre nosotros es el del crimen legalizado, la imagen invertida del otro crimen que cínicamente dicen perseguir.

Con ello, el mensaje que lanzan a los jóvenes es el mismo que el de los narcocorridos o el de los reportajes que exaltan la vida de lujo de los capos: el del poder, al que se llega mediante la malversación de la ley y que da derecho a todo.

Desde el instante en que Ruiz salió impune del gobierno –una continuación de la manera en que Calderón llegó al gobierno, ha gobernado y saldrá de él; una continuación también de lo que sucede con Mario Marín y otros tantos– las instituciones políticas se pusieron al margen de la ley.

Se me puede objetar que las instituciones son útiles y que para que existan y pueda haber cierto orden y justicia debe haber componendas. Ciertamente habría mucho que decir sobre esos asuntos, pero lo que es seguro es que nada de lo que perpetúa la mentira puede ser útil. Después de todo, las instituciones políticas pasan –son construcciones históricas– y la justicia y la ley –que son explicitaciones jurídicas de lo que debe ser el amor que, cuando existe, no necesita de ellas– permanecen. La justicia no desaparecerá porque a las organizaciones de la alta política del país se les denuncie en lo que son. La verdadera justicia vive de la verdad y muere con la mentira. Sigue viviendo –una larga y añeja enseñanza de la historia—lejos de los palacios de gobierno, de las instituciones burocráticas del Estado y de los partidos, es decir, en las márgenes de lo que el poder –sea legal o ilegal– privilegia, vive en quienes son capaces de hablar con verdad y actuar con ella.

Esto quiere decir también que en las márgenes de la vida institucional existen ese tipo de hombres y mujeres, pero sólo serán dignos de ella si, contra la injusticia disfrazada de necesidad, las cobardías de las democracia burguesa y sus partidarismos hipócritas, contra la impunidad de los Ulises Ruiz, de los Marín, de los Molinar Horcasitas, de los Montiel, de los Bours, de los Torreblanca… y sus cómplices, realizan la justicia que la sociedad reclama.

Sólo allí, en actos que pongan a los criminales de la vida política en el lugar que la justicia reclama, quienes aún amamos a este país volveremos a creer en las instituciones. Mientras tanto nos sentimos rehenes no sólo del crimen organizado, sino de nuestros propios políticos y gobernantes. Una política sin ética es sólo la perpetuación, por otros caminos, del crimen.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l








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