Peña Nieto ya rebasó el tope de campaña, denuncia Monreal

José Gil Olmos
18 de abril de 2012
Elecciones2012 AMLO


Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Foto: Benjamin Flores


MÉXICO, D.F. (apro).- En medio del escándalo del derroche de dinero que esta haciendo el PRI para su campaña presidencial, el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, denunció que Enrique Peña Nieto ya rebasó el tope de campaña fijado por el IFE, que es de 336 millones de pesos.

En conferencia de prensa el senador zacatecano estimó que sólo en los 20 días que van de campaña, el aspirante priista ha gastao por concepto de espectaculares 150 millones de pesos.

Detalló que si se junta a “este derroche” el gasto que esta haciendo para mantener la “flota imperial” de aviones y helicópteros que usa Peña Nieto para trasladarse a sus actos de campaña, ya rebasó el tope de campaña fijado por el IFE.

Hace una semana Monreal había dicho que se habían contabilizado 9 mil espectaculares en varios estados del país. Ahora, precisó que aún faltan documentar los datos de 10 estados.

El coordinador de la campaña de López Obrador anunció que acudirán ante el IFE para presentar formalmente la queja por el excesivo gasto en publicidad del candidato presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto.

Adelanto que fácilmente el gasto será mayor de 150 millones de pesos si se toman en cuenta las camisetas, gorras, filtros solares, albercas inflables, vehículos, mensajes por celular, publicidad en medios de comunicación, publicidad en internet y otros gastos que la ley electoral contempla

La huida de Calderón

José Gil Olmos
21 de marzo de 2012

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Germán Canseco


MÉXICO, D.F. (apro).- Una vez que entregue la banda presidencial, en diciembre próximo, posiblemente el presidente Felipe Calderón dejará el país.

De ser cierta esa versión, que ha comenzado ya a difundirse en Estados Unidos, la decisión del panista sería tomada como una señal del fracaso en cuanto a su declaración de guerra contra el crimen organizado, pero también como una medida vergonzante, pues estaría huyendo de una situación que él mismo provocó.

De acuerdo con información proporcionada por Dolia Estevez, corresponsal de MVS Radio en Washington, en una de sus últimas visitas a Estados Unidos, Calderón expuso su temor de recibir atentados del crimen organizado una vez que deje la presidencia de México.

No obstante, la medida también estaría pensada para protegerse desde el extranjero de cualquier demanda que pudieran estar planeando las familias de las víctimas de la violencia –50 mil y 10 mil desaparecidos– afectadas por la guerra contra el crimen organizado, que declaró desde el arranque de su gobierno.

A la memoria (con lo que se puede caer en la imprecisión), desde Porfirio Díaz no se tiene registrado que un Presidente mexicano salga del territorio nacional por decisión propia. Al triunfar la Revolución, el dictador oaxaqueño huyó a Francia y dejó detrás de sí un país desecho por la violencia, generada a raíz del enfrentamiento con distintas fuerzas que querían un cambio en el país.

La razón de los presidentes que posteriormente salieron de México, luego de concluir su gestión fue porque el mandatario entrante lo decidía así, a fin de evitar problemas de ajustes políticos, como fue el caso de Plutarco Elías Calles, a quien el general Lázaro Cárdenas sacó del país.

No es así en el caso de Felipe Calderón. Su decisión estaría fundada por el miedo, el temor a represalias por parte de algún grupo criminal en su contra, por las decisiones que tomó como jefe de las fuerzas armadas para combatirlos. Aunque hay razones para entender esta voluntad, también habría que preguntarse si realmente afectó los intereses de alguno de estos grupos, si minó su fuerza real o perjudicó sus negocios millonarios.

A simple vista, esto no ocurrió. Hasta el momento no sólo siguen operando los grandes capos, también ha crecido su poder y su presencia en todo México y otros países, sin que su estructura de organización y sus ganancias hayan sido afectadas.

Despojado de su investidura, Calderón será a partir de diciembre próximo otro ciudadano más, sujeto a la violencia que él mismo exacerbó con decisiones temperamentales, como querer acabar la violencia con más violencia.
Sin la seguridad con la que hoy cuenta el panista habrá de enfrentar lo que miles de mexicanos sufren todos los días: el miedo a ser atacados por estas bandas delincuencias que le han perdido el temor a toda autoridad y, además, tienen un poder desmesurado.

Pero lo que dejará atrás, luego de seis años de gobierno, será un país en crisis, con más desempleo y menos educación, más corrupción y menos transparencia, más inseguridad y menor tranquilidad, más impunidad y menos justicia; es decir, un país con un tejido social roto, de víctimas que le reclamarán su responsabilidad donde quiera que esté.

¡Ya basta!

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- En su discurso ante empresarios en Torreón, Coahuila, el pasado martes 12, Felipe Calderón dijo que las manifestaciones populares en contra de la violencia no deberían de ir en contra de su gobierno o del Ejército, sino contra la delincuencia organizada, porque son ellos los que asesinan, secuestran, extorsionan y los que tienen asolada a gran parte de la sociedad y del territorio nacional.

A sólo unas horas de que Javier Sicilia convocó a una movilización nacional de protesta para el próximo 8 de mayo, contra la violencia generada por la guerra que el gobierno federal declaró a los narcotraficantes, Calderón quiere enmendar la plana y desviar la atención, pero nuevamente se equivoca y se confunde.

Se equivoca porque si el crimen organizado mata a jóvenes directamente y a través de las drogas, es porque el Estado y el gobierno que encabeza lo han permitido, dejando que los grupos tengan más poder corrompiendo a las instituciones policiacas, judiciales y militares.

Se equivoca porque si el narcotráfico ha crecido en México, es porque les han dejado las manos libres para que laven el dinero en los centros financieros, y no se castiga a ninguno de estos delincuentes de cuello blanco.

Se equivoca porque no cumplió su palabra de crear empleos, provocando que los jóvenes vean en la delincuencia la única salida para ganar dinero y tener éxito en la vida.

Se equivoca porque, creyendo que en dos años resolvería el problema del narcotráfico, sacando al Ejército a las calles, tendría el suficiente tiempo para cumplir su promesa de campaña de ser el “presidente del empleo”.

Calderón se equivoca porque si los grupos del crimen organizado como Los Zetas secuestran y asesinan a migrantes mexicanos y centroamericanos, es porque hay una participación de policías federales, aduanales, migratorios y hasta soldados, quienes son los primeros que violan y roban a esta gente, dejándolos a merced de los demás delincuentes que los extorsionan o matan, como ha sucedido en Tamaulipas, donde se han descubierto las fosas clandestinas más grandes y terribles hasta el momento.

Se equivoca en decir que no debemos confundirnos en identificar a los delincuentes que roban, pero si así sucede es porque hay una falta de eficiencia de los cuerpos policiacos, que no son capaces de detener esta oleada de atracos, ejecuciones y violaciones realizadas a plena luz del día.

Felipe Calderón olvida que si hay un crecimiento de la violencia y del poder de la delincuencia organizada es porque el gobierno que encabeza ha fallado no sólo en el tema de la seguridad pública, sino en empleos, salud, educación y bienestar social. Y que si los narcotraficantes gozan de poder en varias zonas del territorio nacional, es porque no han podido combatirlos desde su raíz y gozan de una total impunidad.

Se equivoca en pensar que movimientos como el que, por circunstancias dolorosas, encabeza el poeta Javier Sicilia, convocando a una movilización nacional el 5 de mayo, para luego concentrarse en el Zócalo capitalino el 8, tiene una “intención política” de golpear a su gobierno o a las fuerzas armadas.

Nuevamente se confunde, pues la convocatoria es para que se haga un alto a la estrategia militar y policiaca, porque no ha logrado disminuir el poder del crimen organizado, ni los niveles de consumo, ni la producción y comercialización de las drogas.

La convocatoria es para que se escuche a la sociedad y a los miles de deudos y se replantee el combate al narcotráfico, tomando en cuenta acciones de fondo, como la creación de empleos, la atención a las adicciones, la limpia en los cuerpos policiacos y militares corrompidos por la delincuencia organizada, así como pensar en el retiro paulatino del Ejército en las calles e invertir más en educación, salud y cultura.

La convocatoria de Sicilia y de muchos más que lo acompañan es para que Calderón, como jefe del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, abra sus oídos y escuche las miles de voces que ya están hartas de tanta violencia y que demandan paz y tranquilidad.

En un truco discursivo sofista, Calderón ha pretendido apropiarse del lema que hizo famoso el EZLN en 1994: ¡Ya Basta!, y lo quiere utilizar para su fin propio fin, corrompiendo el sentido original de este grito que se lanzó contra el mal gobierno de entonces y de hoy.

Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, antes de escuchar, Calderón cierra no sólo sus oídos, sino el entendimiento y la razón. No ve ni escucha. Prefiere el aplauso fácil de quienes están de acuerdo con él antes de escuchar a un amplio sector de la sociedad. Opta por la sinrazón y la intolerancia y cree que sus enemigos son los que piensan diferente a él.

Medios: la mordaza se gestó en Los Pinos

José Gil Olmos

Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación, consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar la información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los Pinos. MÉXICO, DF., 26 de marzo (Proceso).- Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes. Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”. Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”. –¿Ven una posibilidad de censura? –Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno. El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso. Extracto del reportaje que se publica en la edición 1795 de la revista Proceso, ya en circulación.

Don Polo

José Gil Olmos


MÉXICO, DF, 16 de febrero (apro).- Don Polo tenía 80 años cuando empezó a buscar a su hijo secuestrado en septiembre pasado. Hizo lo que ninguna autoridad federal, estatal o municipal pudo hacer: investigar y señalar a los responsables. Habló con los militares, con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), del gobierno de Durango y fue hasta la Presidencia de la República a denunciar el plagio, pero nadie le hizo caso.

Días después de hablar con la reportera de Proceso, Patricia Dávila, fue asesinado y ahora es un número más de los “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico.

Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, vivía en Nuevo Ideal, Durango, donde tenía una refaccionaria. La semana antepasada llegó a la redacción de la revista a denunciar el rapto de su hijo del mismo nombre, al que llamaba Leo. Una banda que vivía en su propio municipio, a los que ya había identificado con nombre y apellido, se lo habían llevado pidiendo un rescate de 10 millones de pesos.

Don Polo supo quiénes eran e indagó dónde estaba su guarida, y así lo denunció a las autoridades municipales, estatales, militares y federales. Pero cada vez que se presentaba ante una autoridad, recibía maltratos por hacer lo que ellos por obligación debían llevar a cabo.

Los soldados le dijeron que fuera a presentar la denuncia o que juntaran el dinero para liberar a Leo. El presidente municipal de Nuevo ideal, Ernesto Velásquez, lo conminó a ir con el fiscal para secuestros del gobierno del estado quien, a su vez, le dijo que no arriesgaría a sus policías para ir al lugar que Don Polo les señalaba donde tenían a su hijo. Ante la insistencia de que actuara, el alcalde gritó a Don Polo y a su hija, Hilda: “¡Qué no entienden!”, y luego dejarlos con la palabra en la boca.

En su peregrinar, la familia acudió a la X Zona Militar, y ahí un coronel de apellido Zambrano los dejó plantados, luego de leer el mensaje que los plagiarios habían enviado por teléfono exigiendo el dinero. “¿Cómo que de este número te lo mandaron?”, fue lo último que les dijo el militar, quien se había comprometido ayudarles.

En octubre, la familia tenía toda la información de los responsables del plagio y a quienes les había entregado ya un millón 600 mil pesos. De hecho, sus hijas y su esposa, vestidas de hombre, lo acompañaron a ubicar el sitio donde tenían a Leo.

Luego de confirmar que se trataba de la guarida de los secuestradores, denunciaron el hecho ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la PGR.

Durante cuatro meses esperaron que ésta actuara y durante todo ese tiempo documentaron otros secuestros realizados por el mismo grupo.

Incluso Don Leo descubrió la nueva guarida de la banda. Asimismo, entregó la credencial de elector de uno de los plagiarios, quien la había tirado en el momento de llevarse a una persona.

Como no le hacían caso, acudió a la Secretaría de Marina, donde entregó a los capitanes Montiel y Magaña mapas, datos, nombres y números de teléfono de los secuestradores. Tampoco recibió ayuda.

Su última esperanza de que hicieran algo para salvar a su hijo era la Presidencia de la República.

A principios de enero Don Polo y su familia acudieron a Los Pinos, donde entregaron una carta. En el texto, expusieron en 19 puntos toda la información del plagio de Leo. Una vez más fueron ninguneados.

Desanimado, Don Polo llegó a la revista Proceso cuatro días antes de morir acribillado. La reportera Patricia Dávila escuchó impactada todo su relato y le preguntó que si estaba seguro de que se publicara lo que le había narrado. “¡Claro que tengo miedo! ¡Temo por mis hijas y mi esposa! Pero la nuestra ya no es vida…”, le contestó pidiéndole que publicara casi todo lo que le había dicho.

Tenía la esperanza de que la denuncia pública tuviera algún efecto para que las autoridades reaccionaran y dieran con su hijo, esperando que aún estuviera vivo. Su ilusión era que toda esta pesadilla terminara encontrando a Leo y dejar el municipio de Nuevo Ideal, donde tenían su negocio de piezas de autos usados.

Pero nada de esto sucedió. El viernes 4 de febrero un comando entró a su casa y lo asesinó.

Todo su esfuerzo se desvaneció en unos instantes porque ni el gobernador, ni el procurador estatal, ni el federal, ni los policías, soldados y marinos, ni el propio presidente de la República, lo escucharon, y su hijo Leonel sigue desaparecido y Don Polo esta muerto.

En un país donde la impunidad reina, hay muchas otras historias como la de Don Polo. Las cifras de muertos y desaparecidos crecen todos los días y la violencia no deja de cimbrar comunidades, pueblos y ciudades de todo el país.

La manta

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 9 de febrero (apro).- Todo comenzó cuando el jueves 3 un grupo de legisladores subió a la tribuna de la Cámara de Diputados y desplegó una manta que aludía el presunto alcoholismo de Felipe Calderón.

La imagen llegó de inmediato a Los Pinos y el jefe del Ejecutivo estalló en cólera. Su ira creció cuando al día siguiente le reportaron que la periodista Carmen Aristegui lanzó al aire una pregunta a la Presidencia de la República para que respondiera si el presidente tenía o no problemas con el consumo de alcohol. La mecha se encendió.

Conocido de tiempo atrás por su ánimo explosivo, Calderón pidió la cabeza de la principal conductora de noticias de la empresa de medios MVS, que a pesar de emitir un comunicado con el argumento de que el despido se debió a una violación a su código de ética (la difusión de rumores), no pudo ocultar que fue presionada desde la residencia oficial de Los Pinos para que actuara como lo hizo, pues de otra manera estarían en peligro sus concesiones de radio y televisión.

El sábado 5 hubo una junta entre los dueños (la familia Vargas) y los directivos de la empresa para definir el destino de Aristegui. La decisión fue unánime: ordenar a la conductora de noticias disculparse públicamente o rescindir su contrato de inmediato.

La decisión, sin embargo, ya estaba tomada. Las presiones desde Los Pinos y los intereses de mantener el negocio se sobrepusieron al noticiero y Aristegui, entonces, salía sobrando. Así se lo anunciaron a Calderón ese mismo día.

La vocera de Presidencia, Alejandra de la Sota, quiso hacer un deslinde al asegurar que no habían interferido en lo absoluto para que MVS tomara la decisión que tomó.

Si embargo cayó en un desliz, pues aunque quisieron disfrazar la decisión como empresarial y ética, en realidad fue política y económica. “Es una decisión que tomó la empresa y nos la comunicaron una vez que fue tomada. Durante el fin de semana ejecutivos de MVS confirmaron su decisión de terminar el contrato laboral con Aristegui por haber incumplido el código de ética que había firmado con la empresa”, agregó.

De acuerdo con la periodista Lydia Cacho, el despido de Aristegui habría sido por negarse a leer al aire una carta de disculpa escrita directamente en Los Pinos, luego de que solicitó que contestaran si Felipe Calderón tenía o no problemas de alcoholismo.

El domingo 6 se conoció el destino de Aristegui a través de las redes sociales. De acuerdo con mensajes en Twitter de Lydia Cacho, integrantes del staff de Carmen Aristegui confirmaron esa noche la versión.

"Me confirma staff de #Aristegui. Presidencia exigió que Carmen leyera carta de disculpa a Calderón. Vargas se dobló, Carmen NO", escribió Cacho en Twitter.

"Hablé por teléfono con ellas: staff de #Aristegui. La carta de disculpa fue escrita en Los Pinos, Carmen no accedió a leerla al aire", agregó en otro mensaje.

El pecado de Aristegui fue reportar en su noticiero lo ocurrido en San Lázaro el jueves 3, cuando los diputados Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas y Mario Di Constanzo, entre otros, desplegaron una manta con el rostro descompuesto de Calderón y con la leyenda: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu automóvil? ¿Verdad que no? ¿Entonces por qué dejas que maneje tu país?”.

Al aire, la conductora simplemente dijo: “No es la primera vez que se habla de este tema, de un presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales, por ejemplo, pues en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia que no podemos corroborar (...)

“Debería realmente la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto. No hay nada de ofensivo –me parece– cuando alguien, si es que fuera el caso, atravesara por un problema de esta naturaleza (...)

“¿Tiene o no Felipe Calderón problemas de alcoholismo? Esto merece, insisto, una respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.”

El tema del presunto alcoholismo de Calderón ha permeado a los medios políticos desde que era coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, en el año 2000. Su afición, principalmente al tequila, fue reconocida en 2003, cuando pasó a ser secretario de Energía y era cliente asiduo al restaurante bar La Barraca Orca, que estaba enfrente de su oficina y donde, junto con su jefe de prensa, Maximiliano Cortazar, ya tenían una mesa especial con su nombre registrado en las sillas.

En 2006, principalmente en el cierre de campaña de Jalisco, y en ese mismo estado, cuando se festejó su triunfo, fue visto por la prensa en una situación etílica que le impedía dar un discurso.

En 2007, al cabo del primer año en el gobierno, la revista Contralínea documentó, a través del IFAI y de facturas, que la presidencia había hecho un gasto oneroso en la compra de botellas de alcohol.

En su edición 178 del 18 de abril de 2010, consignó lo siguiente: “De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la Oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.

“La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandy, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.

“El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos”.

La pregunta de Carmen Aristegui toma sentido si se consideran estos hechos y datos corroborables. No se trata de un rumor, sino de una preocupación fundada, sobre todo porque se trata del jefe del Ejecutivo.

Basta de sangre!

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 12 de enero (apro).- Apenas iniciado el año, durante la primera semana de 2011 había ya 57 muertos vinculados con el crimen organizado.

En diez años, el país ha sufrido su peor crisis de violencia, con más de mil enfrentamientos (uno diario), cerca de 40 mil muertos (9 mil con Vicente Fox y el resto con Felipe Calderón), 62 periodistas asesinados y 11 desaparecidos.

Ello sin contar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas 5 mil 397 personas desaparecidas en sólo siete estados, más de 8 mil muertos sin identificar, más de 10 mil huérfanos y 3 mil 326 menores que han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado.

La cuota de sangre que el país ha pagado sin deberla ha sido muy alta. De acuerdo con estimaciones de historiadores, en esta última década la guerra contra el narcotráfico ha costado más vidas que en las guerras de Independencia, de la Reforma y la invasión de Estados Unidos en 1847.

Los efectos sociales del desangramiento aún están por verse en el tiempo, porque si aún no cierra la herida social de la matanza de Tlatelolco en 1968, la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal en 1997, la provocada por los miles de inocentes que han muerto en esta guerra contra el narcotráfico tardará mucho más, dejando secuelas en la sociedad mexicana.

Durante estos años ha habido expresiones de inconformidad social, entre ellas un par de marchas en las que miles de personas exigieron al gobierno federal mayor seguridad. Sin embargo, en ninguna de ellas se expresó el grito de inconformidad y de demanda para detener las matanzas que hoy vivimos, y la violencia cotidiana que se expande imparable por todo el país.

A diferencia de otros países como Italia y Colombia, donde la sociedad no sólo ha demandado parar la violencia, sino que participa en la lucha contra el crimen organizado, en México los ciudadanos hemos sido incapaces de expresar nuestra molestia, nuestro enojo y nuestro rechazo a las políticas oficiales en las calles, en las plazas o en los lugares públicos.

La desmovilización social de los últimos años, quizá desde 1994, cuando miles salieron a la calle a detener la guerra en Chiapas, ha sido un grave problema, porque la política gubernamental se ha instrumentado de manera impune sin que haya una oposición de ningún grupo.

Así hemos visto pasar ante nuestros ojos la aplicación de políticas públicas que lastiman nuestros salarios, decisiones de cierre de empresas sociales que por años prestaron servicios invaluables, acciones que merman nuestra economía y nuestros derechos más sagrados como la justicia, el bienestar y la libertad de expresión. Muchas cosas que nos conciernen han sido impuestas sin que digamos algo.

La sociedad civil mexicana se ha pulverizado y atomizado con el paso de los años, y las organizaciones de derechos humanos que sobreviven son atacadas por autoridades, políticos, gobernantes y ahora por el crimen organizado, situándolas en una situación tan precaria que organismos internacionales como la ONU ha solicitado al gobierno federal medidas de protección.

Frente a tal desamparo es necesario reaccionar, dejar de ver como algo cotidiano que mueran decenas de personas en las múltiples batallas que hay en el país, o que haya bombazos y ejecuciones producto de decapitaciones, mutilaciones o personas quemadas en ácido.

Hay que dejar de tomar como natural la impunidad y la incapacidad de quienes están a cargo de las instituciones de justicia y de seguridad pública. Debemos rechazar como una verdad absoluta lo que nos dicen los conductores de las televisoras que están al servicio de sus propios intereses o de los intereses de unos cuantos.

Y al mismo tiempo actuar porque tal vez hoy, más que nunca, necesitamos expresar nuestro sentir frente a esta guerra que no tiene sentido, ante esta violencia que está generando más violencia y muertes. Exigir, pues, de manera organizada, que los gobiernos federal, estatales y municipales asuman sus funciones y no las dejen en manos del crimen organizado, que tiene en su poder tres cuartas partes de los municipios de todo el país.

Pero para ello primero hay que vencer el miedo, la apatía y recuperar la capacidad de asombro, además de transformar la inconformidad en acciones sociales organizadas.

La iniciativa de un buen grupo de moneros, cartonistas políticos de diversos medios, en el sentido de convocar a la gente, a otros medios y a las organizaciones sociales a sumarse a la protesta denominada “¡Basta de Sangre!” o “No + sangre” puede ser el primer paso que necesitamos para empezar a caminar el camino de la acción ciudadana, de recuperar los espacios perdidos en esta guerra y de mostrar que es en la sociedad organizada donde puede haber una esperanza de un cambio y un mejor futuro.

Proyecto de nación, no programa de televisión

José Gil Olmos


MÉXICO, DF, 5 de enero (apro).- Este año es clave para las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto. Las elecciones para gobernador del Estado de México son fundamentales para su proyecto político electoral, pero lo es más mantener el apoyo de Televisa, la cual es su verdadero soporte en sus planes de recuperar el poder para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al gobernador mexiquense, se le conoce más por aparecer en la pantalla de televisión, por su matrimonio con la actriz de telenovelas Angélica Rivero, que por sus ideas y proyectos de gobierno.

Si no tuviera el apoyo de Televisa, que ya lo tiene como “una estrella más del Canal de las Estrellas”, Peña Nieto pasaría completamente desapercibido pues no se caracteriza ni por sus ideas ni por sus cualidades políticas.

Desde que empezó su gobierno, Peña Nieto basó sus acciones en los programas de promoción que Televisa le diseñó para crearle una imagen de político joven y atractivo pero sin propuestas.

Se transformó en un personaje importante dentro de la llamada “telecracia”, que no es otra cosa que la concepción de que vale más aparecer en la televisión con una imagen creada que hacer propuestas de gobierno. Esto es, “salgo en la tele, luego existo”.

La “telecracia” es la conquista del poder por parte de los medios de comunicación, principalmente de las televisoras. En la “telecracia” no importan las ideas, sino las imágenes; mientras que la democracia está concebida a través de las encuestas y del raiting para el cual viven los actores, locutores, conductores de noticias y los políticos hechos a la imagen y semejanza de un actor de telenovela o de una serie de suspenso.

Peña Nieto está inserto de manera completa en la “telecracia” y no se le concibe fuera de ella. Y este es su principal problema, porque el país no necesita de un programa de televisión, sino de un proyecto de nación.

El poder político de Televisa se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Tanto que hay un enorme contraste entre las palabras de Emilio El Tigre Azcárraga y su cachorro Emilio Jean. De ser los “soldados del PRI”, este último lo actualizó al señalar que “la democracia es un buen negocio”.

No se descarta que de llegar Peña Nieto a la Presidencia en las elecciones del 2012, el poder de la empresa televisiva se acrecentará de manera inconmensurable y las soluciones de los problemas del país, como la inseguridad, el crimen organizado y el desempleo, entre muchos otros, pasarían por el tamiz de la red de intereses de Televisa.

Como empresa, Televisa estaría interesada en hacer negocios aprovechando la posición privilegiada que tendría con su estrella en la Presidencia y se cobraría con creces el trabajo que hizo y por el que recibió millones de pesos durante cinco años seguidos que duró la estrategia de posicionamiento de la figura de Peña Nieto.

El gobierno sería más mediático y virtual que real, y el país lo que menos requiere es eso.

Falta tiempo aún para que se decida quién será el candidato del PRI a la Presidencia, y en el camino, Peña Nieto, como le ocurrió a su tío Arturo Montiel, podría perder la inversión hecha en Televisa, porque para esta empresa sólo representa un buen negocio y, por lo tanto, es desechable.

La reconstitución institucional del país no pasa por la tecnocracia, no puede realizarse como si fuera un programa de televisión, tampoco requiere de políticos hechos de imágenes sino de acciones y programas.

Peña Nieto tiene la hechura de la tecnocracia y ello, en estos momentos, es lo más dañino que podría pasarle al país, tener a un presidente más preocupado por mantener su imagen que por resolver los problemas estructurales.

Corte de caja

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 22 de diciembre (apro).- Los últimos días de este año han sido una muestra de lo que el país ha resentido en las dos últimas administraciones: una incapacidad de gobernar preocupante que tiene como saldo más de 30 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico, miles de desaparecidos y una impunidad reinante que privilegia a quines cometen crímenes tan escandalosos como el cometido contra Marisela Escobedo, en Chihuahua.

La impudicia con la que vienen actuando los distintos grupos del crimen organizado en todo el país sólo refleja la incapacidad con la que el gobierno de Felipe Calderón, y los gobernadores y ediles de todo el país vienen actuando. Igualmente refleja que el poder de la delincuencia ha rebasado, por mucho, a todas las instituciones, al grado de convertirse en verdaderos grupos de poder cuyas acciones inciden en las decisiones del Estado.

La noche del jueves pasado Marisela Escobedo fue ejecutada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Durante años Marisela había buscado que se castigara al asesino de su hija Rubí Marisol, Sergio Rafael Barraza, a quien no sólo había identificado, sino que, incluso, logró que lo detuvieran y llevaran a un juicio en el que fue liberado por los encargados de impartir justicia.

Marisela sufrió un doble embate: la desilusión y rabia que le provocaron los jueces y el gobernador César Duarte, que no la escucharon para que el asesino de su hija fuera castigado con todo el peso de la ley; y el de la impunidad con la que dejaron que el mismo asesino llegara hasta su camioneta convertida en su refugio, la correteara y la ejecutara frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

El país aún no salía del azoro que provocó este caso de injusticia e impunidad cuando en San Martín Texmelucan, Puebla, explotó un oleoducto de combustible de Pemex que era ordeñado por saqueadores y ocasionó el siniestro que costó la vida de 29 personas, 52 heridos y daños a decenas de propiedades en un rango de 50 hectáreas.

El crimen organizado ha encontrado en la extracción ilegal de combustible un negocio millonario. Es tanto el poder de Los Zetas que ni el Ejército ha podido impedir que extraigan combustible de la Cuenca de Burgos y lo vendan en Tamaulipas y Veracruz.

La existencia de una enorme cantidad de tomas clandestinas de gasolina de los oleoductos de Pemex en todo el país, no se puede explicar sin la participación de funcionarios y trabajadores de la paraestatal, quines reciben mucho dinero por solapar a quienes durante décadas la han saqueado.

Según cifras de la paraestatal las ganancias generadas por este negocio ilegal podrían superar los 20 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón. Sólo en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos, ha reconocido Pemex en el boletín 149/2009, en cual señala que de esa cifra “3 mil 500 millones correspondieron a condensados, que se obtienen con la extracción de gas natural no asociado, y 5 mil 800 millones al robo de petrolíferos (gasolinas, diesel y turbosina), mediante tomas ilícitas en la red nacional de ductos”.

Fue en una de estas tomas clandestinas donde se originó la fuga de combustible que posteriormente se incendió afectando, además, al río Atoyac, una de las afluencias acuíferas más importantes de la zona.

Hasta el momento el gobierno federal no ha logrado detener este negocio del cual se aprovechan grupos del crimen organizado, funcionarios y trabajadores sindicalizados de Pemex.

Pero estos dos hechos que cobraron vidas y que pudieron haberse evitado con acciones de gobierno efectivas, fueron opacadas por un show mediático que fue diseñado desde Televisa y el gobierno federal: la liberación de Diego Fernández de Cevallos.

La liberación del panista no pudo ser más oportuna para el gobierno federal. Con ropa deportiva, la barba blanca crecida y su clásica actitud prepotente y soberbia Fernández de Cevallos apareció en su residencia de lujo afirmando que había sido liberado horas antes, como lo anuncio en exclusiva el principal conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga.

Los telones de abrieron y el panista se presentó ante las cámaras de televisión, los micrófonos de radio y las grabadores de la prensa escrita. Desfiló por los principales programas afines a su causa y atrajo la atención de la opinión pública.

El ánimo con el que se presentó causo sospechas, pues no era el de una persona que estuvo secuestrada 220 días, desde el pasado 14 de mayo. Los comunicados de sus plagiarios reivindicando una causa social tampoco convencieron. Sin embargo, el jefe panista dio muestras de su poder; y sin que la PGR interviniera logró su libertad con la ayuda de sus amigos empresarios, obispos, cardenales, banqueros, legisladores y expresidentes de la República.

Ofreció una señal más de la impunidad, la corrupción y la ineficacia con la que el país sigue siendo gobernado y que al final del año sólo deja una sensación de fragilidad en toda la sociedad.

Ustedes me diràn lo que quieran y aduciràn cualquier cosa pero siempre que se destapa un caso de corrupciòn en el PRD , hay consecuencias , pero va màs allà , tambièn las hay cuando se trata simplemente de negligencia , y me refiero a que cuando se trata de un escàndalo dentro del PRD , las consecuencias van desde despidos hasta la mismisima càrcel y ahì tenemos al anteriro secretario de finanzas del gobierno de AMLO a quien le pintaron un 4 y lo filmaron apostando en las vegas , èl , actualmente purga una sentencia de 8 años . No asì cuando se trata de escàndalos dentro de gobiernos PANISTAS y PRIISTAS , que por cierto en estos casos a veces se incluyen asesinatos , ellos veràn como le hacen , pero por ningùn motivo permiten que algun correligionario pise la càrcel , vaya ni siquiera que vaya a juicio , ¿ ejemplos? uta , tenemos un chingo , no me alcansarìa este espacio para mencionarlos .

Ahora bien , ¿recuerdan que AMLO fuè desaforado por intentar abrir una calle para comunicar un hospital ...........

Lean por favor :

El legado de Ulises

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz dice en la televisión que fue un orgullo ser gobernador de Oaxaca en los últimos seis años, y que, a pesar de que algunos grupos quisieron deponerlo, sus gobernados lo impidieron. “Pronto nos veremos”, afirma al final de su mensaje, dejando ver que seguirá actuando en la política con nuevos espacios de poder.

El cinismo ha sido una de las características que Ulises Ruiz ha mostrado desde joven, cuando era el operador electoral más avezado del equipo de Roberto Madrazo y de César Augusto Santiago. Desde mediados de los noventa ya se distinguía por ufanarse de saber cómo realizar un fraude electoral sin que hubiera réplicas de la oposición; con esas credenciales llegó a gobernar Oaxaca en 2004, dejando tras de sí una estela de violaciones a los derechos humanos, muertes, represión, impunidad y corrupción como ninguno otro de los gobernadores de esta entidad.

En la edición más reciente de la revista Proceso (número 1776) el corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías, da cuenta de la larga lista negra que Ulises Ruiz dejará al nuevo gobernador, Gabino Cué, quien tiene ante sí la responsabilidad de dar una respuesta firme a las peticiones de justicia que los oaxaqueños han lanzado desde que el pasado 4 de julio perdiera el PRI las elecciones, por primera vez en 80 años de gobierno ininterrumpido.

Las cifras que aparecen en el historial negro de Ulises son una expresión del terror con el que gobernó y que con todo cinismo pretende hacer una virtud dentro del PRI: 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas; más de 600 detenciones, 380 casos de tortura, siete desapariciones forzadas, secuestros, cuatro periodistas asesinados.

En el reportaje se señala que también permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron y 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.

El saldo negativo del gobierno de Ulises Ruiz no esta sólo en la parte social y de derechos humanos, también en las finanzas que han sido manejadas con dolo a favor de su familia y sus amigos.

Recientemente, a mediados de septiembre, fueron detenidos Daniel García Teurel Ortega y Martha Ortega Habib, hermana y sobrino del secretario de Finanzas del estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos no pudieron explicar el origen de mil millones de pesos que tenían en sus manos.

El monto fue más de lo que reportó la Procuraduría General de la República. Según los legisladores del PAN y PRD en el Congreso de Oaxaca, en realidad se investigaban 4 mil 800 millones de pesos que fueron detectados en las cuentas bancarias de los familiares de Ortega Habib.

Desde el inicio, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha estado salpicado por este tipo de escándalos financieros. Habría que recordar el reportaje publicado en Proceso por la reportera Patricia Dávila sobre el hospital privado SEDNA con un costo de mil 500 millones de pesos instalado en la Ciudad de México sin que haya claridad en el origen de los recursos utilizados. Dicho hospital está a nombre María de Lourdes Salinas Ortiz, esposa de Ulises Ruiz.

También los gastos erogados en la reconstrucción del Zócalo de la capital oaxaqueña a una constructora de su propia familia; igualmente los mil millones que gastó en la Ciudad Judicial, 11 millones 400 mil pesos que destinó a pueblos que integran la Ruta Dominica y 6 mil millones que deja como deuda pública por la firma de Contratos de Servicios de Largo Plazo, mejor conocidos como PPS.

Paradójicamente mientras hizo esos gastos extraordinarios sin ofrecer un reporte claro, Ulises Ruiz privó al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de más de 44 millones de pesos de recursos federales, lo cual generó un colapso financiero en la capital del estado, al grado de no tener ni para pagar el alumbrado público.

En sus últimos días Ulises Ruiz se ha dedicado a difundir una serie de mensajes como despedida de su gestión de seis años. En uno de ellos, acusa la existencia de “grupos” que tenían paralizado al estado pero que gracias a su gobierno, esto se superó y ahora Oaxaca está listo para seguir creciendo en paz; en otro anuncia que “pronto nos veremos”.

Esto es, quizá, lo que muchas organizaciones y personas lastimadas por su gobierno espera, pero verlo pronto ante tribunales judiciales, a fin de que responsa a todos y cada uno de los agravios. Si, pronto nos veremos, pero para ajustar cuentas con la justicia.

Tamaulipas, sin ley

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 22 de septiembre (apro).- La semana santa pasada algunos de los habitantes de Ciudad Mante vivieron una situación inédita. Por dos días seguidos Los Zetas se apropiaron de la ciudad, regalaron dinero, despensas y, por si fuera poco, ofrecieron sus servicios de protección, con la promesa de que pelearían por lo justo contra el cártel del Golfo (CDG): su plaza en Tamaulipas.

En camionetas con la letra “Z” grabada de manera profesional en una de las puertas, los miembros de ese grupo del crimen organizado transitaron durante dos días completos por toda la ciudad, sin que nadie les marcara un alto. Ni la policía ni el Ejército, que supuestamente vigila de manera permanente el estado de Tamaulipas, hicieron acto de presencia, mientras Los Zetas iban y venían de un lado a otro en plena campaña de promoción de imagen.

Los convoyes con las poderosas camionetas repletas de hombres fuertemente armados se metieron por las colonias populares para acercarse a la gente. Se dividieron en grupos para abarcar todo y repartir lo que traían.

Algunos de ellos traían dinero en efectivo y distribuyeron a manos llenas billetes de 200 y 500 pesos a la gente más pobre que se les acercaba y que tomaba el dinero entre sus manos mientras escuchaban lo que les decían Los Zetas: “nosotros no secuestramos, no matamos ni decapitamos, son los del cártel del Golfo, por eso vinimos a protegerlos”.

Otro grupo comenzó a repartir bolsas con una despensa básica: arroz, frijoles, aceite, azúcar, etcétera., que daban a las familias que salían de sus casas. Los hombres armados decían que ellos no habían empezado la guerra, sino los del cártel del Golfo o “chapitos”, quienes, afirmaron, quieren apropiarse del estado.

Algunos otros miembros del grupo de Los Zetas llevaban consigo grandes cantidades de flores, que ofrecían a la gente junto con el dinero o las despensas, insistiendo en su mensaje de “grupo defensor” de los tamaulipecos.

Las hojas que repartieron tenían un mensaje de declaración de guerra, misma que inició desde febrero o marzo pasados, cuando el cártel del Golfo y La Familia Michoacana, así como el cártel de Sinaloa, unieron sus fuerzas para combatir a Los Zetas y sacarlos de Tamaulipas a punta de balazos.

“Nosotros Los Zetas les recordamos que antes de que ellos llegaran éste era un pueblo tranquilo y los del CDG han venido a sembrar el terror amenazando primeramente a gente inocente en la plaza principal, golpeando a comerciantes y robándoles toda su mercancía.

“Estas personas sin escrúpulos que dicen ser buenos y que vienen a limpiar a Mante, se han aliado a varios cárteles para poder tener el valor de hacernos frente, sólo que en su dizque ‘lucha’ han matado gente inocente; las personas tienen miedo salir a trabajar, los niños de ir a la escuela y los jóvenes no pueden ir a divertirse.

“Este pueblo está muriendo a causa del terror que infunden los CDG. No es justo para ustedes que están ajenos a nuestros negocios, por eso vamos a defender esa paz con Z que se tenía en Mante; dénnos la oportunidad de trabajar para devolver a Ciudad Mante su tranquilidad. Ustedes ya nos conocen, somos gente que los va a cuidar, por eso ayúdennos reportándonos al número XXXXXXXX cualquier convoy de carros o personas relacionadas al CDG. Por favor eviten hacer bromas o consideraremos que están de su parte.

“Este mensaje también va para todos aquellos que están sembrando pánico en internet; nadie nos ha corrido, aquí seguimos y defenderemos lo justo, tenemos tiempo aquí en Mante y sabemos quién es quién, cuídense aquellos que andan mal, que a los inocentes no se les molestará para nada. Atte. ‘Z’”.

Después de realizar su acto de campaña, quizá inédito en la historia del país, Los Zetas se retiraron como llegaron: sin ser tocados por ninguna de las autoridades municipales, estatales o federales.

El cártel del Golfo, por su parte, también realizó una estrategia mediática distribuyendo panfletos u hojas simples en las que acusaba a Los Zetas de haber provocado el clima de violencia en Tamaulipas.

La situación en esta entidad se ha tornado cada vez más difícil para sus habitantes, porque a diferencia de otros estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa o Sonora, en Tamaulipas se vive una situación tan violenta que no pueden vivir tranquilamente en ninguna parte del estado.

La entidad tiene una vieja historia en el trafico de enervantes --primero fueron el tabaco y alcohol, después la mariguana y ahora las drogas duras--, pero nunca nadie se había apropiado del estado estableciendo su propia ley.

En mayo pasado, José Mario Guajardo Valera, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Valle Hermoso, fue asesinado, y a mediados de junio el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno estatal, Rodolfo Torre Cantú, murió acribillado en la carretera Soto La Marina.

Después vino el escándalo internacional en el municipio tamaulipeco de San Fernando, donde elementos de la Marina encontraron 72 cadáveres que presuntamente pertenecían a inmigrantes indocumentados asesinados por Los Zetas.

Tamaulipas, pues, es un estado donde la ley está en entredicho. Los grupos del crimen organizado han hecho de sus pueblos y ciudades territorios delimitados a punta de balazos. Si en alguna ocasión se pusieron en duda y hasta se criticaron las apreciaciones de funcionarios norteamericanos de que en algunas zonas de México se vive un “estado fallido” por los grupos criminales con características de “insurgencia”, lamentablemente en Tamaulipas se comprueban.

Yo le ruego a todos los cielos que la gente reaccione , que no se vayan a ir una vez màs con la finta , que no se traguen la novelita que televisa les ha preparado para burlarse de ustedes de nueva cuenta . La telenovela Jimy Neutròn - La Gabiota , es una farza màs del PRI con la complicidad criminal de televisa .

Yo tambièn los invito a que hagan el mismo ejercicio que Josè Gil Olmos : imaginense por un momento a Peña Nieto como presidente de este paìs ; olvidense ya de la fribolidad que representa Angelica Rivera en todo esto , mejor piensen en quienes estarìan atras de Peña Nieto moviendo los hilos de cuanta desiciòn tomara este ùltimo ; entre otros y en primerisimo lugar Carlos Salinas de Gortari , no muy detras Arturo Montiel .

¿ Queremos otro Luis Echeverrìa ? su abogado està sacando a la luz pùblica todas las propiedades que el expresidente posee ya que no le han pagado sus honararios por màs de 10 millones de pesos : para empezar tiene una propiedad en alguna ciudad turistica con un valor de 130 millones de dolares . Por si esto no fuera gritesco e insultante , por decir lo menos , el susodicho abogado ha revelado que este sr. posse una inmobiliaria exclusivamente para administrar sus propiedades , ya que son tantas que de otra manera no serìa posible .

¿Verdad que no queremos otro Luis Echeverria ni otro Lòpez Portillo ni otro Carlos Salinas ? entonces reaccionemos y no permitamos que ni Peña Nieto ni quien postule el PAN vuelvan a gobernarnos . Este paìs necesita un cambio , pero un cambio verdadero , nos urge empezar a reconstruir a Mèxico desde abajo y el ùnico que lo ha planteado es Andrès Manuel Lòpez Obrador , todos los demàs son puros pàjaros nalgones , padrotes de la politica que se venden al mejor postor y , no , no excluyo al PRD secuestrado por los chuchos con la ayuda de Calderòn .

Televisa y Peña Nieto

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 8 de septiembre (apro).- ¿Usted se imagina cómo sería Enrique Peña Nieto como presidente? ¿Cree que haría bien su papel al frente del Ejecutivo federal? ¿Gobernaría con acciones o con programas de televisión? ¿Se imagina a la “La Paloma” como primera dama? ¿Qué cree que harían ambos personajes en Los Pinos? ¿Sería un gobierno de facto? ¿O piensa que las televisoras, sobre todo Televisa, serían las que realmente gobernarían en México?

Estas preguntas me surgieron a raíz de la enorme y grosera campaña de publicidad que el gobernador del Estado de México desplegó en los medios de comunicación con motivo de su quinto informe de gobierno, en especial por la imagen que quiere proyectar en algunos spots en los que aparece en mangas de camisa, arriba de una camioneta, diciendo lo que para él significa gobernar: “escuchar a los ciudadanos”.

¿De dónde sacará tanto dinero Peña Nieto para pagar los millones de dólares que representa una campaña publicitaria como la que ha desplegado en Televisa durante los últimos cuatro años, y en otros medios, incluso los impresos, desde el año pasado?

Si el dinero es del erario público de los mexiquenses, está obligado a rendir cuentas y ofrecer transparencia para decirles cuántos pesos y centavos ha gastado en los contratos establecidos con Televisa y otros medios. Si no es así, pues entonces que diga si es producto de donaciones, o de negocios que ha hecho para cubrir el enorme gasto que ningún gobernante en el mundo ha hecho en una inversión de marketing político, como él sí lo hace, sin preocuparse en echar la casa por la ventana con la única intención de fortalecer su imagen.

Y precisamente cuidando su imagen todo el tiempo, así me imagino a Peña Nieto como presidente. Me los figuro a él y a Angélica Rivera todas las mañanas, maquillándose, arreglándose el pelo, el copete o la forma, y estudiando poses antes de salir de sus habitaciones rumbo a la oficina presidencial, para tomar decisiones que incidirán a todos los mexicanos.

Los Pinos se transformarían virtualmente en un set de televisión. De hecho, creo que el Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) de la Presidencia de la República desaparecería y todo quedaría en manos de un nuevo centro de imagen, obviamente a manos de Televisa.

Me imagino también a Peña Nieto tratando de resolver la manera en cómo se ve el país, más no las causas. Es decir, tratando de encontrar la forma sin resolver el contenido, algo así como lo ha hecho en el Estado de México, donde con la construcción del segundo piso del Periférico quiere aparentar que es un político moderno y que toma decisiones que benefician a sus gobernados.

Creo que sería un gobierno de apariencias porque, hasta ahora, es lo único que ha mostrado que sabe hacer: jugar con las apariencias y ser un buen producto, maleable, de la televisión.

Las escenografías serían lo más importante para el sobrino de Alfredo del Mazo y Arturo Montiel. Y estoy casi seguro que en sus giras presidenciales habría un equipo preocupado por montar una escenografía a modo para que se luciera.

Sería como en aquel cuento de Gabriel García Márquez, en el que narra cómo cada vez que salía a un pueblo pobre, un político latinoamericano montaba una bella escenografía que ocultaba la miseria del lugar, donde luego se quedaban las falsas imágenes con paisajes paradisíacos sin que nadie se preocupara por desmontarlas.

Tal vez alguien que lea estas líneas critique lo que se dice, pero yo le preguntaría si alguna vez ha escuchado de Peña Nieto una idea brillante que haya quedado plasmada en su memoria y que ofrezca claridad para enfrentar la grave situación de crisis y violencia que vivimos la mayor parte de los mexicanos.

Si hay alguna, creo que sería bueno que la compartiera con todos los demás, porque hasta donde tengo memoria, en cinco años de gobierno sólo lo he visto lucir su peinado, sus trajes y chamarras, su sonrisa de artista de telenovela y sus finas formas de posar ante las cámaras de televisión.

De llegar a la residencia oficial, creo que lo primero que haría sería abrirle las puertas no a los grupos sociales, ni a los ninis, ni a los indígenas y campesinos, sino a las revistas del corazón y de espectáculos, donde le gusta aparecer frecuentemente con su familia y su pareja, “La Paloma”. Peña Nieto sería como Martha Sahún, que estaba fascinada con salir en las revistas Hola, Quién, Vanidades, etc., y ser aceptado por el jet set nacional.

En la lucha contra el crimen organizado establecería una estrategia nueva, basada principalmente en formar una percepción de que se va ganando. Algo similar a lo que pretende Felipe Calderón.

En fin, me imagino que, de convertirse en Presidente, todas las mañanas Peña Nieto estaría más ocupado por el raiting, por saber el porcentaje de aceptación que tiene, que por los asuntos de interés nacional. Después de eso iniciaría su día de trabajo con el copete bien peinado y una imagen impecable para salir reluciente en la televisión.

Espías y ladrones

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 23 de junio (apro).- A veces, más de las que uno quisiera, la política mexicana se convierte en un juego absurdo en el que ya no se sabe quién es quién, o si lo que hacen los protagonistas es legal o ilegal.

En esta juerga de papeles, todos se espían y todos se acusan de ladrones. Priistas contra panistas y perredistas se han trabado en una guerra de lodo y se han dicho de todo en los últimos días. Es, como ya se conoce en algunos lugares, una guerra sucia entre mapaches y tejones.

Cuando el PRI estaba en el poder no había duda de quién era el mapache y quién realizaba la práctica del espionaje, pero cuando en el 2000 perdió la Presidencia de la República, muchos personajes organizaron sus propios centros de inteligencia, sabiendo la importancia de tener información de primera mano.

Paradójicamente, el nuevo gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desmanteló la estructura del Centro de Investigación Nacional (Cisen) a lo largo de todo su gobierno, hasta que Felipe Calderón la retomó, poniendo al frente a Guillermo Valdés Castellanos, el mismo que fue director de la encuestadora GEA- ISA, la primera que dio a conocer la ventaja del entonces candidato Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de 2006.

Al desmantelarse el Cisen en la administración foxista, algunos de los grupos políticos aprovecharon la fuga de personal y de información para instalar sus propios centros de inteligencia, que en realidad fueron de espionaje.

De esta manera, lo que era una función única y exclusiva del Estado –la labor de inteligencia que incluye la obtención de información– comenzó a ser realizada por los principales grupos políticos del estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Distrito Federal. Lo mismo hicieron personajes como Elba Esther Gordillo, Carlos Slim y Lorenzo Zambrano. Estos últimos contrataron para sus servicios a los exdirectores del Cisen: al almirante Wilfrido Robledo Madrid y a Jorge Tello Peón.

En los últimos años hemos visto cómo han operado estos centros de espionaje en el mundo político. En pleno Zócalo capitalino, al culminar la campaña de 2006, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas grabaciones telefónicas en las que se escuchaba a Elba Esther Gordillo negociar el voto a favor de Calderón.

Nunca se dijo de dónde habían salido dichas grabaciones, pero tiempo después se conoció que su entonces secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard, había instalado un centro de operaciones conocido como “El Taller”, con oficinas en avenida Reforma, en la cuales se realizaban labores de inteligencia.

Otro ejemplo del uso del espionaje político fue el caso de las conversaciones del gobernador Mario Marín con el empresario Kamel Nacif, o las de Raúl y Adriana Salinas de Gortari discutiendo sobre el dinero depositado en Suiza, o las de Luis Téllez acusando precisamente al presidente Carlos Salinas de Gortari de quedarse con el dinero de la caja chica de la Presidencia de la República.

Varios centros de espionaje han sido desactivados en estos años. Uno de ellos estaba a unas cuadras de la residencial oficial de Los Pinos, y se descubrió que espiaban a Vicente Fox. Otro más fue revelado en el Estado de México, y uno más reciente en Cancún, Quintana Roo.

Apenas en marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa sobre una red de espionaje telefónico, presuntamente vinculada al gobierno de Oaxaca. Se encontró que se espiaba a opositores del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos a Juan Díaz Pimentel, expresidente del Congreso del estado y del PRI de Oaxaca, así como al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Raúl Bolaños Cacho, ambos simpatizantes de Gabino Cué.

Ahora, en vísperas de las elecciones del 4 de julio, se han dado a conocer nuevas grabaciones, en las que se denota con claridad el apoyo que los gobernadores de Puebla, Veracruz y Oaxaca, Mario Marín, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, respectivamente, proporcionan a sus respectivos candidatos.

En este nuevo juego de espías y ladrones, todos están implicados, incluidos los medios que difunden las filtraciones con un afán meramente periodístico.

Y este es un rasgo más del proceso de descomposición que sufre la política mexicana desde hace décadas, misma que adolece de corrupción, traiciones, asesinatos, vínculos con el crimen organizado e impunidad.

Esta práctica del espionaje político seguirá suelta mientras los propios partidos políticos no hagan algo para sujetarla, y es posible que no lo hagan porque nadie se pone la soga al cuello.

El uso político del espionaje, lo mismo lo hace el gobierno federal que los demás grupos de poder. Y es por esto que muy probablemente, en el camino hacia las elecciones entrantes, veamos o escuchemos nuevas grabaciones de vida política y privada de los principales personajes, provocando el enconamiento que precede a la violencia social.

Y de eso, todos los actores políticos, incluidos los medios, serán responsables.

El hijo pródigo de Atlacomulco

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 21 de abril (apro).- Más allá del espectáculo que para muchos medios ha representado el caso de Paulette Gebara Farah, la muerte de la niña ha mostrado, una vez más, las serias deficiencias que Enrique Peña Nieto tiene como gobernador y que no ha podido tapar con la millonaria campaña que ha pagado a Televisa, desde que empezó su administración, para llegar a la presidencia en 2012.

Y no es ésta la primera vez que Peña Nieto refleja su incapacidad como gobernador. No hace mucho, en febrero pasado, el municipio de Chalco se inundó por las aguas negras del canal de desagüe, afectando 500 casas de familias pobres. El gobernador mexiquense, quien pretende ser presidente de la República, tardó días en atender el problema, y cuando los hizo fue sólo para dar paliativos.

Algo similar ocurrió meses antes en el fraccionamiento residencial Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, que también sufrió una inundación, sin que hubiera una reacción inmediata del gobernador.

Son muchas las muestras de incapacidad de Peña Nieto como gobernante, pues ha dejado tras de si una serie de casos y problemas que no ha resuelto o les ha dado soluciones temporales.

De memoria podríamos citar las lagunas que quedaron con el caso de la muerte de su esposa Mónica Pretelini, quien no recibió a tiempo ni con urgencia la atención médica, pues fue llevada al hospital ABC en ambulancia terrestre, cuando ya nada se podía hacer para salvarla. Queda la duda de por qué no la llevo inmediatamente en el helicóptero en el que Peña Nieto viaja regularmente hasta de noche, y también por qué ordenó la incineración inmediata.

Otro caso igualmente escandaloso fue el de su antecesor Arturo Montiel, de quien se descubrieron malos manejos de los recursos públicos, mientras que sus hijos y a su exesposa Maude Vercini heredaron propiedades lujosas en México y Francia. El gobierno de Peña Nieto sólo tapó las pruebas que inculpaban a Montiel y su familia, haciendo lujo de la impunidad.

Un ejemplo más fue el asesinato de Enrique Salinas, en diciembre de 2004. Hasta el momento no se sabe quiénes lo asesinaron, y menos los motivos. Basta recordar que el cuerpo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue encontrado dentro de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Lomas de Anáhuac, Estado de México, con varios disparos de arma de fuego.

La cabeza de Enrique Salinas tenía una bolsa de plástico, pero no murió de asfixia. Al cabo de dos años de investigación se pretendió dar como causa de muerte la extorsión de dos policías, pero fue desechada y el asesinato sigue impune hasta el momento.

Otros casos con un sello de impunidad son los de las mujeres asesinadas en el Estado de México, entidad que tiene el registro más alto de feminicidios en todo el país.

Según datos de 2009 del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 529 mujeres y niñas fueron asesinadas en ocho estados de la República. De éstos, 173 fueron cometidos en el Estado de México, 93 en Baja California, 69 en Sinaloa, 63 en Tamaulipas, 57 en Jalisco, 38 en Nuevo León, 33 en Morelos y tres en Zacatecas.

De enero de 2007 a diciembre de 2009, el organismo documentó 2 mil 15 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de la República mexicana. Destaca el Estado de México, con 556, seguido por el Distrito Federal, con 235 casos; Sinaloa, con 179; Jalisco, 164, y Chihuahua, con 157 casos en el mismo periodo.

A pesar del crecimiento de este fenómeno, en lo que va del gobierno de Peña Nieto no se ha hecho nada para detenerlo, y la impunidad y la violencia contra las mujeres en la entidad parece no tener fin.

La campaña mediática que ha pagado a Televisa desde que fue elegido como gobernador, no logra tapar todos estos problemas que Peña Nieto trae encima sin resolverlos.

Ni se diga del caos del transporte público en toda la entidad, o de la corrupción de la policía, o bien de las obras viales de relumbrón que ha hecho, como el segundo piso en el Periférico, que en nada ha resuelto la vialidad.

En cualquier otro estado o en el Distrito Federal, un caso como el de la muerte de Paulette hubiera puesto en el filo de la renuncia a quienes gobiernan. Pero a Peña Nieto nadie lo toca, menos las dos grandes televisoras que, en lugar de señalar a los responsables, han hecho de este caso una pésima telenovela.

Cada vez que aparece en los canales de Televisa y TV Azteca, el gobernador mexiquense opina o anuncia su boda desde el Vaticano, luciéndose con la artista Angélica Rivera, en una pésima versión de la pareja francesa Nicolás Sarkozy y Carla Bruni.

Así, pues, las cartas de Peña Nieto como gobernante no son las mejores, a pesar de la millonaria propaganda y publicidad desplegada en los medios. Habría que verlo en un debate de ideas para saber qué dice, cómo define su proyecto político y cómo piensa enfrentar los múltiples retos que tiene el país y que con el paso del tiempo se agravan.

Hay que ver de qué madera esta hecho el hijo pródigo del grupo Atlacomulco, porque lo que ha mostrado hasta el momento deja mucho que desear y mucho que decir.

¿De verdad los mexicanos seremos tan ciegos como para votar por Peña Nieto en el 2012? si es así de plano yo me suicido .

La prensa mexicana frente al narco

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.

En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.

En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.

Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.

Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.

Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.

En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.

Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.

A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.

Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.

Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.

En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.

La molestia del gobierno es que se evidencio su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.

En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.

Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.

Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.