04/11/2010


Terror e imperio



John Saxe-Fernández


“Le pagamos a mexicanos para que maten a mexicanos y esta carnicería no afecta ni el suministro de drogas ni los precios”. Éste es el meollo del programa “antidrogas” o “contra el crimen organizado” auspiciado por Estados Unidos bajo la “Iniciativa Mérida” (IM) en México y Centroamérica, según Charles Bowden y Molly Molloy, en un nítido estudio sobre “Quién está detrás de las 25 mil muertes en México?” (The Nation, 23/VII/2010). Con una factura de 1.4 mil millones de dólares, la IM, igual que el Plan Colombia (PC) es un diseño castrense, paramilitar y mercenario, de invasión y ocupación que incluye, de manera ostensible, el control estadunidense de las políticas de seguridad del “Estado-cliente” sobre su jurisdicción territorial, muestra notable de las continuidades entre demócratas y republicanos.

Iniciado por Bill Clinton, el PC se orientó, por medio del terror castrense y paramilitar: 1) al brutal desalojo de campesinos y pequeños y medianos propietarios, de vastos y fértiles territorios ricos en recursos naturales, a favor de latifundistas, agrobusiness y empresas forestales, carboníferas, mineras, petroleras; y 2) a fragilizar el Estado-nación, encargándole el trabajo sucio, bajo supervisión de Estados Unidos, acentuando su dependencia de los instrumentos de proyección y dominio: los Comandos Sur y Norte del Pentágono, la CIA-DEA y el FMI-Banco Mundial/BID. Subrogados a la Casa Blanca por medio del Departamento del Tesoro, estos últimos inducen la privatización/extranjerización de entes públicos, universidades y patrimonio nacional.

Junto a diseños de integración comercial y de inversión, tipo ALCA, Clinton y Bush II ampliaron el PC a las naciones andinas y desde 2007, bajo la IM, a México y Centroamérica. Como es natural el clima de terror y los resultados son semejantes: el jesuita Javier Giraldo calcula que entre 1988 y 1995 más de 60 mil colombianos fueron asesinados, la mayoría a manos del ejército y de cuerpos para-militares o escuadrones de la muerte que operan bajo dirección estatal. Al inicio de 2010 en la aldea La Macarena se descubrió una tumba colectiva, reminiscencia de la era nazi, con al menos 2 mil cadáveres que, según fuentes locales, el ejército acumuló desde 2005. Ahora, dice Giraldo, el procurador general investiga 150 mil “asesinatos extrajudiciales por paramilitares, de 1980 a la fecha”.

A cuatro años de que Calderón lanzara el ejército a la calle en la “guerra antinarco”, en México la estela de muerte (que a decir del encargado del Comando Norte “es la guerra no-convencional” apoyada por la IM, donde “el enemigo está entre los civiles”), es de 30 mil bajas y los crímenes de lesa humanidad van dejando su huella mortal: a mediados de 2010 se descubrió un depósito de 51 cadáveres cerca de Monterrey, mientras, a semejanza de Iraq y Afganistán, se aterroriza a toda la nación y sus morgues se abarrotan con una cauda diaria de muertos, 90 por ciento de los cuales Calderón vincula al narco, aunque, como recuerdan Bowden y Molloy, según el procurador general de la República, en informe confidencial al Senado, “sólo 5 por ciento han sido investigados”, así que nadie sabe “quiénes están siendo ejecutados, quién los está matando y por qué se asesina a la gente”. Se ostenta una fuerza destructora que intimida y aterroriza, lanzando a la población el mensaje del Estado fallido: “no hay Estado que los proteja y los mato con impunidad”, mientras Estados Unidos realiza la ocupación territorial.

Con bases en Colombia, con presencia militar en puertos, fondeaderos y aguas territoriales de Costa Rica, previo endoso del gobierno de Chinchilla (quien “logró” lo que Calderón no pudo al inicio de su sexenio al tratar de abrogar la Ley de Neutralidad). En México el Partido del Trabajo advirtió que se estarían financiando escuadrones de la muerte al tiempo que el presidente de Afganistán dejó saber que Estados Unidos financia “empresas de seguridad” tipo mafia, que matan civiles y realizan otros actos de desestabilización.

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