El Diktat
Soledad Loaeza
Los gobiernos de Acción Nacional y sus aliados políticos han emprendido una ofensiva contra la libertad de las mujeres, en obediencia a los dictados de la Iglesia católica. No se trata de una decisión oportunista. Los miembros de ese partido están realmente convencidos de que el derecho a la vida entra en vigencia desde la concepción, tal como establece la Iglesia. En consecuencia, lo han incorporado a su plataforma donde el compromiso con este principio religioso se repite hasta tres veces. Es la única oferta de campaña que han logrado materializar en política de gobierno. Tanto así que en 16 estados de la República –y no todos ellos gobernados por panistas– se han introducido reformas legislativas que cancelan el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo –aun cuando sea resultado de una violación–, y se ha penalizado severamente el aborto.
El PRI, en cambio, exhibe su oportunismo y su sed de votos y disposición a aliarse hasta con la Iglesia, al apoyar esta ofensiva que contradice su identidad y su historia, ambas comprometidas con la defensa del Estado laico. Para los priístas no tendría que ser materia de negociación, pues la criminalización del aborto es una violación al principio constitucional de separación de Iglesia y Estado.
En enero de este año la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, votó el dictamen final relativo a la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el argumento, entre otros, de que valores y principios constitucionales están comprometidos con “una ética laica” (La Jornada, 14/1/09). A esos valores y principios han renunciado los legisladores de aquellos estados que hoy en día penalizan el aborto en algunos casos con condenas superiores a las que reciben los narcotraficantes. Votaron como si viviéramos en un Estado integrista que no distingue la vida pública de la vida privada. La decisión de tener un hijo pertenece a la estricta intimidad de la mujer, nada tiene que hacer en ese ámbito el Estado. Es increíble que para los legisladores sea más sencillo votar la penalización del aborto que una reforma fiscal o la modernización de la legislación liberal, asuntos éstos mucho menos complejos que la decisión de interrumpir un embarazo.
Los enemigos del derecho a decidir de las mujeres argumentan que la despenalización del aborto se presta a decisiones frívolas: “… si a la juventud le damos permiso para que se deshaga de ‘un problema’ en forma sencilla nunca va a aprender a asumir responsabilidades ni a pagar consecuencias, vamos a crear jóvenes irresponsables sin moral ni sentimientos, porque van a aprender a deshacerse de lo que les estorbe de una manera fácil”.
La idea de que el aborto es la salida “fácil” a los costos de una conducta “fácil” revela los prejuicios que todavía gobiernan la imagen de la mujer de muchos como un ser sin mucho seso. Sin embargo, si dejamos de lado los casos de violación o de riesgo para la vida de la madre, e incluso del feto, se ha demostrado que la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no son adolescentes descocadas, sino mujeres adultas, muchas casadas y con hijos. En estos casos la decisión es resultado de la reflexión y de una evaluación ponderada –y no por ello menos desgarradora– de los problemas que entraña tener un hijo más. Nadie decide interrumpir un embarazo como quien descarta un par de zapatos apretados, una mera incomodidad. Normalmente, se trata de una dolorosísima decisión que plantea dilemas morales –que no necesariamente religiosos–, cuya solución es un nudo de espinas.
Si la decisión de interrumpir un embarazo puede ser frívola, igualmente frívola puede ser considerada la decisión de seguir adelante con el embarazo cuando las condiciones no son favorables para la salud o el bienestar de la madre, o de la niña/niño que nazca.
La penalización del aborto condena a muchas mujeres a adentrarse en el mundo del engaño, extorsión y riesgos de las operaciones clandestinas. A principios de los 70, cuando yo era adolescente, una de mis amigas creyó que estaba embarazada porque se había retrasado su menstruación. Con el apoyo confundido de su novio decidió que estaba embarazada; después de mucho llorar y rezar, concluyó que no podía tener un hijo, no era ni siquiera mayor de edad. Le dieron la dirección de un médico muy discreto, experto en esos asuntos. Me contó que nada era tan parecido a los cuadros literarios más siniestros de una sala de abortos que la habitación amplia, fría y oscura de la calle de Río Amazonas, donde la recibió el viejo doctor cuyo aspecto le provocó escalofríos, a pesar de la bata blanca y muy almidonada, pero algo muy amenazante había en esas largas manos nudosas. La examinó y le confirmó un embarazo de seis o siete semanas. Le pidió que regresara dos días después. Mi amiga salió de allí. Lloró y rezó, y menstruó…
Hasta la fecha me pregunta por ese charlatán que –de no haber sido por la intervención de la Santa Biología– la habría anestesiado durante 40 minutos, le habría hecho creer que había abortado, le habría cobrado y la habría condenado a vivir a perpetuidad con culpa. Claro que si esta historia hubiera ocurrido hoy en día en Guanajuato, en una de ésas mi amiga estaría en la cárcel.
El PRI, en cambio, exhibe su oportunismo y su sed de votos y disposición a aliarse hasta con la Iglesia, al apoyar esta ofensiva que contradice su identidad y su historia, ambas comprometidas con la defensa del Estado laico. Para los priístas no tendría que ser materia de negociación, pues la criminalización del aborto es una violación al principio constitucional de separación de Iglesia y Estado.
En enero de este año la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, votó el dictamen final relativo a la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal con el argumento, entre otros, de que valores y principios constitucionales están comprometidos con “una ética laica” (La Jornada, 14/1/09). A esos valores y principios han renunciado los legisladores de aquellos estados que hoy en día penalizan el aborto en algunos casos con condenas superiores a las que reciben los narcotraficantes. Votaron como si viviéramos en un Estado integrista que no distingue la vida pública de la vida privada. La decisión de tener un hijo pertenece a la estricta intimidad de la mujer, nada tiene que hacer en ese ámbito el Estado. Es increíble que para los legisladores sea más sencillo votar la penalización del aborto que una reforma fiscal o la modernización de la legislación liberal, asuntos éstos mucho menos complejos que la decisión de interrumpir un embarazo.
Los enemigos del derecho a decidir de las mujeres argumentan que la despenalización del aborto se presta a decisiones frívolas: “… si a la juventud le damos permiso para que se deshaga de ‘un problema’ en forma sencilla nunca va a aprender a asumir responsabilidades ni a pagar consecuencias, vamos a crear jóvenes irresponsables sin moral ni sentimientos, porque van a aprender a deshacerse de lo que les estorbe de una manera fácil”.
La idea de que el aborto es la salida “fácil” a los costos de una conducta “fácil” revela los prejuicios que todavía gobiernan la imagen de la mujer de muchos como un ser sin mucho seso. Sin embargo, si dejamos de lado los casos de violación o de riesgo para la vida de la madre, e incluso del feto, se ha demostrado que la mayoría de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no son adolescentes descocadas, sino mujeres adultas, muchas casadas y con hijos. En estos casos la decisión es resultado de la reflexión y de una evaluación ponderada –y no por ello menos desgarradora– de los problemas que entraña tener un hijo más. Nadie decide interrumpir un embarazo como quien descarta un par de zapatos apretados, una mera incomodidad. Normalmente, se trata de una dolorosísima decisión que plantea dilemas morales –que no necesariamente religiosos–, cuya solución es un nudo de espinas.
Si la decisión de interrumpir un embarazo puede ser frívola, igualmente frívola puede ser considerada la decisión de seguir adelante con el embarazo cuando las condiciones no son favorables para la salud o el bienestar de la madre, o de la niña/niño que nazca.
La penalización del aborto condena a muchas mujeres a adentrarse en el mundo del engaño, extorsión y riesgos de las operaciones clandestinas. A principios de los 70, cuando yo era adolescente, una de mis amigas creyó que estaba embarazada porque se había retrasado su menstruación. Con el apoyo confundido de su novio decidió que estaba embarazada; después de mucho llorar y rezar, concluyó que no podía tener un hijo, no era ni siquiera mayor de edad. Le dieron la dirección de un médico muy discreto, experto en esos asuntos. Me contó que nada era tan parecido a los cuadros literarios más siniestros de una sala de abortos que la habitación amplia, fría y oscura de la calle de Río Amazonas, donde la recibió el viejo doctor cuyo aspecto le provocó escalofríos, a pesar de la bata blanca y muy almidonada, pero algo muy amenazante había en esas largas manos nudosas. La examinó y le confirmó un embarazo de seis o siete semanas. Le pidió que regresara dos días después. Mi amiga salió de allí. Lloró y rezó, y menstruó…
Hasta la fecha me pregunta por ese charlatán que –de no haber sido por la intervención de la Santa Biología– la habría anestesiado durante 40 minutos, le habría hecho creer que había abortado, le habría cobrado y la habría condenado a vivir a perpetuidad con culpa. Claro que si esta historia hubiera ocurrido hoy en día en Guanajuato, en una de ésas mi amiga estaría en la cárcel.
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